El grito originario

El grito originario

el grito originario - qom6La carpa es alta y blanca, de cinco metros de largo por cuatro de ancho. Adentro hay una decena de colchones en el piso, ropas, bolsos y cajas con alimentos. Afuera se suman media docena de carpas tipo iglú. Es la plazoleta de Avenida de Mayo y 9 de Julio, lugar ya emblemático para los pueblos indígenas de Formosa que acampan desde hace dos meses con reclamos tan básicos como incumplidos: agua, salud, educación, luz eléctrica, territorio y que no los repriman más. Esperan ser recibidos por el Gobierno Nacional. “Nos quedaremos hasta que nos den una respuesta”, explica Félix Díaz, qom de Formosa.

Acampe

El 14 de febrero comenzó el acampe indígena en el centro porteño. Primero fue la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), por la vulneración de derechos, el intento de represión en la ruta nacional 86 de Formosa y, también, por el asesinato aún impune del abuelo qom Roberto López (el 23 de noviembre de 2010).

Pero se sumaron los pueblos indígenas nucleados en la nueva organización de indígenas de Formosa: Qopiwini Lafwetes. Nacida en enero de 2015, toma la primera sílaba de los pueblos Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé. Reúne a 46 comunidades que no responden al gobernador Insfrán, no se consideran opositoras pero sí reclaman el cumplimiento de derechos.

El 10 de marzo marcharon por el centro porteño. Nunca las comunidades de Formosa había reclamado de ese modo tan lejos de sus comunidades. Recorrieron los tres poderes del Estado, durante más de tres horas, y en pleno Obelisco gritaron: “Territorio robado, será recuperado”.

En cada parada los discursos fueron encendidos. Se recordó que los niños indígenas mueren por enfermedades evitables, falta de atención médica y escasos alimentos. “Nuestros hijos toman agua de charcos”, denunció Israel Alegre, de la comunidad NamQom, frente a la Corte Suprema de Justicia.

Se entregaron petitorios con reclamos puntuales y solicitaron audiencias. Félix Díaz arremetió contra el poder político: “¿Dónde están los legisladores cuando los niños indígenas mueren de hambre”. Y, sin mencionarlo, apuntó al extractivismo y a las complicidades del Gobierno: “Le sacan el territorio a los indígenas para dárselo a las multinacionales”.

Racismo

Israel Alegre está enojado pero calmo. No se siente a gusto en Buenos Aires, quiere volver a su casa, rodeada de verde y su familia. “No pedimos nada extraño. Pedimos que se respeten nuestros derechos”, explica y puntualiza en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, que en Argentina tiene rango supralegal, por encima de las normas locales) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas.

Alegre recuerda que presentaron petitorios a los tres poderes del Estado (Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional y Casa de Gobierno). “Tenemos derechos y queremos que se cumplan”, reclama y recuerda que el gobernador, Gildo Insfrán, tampoco les da respuesta. Avisa que se quedarán hasta tener una respuesta. “Si usted nos ve mucho por acá, será una prueba más del racismo que existe en Argentina”, advierte.

Voces

Jorge Palomo es wichí de Laguna Yema (departamento Bermejo). Contextura grande, 32 años, es vocero de su comunidad. La lista de reclamos es la misma: agua, luz eléctrica, atención médica, tierras. Sincera que no quiere estar en Buenos Aires, le es insoportable el ruido de los autos, extraña a su familia, pero aclara que los obligan a acampar para que se conozca la situación que atraviesan. “No podemos seguir viviendo así. En injusto”, resume.

Un hombre observa desde lejos. Aparente unos 50 años. Se acerca y presenta. “Castro José. Comunidad El Silencio. Wichí de Formosa”, dice y da un apretón de manos. Precisa la situación en Formosa: “Estamos olvidados”.

Su comunidad está integrada por 150 familias en 5000 hectáreas. Relata que los funcionarios provinciales nunca los visita y, cuando lo hacen, prometen mejoras y luego nunca se cumplen. Viven al borde del río Bermejo, pero la comunidad no tiene agua ni electricidad. También menciona los caminos, donde solo pueden transitar motos o caballos. Cuando parece que finaliza la lista de derechos incumplidos, agrega otra: la escuela rural no funciona.

Recuerda que votó por Insfrán, precisa que muchos de la comunidad votaron por el Gobernador y la Presidenta, “pero luego nos olvidan, ni nos miran”.

Cirilo Gómez es de la comunidad San Carlos (departamento de Patiño), de 400 familias en 900 hectáreas. Hablar fluido, no le gana la timidez. Lamenta que ya casi dos meses en Buenos Aires y no tienen respuestas. “Solo nos citaron de la Corte Suprema, pero no nos atendieron los jueces, solo un secretario que no dio respuesta”, acusa.

Señala que se están sumando comunidades de Salta, Tucumán y de la Patagonia. “Los indígenas de todos el país estamos pasando situaciones similares, se privilegia a las empresas millonarias por sobre los derechos indígenas”, denuncia. Y afirma que en su región están avanzando las topadoras, arrasan el monte, queman, usan agroquímicos.

Le pide a los funcionarios que escuchen el reclamo justo y, a la Presidenta, “que cumpla las leyes”. Cita, como muchos indígenas, al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional de 1994: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; regular la entrega de otras aptas para el desarrollo humano (…) Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.

Cirilo Gómez lamenta que nada de lo que dice ese artículo, sancionado hace 21 años, se cumpla. No le agrada Buenos Aires, menos acampar en la 9 de Julio, pero lo hace por un motivo: “Los niños indígenas no deben sufrir lo que sufrimos nosotros”.

