El freno a Monsanto cumple un año

El freno a Monsanto cumple un año

Desde hace un año, una movilización social impide la instalación de una planta de semillas transgénicas en Malvinas Argentinas. Para festejarlo, hoy habrá un festival y diferentes actividades. Reclaman que se haga un plebiscito para definir el futuro del emprendimiento.

un año sin monsantoEn la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas habrá celebración, promete ser masiva y tiene un motivo principal: desde hace un año frenan a Monsanto, la mayor empresa de agronegocios del mundo. En los últimos doce meses hubo marchas, campañas informativas, asambleas, la Justicia detuvo la construcción de la planta; el gobierno provincial rechazó el estudio de impacto ambiental; tres universidades nacionales cuestionaron a la empresa; policía y patotas ejecutaron medio docena de represiones sobre la población y un nuevo estudio confirma el rechazo de la población a la instalación de Monsanto en Córdoba. Hoy se realizará un festival de música, feria de alimentos sanos y celebrarán el traspié de la mayor empresa transgénica del mundo.

Monsanto controla el 86 por ciento de las semillas transgénicas del mundo y es referente en el modelo de agronegocios. En junio de 2012 anunció la construcción de su mayor planta para Latinoamérica de semillas de maíz transgénico en Malvinas Argentinas, en un predio de 30 hectáreas. La población se enteró por televisión de que tendría de vecina a una de las empresas más denunciadas del mundo, que instalaría 240 enormes silos en el barrio y procesaría millones de toneladas de maíz al año. Nacía la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida.

Los vecinos solicitaron información, pero nunca llegó. Y comenzaron a pedir explicaciones al municipio (intendente Daniel Arzani, UCR), a la provincia (José Manuel de la Sota, PJ) y a la Nación. Tampoco obtuvieron respuesta. Iniciaron las marchas y reclamos con dos puntos principales: un estudio de impacto ambiental y una votación para que la población decidiera. Todos los funcionarios rechazaron la posibilidad de un plebiscito.

Desde que comenzó la movilización en Malvinas Argentinas, sobrevinieron seis represiones (con más de veinte heridos, siempre vecinos), ejecutadas por la policía provincial, punteros políticos y patotas de la Uocra.

La semana pasada se conoció una nueva encuesta, realizada por el Conicet a pedido de la ONG internacional Avaaz. Nueve de cada diez habitantes están a favor de realizar un plebiscito y el 65 por ciento votaría en contra de la instalación de Monsanto.

Gastón Mazzalay, de la Asamblea de Malvinas, afirmó que el balance de la lucha es “positivo porque se logró frenar la construcción y se dejaron en evidencia todas las irregularidades en las autorizaciones para Monsanto”. Mazzalay aclaró que “aún falta” para le erradicación definitiva de la empresa, explicó que recién están comenzando a dimensionar la repercusión de su lucha (suelen visitarlos periodistas y activistas de todo el mundo) y apuntó al poder político: “La única forma de que Monsanto se instale es si el gobernador viola la ley”. Se refiere a la ley provincial 9841, de Uso de suelos, que estipula que plantas como la de la multinacional deben radicarse en zonas industriales (no es el caso del predio de Malvinas Argentinas).

En enero pasado, la Cámara del Trabajo detuvo la construcción de la planta solicitado en un amparo de la Asamblea de Malvinas. El fallo declaró la arbitrariedad y la inconstitucionalidad de las ordenanzas de la municipalidad y la provincia que habían posibilitado el inicio de la obra. En febrero, la Secretaría de Ambiente rechazó el estudio de impacto ambiental de Monsanto por grandes carencias técnicas. Entre ellos, no mencionaba cómo se tratarían los desechos ni el gran consumo de agua. Sin embargo, la provincia dejó abierta la posibilidad de una segunda presentación.

La discusión sobre Monsanto potenció denuncias y movilizaciones en Córdoba respecto del uso masivo de agroquímicos, los desmontes, las sequías y la especulación inmobiliaria. Se sucedieron marchas con gran convocatoria, como nunca antes por el extractivismo y exigieron la “emergencia ambiental” en la provincia. En Río Cuarto (donde Monsanto planeaba instalar una planta experimental), la acción de organizaciones sociales y la UNRC motivaron los cuestionamientos de buena parte de la sociedad. El intendente, Juan Jure, prohibió por decreto la instalación de Monsanto.

Sofía Gatica, de la organización Madres del Barrio Ituzaingó de Córdoba, explicó que son muchos los que han contribuido al freno a Monsanto en Malvinas Argentinas, reivindicó el papel de los “autoconvocados” del acampe, resaltó que “es el pueblo el que está frenando a esta multinacional genocida” y dejó un aviso, extensivo para otros casos: “Multinacionales y gobiernos tienen que entender que las comunidades locales no quieren un modelo que contamina, enferma y mata”.

Tres universidades nacionales rechazaron la planta. En documentos separados, la Universidad Católica, la de Río Cuarto (UNRC) y la de Córdoba (UC) cuestionan que se hubiera permitido la obra sin la previa evaluación de impacto ambiental, como establece la Ley General del Ambiente (25.675), y tampoco se cumplió con las audiencias públicas que insta la ley. Las tres universidades nacionales también explicitaron la vigencia del “principio precautorio” (cuando haya riesgo de afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas protectoras que pueden provocar esa afectación).

