Feb 10, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
El estudio de una ONG estadounidense muestra que las principales petroleras y mineras de ese país operan en 370 sitios de pueblos originarios en 36 países
Las más grandes compañías petroleras y mineras de Estados Unidos operan en 370 sitios de pueblos originarios en 36 países y, en la gran mayoría de los casos, extraen riquezas naturales sin respetar los derechos de las comunidades indígenas. Las empresas extractivas operan en 41 lugares de América latina y cinco de Argentina. Una muestra del impacto extractivista en los pueblos originarios: el 39 por ciento de los yacimientos en explotación de hidrocarburos está en territorios indígenas y casi la mitad (46 por ciento) de las reservas comprobadas de petróleo y gas se ubica en comunidades originarias.
La ONG estadounidense Primeros Pueblos en el Mundo (First Peoples Worldwide –FPW–) publicó su estudio “Derechos indígenas: Informe de riesgo para las industrias extractivas”, en base a información de las 52 petroleras y mineras más grandes de Estados Unidos. Aunque dirigido principalmente a empresas (evalúa el “riesgo” corporativo), revela datos útiles para las organizaciones indígenas. Las principales empresas en territorios que afectan a pueblos originarios son las petroleras ConocoPhillips (44 explotaciones), ExxonMobil (35), Chevron (24) y Apache (19). Y las mineras Southern Copper (17), Freeport-McMoRan (16), Newmont Mining (14), Peabody Energy (14).
Y sobresale una información que augura mayor conflictividad: el 39 por ciento del petróleo y el gas que producen las compañías está en territorio indígena o cerca de él. El 46 por ciento del petróleo y el gas se ubica en tierras indígenas.
El ranking de países con empresas mineras y petroleras en territorios indígenas lo encabeza Estados Unidos, con 157 casos. Le siguen Canadá (74), Australia (24) e Indonesia (23). En América latina hay 41 casos de empresas estadounidenses que afectan a comunidades indígenas. México y Perú tienen nueve casos cada uno. Chile seis y Argentina cinco. Colombia y Venezuela, con cuatro cada una. Ecuador dos y Nicaragua y Surinam un caso cada una.
La ONG les recuerda a las empresas que los pueblos indígenas cuentan con legislación internacional, como el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hace hincapié en el derecho indígena al consentimiento libre, previo e informado para cualquier acción que pudiera afectar sus territorios y forma de vida.
Los cinco casos de Argentina citados en el estudio están en la cuenca neuquina. La petrolera EOG Resources opera en el norte de la provincia, en la formación Vaca Muerta. También está presente la petrolera WPX Energy, con participación mayoritaria en Apco Oil (en Argentina opera la petrolera Entre Lomas), con extracción en Neuquén y Río Negro.
En el informe, de 34 carillas, sobresale la petrolera Apache, que mantiene conflictos con las comunidades mapuches Gelay Ko y Winkul Newen, en las afueras de Zapala, y donde la empresa no cuenta con consentimiento de las comunidades. También está presente la poderosa ExxonMobil, que opera en la formación Vaca Muerta junto a YPF, Petrobras, Pan American Energy y la provincial GyP (Gas y Petróleo de Neuquén). Cuenta con concesiones en Rincón de la Sauces y Añelo.
La ONG estadounidense remarca que una de las situaciones de mayor peligro empresario es el caso de Chevron en Vaca Muerta. Recuerda que en 2011 las Naciones Unidas (mediante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) advirtió sobre la violación de derechos de los pueblos indígenas de Argentina. “Durante muchos años los mapuches han realizado protestas pacíficas y participaron de campañas para defender sus derechos humanos, protegidos por la Constitución nacional”, señala el informe y cita al vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel: “No hay duda de que todos los anuncios acerca de estos megacampos petroleros son una amenaza directa y clara a la vida y a la cultura de las comunidades mapuche”.
Referido a las cinco petroleras en territorio mapuche, la ONG precisa: “Existen protestas mapuches por la contaminación de sus aguas y la falta de consentimiento indígena para el funcionamiento de empresas en su territorio”. También menciona a los “grupos ambientales” movilizados por los peligros del fracking y recuerda que el pueblo mapuche está presente en Río Negro, Chubut y La Pampa. La Confederación Mapuche de Neuquén contabilizó al menos 29 comunidades que viven sobre la formación Vaca Muerta.