DDHH

El 24 de marzo, en la tradicional marcha por memoria, verdad y justicia por el golpe cívico militar de 1976, los pueblos indígenas marcharon junto a las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia y organizaciones sociales. Como siempre, una de las banderas fue “nunca más”.

Ese mismo día, por la tarde, más de cien policías de Formosa reprimieron a hombres, mujeres y niños de comunidades wichí de Ingeniero Juárez, al oeste provincial. Las comunidades reclamaban agua, alimentos, atención sanitaria. Estaban a la vera de la ruta, no cortaban el paso, pero igual la policía avanzó sobre ellos. “Nos reprimieron con palos y balas de goma. Hay tres heridos de bala. Yo tengo cinco balazos”, afirmó Agustín Santillán, joven referente wichí de Formosa.

Esa misma semana se conoció en Formosa que la policía realiza espionaje sobre políticos de la oposición, organizaciones sociales y pueblos indígenas que reclaman sus derechos. Se hicieron públicos más de cien correos electrónicos que confirman el seguimiento y reportes diarios, al estilo de la dictadura militar, de la policía de Formosa.

Ningún funcionario nacional se refirió al espionaje ni a la represión del 24 de marzo.

Los de abajo

El sol se hace sentir en el acampe. Golpea sobre las baldosas blancas y hace un efecto reflejo que pareciera aumentar la temperatura. Una joven con traje de oficinista llega con un bidón de cinco litros de agua. Lo deja en la mesa donde recolectan firmas para que los reciba la Presidenta.

Un Ford Corsa frena sobre Avenida de Mayo. Un hombre de unos 70 años desciende del auto, abre el baúl y pide ayuda. Se acercan tres acampantes y bajan bolsones con alimentos. “Fuerza”, los arenga. Y se retira tan rápido como llegó.

En el acampe entregan un pequeño folleto explicativo. Remarcan las leyes nacionales e internacionales que avalan sus reclamos. “Por la falta del debido cumplimiento del derecho indígena nosotros sufrimos la continuación del genocidio iniciado hace tantos años”. Exigen el respeto al derecho de autodeterminación (su propio gobierno, autoridades y políticas) y el cumplimiento del derecho al “consentimiento libre, previo e informado” para cualquier acción que pudiera afectarlos. Lo firma la organización Qopiwini Lafwetes (de los cuatro pueblos de Formosa) y al final del breve escrito sobresale una oración: “Pueblo indígena de pie en defensa de sus derechos”.

Algunos transeúntes paran, miran, preguntan y firman las planillas. Muchos otros, quizá la mayoría, pasan rápido, como si el acampe fuera ya parte de paisaje o, peor, no existiera.

La Wiphala (bandera multicolor de los pueblos indígenas) es gigante. Más de dos metros de alto, flamea con el viento fuerte. Vista desde Avenida de Mayo sobresale la insignia indígena y, de fondo, la gran imagen de Evita que el Gobierno ubicó en el edificio de Desarrollo Social. La imagen acentúa las contradicciones.

“Jamás he sido dura con los de abajo”, afirmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 16 de marzo, en Casa de Gobierno, luego de firmar acuerdos con Federación Agraria Argentina. Nunca hizo mención al acampe indígena.

Corte

Ante la falta de respuesta, las comunidades decidieron cortar la Avenida 9 de Julio durante la tarde, por una hora. Luego fueron tres horas y, ante la indiferencia gubernamental, comenzaron a las 17 y se extendió hasta la medianoche. Casi día de por medio cortan, en busca de respuesta.

Hoy es día de corte. Son unas cien personas, más de la mitad son indígenas. Se organizan y cierran el paso. Primero en 9 de Julio, ambas manos. Luego en Avenida de Mayo. La policía estaba al tanto y desvía el tránsito.

En Radio Continental (AM 590) la periodista María O’Donnell, cuestiona. “El reclamo de los indios es correcto, pero no pueden cortar a esta hora. Es un corte disruptivo”. En TN, Nelson Castro, va por el mismo camino. Afirma que las comunidades tienen motivos para manifestarse pero no pueden coartar “el derecho de circulación”.

Ninguno de los dos periodistas menciona el motivo del corte. Mucho menos precisa los diez muertos que hubo en Potae Napocna Navogoh en los últimos cuatros años. Ni la represión del 24 de marzo a los wichí.

Madres y organismos

Félix Díaz es qarashé (autoridad) de Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Está sentado en la 9 de Julio, junto a un semáforo y con una pancarta que exige el fin de la represión. “No queremos cortar el tránsito, pero nadie nos escucha”, explica. Reconoce que sienten impotencia ante la falta de respuesta, sostiene que todo se destrabaría con una convocatoria al diálogo por parte de Nación. Quieren regresar a Formosa, pero con una respuesta concreta. Vuelve a recordar los derechos básico que reclaman: agua, salud, educación, electricidad, respeto al territorio.

Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, llega al acampe. Saluda a cada uno con un beso y abraza a Félix Díaz. Alguien arrima una silla. Parece agitada por la caminata, pero de inmediato comienza a hablar, en tono enérgico, ante los micrófonos: “Da vergüenza que la Presidenta por su capricho no reciba a los pueblos indígenas. La actitud del Gobierno abre el paso para que Insfrán y otros gobernadores repriman”. También llegan otras madres, Mirta de Baravalle y Elia Espen. Y Cortiñas marca otra contradicción que la indigna: “¿Dónde están los organismos de derechos humanos? ¿Dónde están HIJOS, Familiares de Desaparecidos? Trabajamos juntos durante casi 40 años por los derechos humanos y ante esto tan grave no aparecen”.