En abril de 2013, la UC, la Universidad Católica y el Conicet realizaron una encuesta sobre 350 personas de Malvinas Argentinas. Nueve de cada diez (87 por ciento) se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechazaba la instalación de Monsanto.

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Jornada de festejos

La segunda jornada Primavera sin Monsanto será hoy en la plaza San Martín de Malvinas Argentinas. Se celebrará el año del bloqueo y freno a la empresa. Habrá música, talleres, feria agroecológica y alimentos sin agroquímicos. Estarán presentes Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Aleida Guevara (hija del Che) y Félix Díaz (vocero del Consejo Plurinacional Indígena). También se recordará al científico Andrés Carrasco, que confirmó en 2009 los efectos letales del glifosato y falleció en mayo pasado.

La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, el Acampe por la Vida y Madres de Ituzaingó son algunas de las organizaciones convocantes. Rubén Patagonia, Ciro Pertussi, Perro Verde y Duende Garnica son algunos de los músicos confirmados. Las actividades comenzarán al mediodía y se extenderán hasta entrado el sábado. “No a Monsanto en Córdoba y América latina” es una de las banderas principales.

* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de septiembre de 2014 en el diario Página12.

 

Andrés Carrasco: “Pocas cosas más peligrosas que la verdad”

Andrés Carrasco: “Pocas cosas más peligrosas que la verdad”

