Litio y espejos de colores

Litio y espejos de colores

«Es innegable que no se puede perder la oportunidad que se nos presenta: lograr exprimir hasta sus últimas consecuencias un bien natural que es central para la sociedad del posdesarrollo que viene».

Bruno Fornillo (investigador del Conicet y Clacso)*

La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.

Por Darío Aranda

Salinas Grandes, lugar de vida, trabajo y cultura de los pueblos Kolla y Atacama (Foto de Iwgia)

«Oro blanco», es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. «Recurso natural estratégico», argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. «Nuestra vida», resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.

Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.

Veinte años

El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas (kollas y atacama en Jujuy y Salta).

El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Está ubicado en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra (Catamarca) y está en manos de la multinacional multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.

A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman «triángulo del litio» a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.

Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar (de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.

Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.

Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.

Mauricio Macri lo promociona de forma retirada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será «líder» en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.

¿Desarrollo nacional?

«YPF del litio», fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de «Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado».

Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.

Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.

El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.

Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).

El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.

Académicos

El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la «YPF del litio» fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.

El Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales es heterogéneo, en formación (economistas, cientistas políticos, historiadores) y miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.

«Geopolítica del litio», es el libro publicado en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en ciencias sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).

El 21 de septiembre participó de la charla «¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.

Criticó la idea empresaria-gubernamental de la «Arabia Saudita del litio» (como se suele señalar al «triangulo del litio» de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.

Pero también señaló que el litio «plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo energético no fósil». Precisó que la «polémica» tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.

Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. «Se les paga para que se lleven el litio», denunció.

«Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso», afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.

Explicó que en Chile, de la mano de «los Chicago boys», la apropiación de renta por parte del Estado es «muy importante» en comparación con Argentina. Pero sobre todo reivindicó el modelo boliviano, donde –remarcó– se estatizó «el recurso y se intervino en toda la cadena de valor».

Afirmó que existe fiscalización para que sea «menos contaminante» y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.

«Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades», propuso Slipak.

En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.

¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.

Entrevista a Slipak.

-¿Cuál es el rol de las comunidades en la minería de litio?

-La participación de las comunidades es crucial, se debe respetar sus tradiciones, aunque no son las únicas involucradas. Soy partidario de la consulta libre, previa e informada (derecho básico presente en legislación nacional e internacional, que nunca se aplica en Argentina), pero necesitan información.

-¿Qué sucede si la comunidad dice no a la minería?

-Mi posición, no de todo el Grupo de Estudios, es que se debe respetar esa posición de la comunidad.

-Usted reivindicó el trabajo del científico Ernesto Calvo para explotar litio de forma, en teoría, «menos contaminante». Pero ese desarrollo es para mineras y no para indígenas, que sufrirán las consecuencias. Es una toma de postura investigar eso.

-Es cierto que Calvo hace ciencia pero no dialogó con las comunidades involucradas.

Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el «principio precautorio», vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación.

Lucha

Las comunidades indígenas ya dijeron «no a la minería de litio». Algunos académicos, con discurso progresista, impulsan la explotación (Foto de Iwgia).

Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.

Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según leyes nacionales (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.

Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron sobre qué implicaba la consulta, cómo debía ser, qué implicaba. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.

Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde la el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.

Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.

Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: «Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso». Y compara: ¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.

Ambiente y presiones

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de a Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.

En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.

Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.

Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. «Hay avance de mineras y la situación está complicada por que el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen», denunció González.

Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida «de decisión o negociación» sobre el territorio indígenas.

EEUU y represión

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. «El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.

El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.

«El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión», señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: «Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras».

 

* Libro «Geopolítica del litio». Página 87.

El agua como derecho humano

El agua como derecho humano

Foto de Juan Alaimes

«Cumbre Latinoamericana del agua para los pueblos», fue el nombre del encuentro internacional que se realizó el fin de semana en Catamarca, donde confluyeron más de 600 personas, de decenas de organizaciones socioambientales y en rechazo al modelo extractivo (minero, petrolero, agronegocio, nuclear). Un eje destacado fue el derecho a la autodeterminación de los pueblos (que ningún gobernante decida proyectos contaminantes y decida «territorios de sacrificio»), remarcaron los límites de la democracia delegativa y recordaron que el acceso al agua es un derecho humano.