Félix Díaz no tiene respuesta. Lamenta que el Gobierno “intenta ignorar” a los pueblos pueblos indígena, pero avisa: “Nos quedaremos hasta tener una respuesta. Tenemos derechos, exigimos que se cumplan”.

 

* Por Darío Aranda. Publicada en el Periódico VAS en abril de 2015.

“Le sacan territorios a los indígenas para entregárselos a las multinacionales”

“Le sacan territorios a los indígenas para entregárselos a las multinacionales”

Comunidades indígenas de Formosa marcharon por las calles de Buenos Aires. Entregaron petitorios en la Corte Suprema de Justicia, en el Congreso Nacional y en la Casa de Gobierno. Si no hay respuesta en 72 horas, cortarán la avenida 9 de Julio por tiempo indeterminado.

Foto: Resistencia Qom

Foto: Resistencia Qom

Obelisco porteño. Avenida 9 de Julio cortada. Y un grito poco común en el corazón porteño: “Territorio robado, será recuperado”.

Plaza Lavalle. Frente al Palacio de Tribunales. Un mensaje al más alto poder: “Señores de la Corte Suprema, hagan cumplir las leyes nacionales y tratados internacionales que nos protegen”.

Congreso Nacional. Frente de rejas y un mástil muy alto. Y una acción, mezcla de quimera y propuesta a futuro. Izan una Wiphala (la bandera multicolor de los pueblos indígenas) en el mástil principal del Poder Legislativo.

Plaza de Mayo. Ingresan a paso lento un centenar de indígenas. Las vallas frenan el paso. Una pequeña delegación ingresa a la Casa Rosada. Dejan un petitorio en mesa de entradas. Afuera, en la Pirámide de Mayo, el cacique Alfredo Rojas comienza un discurso que durará diez minutos y será todo en idioma wichí. Un contingente de turistas europeos le sacan fotos y lo observan sorprendidos. El cacique dirá sólo cuatro palabras en castellano, en distintos momentos del discurso: Buenos Aires, Presidenta, Justicia y (al final de la alocución) muchas gracias.

Los pueblos indígenas de Formosa marcharon por Buenos Aires. Exigieron el cumplimiento de derechos, señalaron inacción en los tres poderes del Estado y, si no hay respuesta, avisaron: cortarán la 9 de Julio por tiempo indeterminado.

Acampe
Avenida de Mayo y 9 de Julio. Fue el lugar elegido por la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) en 2010 para visibilizar la represión que sufrieron (con asesinatos incluidos). Más de tres meses de acampe, huelgas de hambre y cortes de la 9 de Julio. Lograron una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional. El ministro del Interior, Florencio Randazzo; funcionarios de Formosa, la comunidad qom y organizaciones garantes. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Nora Cortiñas y Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora).

Se firmó un acuerdo. Y, cuando los qom estaban por levantar el acampe, la agrupación kirchnerista La Cámpora llegó con camiones, micros y policías. Intimidaciones mediante, obligó a los indígenas a levantar las carpas y volver a Formosa.

Cuatro años después, la comunidad qom cortó la ruta nacional 86 en Formosa y, sin respuesta, comenzó en paralelo un nuevo acampe en Buenos Aires. En el mismo lugar que en 2010 y con los mismos reclamos: que se consulte y dé participación a la comunidad en las acciones que se desarrollan en el territorio, basta de represión y judicialización, reconocimiento a las autoridades votadas por la comunidad (Provincia y Nación siguen negando el liderazgo de Félix Díaz) y asistencia médica, entre otros puntos.

Qopiwini
El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, suele afirmar que todas las comunidades indígenas de la provincia tiene tierra suficiente y que no tienen necesidades. La situación de Potae Napocna Navogoh puso en la vidriera nacional la real situación formoseña.

Desde 2013, Félix Díaz redobló la recorridas por toda Formosa, hizo de puente entre comunidades que no se conocían, promovió encuentros regionales y, en enero pasado, se realizó una gran asamblea en el extremo oeste de la provincia (Ramón Lista). Se coronó el espacio de articulación en una nueva organización: “Qopiwini Lafwetes”. La primera palabra es una sigla (primera sílaba de Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé, los cuatro pueblos indígenas que habitan Formosa). “Lafwetes” es una palabra wichí que no tiene traducción directa, pero significa “la raíz que está bajo tierra, esperando crecer a la superficie”.
48 comunidades forman parte de la organización.

Y muchos de ellos comenzaron a llegar la semana pasada el acampe en Buenos Aires. Ya no se trata sólo de un reclamo de La Primavera. Sino de los cuatro pueblos originarios de Formosa.

“Acá están las comunidades en lucha de Formosa, las que no nos dejamos comprar por el Gobierno”, anuncia Israel Alegre, referente de la comunidad NamQom.

Acampe II
El sol porteño castiga. El asfalto de Avenida de Mayo y 9 de Julio aumenta el calor. La marcha está convocada a las 9, pero se demora. Los líderes indígenas están reunidos, leen el petitorio final. Cada uno lo firma. Hay 26 comunidades representadas. Avisan que muchas no pudieron viajar por falta de dinero para los pasajes y explican que los Nivaclé no tienen DNI, no pueden dejar la Provincia.