Falleció Andrés Carrasco, el científico que confirmó los efectos devastadores del glifosato, acompañó con su investigación a los pueblos fumigados y cuestionó que la ciencia esté al servicio de las corporaciones. En su última entrevista, publicada en el periódico 101 de la CTA, acusó al Conicet y al Ministerio de Ciencia de hostigamiento por denunciar el modelo agropecuario.
andrés carrasco 2 - en bajaEl embriólogo molecular Andrés Carrasco marcó un quiebre en la discusión sobre el modelo agrario argentino. Con un largo recorrido en el ámbito científico, Carrasco confirmó en 2009 los efectos del glifosato (agroquímico pilar del modelo sojero) en embriones anfibios. Y ya nada volvió a ser igual. Los cientos de pueblos fumigados y organizaciones sociales tuvieron una prueba más para sus denuncias. Para Carrasco también fue un punto de quiebre. Comenzó a recorrer el país (desde universidad hasta escuelas, desde congresos científicos hasta clubes de barrio) dando cuenta de su estudio. Y comenzó a ser mala palabra en el mundo científico ligado al agronegocios. La última estocada provino del Conicet (el mayor ámbito de ciencia de Argentina): Carrasco denunció por persecución ideológica al presidente del organismo, Roberto Salvarezza, y al ministro de Ciencia, Lino Barañao.
El ministro Barañao había realizado en 2009 un inusual pedido de revisión “ética” al Conicet respecto al accionar de Carrasco. Sobrevino una censura en la Feria del Libro de 2010, difamaciones públicas y, el último hecho, la negación de la promoción con un dictamen que Carrasco evalúa como “plagado de irregularidades” y con evaluadores insólitos: una especialista en filosofía budista y un reconocido científico ligado a las empresas del agronegocios.
Ciencia, investigadores, corporaciones y gobiernos
-¿Qué sucedió en el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)?
-Soy investigador principal y me presenté a investigador superior, que es la máxima categoría de un investigador. Es un concurso donde uno presenta todos los antecedentes de la carrera científica. El Conicet lo somete a una comisión especial, formada por un grupo de personas. Una parte, dos o tres, son miembros informantes, que revisan antecedentes del candidato. Luego lo informan al resto de la comisión en un dictamen, que la comisión aprueba o desaprueba.
-¿Qué implica la promoción?
-Implica fundamentalmente el reconocimiento o una carrera en la que uno viene escalando posiciones. Se analiza todos los méritos y trayectoria del candidato. También implica una mejora salarial, pero fundamentalmente un reconocimiento a la carrera.
-¿Por qué rechazan su promoción?
-Apelan a una serie de argucias retoricas. Hicieron una evaluación cuantitativa y no cualitativa. Y alguna de las contribuciones más importantes mías sólo las describen, no las evalúan, no presentan argumentos serios de la contribución del trabajo, sólo miden cuantitativamente. Dicen que no es suficiente, deducen que en mi caso no tengo experiencia internacional suficiente. Además de decir que hubo interrupciones en mi tarea porque desempeñé tareas de gestión (dos años presidente de, justamente, el Conicet y otro tanto Secretario de Ciencia en el Ministerio de Defensa). Es insólito porque reconocen que estuve en cargos de gestión y por otro lado dicen que durante esos años no hubo producción, pero saben que tuve licencia sin goce de sueldo con cargo de mayor jerarquía.
-¿Qué es lo que no evaluaron?
-No evalúan seriamente nada. Dicen que fui primer autor o segundo autor (en las investigaciones firmados por grupos de trabajo, con varios autores), pero ni siquiera dicen qué es lo que se investigó. En la década del 80 realizamos una serie de publicaciones que fueron muy relevantes en el mundo científico. No hacen mención y se limitan a decir si firmé primero, segundo o tercero. Y no hay ninguna valoración sobre todo el resto, ni se refieren a los temas sobre lo que uno trabajó durante años. Hay mucha producción científica que que no fue valorada. Del dictamen se evidencia que no hubo valoración cualitativa, no pusieron en relevancia los impactos de las investigaciones, no señalan si fue novedoso y si contribuyó en la disciplina.
-¿Esa forma de evaluación es regla de la ciencia o es particular de este caso?
-Lo que corresponde que se haga es un análisis real del contenido de la carrera científica, no medirlo en términos de números. No se trata de ver cuántos papeles tenemos acumulados, usar una balanza y ver cuántos kilos pesa la producción científica de uno. Así evalúan hoy.
-¿Usted apunta a quiénes lo evaluaron?
-El dictamen es lavado, sin argumentación, y tiene relación con los evaluadores. Una profesora de filosofía hindú (Carmen Dragonetti), que debe ser muy buena en lo suyo pero que no sabe nada de embriología. Un experto en zoología (Demetrio Boltoskoy) que no conoce de embriología. Y uno de los evaluadores que está relacionado íntimamente con la industria transgénica y la promoción del agronegocios (Néstor Carrillo). Hay conflictos de intereses y, por otro lado, no hay consistencia con el tema que los ocupa. Debieran haberse excusado y no lo hicieron. Carrillo ha tenido manifestaciones públicas contrarias a las críticas al agronegocios, está vinculado científicamente a empresas como Monsanto a través de Bioceres, es un convencido de la tecnología transgénica, que mantiene estrechos contactos con Federico Trucco (CEO de Indear y consecuente descalificador de la idoneidad científica de Carrasco) y con Aapresid (empresarios del agronegocios).
-¿Es común que evalúen informantes que no manejan el tema?
-Tienen que tener una idea qué se está evaluando, debiera ser gente que conozca la disciplina.
-¿Evalúan su trabajo sobre glifosato?
-Apenas lo mencionan. Dan cuenta del número de menciones internacionales pero ponen mucho menos de las que tuvo. Y hacen como que no tuvo impacto. Miden el impacto con un número erróneo y no discuten el contenido del trabajo. Mal que les pese, el trabajo sobre glifosato tuvo impacto en muchos lugares del mundo y lo debieron considerar.
– ¿Qué le dijo el Presidente del Conicet?
-La respuesta fue que él no sabia lo que había pasado.
-¿Pero él lo firmó?
-Sí. Claro.
-¿Y no sabía?
-Él dice eso. Que no sabía. Quizá firma cosas que no conoce… la decisión de darle la promoción o no se discute en reunión de directorio… todo el directorio sabía. Desligó su responsabilidad y minimizó, no negó, lo que plantee sobre la evaluación teñida de conflictos de intereses y animosidad manifiesta.
-¿Habrá una nueva evaluación?
-No lo sé. Lo solicité por escrito el año pasado y aún no me respondieron.
-¿Por qué hace público este hecho?
-Porque siempre he sido partícipe que los actos de Estado que benefician o perjudican a personas deben ser públicos. Y segundo porque desde 2009 han pasado cinco años y el Conicet ha tenido momentos de hostigamiento hacia mí. Corresponde denunciar esa saga, me parece que es importante hacerlo público. Se suele acostumbrar mucho a no discutir por temor a los palazos, pero hay que discutir aunque la institución sea injusta. Mucha gente fue solidaria conmigo, piensa que lo que uno hizo tuvo importancia para ellos, tienen derecho a saber que hay instituciones del Estado que privilegian la arbitrariedad para sostener discursos, para que el relato no se fisure.
Glifosato
-¿Interpreta como un pase factura por el trabajo sobre glifosato?
-Sin dudas que es un pase de factura por el glifosato. Hay que recordar que el Conicet no fue neutral en ese momento.
-¿Por qué?