«El agua vale más que oro», se escuchó en Esquel en lucha contra las mineras y se esparció por todo el país. Grafica la importancia del recurso vital ante el avance de industrias extractivas. En Catamarca opera Minera Alumbrera, que tiene un permiso de uso 1100 litros de agua de por segundo. Las asambleas socioambientales tienen larga experiencia en rechazo a la actividad, acciones de lucha, represiones frente a la contaminación de Alumbrera y el nulo cumplimiento de las promesas de trabajo y progreso.

Desde la organización Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (Pucará, que reúne a asambleas la provincia) convocaron y organizaron la Primera Cumbre del Agua. La sede fue la Universidad Nacional de Catamarca. Con el aula magna repleta, Marcos Pastrana, referente del Pueblo Diaguita y un pionero en la lucha contra la megaminería hizo un recorrido histórico desde la mirada indígena del saqueo de los países del norte sobre América Latina.

«Si matan el agua matan la cultura y la vida de los pueblos. No hay derechos humanos si no se respeta la naturaleza», afirmó Pastrana. Cuestionó que los impulsores y legitimadores del modelo extractivo dejan de lado del saber de los pueblos y privilegian el poder del dinero. «Las mineras compran gobernantes, compran jueces y periodistas, pero no podrán las conciencias de los que luchan en defensa del territorio», advirtió.

Recordó que otra forma de vida es posible, el «sumaj Kawsay», término quechua que refiere al «buen vivir» de los pueblos originarios, sin depredar la naturaleza, sin consumismos.

Adolfo Pérez Esquivel, Nóbel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) hizo una lectura en clave latinoamericana, «son momentos difíciles» y con la derecha en avance. «No estamos acá solo por el agua. Estamos para enfrenar la dominación del capital sobre los pueblos. Cuando se entrega territorios a las multinacionales se está perdiendo soberanía», aclaró. Definió a la megaminería como «un saqueo colonial».

«Se debe cumplir el derecho de los pueblos a la autodeterminación, al ambiente sano, al desarrollo, a la soberanía. Tenemos derecho a vivir dignamente. Si se vulneran estos derechos deja de ser democracia», afirmó Pérez Esquivel.

El encuentro fue realizada de forma autogestiva, y convocó a activistas e investigadores de Brasil, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, entre otros países. Se abordó la situación del agronegocio de transgénicos y agrotóxicos, la contaminación y violación de derechos de las petroleras en Neuquén y Mendoza, las represas que inundan territorios y desalojan miles de personas (el más preocupante es el proyecto Garabí en Misiones), la expansión de la frontera urbana, la minería de litio y la complicidad científica, la energía nuclear y sus consecuencias.

El trabajo en comisiones luego fue puesto en común, se debatió y buscaron consensos en plenarios el domingo. De allí surgió un documento final que se hará público hoy a la mañana y también se dará a conocer dónde se realizará la segunda cumbre del agua.

Un aspecto de agenda cotidiana en las asambleas socioambientales, sobre todo luego de 2001, es el cuestionaminento a la democracia delegativa-representativa, los «límites conservadores de la democracia actual», el votar sólo cada dos años y que esos representantes crean que tienen derechos a decidir actividades extractivas en territorios alejados del centro del poder político. Por contrapartida, las votaciones de Esquel y Loncopué (contra la megaminería), en Misiones (1996 y 2014) son ejemplos de democracia directa sobre territorios, donde la poblaciones afectadas deciden qué actividades privilegian.

Otro eje es enmarcar el extractivismo como una violación sistemática de los derechos humanos y no acotarlo a lo ambiental (como hacen sectores políticos y mediáticos). Todo un mensaje que en la apertura de la cumbre hayan estado Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, de los pocas figuras que unen la denuncia contra la última dictadura y el apoyo a las luchas territoriales del presente.