Una carpa blanca, de diez metros de largo por cinco de ancho, es el centro del acampe. Adentro hay mujeres indígenas, carpas más pequeñas (tipo iglú) y alimentos.

Una mesa con planillas convoca a adherir al reclamo indígena. Algunos transeúntes ocasionales frenan, leen, preguntan y firman. La mayoría pasa de largo, rápido, al ritmo porteño.

Un prolijo cartel escrito a mano explicita las necesidades: alimentos, agua, fruta, elementos de aseo personal, útiles escolares, zapatillas.

Otro cártel señala la presencia de los cuatro pueblos indígenas y el objetivo: “En este camino estamos juntos por el cumplimiento de nuestros derechos”. En un plástico blanco, otro mensaje, menos poético y más político: “Gobernador Insfrán, deje de perseguir a las comunidades qom”.

10 M
No es el 18F, con el pedido por el fiscal Nisman y los candidatos opositores. Tampoco es el 1M, con el inicio de sesiones del Congreso y las banderas del kirchnerismo. No están presentes los que asistieron a esas marchas y tampoco están los medios que publicitaron y cubrieron con generosos espacios ambas movilizaciones. No se ven móviles de Canal 13 ni de la Televisión Pública. Tampoco hay multitud opositora ni oficialista. El padecer indígena no conmueve a la “gente”, ni a los “ciudadanos” ni a los “nacional y popular”.

La plazoleta de Avenida de Mayo y 9 de Julio está rodeada de policías. Pero el clima es tranquilo.
Jorge Palomo tiene 32 años, es wichí y vocero de la comunidad de Laguna Yema, donde viven 700 familias. Explica que es triste estar en acampando en Buenos Aires, que hay mucho ruido, que extraña la tranquilidad del campo y más extraña a su familia. Tiene esperanza de que la Presidenta los reciba. Viven cerca del Río Bermejo, pero no tiene agua. Tampoco tiene electricidad ni caminos para llegar al pueblo ni título comunitario de las tierras. Hace tres años que envían cartas al Gobernador, pero no tuvieron respuesta. “No queremos estar acá, pero es injusto las necesidades que pasan nuestros hijos”, explica.

A las 11 comienza la marcha. Una bandera-pancarta de un metro de alto y cuatro metros de ancho encabeza la caminata. En letras rojas destaca: “Qopiwini”. La sostienen una decena de líderes indígenas. Entre ellos, Félix Díaz, Agustín Santillán (wichí de Ingeniero Juárez), Alfredo Rojas (wichí de Laguna Yema) y Relmú Ñamku (mapuche de Neuquén).

La caminata promete ser larga. Se visitarán los tres poderes del Estado. Primera parada, la Corte Suprema (Plaza Lavalle). La marcha toma por 9 de Julio, ocupa toda una cuadra, difícil precisar. Seguramente poca convocatoria comparada con movilizaciones porteñas, pero la evaluación cambia con un parámetro de sentido común: hicieron más de 1200 kilómetros para reclamar sus derechos en Capital Federal.

Dos gritos se repetirán durante toda la marcha. “Insfrán/asesino” y “territorio robado, será recuperado”. Flamean las Wiphala, las Wenu Foye (bandera del Pueblo Mapuche, de colores azul, verde y rojo), una insignia roja de Potae Napocna, una color marrón del Pueblo Wichí, una celeste con letras negras de “comunidad wichí”, tres banderas argentinas y una pancarta extensa, blanca y de letras negras: “Devolución de nuestros territorios. Basta de persecución. Juicio y castigo a los responsables de represiones y asesinatos”.

Por Corrientes y 9 de Julio, bocinazos de algunos impacientes. Y, ya en el Obelisco, un grito que nunca se escuchó en el corazón porteño: “¡Pueblo Qom! ¡Pueblo Qom! ¡Pueblo Qom!”.

Cruzan toda la 9 de Julio hacia Cerrito. Toman la diagonal-peatonal y salen a Lavalle. Los saco/corbata y las mujeres de trajecito de oficina miran con sorpresa y hasta con simpatía. Media docena de indígenas se dirige a Tribunales, para dejar el petitorio y pedido de audiencia.

Se ve alguna bandera del Partido Obrero, del MST, de la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires) y de la ONG Conciencia Solidaria.

Israel Alegre, referente de la comunidad NamQom, tomó el megáfono y no duda: “No venimos a pedir, venimos a exigir. Todos los jueces deben aplicar las leyes que protegen a los pueblos indígenas y los tratados internacionales”. Y recuerda la Ley Nacional 26.160 (freno a los desalojos y relevamiento de territorios), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Y apunta a la máxima autoridad del Poder Judicial: “Señores jueces de la Corte Suprema, ustedes son los máximos responsables de que se cumplan las leyes. Actúen de una vez”.

Aplausos cerrados. Y canto de lucha: “Territorio robado, será recuperado”.

El líder qom detalla la injusticia: “Nuestros hijos toman agua de charcos. Los niños indígenas mueren. Eso no es casualidad”.

Poder Legislativo
Una cuadra por Talcahuano y luego por Corrientes, ocupan media calzada. Caminata hasta Callao y giro a la izquierda hasta la puerta del Congreso Nacional. Son las 12:10 del mediodía. Otra comitiva ingresa al Anexo del Congreso y deja el documento con los reclamos.