-Cuando di a conocer las consecuencias del glifosato, desde el Conicet armaron una comisión para contestar lo que yo había dicho. También me prohibieron la asistencia a una Feria del Libro para hablar del tema. Y el ministro Lino Barañao pidió una comisión de ética para juzgarme. Todo lo menciono en mi apelación al Conicet.
-¿Negarle la promoción es un mensaje para otros científicos?
-No creo que sea desconocido por el sector científico, donde hay pocos que están dispuestos a hablar claramente de estas cosas.
-¿Por qué?
-Por estas señales disciplinadoras. Hay una situación con gente que dicen “con esto no me meto porque viene la represalia, pierdo el subsidio, pierdo el becario”. Pero creo que no hay que tener miedo a las posible represalias. Si uno toma una decisión científica en su carrera que va contra la institución o si no quiere participar de la linea de la institución, debe tener lugar. La institución debe ser amplia, para todos, para los que quieren hacerse empresarios científicos y quienes solo somos investigadores.
-¿Qué responsabilidad le cabe al Presidente del Conicet y al ministro Barañao?
-Al Presidente (Roberto Salvarezza) le cabe toda la responsabilidad de haber firmado la resolución que niega mi promoción. Ni siquiera echó una mirada sobre cómo fue el procedimiento. Él sabe que al firmar convalidó la injusticia. Y Barañao… es sabida su animosidad manifiesta para conmigo. Hay una bajada de línea, sus hechos y dichos públicos haciendo juicio de valor sobre la investigación del glifosato. Tanto en medios públicos, televisión, radio incluso en charlas publicadas, hubo una reunión pública de Aapresid en Rosario donde habló de manera despectiva de mi trabajo. Si un ministro hace juicio de valor sobre la actividad científica de un investigador, el Ministro me atacó personalmente a mi y mi grupo por nuestro trabajo.
-¿Por qué?
-Lo hizo en un reunión de Aapresid. Dijo “el problema Carraco se termina dentro de una semana”. Porque iba a salir un informe del Conicet sobre glifosato y finalmente no lo pudieron hacer público porque era impublicable. Cuando un ministro dice ese tipo de cosas, siempre hay discípulos dispuestos a hacerle caso al ministro. Y si le cae en la mano una evaluación harán lo posible para dejar contento al ministro. Prácticas de revanchas, venganzas, pequeñeces, son comunes en el Conicet.
-Para muchas organizaciones que luchan en el territorio fue un punto de inflexión su trabajo de 2009. Es extraño de un científico que se involucre en luchas actuales.
-Creo que la investigación de 2009 contribuyó a dar impulso a muchos grupos de colegas que trabajan de manera similar. Y siempre me sentí muy acompañado por la sociedad civil. Me resulta difícil medir el impacto en la gente, pero sí coincido que no es común que un científico salga de la mera investigación de laboratorio para preocuparse y ocuparse por algo que sucede en los territorios. Sirvió para sumarse a una discusión actual, que afecta a la población, y contribuir a una discusión de ese tipo, creo que es lo que todo científico pretende. Y creo que también ha servido para mostrar limitaciones y defectos de la ciencia actual. He visto que muchos colegas legitiman a partir de la mentira. Los mejores científicos no siempre son los más honestos ciudadanos, dejan de hacer ciencia, silencian la verdad para escalar posiciones en un modelo con consecuencias serias para el pueblo.
Conicet
-Para los ajenos al mundo científico el Conicet pareciera un sello impoluto, de excelencia. Y al mismo tiempo legitimador de discursos sociales, políticos, periodísticos. Usted fue presidente del Conicet. ¿Cómo funciona?
-El Conicet no es para nada impoluto. Estuve dos años al frente del directorio. Tenía muchísimos problemas de estos todo el tiempo, que teníamos corregir. Yo mismo he tenido casos en los que tuve que rechazar dictámenes injustos y hasta intervine la junta de calificaciones. El Conicet está marcado por la situación política del momento, seriamente cruzado por internas políticas y las legitimaciones del momento. La institución no garantiza los derechos a ser evaluados de manera correcta y el mayor grado de objetividad posible. No debería nunca estar Néstor Carrillo evaluando mi trabjo, lo pusieron apróposito.
-¿Qué rol juegan las empresas?
-El Conicet tiene representantes de las provincias, de la ciencia, de universidades y de la industria y del agro, como dos grandes sectores económicos. Estos últimos son representes propuestos por las corporaciones.
-¿Cómo repercute el rol del sector privado?
El Conicet está absolutamente consustanciado en legitimar todas las tecnologías propuestas por corporaciones, modelos de hacer ciencia que implica un profundo y progresiva asociación con la industria. Ellos promueven un modelo de investigadores al servicio de empresas, de patentes, de formación científica con transferencia al sector privado. Ha llegado a tanto esa vinculación que el Conicet ha inventado un sistema de evaluación distinto para los investigadores que trabajan con las empresas.
-¿Cómo una evaluación distinta?
-Un sistema que implica que el investigador puede trabajar para una empresa y no es evaluado mientras participa de proyectos de empresas, pero siempre como investigador del Conicet. Si decide dejar la empresa, vuelve a ser evaluado como todos nosotros. Todo investigador debe publicar, enviar sus trabajos a revistas, poner en discusión sus trabajos. Los investigadores del Conicet que trabajan para empresas no está sometidos a estas evaluaciones. En esos casos el Conicet funciona como proveedor de recursos humanos de las empresas.
-Si usted hubiera investigado en favor de empresas del agro…
-De seguro el Conicet me daba todas las promociones que pedía. Muchos de los promovidos por el Conicet están encolumnados con esta lógica institucional de privatizar la producción de conocimiento científico. Ese tipo de investigadores está prestigiado por el Conicet. Y se mira mal a quien no se encolumna en esa forma de entender la ciencia. Y mucho peor si se los confronta. El Conicet alienta o cuestiona a investigadores según qué investigue. Si cuestionás el modelo te puede negar subsidios, te saca becarios, te evalúa de manera arbitraria.
-¿Cómo se puede comprobar la vinculación del Conicet con el mundo empresario del agronegocios?
-Es pública la vinculación. Se promueven investigaciones de transgénicos con total financiamiento público del Conicet, se financia a la empresa Bioceres, donde está Gustavo Grobocopatel. Se financió el polo tecnológico de transgénicos en Rosario para desarrollo de semillas, trabajan junto a Aapresid (empresarios que introdujeron los transgénicos en asociación con las multinacionales del sector). El Conicet lleva adelante una política en favor de una determinada tendencia tecnológica y además participa de los negocios que surgen de esa confluencia con el agronegocios. No lo esconden. Están orgullosos del modelo de ciencia que hacen.
-El discurso, no sólo del Gobierno, es que se ha invertido mucho en ciencia y técnica en estos años.
-Es cierto. Pero habría que preguntar ciencia para quién y para qué. ¿Ciencia para Monsanto y para transgénicos y agroquímicos en el todo el país? ¿Ciencia para Barrick Gold y perforar toda la Cordillera? ¿Ciencia para fracking y Chevron? Hay un claro vuelco de la ciencia para el sector privado y el Conicet promueve esa lógica. En lo 90 estaba mal visto. Muchos hicieron la vida imposible al menemismo para que esto no pasara y hoy aplauden de pie que la ciencia argentina sea proveedora de las corporaciones.
* Por Darío Aranda. El artículo fue publicado en mayo de 2014, en el periódico número 101 de la CTA.