La cumbre fue transmitida en vivo por la radio comunitaria FM Estación Sur y la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA). Durante los dos días fue evidente la necesidad de articular luchas, sostener la resistencia con alegría y la construcción por fuera de los partidos políticos. «Dejamos la catarsis de lado y tomamos nota de nuestras fortalezas, para dejar de estar a la defensiva e ir a la ofensiva, disputar desde la calle, con nuestra capacidad de organización, de trabajo territorial, con científicos y hacer cumplir nuestros derechos», advirtió Cristina Arnulphi, asambleísta de Córdoba.

Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora también estuvo en la jornada de apertura. «No tenemos miedo (a luchar). El agua vale más que el oro», comenzó su discurso y ya arranco una oleada de aplausos y gritos de aprobación. Con el emblemático pañuelo blanco y con el verde en su muñeca izquierda, recordó a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel «y a todos los muertos que no aparecen en los diarios».

Reivindicó la lucha de los pueblos originarios, lamentó que en Argentina «muchos se enteren tarde» de la violación de derechos que sufren las comunidades indígenas y remarcó que muchas de las luchas actuales son por las tierras. Unió conceptos, actores y acciones que hacen al mismo modelo: extractivismo, pérdida de soberanía, imperialismo, multinacionales, deuda externa. En el final, puño en alto, llamó a «transformar la protesta e propuesta» y a «no dejar nunca las calles».

El auditorio respondió de pie, puños en alto, con aplausos interminables.

 

Defender la vida

«No se vende, el agua se defiende», fue uno de los cánticos principales de las dos jornadas. Hubo rock y folklore, pintadas de una decena de murales distribuidos en toda la ciudad y actividades específicas para niños. En lo propositivo se trabajó en la agroecología (alimentos sanos, sin agrotóxicos), soberanía alimentaria y comercio justo. «Luchamos para dejar un mundo mejor a nuestros hijos y nietos, queremos democracia participativa. Que sepan los gobiernos y trasnacionales que seguiremos defendiendo el agua como un bien común, de todos, y no como un recurso natural mercantilizado. Seguiremos defendiendo la vida», afirmó Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá y de Pucará.

* Por Darío Aranda. Versión completa del artículo publicado en el diario Página12 el 17 de septiembre de 2018.

https://www.pagina12.com.ar/142737-una-cumbre-por-el-derecho-al-agua

El derrame minero que Barrick quiso ocultar*

El derrame minero que Barrick quiso ocultar*

Un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo confirmó la contaminación del río La Palca, en San Juan, por nuevos derrames no informados por la Barrick Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia a la mina de oro Veladero y al Gobierno.

Por Darío Aranda

El río La Palca, cercano a la mina de oro Veladero (de la empresa Barrick Gold, en San Juan), sufre un incremento exponencial de mercurio, manganeso y aluminio. “Padecemos el envenenamiento del agua de la cuenca del Río Jáchal a causa de los derrames mineros”, denunció la Asamblea de Jáchal, en base un estudio de la Universidad de Cuyo, y responsabilizó a la empresa por un nuevo derrame. El subsecretario de Desarrollo Minero de Nación, Mario Capello, se burló de las críticas a la minería y afirmó que “el cianuro lo puede consumir el ser humano”. El gobierno nacional intenta modificar la Ley de Glaciares para avanzar con proyectos mineros.

La Asamblea de Jáchal accedió a un estudio de aguas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y confirmó la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis, solicitados por la Municipalidad de Jáchal, fueron realizados por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la UNCuyo el 28 de febrero en el río La Palca, que recibe sus aguas de los ríos Potrerillos y Las Traguas, que pasan directamente por la mina Veladero. La Palca aporta el 70 por ciento del caudal del río Jáchal.

La Universidad de Cuyo confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20). El aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5).

La Asamblea de Jáchal tomó como referencia los estudios del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (Cipcami –dependiente de la Provincia–), que monitoreó el río durante seis años (entre 2004 y 2010). “Durante todos esos años los valores de mercurio, manganeso y aluminio no superaban los límites establecidos por la Ley de Residuos Peligrosos”, recordó la Asamblea.

Los análisis de la Universidad de Cuyo, comparados con el Cipcami, muestran un incremento del 5000 por ciento en mercurio, del 18.000 por ciento en manganeso y del 50.000 por ciento en aluminio.