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Buscando consenso
La ONG Primeros Pueblos en el Mundo (FPW) trabaja en la “creación de puentes” entre comunidades indígenas y corporaciones, gobiernos, académicos e inversionistas. Adhiere a una línea de trabajo muy debatida en el mundo indígena: un posible diálogo y consenso entre empresas y pueblos para la explotación de recursos naturales. El relevamiento apunta principalmente a las empresas, para hacerles notar que corren riesgos económicos por no tener políticas de consenso con los pueblos originarios. “El 92 por ciento de los sitios plantea un riesgo medio a alto para los accionistas”, señala el informe.
Para evaluar los “riesgos” tomaron como parámetros la ubicación del yacimiento, la política empresaria, reputación corporativa, país, comunidad local y leyes vigentes. Con la ponderación de los parámetros, otorgan un puntaje. Las empresas que corren mayor riesgo son ExxonMobil, Newmont, ConocoPhillips, Chevron y Apache.
La presidenta de la ONG, Rebecca Adamson, pronosticó que la situación de conflictividad y riesgo empresario aumentará por la confluencia de tres factores: los pueblos indígenas tienen derechos a nivel internacional y nacional, las mayores reservas de minerales e hidrocarburos se encuentran en territorios indígenas y los medios de comunicación (sobre todo digitales) logran difundir las situaciones locales hasta transformarlas en campañas globales. La ONG precisa que de los 370 sitios de petróleo, gas y minerales, el 43 por ciento tiene una calificación de “riesgo crítico” (corren riesgo de paralización) por no tener políticas de consenso con los pueblos indígenas.
A nivel latinoamericano, el extractivismo fue el tema principal de la V Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas (realizada en Colombia en noviembre pasado). “Denunciamos el nuevo proyecto económico neoliberal a través de los gobiernos que han radicalizado su política económica extractivista en alianza con las empresas multinacionales”, señala la declaración final de la Cumbre.
* Por Darío Aranda. Publicado el 10 de febrero de 2014 en Página12.
Oct 25, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales, Pueblos Originarios
En vísperas de las elecciones en Argentina, repaso de la tensión entre las democracias representativas y la lucha por la democracia directa para decidir sobre el propio territorio. Desde el ejemplo del plebiscito en Esquel (Chubut), hasta el pedido por la consulta popular en Malvinas Argentinas (Córdoba). «Las clases medias urbanas son cómplices, por acción u omisión, del extractivismo que sufre la Argentina profunda».
El derecho, y el deber, de votar. Así lo tatuaron en la conciencia. Primero fueron las Ciencias Sociales (en la escuela primaria). Luego Educación Cívica (secundaria). Y Sociedad y Estado (facultad).
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Misiones votó en 1996 ante la propuesta (de Nación y Provincia) de construir la represa de Corpus. Se inundarían miles de hectáreas y afectaría a miles de personas. En abril de 1996, el 88 por ciento de la población de Misiones rechazó la hidroeléctrica.
El 23 de marzo de 2003, la población de Esquel rechazó la instalación de un proyecto minero de la Canadiense Meridian Gold. Ocho de cada diez personas dijo “no” a la cuestionada actividad.
El 3 de junio de 2012, el pueblo neuquino de Loncopué fue a la urnas por un proyecto minero de una empresa china. El Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobierna la provincia desde hace medio siglo, puso todo su aparato para que la población acepte la actividad extractiva. El 82 por ciento rechazó que le impongan la megaminería.
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En Calingasta (San Juan) se convocó a elecciones en tres oportunidades (2005, 2006 y 2007). Y las tres veces fue suspendida por la acción coordinada de un juez del Poder Judicial y del gobernador José Luis Gioja. Dos personas decidieron por sobre 8.500 habitantes.
Andalgalá, localidad catamarqueña donde hace veinte años se instaló Minera Alumbrera (extrae oro y cobre), estaba a punto de votar el 25 de mayo de 2010. La población iba a decidir el futuro del proyecto minero Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros de la ciudad). Fue suspendido por el Poder Judicial a solicitud del gobernador Eduardo Brizuela del Moral. Dos personas decidieron por 18.000 personas.
En Misiones, por ley provincial, el Gobernador debe llamar a elecciones por nuevos emprendimientos hidroeléctricos. En septiembre pasado, cientos de misioneros caminaron durante una semana por rutas provinciales (140 kilómetros) y llegaron hasta Posadas con un solo reclamo: que el gobernador Maurice Closs cumpla la ley y llame a votación para decidir el futuro de la hidroeléctrica Garabi. Estudios oficiales afirman que se inundarán 40.000 hectáreas y desalojará a 13.000 personas. El gobernador aún no cumplió la ley no llamó a elecciones. Una persona decide por un millón de habitantes.