Impacto al estudio de impacto

Impacto al estudio de impacto

El estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto para levantar una planta de maíz transgénico en Malvinas Argentinas, Córdoba, fue rechazado por la Secretaría de Ambiente provincial, porque es “insuficiente, reiterativo y sin profundidad”.

marcha contra monsanto en córdoba - en bajaLa empresa Monsanto sumó un nuevo traspié en Córdoba: el gobierno provincial le rechazó el estudio de impacto ambiental para su planta de maíz transgénico en la localidad de Malvinas Argentinas. La negativa –que demora aún más los planes de obra– se suma a un fallo judicial que paralizó la construcción, a un bloqueo de organizaciones socioambientales que lleva cinco meses y a la opinión de tres universidades nacionales que cuestionan la instalación de la multinacional. “La documentación respaldatoria (del estudio de Monsanto) es insuficiente, reiterativa y sin profundidad técnica necesaria para responder adecuadamente a los condicionamientos”, afirma el dictamen de la Secretaría de Ambiente de Córdoba.

La Comisión Técnica Interdisciplinaria de la Secretaría de Ambiente de Córdoba analizó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Monsanto. “El EIA no posee el contenido satisfactorio para su evaluación y/o carece de información sobre algunos aspectos relevantes de la actividad”, afirma el dictamen de evaluación, de cuatro carillas. Y puntualiza las actividades que generan impactos ambientales y no tuvieron respuestas “idóneas”: la gestión de residuos peligrosos y residuos del proceso productivo, gestión de efluentes líquidos y tránsito vehicular, entre otros.

“Se advierten impactos ambientales negativos relevantes que no fueron contemplados de manera adecuada, o bien no fueron incorporados. No se consideraron aspectos con impactos severos, críticos o importantes, notoriamente predecibles para el tipo de actividad y magnitud del proyecto en cuestión”, cuestiona el dictamen.

En la página tres se refiere a los “subproductos”. Detalla que Monsanto producirá 247 toneladas diarias de residuos, el equivalente a lo que provoca por día una ciudad de 250 mil habitantes (en Malvinas Argentinas viven 12 mil personas). El dictamen remarca que Monsanto no brinda precisiones sobre qué destino les dará a esas 247 toneladas diarias. La evaluación del gobierno de Córdoba es muy dura en este aspecto: “Ninguna de las propuestas está respaldada técnicamente y no representan una solución ambiental adecuada para la magnitud de residuos a disponer o reutilizar como subproducto (…). La gestión de 250 toneladas por día de residuos del proceso debe ser considerada como un aspecto crítico”.

También cuestiona la gestión de los residuos peligrosos. Monsanto “no especifica qué tipo de tratamiento se va a utilizar y quiénes son los operadores con la tecnología apropiada capaces de darle tratamiento y disposición final a los residuos peligrosos generados (residuos resultantes de la utilización de agroquímicos)”.

Sin la aprobación del estudio ambiental, la compañía no puede construir la planta. “Es una victoria de todos quienes venimos resistiendo desde hace tiempo, del pueblo organizado, que se sabe soberano y que ejerce su soberanía”, celebró la Asamblea de Malvinas Argentinas, pero alertó: “Sabemos que todavía no está todo dicho, pero somos conscientes de que dimos un paso enorme”. Recordó que Monsanto “no tiene licencia social” para instalarse y enfocó en la responsabilidad de la dirigencia política para que den de baja a la planta de semillas.

Monsanto controla el 27 por ciento del mercado mundial de semillas (y el 86 por ciento de las transgénicas). Comercializó durante décadas el PCB (utilizado en transformadores eléctricos, denunciado durante años y luego prohibido por cancerígeno) y es el creador del herbicida glifosato. Anunció la instalación de su “planta de maíz más grande de Latinoamérica” en junio de 2012 en Malvinas Argentinas, en las afueras de Córdoba capital. La localidad está rodeada de campos transgénicos y fumigados. De inmediato comenzó a organizarse la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida. En noviembre de 2012, la Asamblea ya exigía que la población pudiera votar para decidir si deseaban la megaplanta como vecina. El intendente Daniel Arzani (UCR), el gobernador José Manuel de la Sota y Monsanto siempre rechazaron la posibilidad de un plebiscito. Hoy, a las 17, la Asamblea de Vecinos se concentrará en la plaza de Malvinas Argentinas para marchar hacia la sede municipal y reclamar el cierre del proyecto.

La empresa planifica una mayor producción de maíz, en parte para la proyectada ampliación en un 56 por ciento del área sembrada para 2020 (de 3,7 millones de hectáreas a 5,7 millones) y también para la producción de combustibles mediante el maíz (se planifican veinte nuevas plantas de agrocombustibles para los próximos años). Adrián Villaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto, negó que se vayan de Córdoba y anunció que realizarán un nuevo estudio ambiental “con la rigurosidad técnica que nos requieren y dando participación a los ciudadanos”.