“Estos nuevos análisis demuestran que en febrero de 2018 hubo otro gran derrame ocultado por la empresa y el Gobierno”, denunció la Asamblea de Jáchal. Como sucedió con los derrames de septiembre de 2015 y 2016, el mercurio, el manganeso y el aluminio se elevaron de manera drástica. “Estamos seguros de que hubo nuevos derrames”, afirmó Saúl Zeballos, asambleísta de Jáchal.

La Asamblea denunció que el intendente de Jáchal, Miguel Angel Vega, ocultó los análisis de la Universidad de Cuyo.

El gobierno provincial, a cargo de Sergio Uñac, y Barrick Gold tuvieron el mismo discurso. Sostuvieron que no hubo derrames nuevos y que los ríos tienen esos metales “de forma natural”.

La Asamblea le respondió en un comunicado: “El Gobierno y la empresa siguen mintiendo, la cuenca del Río Jáchal está siendo envenenada gravemente por la actividad megaminera”. Y recordaron que Barrick Gold opera en zona prohibida por la Ley de Glaciares. Exigen su retiro y que remedie la contaminación.

El derrame del 13 de septiembre de 2015 transcendió por mensajes de WhatsApp de trabajadores mineros a sus familias en Jáchal, donde alertaban que no tomen agua. En un primer momento, el gobierno provincial y Barrick Gold negaron el derrame. Cuando ya no pudieron ocultarlo, Barrick reconoció el derrame de 15.000 litros de agua con cianuro, pero aseguró que no llegó al río y desmintió la contaminación. Una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que llegó al río. Dos días después, intervención judicial mediante, Barrick Gold reconoció que derramó al menos 1.070.000 litros de “solución cianurada”.

Por el derrame de cianuro de Barrick hay dos causas judiciales. Una tramita en tribunales federales, donde el juez Sebastián Casanello procesó a los ex secretarios de Minería, Jorge Mayoral, y de Ambiente, Sergio Lorusso, por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientales y uno de los letrados de la Asamblea de Jáchal, explicó que es “vergonzoso” el accionar del Poder Judicial de San Juan. La causa está en manos del Pablo Oritja y sólo procesó a ocho empleados de segunda línea de la empresa por violación de la Ley de Residuos Peligrosos. “Dejó libre de toda responsabilidad a los directivos de la empresa y a los funcionarios provinciales”, denunció Viale.

La Asamblea de Jáchal responsabilizó al gobernador Uñac, al ministro de Minería provincial, Alberto Hansel; al presidente Macri y a los ministros Juan José Aranguren y Sergio Bergman. “Saben de la contaminación, tienen la información, pero no dicen la verdad porque solo les interesa proteger a la Barrick y seguir metiendo megamineras”, denunciaron. Y alertaron que el Gobierno quiere modificar la Ley de Glaciares para favorecer el avance minero.

En abril pasado, en la provincia se realizó la “Exposición Internacional San Juan factor de Desarrollo de la Minería Argentina”. En línea con los anuncios de Aranguren y Bergman, el gobernador Sergio Uñac y el subsecretario de minería de Nación, Mario Capello, reclamaron la modificación de la Ley de Glaciares para “favorecer la llegada de inversiones”. Capello dio un paso más al defender la minería y afirmó que “el cianuro es una sal, lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos”.

 

*Artículo publicado el 21 de mayo de 2018 en el diario Página12.

https://www.pagina12.com.ar/116180-un-derrame-de-silencio

Luchas en Salta y La Rioja

Luchas en Salta y La Rioja

En Salta, desde hace casi un año cierran el paso a una empresa de Estados Unidos que proyecta una fábrica de nitrato de amonio. En La Rioja, buscan impedir la extracción de uranio.

uranio - la rioja - en bajaDos preguntas resuenan en Salta y La Rioja. ¿Quién quiere una planta química al lado de su casa? ¿Quién acepta un yacimiento de uranio a pocos kilómetros de su barrio? El interrogante proviene de la localidad de El Galpón (Salta), donde desde hace casi un año cierran el paso a una empresa de Estados Unidos, y de la capital riojana, donde cortan la ruta desde hace un mes a vehículos mineros. Plantean como trasfondo el extractivismo y quién decide sobre los territorios. El gobierno salteño descartó cualquier irregularidad en la planta química y afirmó que los vecinos están “desinformados”.