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En Malvinas Argentinas (Córdoba), la multinacional Monsanto planea instalar su mayor planta de maíz transgénico de América Latina. Cuenta con el apoyo de los tres niveles de gobierno. La Presidenta (Frente para la Victoria), el gobernador José Manuel de la Sota (PJ, enfrentado con el Ejecutivo Nacional) y el intendente Daniel Arzani (Unión Cívica Radical). Instalará al menos 240 grandes silos y usará agroquímicos en cercanías de casas, escuelas y centros de salud.
La asamblea de vecinos Malvinas Lucha Por la Vida exige poder votar. El 27 de noviembre de 2012, el Concejo Deliberante debía tratar un proyecto de ordenanza presentado por los vecinos para llamar a plebiscito. Los concejales (siete) no dieron tratamiento y una patota (con vía libre de la policía) atacó a los asambleístas.
El 19 se septiembre comenzó un bloqueo al predio de Monsanto. Exigen poder votar. El 30 de septiembre, la policía reprimió el acampe. El bloqueo se mantuvo.
El fin de semana pasado se conoció una encuesta de opinión (consultora Sicchar) realizada en Córdoba. El 63,2 por ciento de los consultados se mostró en desacuerdo con la instalación de Monsanto. Y el 66,8 por ciento se mostró de acuerdo con los vecinos que protestan contra la multinacional.
Intendente y Gobernador rechazan el llamado a votación.
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En Neuquén se ubica la formación llamada “VacaMuerta”, señalada por empresas y gobiernos como una de las mayores reservas mundiales de hidrocarburos no convencionales (requiere la cuestionada técnica de “fractura hidráulica”). El gobierno nacional firmó un acuerdo con la estadounidense Chevron. Pero necesitaba la aprobación de la Legislatura de Neuquén.
Distintas asambleas socioambientales, organizaciones sociales, sindicatos y partidos de izquierda propusieron un plebiscito para que el pueblo neuquino decida si aceptaba la llegada de Chevron y la explotación de Vaca Muerta.
En julio pasado, la consultora Aresco había realizado una encuesta en Neuquén. El 52 por ciento se mostró “poco-nada de acuerdo” con la asociación YPF-Chevron, el 46 por ciento estuvo “poco-nada de acuerdo” con la utilización de la técnica de fractura hidráulica (“fracking”) y el 57 por ciento afirmó que el acuerdo YPF-Chevron era “poco-nada transparente”.
El gobierno provincial rechazó cualquier posibilidad de plebiscito.
El 28 de agosto se votaba en la Legislatura de Neuquén el pacto Provincia-YPF-Chevron.
Hubo una masiva movilización. Y una respuesta gubernamental: gases lacrimógenos y balas de goma. La represión duró cinco horas.
Ese mismo día, 25 legisladores neuquinos decidieron por toda una provincia (550.000 habitantes).
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Las clases medias urbanas son cómplices, por acción u omisión, del extractivismo que sufre la Argentina profunda. Las clases medias urbanas miran para otro lado. Les preocupa tener combustible para el auto y electricidad para el aire acondicionado. Y minimizan si el costo lo pagan comunidades indígenas y familias campesinas con represiones y destierro. Dan vuelta la cara si miles de personas (parajes y pueblos enteros) deben ser desplazados por el extractivismo. Se horrorizan si se cortan árboles en la 9 de Julio, pero no les importa si en el Norte del país se arrasan un promedio de 32 canchas de fútbol por hora. Se ponen histéricos y corren si un container del puerto de Buenos Aires hace llover agroquímico por unas horas, pero no le importa que millones sean fumigados a diario porque “la soja trae dólares y los necesitamos”.
La clase media urbana infla el pecho de orgullo por votar cada dos años, pero maldice cuando le corta la calle un qom que lucha por la tierra, un desocupado o un trabajador que exige derechos.
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En Argentina se vota cada dos años. Desde 1983 a la fecha se realizaron siete elecciones presidenciales y, con la del próximo domingo, otras siete legislativas.
Los partidos que acumularán mayor cantidad de votos (y que aspiran a la presidencia en 2015) hicieron campaña con temas que (quizá) reflejan a la sociedad: inseguridad, dólar, inflación y (mantener el) consumo. Y los ya clásicos (y siempre incumplidos) trabajo, salud y educación.
El modelo extractivo afecta a millones de personas, pero no se debate y no se plebiscita.