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El bloqueo vecinal

La Asamblea de Vecinos de Malvinas Argentinas y organizaciones sociales comenzaron un bloqueo al predio de Monsanto en septiembre pasado. Sufrieron cuatro represiones, pero mantienen el bloqueo. En noviembre, el intendente de Río Cuarto, Juan Jure, informó que el estudio de impacto ambiental de Monsanto (para la instalación de una estación experimental) “dio negativo” y advirtió que “más allá de ese resultado, he tomado la decisión de no permitir que se instale Monsanto”. La llegada de la empresa había sido cuestionada por la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos.

En la primera semana de enero, la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo de Córdoba hizo lugar a un amparo presentado por los vecinos y ordenó al municipio que frene las obras de la multinacional. Entre los fundamentos estaba la necesidad de contar con el estudio de impacto ambiental y la realización de una audiencia pública.

Dos encuestas confirmaron el rechazo a la empresa. En abril, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica y del Conicet realizaron 350 encuestas. Nueve de cada diez se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación de Monsanto. En octubre, la consultora Sicchar difundió una nueva encuesta. El 63,2 por ciento se mostró en desacuerdo con la instalación.

Tres universidades nacionales cuestionaron la instalación de Monsanto. En documentos separados, la Universidad Católica, la de Río Cuarto y la de Córdoba criticaron que se haya permitido la obra sin la previa Evaluación de Impacto Ambiental (como establece la Ley General del Ambiente). También explicitaron la vigencia del “principio precautorio” (cuando haya riesgo de afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas protectoras) y remarcaron las consecuencias ambientales y sociales del modelo de agronegocios.

* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 24 de febrero de 2014.

Dos meses de bloqueo a Monsanto

Dos meses de bloqueo a Monsanto

El reclamo contra la planta de semillas transgénicas en Malvinas Argentinas empezó el 19 de septiembre. La empresa envió cartas documento a los protagonistas de la protesta.

Bloqueo a Monsanto - dos mesesAsambleas socioambientales, activistas, organizaciones sociales y vecinos de a pie lograron lo que pocos creían: frenar a Monsanto, la mayor empresa de agronegocios del mundo, que desde hace dos meses tiene paralizada la construcción de su megaplanta de semillas transgénicas en Córdoba. Dos encuestas revelan el rechazo a la empresa en la provincia y tres universidades nacionales (de Córdoba, Río Cuarto y Católica) cuestionaron la instalación de la multinacional. Los vecinos exigen que se cumpla la Ley General del Ambiente (ordena evaluación de impacto ambiental) y proponen un plebiscito. En San Luis, donde la empresa produce semillas, también suma rechazos. Monsanto envió carta documento a vecinos y amenazó con juicios civiles y penales.

Monsanto anunció en junio de 2012 la construcción de su mayor planta en Latinoamérica de semillas de maíz transgénico. El lugar elegido fue Malvinas Argentinas (Gran Córdoba), ciudad rodeada de soja y con experiencia en fumigaciones sobre viviendas. De inmediato nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida. Primero exigieron información a la municipalidad y al gobierno provincial. La información nunca llegó. Pero los vecinos comenzaron a realizar asambleas y comunicar quién era Monsanto, qué modelo agropecuario representa, y los propios vecinos comenzaron a informar a sus pares mediante panfletos, charlas debate y murales. La empresa no hizo, y el Gobierno no le exigió, el estudio de impacto ambiental que ordena la Ley General del Ambiente.

En noviembre de 2012, la Asamblea comenzó a exigir que la población de Malvinas Argentina pudiera votar. El intendente Daniel Arzani (UCR) y el gobernador José Manuel de la Sota (PJ) rechazaron la iniciativa. El 19 de septiembre se realizó un festival en la puerta del predio bajo el nombre “primavera sin Monsanto”. Ese día comenzó el bloqueo a la planta, que esta semana cumplió dos meses. Las contratistas retiraron maquinaria pesada, los obreros ya no concurren y la empresa reconoció que se atrasaron todos sus planes de obra.

Dos encuestas confirmaron el rechazo a la empresa. En abril, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Católica y del Conicet realizaron 350 encuestas en Malvinas Argentinas. Nueve de cada diez se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación. En octubre, la consultora Sicchar difundió una encuesta de opinión de 1000 casos (en capital y el interior). El 63,2 por ciento se mostró en desacuerdo con la planta y el 66,8 por ciento se mostró de acuerdo con los vecinos que se oponen.

El 31 de octubre, Monsanto envió cartas documentos a Sofía Gatica (de la organización Madres de Ituzaingó) y a Eduardo Quispe, de la asamblea de Malvinas Argentinas. A ambos los acusó de “lesionar la seguridad pública” por el bloqueo y denunció supuestos “actos de violencia contra el personal”.

Queda intimado a cesar de inmediato con el bloqueo”, advierte la carta, los acusa de “usurpación” y los amenaza con denuncia penal “con penas de hasta tres años de prisión” y también con querellas por la vía civil “para el cobro de daños y perjuicios económicos”.