En la localidad salteña de El Galpón, a 180 kilómetros de la capital provincial, se realiza desde hace once meses “el tranquerazo a Austin”, el bloqueo a una empresa estadounidense que pretende construir una fábrica de nitrato de amonio (insumo básico de explosivos utilizados en minería). La tranquera cerrada a la empresa Nitratos Austin (subsidiaria de la estadounidense Austin Powder) está en el kilómetro 653 de la ruta nacional 16, donde sobresale un acampe pacífico de hombres y mujeres de todas las edades.

Desde el 14 de mayo de 2013, la consigna principal es “el agua y la vida valen más que el nitrato de amonio” y el reclamo reúne a vecinos de El Galpón, el Tunal y Joaquín V. González, nucleados en Vecinos Autoconvocados de la cuenca del río Juramento. También participa la organización Vapumas (Vecinos Autoconvocados por un Medio Ambiente Sano). Denuncian la posible contaminación del río Juramento, el riesgo de explosiones y la falta de consulta a la comunidad.

El secretario de Industria de Salta, Nicolás Ramos Mejía, atribuyó la negativa de la población a “la desinformación”. Señaló que la planta no producirá explosivos, sino “una sal usada en explosivos” y afirmó que la fábrica “no producirá efluentes”. El funcionario señaló que los desechos irán a piletones donde el líquido “se evaporará” y el residuo sólido se reutilizará. El funcionario aseguró que la fábrica “cumple todos los requisitos de seguridad” e insistió en la “desinformación” de quienes se oponen.

La senadora salteña (mandato cumplido) Sonia Escudero presentó en julio pasado un proyecto de comunicación en el Congreso Nacional. Detalló un dictamen técnico municipal que daba cuenta del “alto impacto ambiental” y citó el Estudio de Impacto Ambiental de Austin, que reconoce riesgos en la posible explosión de alguno de los sitios de almacenaje de nitrato de amonio, derrame de ácido nítrico y fuga de amoníaco. Escudero recordó que una planta similar explotó en abril de 2013 en Texas (Estados Unidos) con 25 muertos y 160 heridos.

El Colegio de Abogados y Procuradores de Salta analizó el expediente administrativo y se expidió en julio de 2013: “El Certificado de Aptitud Ambiental es, a los efectos legales, inexistente (…). El documento presentado como Estudio de Impacto Ambiental no reúne las características legales y técnicas exigidas por la ley”. Confirmó que no se cumplió con los controles previstos en la Ley 20.429 (de armas y explosivos) y 12.709 (fabricaciones militares). Y remarcó que la propia empresa reconoce que “generará emisiones por encima de los parámetros legalmente establecidos”.

Los Vecinos Autoconvocados se aprestan a celebrar el año de bloqueo y avisan: “La tranquera sigue cerrada”. La construcción de la planta sigue frenada.

A 680 kilómetros al sur, en La Rioja, la Secretaría de Minería concedió, a inicios de febrero, servidumbre de paso a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para que avance con once proyectos de extracción de uranio en la zona conocida como El Cantadero. La Asamblea Riojana Capital emitió un comunicado los primeros días de marzo. “La explotación de uranio es la minería mas tóxica, ya que en su proceso se liberan sustancias radiactivas. Las minas de explotación de uranio son letales. El gas radón emitido durante la explotación es radiactivo y viaja hasta 1000 kilómetros”, denunció la asamblea y remarcó que el proyecto autorizado por el gobierno (llamado Alipan) está ubicado a sólo veinte kilómetros de la capital riojana.

Marisa Romero afirmó que la minería de uranio es parte de la megaminería a cielo abierto, con explosivos, drenajes ácidos, grandes consumos de agua y entre sus mayores peligros destacó los desechos radiactivos. Y recordó los pasivos ambientales de los yacimientos de uranio Los Colorados (La Rioja), Los Gigantes (Córdoba) y Sierra Pintada (Mendoza).