Curiosas piruetas del establishment político. Elegido mediante el voto ciudadano, prohíbe a los mismos electores que voten contra las corporaciones, evitan que el pueblo decida su futuro.
Esquel y Loncopué son experiencias recientes. Funcionarios y corporaciones temen los malos ejemplos y el efecto contagio. Por eso evitaron Calingasta y Andalgalá. Por eso no permiten sufragar por represas en Misiones, por Monsanto en Córdoba y por Chevron (y el fracking) en Neuquén.
Tiempos de votos calificados y democracias selectivas.
Derechos de sólo un domingo cada dos años.
*Por Darío Aranda. Publicado el 25 de octubre de 2013 en comambiental.com.ar
Ago 14, 2013 | 2013, Pueblos Originarios
La petrolera socia de YPF fue condenada en Ecuador por contaminar 500 mil hectáreas, pero desoye a la Justicia. Los afectados ecuatorianos, indígenas y campesinos, acusan al gobierno argentino y a la Corte Suprema por apañar a la multinacional y advierten que, en Neuquén, la compañía volverá a contaminar.
La tarjeta de presentación de Luis Yanza tiene una leyenda que se destaca: “Hasta que Chevron repare nuestra Amazonía”. Yanza es parte de la Unión de Afectados por Chevron-Texaco, la petrolera estadounidense condenada por contaminar 500 mil hectáreas en Ecuador y por afectar a 30.000 personas. De visita en Neuquén, junto al Pueblo Mapuche, el dirigente ecuatoriano detalla el accionar de la multinacional que explotó territorio ecuatoriano durante 26 años, que fue condenada a pagar 19.000 millones de dólares, se fugó de Ecuador y sus activos fueron embargados en Argentina (hasta que la Corte Suprema falló a favor de la empresa). Chevron acaba de asociarse a YPF para explotar yacimientos petroleros no convencionales en Neuquén, en zona de comunidades mapuches. Yanza advierte: “Chevron es una compañía criminal, una compañía que ha violado la ley, que no acata a la Justicia. Cómo se le puede permitir invertir en un país, si esta compañía ha cometido violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué no lo cometerá de vuelta?”
Contaminación y condena
-¿Qué fue lo que hizo Chevron en Ecuador?
– Chevron es una multinacional de Estados Unidos que, por sobre todo, es una compañía prófuga de la Justicia. ¿Por qué razón? En 1964 Texaco ingresó a la selva del amazonas del Ecuador extraer petróleo con una tecnología totalmente barata y obsoleta, para minimizar los costos y tener mayores ganancias. Vertieron 64.000 millones de litros de agua tóxica, contaminó 500 mil hectáreas, dejó 880 fosas o piletas llenas de desechos tóxicos. Todo esto afectó directamente a los pueblos originarios que vivían en la zona, Cofán, Siekopai, Waorani, Siona, Tetetes y Sansahuari. Fueron afectados 30.000 mil ecuatorianos.
-¿Cuáles fueron los efectos sobre la población?
– Chevron afectó en lo cultural, lo territorial y en la salud. Provocó el desalojo y desaparición de pueblos indígenas. Se registra una alta tasa de cáncer, abortos espontáneos. Murieron y seguirán muriendo hombres, mujeres y niños.
-¿Cuándo comenzó la demanda contra la empresa?
– En 1993 iniciamos una demanda legal contra Texaco en Estados Unidos. Después de diez años ahí, no logramos jurisdicción. Y en 2003 iniciamos la demanda en Ecuador. En 2001 se fusionaron Texaco y Chevron. Hemos litigado obtuvimos una sentencia condenatoria en 2011 y 2012 contra Chevron, basada en la prueba, en la ley, en la evidencia. Sin embargo Chevron no obedece, no acata la decisión de la Justicia de Ecuador.
-¿Cuál fue la prueba que tuvo en cuenta la Justicia de Ecuador?
– En el juicio se comprobó que Chevron-Texaco contaminó 500 mil hectáreas con 330 pozos, 880 fosas con desechos tóxicos y que se afectó a 30.000 personas. Diversas pericias confirmaron altos índices de casos de cáncer, abortos espontáneos y leucemia en niños menores de 4 años. En el juicio teníamos que probar la mala práctica que dejó efectos nocivos para la salud y el ambiente. Lo probamos con evidencia, estudios técnicos y científicos, y con las pruebas concretas de personas y contaminación del territorio. Esto desmiente lo que dice Chevron de que el ’juicio fue un fraude’. Ningún fraude. Contaminaron y fueron condenados.