En las últimas semanas, tres universidades nacionales de Córdoba cuestionaron la instalación de Monsanto. En documentos separados, la Universidad Católica, la de Río Cuarto (UNRC) y la de Córdoba cuestionan que se haya permitido la obra sin la previa Evaluación de Impacto Ambiental, como establece la Ley General del Ambiente, y que tampoco se cumpliera con las audiencias públicas. También explicitaron la vigencia del “principio precautorio” (cuando haya riesgo de afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas protectoras que pueden provocar esa afectación). La UNC ya había cuestionado la llegada de Monsanto en agosto de 2012. Y la UNRC se había expedido también contra la multinacional y el modelo de agronegocios.

El rechazo a Monsanto también llegó a San Luis. La empresa alquila campos a la empresa Cresud en el Valle de Conlara. “Monsanto produce semillas bajo el modelo de la agricultura industrial, desmontaron miles de hectáreas, se siembran cultivos transgénicos de maíz y soja para semilla, se fumiga muchísimas veces durante el ciclo del cultivo con productos altamente peligrosos para la salud, sin el consenso de nuestra comunidad”, denunció la Asociación Campesinos del Valle de Conlara, que reúne a las familias rurales vecinas de la empresa.

Los campesinos alertaron que el uso de agroquímicos “pone en riesgo los acuíferos”, reclamaron que se los deje de fumigar en sus casas, exigen un estudio de impacto ambiental y resaltaron: “Este modelo no genera puestos de trabajo, no genera alimento para nuestra zona y pone en riesgo nuestra salud”.

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Amenaza contra una dirigente

Vamos a desparramar tus sesos por Malvinas Argentinas. No jodas más.” Fueron las palabras de un hombre que, arma en mano, amenazó días pasados a Sofía Gatica, de la organización Madres de Ituzaingó Anexo (referente en la lucha contra las fumigaciones) y una de las caras visibles en el bloqueo contra Monsanto. “Tengo bronca, impotencia, mezcla de dolor y tristeza. Me paralizaron el corazón, me sacaron lágrimas, pero allí me quedo, allí nos quedamos, el bloqueo será por tiempo indefinido”, afirmó Gatica.

La amenaza sucedió en Alta Gracia, cuando Gatica iba al trabajo. Un hombre de unos 50 años se acercó y le mostró un arma. “Hay varias formas de morir”, le advirtió. Gatica hizo la denuncia y destacó que había visto en las marchas contra Monsanto. Darío Avila, abogado allegado a las Madres de Ituzaingó, explicó que “Sofía está mal por la amenaza, pero también porque se dio cuenta de que este hombre la estuvo siguiendo en marchas, puede ser un infiltrado, lo había visto varias veces y lo puedo reconocer”. “Es un hecho muy grave. No hay que perder de vista las denuncias sobre el accionar de la policía de Córdoba con el narcoescándalo, esa misma policía es la que está en el bloqueo a Monsanto”, afirmó.

* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 23 de noviembre de 2013.

Voto calificado

Voto calificado

En vísperas de las elecciones en Argentina, repaso de la tensión entre las democracias representativas y la lucha por la democracia directa para decidir sobre el propio territorio. Desde el ejemplo del plebiscito en Esquel (Chubut), hasta el pedido por la consulta popular en Malvinas Argentinas (Córdoba). “Las clases medias urbanas son cómplices, por acción u omisión, del extractivismo que sufre la Argentina profunda”.

voto calificado - en bajaEl derecho, y el deber, de votar. Así lo tatuaron en la conciencia. Primero fueron las Ciencias Sociales (en la escuela primaria). Luego Educación Cívica (secundaria). Y Sociedad y Estado (facultad).

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Misiones votó en 1996 ante la propuesta (de Nación y Provincia) de construir la represa de Corpus. Se inundarían miles de hectáreas y afectaría a miles de personas. En abril de 1996, el 88 por ciento de la población de Misiones rechazó la hidroeléctrica.

El 23 de marzo de 2003, la población de Esquel rechazó la instalación de un proyecto minero de la Canadiense Meridian Gold. Ocho de cada diez personas dijo “no” a la cuestionada actividad.

El 3 de junio de 2012, el pueblo neuquino de Loncopué fue a la urnas por un proyecto minero de una empresa china. El Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobierna la provincia desde hace medio siglo, puso todo su aparato para que la población acepte la actividad extractiva. El 82 por ciento rechazó que le impongan la megaminería.

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En Calingasta (San Juan) se convocó a elecciones en tres oportunidades (2005, 2006 y 2007). Y las tres veces fue suspendida por la acción coordinada de un juez del Poder Judicial y del gobernador José Luis Gioja. Dos personas decidieron por sobre 8.500 habitantes.

Andalgalá, localidad catamarqueña donde hace veinte años se instaló Minera Alumbrera (extrae oro y cobre), estaba a punto de votar el 25 de mayo de 2010. La población iba a decidir el futuro del proyecto minero Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros de la ciudad). Fue suspendido por el Poder Judicial a solicitud del gobernador Eduardo Brizuela del Moral. Dos personas decidieron por 18.000 personas.

En Misiones, por ley provincial, el Gobernador debe llamar a elecciones por nuevos emprendimientos hidroeléctricos. En septiembre pasado, cientos de misioneros caminaron durante una semana por rutas provinciales (140 kilómetros) y llegaron hasta Posadas con un solo reclamo: que el gobernador Maurice Closs cumpla la ley y llame a votación para decidir el futuro de la hidroeléctrica Garabi. Estudios oficiales afirman que se inundarán 40.000 hectáreas y desalojará a 13.000 personas. El gobernador aún no cumplió la ley no llamó a elecciones. Una persona decide por un millón de habitantes.