El 17 de marzo comenzaron el corte de la ruta 38, bloqueando el paso a los camiones mineros (no a vehículos particulares). La consigna es “por el agua y contra la minería de uranio”. Exigen la suspensión del proyecto minero en base a cuatro puntos. Los efectos en ambientes y salud, el riesgo de las fuentes de agua, la falta de licencia social y la “ilegalidad”. La ordenanza 4930 prohíbe la exploración y explotación de uranio en la capital riojana y declara al municipio “departamento no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable”. Acusan al gobierno provincial y a la CNEA de violar la ordenanza.

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Chubut

Por primera vez en la historia de Chubut se hizo uso de la Iniciativa popular, una instancia contemplada en la Constitución provincial y que consiste en reunir las firmas del tres por ciento del padrón electoral, la presentación de un proyecto de ley (en este caso de prohibición de la megaminería) y la obligación de la Legislatura de tratar el proyecto.

Con 13007 firmas, las Asambleas Ciudadanas de Chubut y comunidades mapuche-tehuelche se movilizaron a Rawson, donde llegaron hasta el Tribunal Electoral para presentar las firmas. “La población tomó la iniciativa y se fue multiplicando por todos los rincones de nuestro interior provincial, siempre teniendo presente la defensa del agua y la tierra, porque no queremos el saqueo de las corporaciones”, explicó Angel Cayupil, activista junto a comunidades mapuche-tehuelche y pobladores de la meseta de Chubut.

La provincia ya cuenta con una ley que restringe la minería, pero sólo limita la etapa de explotación y refiere a la minería a cielo abierto con uso de cianuro. El proyecto de ley incluye otras sustancias químicas y abarca la extracción metalífera y la de uranio.

* Por Darío Aranda. Publicado el 21 de abril de 2014 en el diario Página12.

Impacto extractivista

Impacto extractivista

El estudio de una ONG estadounidense muestra que las principales petroleras y mineras de ese país operan en 370 sitios de pueblos originarios en 36 países

impacto extractivista - Campo Maripe en bajaLas más grandes compañías petroleras y mineras de Estados Unidos operan en 370 sitios de pueblos originarios en 36 países y, en la gran mayoría de los casos, extraen riquezas naturales sin respetar los derechos de las comunidades indígenas. Las empresas extractivas operan en 41 lugares de América latina y cinco de Argentina. Una muestra del impacto extractivista en los pueblos originarios: el 39 por ciento de los yacimientos en explotación de hidrocarburos está en territorios indígenas y casi la mitad (46 por ciento) de las reservas comprobadas de petróleo y gas se ubica en comunidades originarias.

La ONG estadounidense Primeros Pueblos en el Mundo (First Peoples Worldwide –FPW–) publicó su estudio “Derechos indígenas: Informe de riesgo para las industrias extractivas”, en base a información de las 52 petroleras y mineras más grandes de Estados Unidos. Aunque dirigido principalmente a empresas (evalúa el “riesgo” corporativo), revela datos útiles para las organizaciones indígenas. Las principales empresas en territorios que afectan a pueblos originarios son las petroleras ConocoPhillips (44 explotaciones), ExxonMobil (35), Chevron (24) y Apache (19). Y las mineras Southern Copper (17), Freeport-McMoRan (16), Newmont Mining (14), Peabody Energy (14).

Y sobresale una información que augura mayor conflictividad: el 39 por ciento del petróleo y el gas que producen las compañías está en territorio indígena o cerca de él. El 46 por ciento del petróleo y el gas se ubica en tierras indígenas.

El ranking de países con empresas mineras y petroleras en territorios indígenas lo encabeza Estados Unidos, con 157 casos. Le siguen Canadá (74), Australia (24) e Indonesia (23). En América latina hay 41 casos de empresas estadounidenses que afectan a comunidades indígenas. México y Perú tienen nueve casos cada uno. Chile seis y Argentina cinco. Colombia y Venezuela, con cuatro cada una. Ecuador dos y Nicaragua y Surinam un caso cada una.