Un hombre delgado, gorro de visera, camisa de jean, sostiene una caña, de la que flamea una bandera improvisada que dice “Pueblo Wichí”. Saluda con apretón de manos, mira el grabador y se presenta: “Castro José, Colonia El Silencio, departamento de Bermejo”. Hace diez días que está en el acampe, advierte que no le gusta pero afirma que lo hace por sus hijos (de 2 y 8 años). “Es injusto como vivimos. Ni agua tenemos. Estamos cansados de pedir. Nos tienen olvidados”, resume la situación. Vuelve a saludar con apretón de manos, y sigue la caminata.

Pedro Ruíz tiene 42 años y es la primera vez que pisa la Ciudad de Buenos Aires. Es de la comunidad Lote 42, donde viven 78 familias, a cinco kilómetros de la ciudad de Lomitas (centro geográfico de Formosa). Avisa que le gusta el campo, pero se subió a un micro hasta Retiro por un motivo principal: “Vine a ayudar a mis hermanos. Queremos que respeten nuestro derechos”. Habla suave, casi no se lo escucha, la timidez (o quizá la desconfianza) hace difícil la entrevista. Cuenta que tiene cinco hijos, que siembra zapallos, maní y mandioca. Ante la pregunta de qué le diría a la Presidenta, mira a los ojos del periodista y habla con voz fuerte: “Le pediría un aljibe para la comunidad. Con agua podemos vivir mejor”.

Alguien observa que el mástil está sin bandera y alerta a un pequeño grupo. Una Wiphala comienza a ser izada. Dos policías amagan evitarlo pero el jefe del operativo (trajeado) los frena. La bandera de los pueblos indígenas flamea en el Congreso Nacional. Una acción que recuerda una sostenida demanda de las comunidades originarias: que se reconozca el Estado pluricultural, una nación con muchas naciones. Una reivindicación que asusta al conservadurismo, enoja a nacionalistas, interpela a más de un progre y deja en offside a alguna izquierda añeja.

Agustín Santillán, wichí de Ingeniero Juárez (Formosa), hace años que denuncia la violación de derechos. Pero tuvo la mala/buena suerte de detallar las injusticias en el programa de Jorge Lanata en Canal 13 (en 2014). Sobrevinieron, como nunca antes, amenazas e intentos de golpiza. No sonríe cuando lo recuerda, pero tampoco lo lamenta. “Sirvió para que otras provincias conozcan lo que pasa en Formosa”, evalúa. Y explica que está en la marcha por muchos motivos, pero precisa dos: “Que dejen de alambrar nuestras tierras y que los punteros dejen de querer manejarnos”.

Le acercan el megáfono a Félix Díaz: “¿Dónde están los legisladores cuando muere un niño indígena? ¿Dónde están los diputados y senadores cuando reprimen y matan a los indígenas”. Exige que se respeten los derechos indígenas, reclama respuestas urgentes, lamenta que los gobernantes saquen territorios a los pueblos originarios “para entregárselos a las multinacionales” y reparte críticas sin distinción de colores partidarios: “Hace tres semanas que estamos acampando, pasando necesidades, denunciando violación de derechos humanos. Y ningún candidato se acercó, ni opositor ni oficialista. No estamos en su agenda, pero vamos a seguir luchando”.

Poder Ejecutivo
El sol del mediodía ya castigaba duro. Se nota deserciones en el camino. Hay menos gente en la marcha. Los indígenas siguen firmes.

Caminata por Avenida de Mayo, paso por 9 de Julio, y más caminata en dirección a Casa de Gobierno.

Relmú Ñamku es mapuche de la comunidad Winkul Newen (cerca de Zapala, Neuquén). Está procesada (junto a su compañero, Martín Maliqueo) por resistir un desalojo. Su territorio es preciado por las petroleras. La causa fue elevada a juicio oral. Se defendieron con piedras, pero los acusan de “intento de homicidio”. Pueden ir presos. “Sufrimos como diez intentos de desalojos, palos y balazos, pero no hay ni un policía imputado. A nosotros sí nos llevan a juicio, esa es la Justicia winka (blanca)”, denuncia y explica que acompaña a los indígenas de Formosa porque “están marcando una camino” para todos los pueblos originarios de Argentina.

La marcha llega a destino, la histórica Plaza de Mayo. Las vallas frenan casi a la altura de la Pirámide. Se repite la mecánica: un pequeño grupo ingresa a casa de Gobierno a dejar el petitorio y solicitar audiencia. El resto espera afuera.

Se suceden discursos. Todos rondan los mismos tópicos. Que se cumplan los derechos que el Estado escribió con la mano y a diario borra con topadoras, policías, balas y cárcel. También educación, salud, agua. Derechos básicos incumplidos.

Los marchantes dejan un aviso. Si en 72 horas no hay respuesta, cortarán la 9 de Julio por tiempo indeterminado.

María Luján tiene 12 años. Cabello azabache, remera blanca que dice “Resistencia Qom” y una sonrisa amplia. Cuando ve el grabador intenta una evasiva, pero una mujer mayor le pide que hable. El periodista le pregunta por qué está en Buenos Aires. Se pone seria. Y resume todo en cinco palabras: “Vine a luchar. Queremos respeto”. Y se escabulle entre los indígenas. Otro qom se acerca y aclara: la pequeña María Luján es nieta de Félix Díaz.