-Chevon fue condenada en primera y segunda instancia. El caso está en la Corte Suprema de Ecuador.
– En Ecuador la ley prevé un recurso extraordinario para llegar a la Corte y Chevron hizo uso de ese derecho. Pero, siempre según la ley ecuatoriana, con la sentencia de segunda instancia ya se acabó el juicio. Por eso mientras se resuelve el recurso extraordinario no se impide que se ejecute la sentencia. No hay tiempos estipulados para que la Corte se expida, aunque ojalá sea este año.
-La sentencia es por 19.000 millones de dólares. ¿Por qué?
– Contempla la reparación misma del daño, especificado en cuatro puntos: reparación ambiental, que incluye limpieza de ríos, suelos y pantanos; obras de agua potable para la comunidad, sistema de salud para gente enferma y reconstrucción étnica de las naciones originarias afectadas. La Justicia de Ecuador dijo que si en 15 días Chevron no se disculpaba públicamente, se duplicaba el monto. Así fue que de 8.500 millones de dólares, se pasó a 15.000 millones.
-¿Cómo se conformó y cómo funcional la Unión de Afectados por Chevron-Texaco?
– La organización comienza a inicios de la década del ’90. Se presentó como Frente de Defensa de la Amazonía, conformado por indígenas y colonos. El proceso judicial comienza en Estados Unidos y luego fue trasladado a Ecuador. Hoy estamos organizados como Unión de Afectados, con delegados de base que toman todas las decisiones. Hay delegados de todas las naciones originarias y también de los no indígenas, de todo los campos petroleros que explotó la empresa. La asamblea se reúne cada tres meses en asamblea, y también hay un comité ejecutivo que se reúne cada mes, una estructura más operativa y en constante diálogo.
-El discurso pro empresario de Argentina señala que es un juicio impulsado por un estudio jurídico y no de afectados reales.
– Es otra gran manipulación de Chevron. Es un juicio de la gente afectada por Chevron. Tenemos una estructura, la Unión de Afectados, donde se toman todas las decisiones del caso. Y sobre las cuales los abogados ejecutan su trabajo. Es un juicio de los afectados por una multinacional criminal.
-¿Cuál fue y es el rol del gobierno de Rafael Correa?
– El Gobierno ha dicho que es un juicio entre particulares, entre afectados y quien afectó. No interviene ningún organismo público, ni municipal ni nacional. El Gobierno ha dicho que la Justicia debe resolver. Es lo más sensato. Chevron ha querido involucrar al Gobierno para luego decir que es un juicio politizado, pero el Gobierno se ha mantenido al margen y es lo mejor.
-Correa visitó la zona afectada. ¿Qué dijo?
– El Presidenta visitó la zona en abril de 2007. Habló con los afectados y vio él mismo cómo quedó el territorio. Sólo eso queríamos, que vea cómo Chevron dejó nuestro territorio. Y ahí mismo dijo que la Justicia debe decidir.
Impunidad
-¿Por qué solicitan que el embargo a Chevron se haga en otros países?
– Chevron se fue de Ecuador antes de la sentencia, se escapó. Pero está en muchos países, como en Argentina. Ante esa situación, nos vimos obligados a recurrir a tratados internacionales para que Chevron responda con sus activos. En las primeras instancias los jueces de Argentina resolvieron embargar los bienes de Chevron. Pero lamentablemente al llegar a la instancia superior, Corte Suprema, se benefició a Chevron. No entendemos por qué, aunque suponemos que por las presiones políticas que estas empresas ejercen y que han sido una constante.
-¿Cómo tomaron la decisión de la Corte Suprema?
-Nos deja ante una gran indefensión, pero el proceso y la lucha continúan. Pero es una mal precedente porque un Estado debe cumplir con los tratados que firmó y el Estado argentino no lo cumple.
-Ante el levantamiento del embargo, pedido por el gobierno nacional y otorgado por la Corte Suprema. ¿Cómo lo interpretan respecto a las luchas regionales contra el extractivismo?
– Sienta un precedente nefasto para las luchas. Los pueblos en lucha del continente observan cómo una empresa violadora de derechos humanos es condenada en primera y segunda instancia, pero por presión política y económica se da marcha atrás en una Corte Suprema. ¿Se privilegia los derechos de multinacionales por sobre las comunidades afectadas? Es una pésima señal para la defensa de los derechos humanos. Debería llamar a la reflexión al gobierno argentino.
Bienvenida oficial
-Chevron acordó con YPF explotar yacimientos en Neuquén. ¿Qué opina?