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En Malvinas Argentinas (Córdoba), la multinacional Monsanto planea instalar su mayor planta de maíz transgénico de América Latina. Cuenta con el apoyo de los tres niveles de gobierno. La Presidenta (Frente para la Victoria), el gobernador José Manuel de la Sota (PJ, enfrentado con el Ejecutivo Nacional) y el intendente Daniel Arzani (Unión Cívica Radical). Instalará al menos 240 grandes silos y usará agroquímicos en cercanías de casas, escuelas y centros de salud.

La asamblea de vecinos Malvinas Lucha Por la Vida exige poder votar. El 27 de noviembre de 2012, el Concejo Deliberante debía tratar un proyecto de ordenanza presentado por los vecinos para llamar a plebiscito. Los concejales (siete) no dieron tratamiento y una patota (con vía libre de la policía) atacó a los asambleístas.

El 19 se septiembre comenzó un bloqueo al predio de Monsanto. Exigen poder votar. El 30 de septiembre, la policía reprimió el acampe. El bloqueo se mantuvo.

El fin de semana pasado se conoció una encuesta de opinión (consultora Sicchar) realizada en Córdoba. El 63,2 por ciento de los consultados se mostró en desacuerdo con la instalación de Monsanto. Y el 66,8 por ciento se mostró de acuerdo con los vecinos que protestan contra la multinacional.

Intendente y Gobernador rechazan el llamado a votación.

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En Neuquén se ubica la formación llamada “VacaMuerta”, señalada por empresas y gobiernos como una de las mayores reservas mundiales de hidrocarburos no convencionales (requiere la cuestionada técnica de “fractura hidráulica”). El gobierno nacional firmó un acuerdo con la estadounidense Chevron. Pero necesitaba la aprobación de la Legislatura de Neuquén.

Distintas asambleas socioambientales, organizaciones sociales, sindicatos y partidos de izquierda propusieron un plebiscito para que el pueblo neuquino decida si aceptaba la llegada de Chevron y la explotación de Vaca Muerta.

En julio pasado, la consultora Aresco había realizado una encuesta en Neuquén. El 52 por ciento se mostró “poco-nada de acuerdo” con la asociación YPF-Chevron, el 46 por ciento estuvo “poco-nada de acuerdo” con la utilización de la técnica de fractura hidráulica (“fracking”) y el 57 por ciento afirmó que el acuerdo YPF-Chevron era “poco-nada transparente”.

El gobierno provincial rechazó cualquier posibilidad de plebiscito.

El 28 de agosto se votaba en la Legislatura de Neuquén el pacto Provincia-YPF-Chevron.
Hubo una masiva movilización. Y una respuesta gubernamental: gases lacrimógenos y balas de goma. La represión duró cinco horas.

Ese mismo día, 25 legisladores neuquinos decidieron por toda una provincia (550.000 habitantes).

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Las clases medias urbanas son cómplices, por acción u omisión, del extractivismo que sufre la Argentina profunda. Las clases medias urbanas miran para otro lado. Les preocupa tener combustible para el auto y electricidad para el aire acondicionado. Y minimizan si el costo lo pagan comunidades indígenas y familias campesinas con represiones y destierro. Dan vuelta la cara si miles de personas (parajes y pueblos enteros) deben ser desplazados por el extractivismo. Se horrorizan si se cortan árboles en la 9 de Julio, pero no les importa si en el Norte del país se arrasan un promedio de 32 canchas de fútbol por hora. Se ponen histéricos y corren si un container del puerto de Buenos Aires hace llover agroquímico por unas horas, pero no le importa que millones sean fumigados a diario porque “la soja trae dólares y los necesitamos”.

La clase media urbana infla el pecho de orgullo por votar cada dos años, pero maldice cuando le corta la calle un qom que lucha por la tierra, un desocupado o un trabajador que exige derechos.

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En Argentina se vota cada dos años. Desde 1983 a la fecha se realizaron siete elecciones presidenciales y, con la del próximo domingo, otras siete legislativas.

Los partidos que acumularán mayor cantidad de votos (y que aspiran a la presidencia en 2015) hicieron campaña con temas que (quizá) reflejan a la sociedad: inseguridad, dólar, inflación y (mantener el) consumo. Y los ya clásicos (y siempre incumplidos) trabajo, salud y educación.
El modelo extractivo afecta a millones de personas, pero no se debate y no se plebiscita.

Curiosas piruetas del establishment político. Elegido mediante el voto ciudadano, prohíbe a los mismos electores que voten contra las corporaciones, evitan que el pueblo decida su futuro.

Esquel y Loncopué son experiencias recientes. Funcionarios y corporaciones temen los malos ejemplos y el efecto contagio. Por eso evitaron Calingasta y Andalgalá. Por eso no permiten sufragar por represas en Misiones, por Monsanto en Córdoba y por Chevron (y el fracking) en Neuquén.

Tiempos de votos calificados y democracias selectivas.

Derechos de sólo un domingo cada dos años.

*Por Darío Aranda. Publicado el 25 de octubre de 2013 en comambiental.com.ar