Alfredo Rojas (wichí de Laguna Yema) es un anciano, delgado, de pequeña estatura. Camisa celeste, pantalón de vestir gris y alpargatas. Imagen pocas veces vista: un cacique wichí da un discurso en Plaza de Mayo, habla con énfasis, gesticula con los brazos, todo en idioma originario. Frente a la Casa de Gobierno y frente a la Catedral. Los dos poderes que más hicieron para someter a los pueblos originarios, pero no pudieron. El abuelo wichí es la mejor imagen de un grupo indómito, llamado “Lafwetes” (la raíz que crece en idioma ancestral), que no desea cargos en el Estado, no acepta promesas de candidatos, no mendiga derechos ni aplaude discursos de funcionarios. Los pueblos originarios exigen que se respeten sus derechos. Y, ante la indiferencia de los tres poderes del Estado, prometen solo una cosa: luchar.

* Por Darío Aranda. Publicado el 11 de marzo de 2015 en comambiental.com.ar

Corte de ruta en Formosa y acampe en Buenos Aires

Corte de ruta en Formosa y acampe en Buenos Aires

La comunidad Qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) mantuvo un corte de ruta en reclama del cumplimiento de sus derechos. Y mantiene un acampe en la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de compromisos que habían asumido Nación y Provincia.

acampe_qom_bsas_01Dos semana de acampe qom en Buenos Aires y un mes de corte de ruta en Formosa (que acaba de levantarse). Es la situación de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), que reclama el cumplimiento de los derechos indígenas, que se los consulte para realizar obras en la comunidad y exigen justicia por la represión de 2010 (en la que asesinaron al qom Roberto López). El defensor del pueblo de Formosa, José Gialluca, denunció a los indígenas: “Son holgazanes con fines políticos”. Félix Díaz, autoridad electa por votación de la comunidad, afirmó que “en cuatro años no se cumplió ninguno de los acuerdos de la Mesa de Diálogo (con Nación y Provincia)”. Amnistía Internacional solicitó al Estado que proteja la integridad física de la comunidad. Se solidarizaron con los qom la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), y Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

La lista de reclamos qom incluye la realización del relevamiento territorial (como establece la Ley Nacional 26160, con participación de la comunidad), el reconocimiento oficial a las autoridades votadas por la comunidad (había sido uno de los compromisos asumidos por el Ministerio del Interior –Félix Díaz fue electo en junio de 2011 con el 62 por ciento de los votos–), justicia por la represión de 2010 y asistencia sanitaria.

El 26 de enero comenzó el corte de la ruta nacional 86. El motivo que aceleró la decisión fue la llegada de maquinarias y cuadrillas de obreros. El Gobierno señaló que construirían viviendas. La legislación nacional e internacional obliga a los Estados a consultar y a tener el consentimiento de los pueblos indígenas por cualquier actividad que pudiera afectarlos. Félix Díaz y las autoridades de la comunidad (el Consejo de Ancianos, de Mujeres y de Jóvenes) exigieron que se cumpla el derecho a consultar a la comunidad. Afirman que las obras de la Provincia tienen como destino a los punteros políticos y provocarán la división de la comunidad.

El 11 de febrero se vivió el momento de mayor tensión en el corte de ruta. El titular del Instituto de Pensiones Sociales de Formosa, Hugo Arsenio Arrúa, trasladó en camiones a integrantes de la misma comunidad para romper el piquete. “Quieren hacernos pelear entre nosotros”, lamentó Félix Díaz.

Amnistía Internacional emitió un comunicado. Explicó que el corte de ruta se debe a que “reclaman por susderechos y las promesas incumplidas del Gobierno” y recordó la represión del 23 de noviembre de 2010: “Este hecho no puede volver a ocurrir”. Amnistía solicitó que se cumpla la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 2011), que obliga a proteger la integridad de los qom.La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) visitó la comunidad, se reunió con la jueza federal Claudia Fernández (interviene en la causa) y también alertó sobre la violencia contra los indígenas.

Ante la falta de respuesta, el 14 de febrero, Félix Díaz volvió a acampar en la ciudad de Buenos Aires. Como en 2010, se instaló en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Mantiene la misma lista de reivindicaciones que hace cuatro años. Reclama diálogo con el Gobierno y que se cumplan los acuerdos firmados en 2011 ante la Mesa de Garantes (Centro de Estudios Legales y Sociales, APDH, Amnistía y Serpaj, entre otros).

Díaz y Laureano Sanagachi (segunda autoridad qom), brindaron una conferencia de prensa en la APDH. Repasaron los hechos de violencia impunes y resaltaron que quieren las obras, pero con participación de la comunidad y sin manejos de los punteros políticos. Nora Cortiñas afirmó: “Los derechos humanos son los del pasado y los del presente. Nuestros hijos luchaban para que estas injusticias no pasen”.Sobre la represión de 2010, Díaz recordó que “todos los policías fueron absueltos y sólo los qom estamos imputados”. Afirmó que la nueva estrategia del gobierno provincial es encabezada por el funcionario provincial Arrúa y los pastores evangélicos. “Les hacen una iglesia a cada uno que le obedece y les dan planes sociales para repartir”, denunció.

El Defensor del Pueblo de Formosa, José Gialluca, suele actuar como vocero del gobierno provincial. Arremetió contra el corte de la ruta: “Es una acción planeada y creada por holgazanes con fines políticos”. Responsabilizó a Félix Díaz por cualquier “altercado” que pudiera producirse y lo acusó de ser “autor de un delito federal” (por cortar una ruta nacional).