– Queremos alertar al pueblo argentino y neuquino que la decisión del Gobierno no es la mejor. Chevron es una compañía criminal, una compañía que ha violado la ley, que no acata a la Justicia. Cómo se le puede permitir invertir en un país, si esta compañía ha cometido violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué no lo cometerá de vuelta? Aún más si la Justicia de Argentina no hace que pague por el crimen que cometió. El pueblo argentino debe saber que Chevron es una compañía prófuga de la Justicia.
-¿Por qué cree que el Gobierno de Argentina da la bienvenida a la empresa?
– Es una jugada luego de la expulsión de Repsol. Hubo un vacío y Chevron lo aprovechó para decir que tenía dinero para invertir. Aunque sabe que quizá no sea rentable. La explotación para yacimientos no convencionales requiere de inversiones muy fuertes, como también serán muy fuertes los impactos, para el ambiente y para la población. Chevron condicionó su inversión en Vaca Muerta a que se le retire el embargo. Y ahí le retiraron el embargo.
-¿Qué opina del accionar del gobierno argentino?
– No lo logramos entender. Sabemos que cada país tienen su soberanía y legítimo derecho de decidir. Pero creemos que comete un gran error al abrir la puerta a una transnacional que perjudicó a 30.000 ecuatorianos, con consecuencias que aún sufrimos. El gobierno argentino no puede omitir que Chevron es una empresa condenada y que tiene la obligación de hacer cumplir esa decisión judicial ecuatoriana, por un tratado internacional debe ser aplicado ese embargo también en Argentina.
-Existe muy buena relación entre los presidentes de Argentina y Ecuador, sin embargo el posicionamiento ante Chevron es totalmente diferente. ¿Por qué?
– No entendemos. El gobierno argentino tiene gran afinidad política e ideológica con el gobierno de Ecuador, pero han tomado una posición muy opuesta… (piensa) Es de una incoherencia total el apoyo del gobierno argentino a Chevron. Y el gobierno argentino apoya lo que ha decido la Corte Suprema y beneficia a la multinacional.
-¿Hubo algún diálogo con el gobierno argentino?
– No pudimos hablar con nadie. Nos gustaría que nos reciban. Pero al menos sería importante que hablen con el gobierno de Ecuador. Podrán obtener información confiable de cómo actuó Chevron y confirmarán que la empresa está mintiendo sobre su desempeño en Ecuador.
-Una carta pública de YPF los responsabiliza por afectar, con el embargo, los intereses del país.
– Es insólito que se pueda plantear algo así. No queremos dañar a ningún pueblo ni gobierno. Al contrario. Pero nos cuesta creer que un gobierno nacional o provincial pueda permitir en su casa a una empresa que ha violado derechos humanos y que no quiere cumplir las decisiones de la Justicia.
-En Neuquén usted fue muy consultado por el Pueblo Mapuche y por personas no indígenas. ¿Qué les dice?
– Siempre tenemos el mismo mensaje. En territorio ecuatoriano hay hechos reales de enormes daños ambientales que ha ocasionado Chevron-Texaco y que ha dejado miles de víctimas. Hay evidencias, hay estudios. Hubo un juicio legal y legítimo. Como la transnacional huyó de Ecuador, dio muestras claras de su prepotencia y negativa a cumplir con lo que dictó la Justicia, y tuvimos que recurrir, siempre sujeto a la ley y tratados internacionales, a la Argentina y otros países para que esa acción judicial ecuatoriana se cumpla.
-¿Hubo algún mensaje especial para el Pueblo Mapuche?
– Que no permitan la entrada de Chevron a su territorio. Así se librarán de tener muchos problemas, como los que vivimos nosotros. Si Chevron ingresa a territorio argentino y mapuche, habrá contaminación, habrá enfermedad y habrá muerte.
* Artículo de Darío Aranda publicado en el Periódico de la CTA Nº 96, correspondiente al mes de julio de 2013
Las más grandes compañías petroleras y mineras de Estados Unidos operan en 370 sitios de pueblos originarios en 36 países y, en la gran mayoría de los casos, extraen riquezas naturales sin respetar los derechos de las comunidades indígenas. Las empresas extractivas operan en 41 lugares de América latina y cinco de Argentina. Una muestra del impacto extractivista en los pueblos originarios: el 39 por ciento de los yacimientos en explotación de hidrocarburos está en territorios indígenas y casi la mitad (46 por ciento) de las reservas comprobadas de petróleo y gas se ubica en comunidades originarias.