La ONG les recuerda a las empresas que los pueblos indígenas cuentan con legislación internacional, como el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hace hincapié en el derecho indígena al consentimiento libre, previo e informado para cualquier acción que pudiera afectar sus territorios y forma de vida.

Los cinco casos de Argentina citados en el estudio están en la cuenca neuquina. La petrolera EOG Resources opera en el norte de la provincia, en la formación Vaca Muerta. También está presente la petrolera WPX Energy, con participación mayoritaria en Apco Oil (en Argentina opera la petrolera Entre Lomas), con extracción en Neuquén y Río Negro.

En el informe, de 34 carillas, sobresale la petrolera Apache, que mantiene conflictos con las comunidades mapuches Gelay Ko y Winkul Newen, en las afueras de Zapala, y donde la empresa no cuenta con consentimiento de las comunidades. También está presente la poderosa ExxonMobil, que opera en la formación Vaca Muerta junto a YPF, Petrobras, Pan American Energy y la provincial GyP (Gas y Petróleo de Neuquén). Cuenta con concesiones en Rincón de la Sauces y Añelo.

La ONG estadounidense remarca que una de las situaciones de mayor peligro empresario es el caso de Chevron en Vaca Muerta. Recuerda que en 2011 las Naciones Unidas (mediante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) advirtió sobre la violación de derechos de los pueblos indígenas de Argentina. “Durante muchos años los mapuches han realizado protestas pacíficas y participaron de campañas para defender sus derechos humanos, protegidos por la Constitución nacional”, señala el informe y cita al vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel: “No hay duda de que todos los anuncios acerca de estos megacampos petroleros son una amenaza directa y clara a la vida y a la cultura de las comunidades mapuche”.

Referido a las cinco petroleras en territorio mapuche, la ONG precisa: “Existen protestas mapuches por la contaminación de sus aguas y la falta de consentimiento indígena para el funcionamiento de empresas en su territorio”. También menciona a los “grupos ambientales” movilizados por los peligros del fracking y recuerda que el pueblo mapuche está presente en Río Negro, Chubut y La Pampa. La Confederación Mapuche de Neuquén contabilizó al menos 29 comunidades que viven sobre la formación Vaca Muerta.

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Buscando consenso

La ONG Primeros Pueblos en el Mundo (FPW) trabaja en la “creación de puentes” entre comunidades indígenas y corporaciones, gobiernos, académicos e inversionistas. Adhiere a una línea de trabajo muy debatida en el mundo indígena: un posible diálogo y consenso entre empresas y pueblos para la explotación de recursos naturales. El relevamiento apunta principalmente a las empresas, para hacerles notar que corren riesgos económicos por no tener políticas de consenso con los pueblos originarios. “El 92 por ciento de los sitios plantea un riesgo medio a alto para los accionistas”, señala el informe.

Para evaluar los “riesgos” tomaron como parámetros la ubicación del yacimiento, la política empresaria, reputación corporativa, país, comunidad local y leyes vigentes. Con la ponderación de los parámetros, otorgan un puntaje. Las empresas que corren mayor riesgo son ExxonMobil, Newmont, ConocoPhillips, Chevron y Apache.

La presidenta de la ONG, Rebecca Adamson, pronosticó que la situación de conflictividad y riesgo empresario aumentará por la confluencia de tres factores: los pueblos indígenas tienen derechos a nivel internacional y nacional, las mayores reservas de minerales e hidrocarburos se encuentran en territorios indígenas y los medios de comunicación (sobre todo digitales) logran difundir las situaciones locales hasta transformarlas en campañas globales. La ONG precisa que de los 370 sitios de petróleo, gas y minerales, el 43 por ciento tiene una calificación de “riesgo crítico” (corren riesgo de paralización) por no tener políticas de consenso con los pueblos indígenas.

A nivel latinoamericano, el extractivismo fue el tema principal de la V Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas (realizada en Colombia en noviembre pasado). “Denunciamos el nuevo proyecto económico neoliberal a través de los gobiernos que han radicalizado su política económica extractivista en alianza con las empresas multinacionales”, señala la declaración final de la Cumbre.

* Por Darío Aranda. Publicado el 10 de febrero de 2014 en Página12.