El 26 de febrero, el Ministro de Gobierno, Jorge Abel González (mano derecha del Gobernador), y el Jefe de Gabinete, Antonio Ferreyra, recibieron una delegación de Potae Napocna, acompañada por la APDH, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Les entregaron las carpetas técnicas con información de las obras. El 28 de febrero, la comunidad qom anunció que levantaba el corte mientras analizaba las carpetas técnicas, reclamó que no intervengan los punteros políticos e informó que el acampe en Buenos Aires se mantiene hasta que se cumplan los acuerdos firmados en 2011 en la Mesa de Diálogo (con Nación, Provincia y organismos de derechos humanos como veedores).

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Apoyos

Entre las primeras en apoyar a Félix Díaz en el acampe en Buenos Aires sobresalen Nora Cortiñas y Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), la APDH, el Serpaj y la organización Resistencia Qom, entre otros. El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), de la Iglesia Católica, visitó el acampe el 21 de febrero y emitió un comunicado. Exigió el “cese inmediato de las persecuciones y despojos territoriales”, reclamó la “urgente” aplicación de la Ley 26.160 (dispone el relevamiento de los territorios indígenas) y demandó el “juicio y castigo a los responsables materiales e ideológicos de las decenas de muertes y ataques a miembros de comunidades indígenas, en particular el de Roberto López, asesinado por fuerzas de seguridad en noviembre de 2010”. Está firmado por la coordinadora de Endepa, María Josefa Ramirez, y el obispo Ángel José Macín.

También visitaron y apoyan el acampe la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y el Grupo de Estudio y Trabajo junto a las comunidades qom (Facultad de Agronomía de la UBA), que trabaja junto a La Primavera desde 2011.

* Por Darío Aranda. Publicado el 3 de marzo de 2015 en el diario Página12.

Otra muerte qom en Formosa

Otra muerte qom en Formosa

otra muerte qom - en bajaEl pueblo qom de Formosa comenzó 2015 con otra muerte. Sucedió en la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Un adolescente de 17 años, Esteban Medina, fue encontrado muerto al costado de la ruta 86. “Hacemos un grito desesperado de ayuda a todos los hermanos argentinos que nos defiendan de todas estas cosas inhumanas que nos hacen”, pidió Félix Díaz, qarashé (autoridad) de la comunidad. El gobierno provincial lo acusó de “fantasear persecuciones”. En los últimos cuatro años hubo diez muertes qom en La Primavera y una docena de hechos de violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó la medida cautelar que obliga al Estado a proteger a los integrantes de la comunidad.

Esteban Rolando Medina fue encontrado muerto el sábado 3 de enero. Estaba a la vera de la ruta 86, en la zona de conflicto territorial con familias criollas y cerca de donde también habían encontrado muerta a su tía, Norma Artaza, el 12 de diciembre pasado. La policía caratuló la muerte como “paro cardíaco”. Félix Díaz aseguró que “siempre las muertes qom son por paro cardíaco o accidente de tránsito” y precisó que “nunca dejan que haya peritos por parte de la comunidad” en las autopsias. La comunidad cuestionó que no se continuara con la investigación judicial de las muertes qom.

Dos semanas antes, el 22 de diciembre, una asamblea qom había declarado el estado de alerta y movilización por la falta de respuesta de la provincia por la ocupación que realizó un criollo (de apellido Saucedo) en tierras de la comunidad. Además de usurpar tierras qom, lo denuncian por continuos hechos de violencia contra los integrantes de La Primavera. La asamblea qom barajó la posibilidad de realizar el desalojo de criollos ellos mismos. Pero, para evitar una escalada de violencia, volvieron a hacer el reclamo al ICA (Instituto de Comunidades Aborígenes) para que cumpla con el compromiso de reubicar al criollo.

En la asamblea también se denunció la muerte, el 12 de diciembre, de la qom Norma Artaza, encontrada sin vida a la vera de la ruta 86, frente al campo en disputa con la familia criolla Celía. La comunidad explicó que la policía sostuvo que fue “muerte natural” y que el acta de defunción precisa “broncoaspiración e ingesta alcohólica”. Félix Díaz denunció que la mujer tenía golpes en el rostro y remarcó que no cree en la “misma policía que nos reprimió” (el 23 de noviembre de 2010).

El 29 de diciembre, el nuevo comunicado qom alertaba: “Crítica inseguridad en nuestra comunidad”. Señalaba la presencia de criollos (precisaron nombres y apellidos) armados que ingresan al territorio con complicidad política, cortan árboles, roban y faenan animales. Denunciaron el ataque al hijo de menor de Díaz (Rolando), que fue golpeado y sus ropas tajeadas con cuchillos. Y alertaron sobre disparos por la noche, cerca de la zona en conflicto con los Celía.

Responsabilizaron por la violencia a la “manipulación política del gobierno provincial” y la complicidad de la Gendarmería y la policía. La comunidad precisó que habían informado la situación a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que lleva las causas judiciales de la comunidad, a la Defensoría General de la Nación y a Julián Langevín (defensor oficial ante la Corte Suprema). “Nos preocupa este silencio, nos genera mucho miedo. Queremos que la Justicia funcione, que nuestras denuncias no sean un mero documento que se firma y se deja archivado hasta que haya otra muerte”, dijo Félix Díaz.

La respuesta provino del ministro de Gobierno de Formosa, Jorge Abel González. Acusó a Díaz de “fantasear persecuciones” y argumentó que se trata de “hechos de cierto grado de violencia intracomunitaria y de carácter familiar”.

Roberto López (2010). Lila Coyipé (de diez meses de vida) y Celestina Jara (2012). Juan Daniel Díaz Asijak, Guillermo Díaz y Delina Díaz (2013). Una bebé recién nacida (hija de Beti Miranda y Rubén Díaz), Javier Camachi y Norma Artaza (2014). Y Esteban Medina (2015). Son algunas de las muertes sucedidas en La Primavera en los últimos cuatro años. En todos los casos hubo dos versiones contrapuestas. El gobierno de Formosa habló de accidentes de tránsito y causas naturales. La comunidad qom dio otra versión: “atentados” y “abandono” por parte del Estado. Desde que el conflicto territorial tomó repercusión nacional también hubo una docena de agresiones a miembros de la comunidad que reclaman sus derechos territoriales.

El Grupo de Estudio y Trabajo Junto a las Comunidades Qom (de la Facultad de Agronomía de la UBA) realizó una denuncia pública el 5 de enero. Confirmaron las agresiones con la comunidad y la destrucción de obras que los universitarios realizaron en La Primavera. “Nos solidarizamos con la comunidad qom, repudiamos la situación de violencia e inseguridad y exigimos se tomen efectivas medidas para una urgente solución”, reclamaron. El 5 de enero, el CELS informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificó la vigencia de una medida cautelar para proteger la vida de los habitantes de la comunidad qom. Fue una respuesta al pedido del Estado, que había solicitado el levantamiento de la protección a los qom de La Primavera.

* Por Darío Aranda. Publicado el 10 de enero de 2015 en el diario Página12.

Fallos a favor de la tierra

Fallos a favor de la tierra

El máximo tribunal del país anuló una sentencia de la Corte de Chubut porque no contemplaba el derecho originario a ser escuchado. En el Chaco, el Superior Tribunal de Justicia ordenó a una empresa restituir tierras a una comunidad indígena.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERALa Corte Suprema de Justicia anuló una sentencia del máximo tribunal de Chubut y lo instó a aplicar el derecho indígena en una disputa territorial entre una comunidad mapuche-tehuelche y un privado. La Corte Suprema remarcó la vigencia del Convenio 169 de la OIT, norma supralegal que protege los derechos de los pueblos indígenas. En la misma sintonía, pero en Chaco, el Superior Tribunal de Justicia provincial dejó firme una sentencia que ordena a una empresa agropecuaria a restituir 5000 hectáreas a una comunidad moqoit. Y recordó a los jueces que el territorio indígena debe entenderse como un derecho colectivo que hace a la “supervivencia” de los pueblos originarios.

El Instituto de Colonización de Chubut (IAC) autorizó en 2007 la transferencia de tierras (de la Comunidad Aborigen de Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo) a un privado (Camilo Rechene). Pero la comunidad nunca dio conformidad para esa transferencia. Crecencio Pilquiman, parte de la Comunidad Aborigen Mapuche-Tehuelche, presentó en mayo de 2007 una acción de amparo en el Juzgado de Familia de Puerto Madryn. La acción judicial se fundamentó en el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios y a ser consultados antes de dictarse cualquier medida que los afecte.

En primera instancia, la jueza María Fernanda Palma dispuso una medida cautelar y suspendió la transferencia de las tierras. Pero luego la acción de amparo fue rechazada. Pilquiman, junto al Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), apeló en diversas instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia.

El máximo tribunal afirmó que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut “omitió absolutamente el tratamiento del planteo restante fundado en la vulneración del derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas, tutelado en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución nacional, así como en el Convenio 169 de la OIT”.

La Corte Suprema no falló sobre la disputa territorial, pero dejó sin efecto la sentencia provincial (que daba la razón al privado) y devolvió el caso al Superior Tribunal de Justicia para que dicte una nueva sentencia, que respete las pautas de la Corte. “Los jueces dijeron algo obvio pero que suele ser ignorado por muchos jueces: los derechos indígenas deben ser tratados, los jueces al resolver los casos deben leer el Convenio 169, la Constitución nacional y luego explicar por qué los derechos indígenas no cambian o sí cambian su decisión sobre el caso”, explicó Eduardo Hualpa, del equipo jurídico que lleva adelante el caso, y detalló que, en el caso de la Comunidad Aborigen de Lagunita Salada, es muy claro que se violó el derecho a participar y ser consultados de manera previa a que el Estado (en este caso el IAC) afectara a los pueblos indígenas.

En Chaco, en 2011, la empresa agropecuaria Bajo Hondo se instaló en 5000 hectáreas del paraje Raíz Chaqueña, territorio de la comunidad Lpa A Na Moqoit (en los departamentos de Almirante Brown y Maipú). La empresa mostraba un supuesto boleto de compraventa y la comunidad explicaba que había sido engañada. El caso llegó a tribunales y, en primera instancia, el Juzgado Civil y Comercial 2 (a cargo de Juan Zaloff Dakoff) dio la razón a la empresa y ordenó escriturar como tierra de la empresa. El Pueblo Moqoit presentó un amparo en la instancia superior. Y la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Sáenz Peña emitió un falló totalmente opuesto a la primera instancia y restituyó el inmueble a la comunidad indígena.

Los jueces de Cámara remarcaron la vigencia y operatividad del artículo 75 (inciso 17) de la Constitución nacional y abordó un punto imprescindible en las demandas de los pueblos indígenas. “El Convenio 169 contiene relevantes disposiciones sobre protección judicial, en particular respecto de tierras, territorios y recursos naturales, siempre sobre el eje del derecho a la participación, la consulta y el consentimiento de estos pueblos, frente a las decisiones que pueden afectar sus derechos. Se deberán hacer consultas a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas y legislativas que los afecten. Los estados tienen el deber de consultar con los pueblos indígenas”, sentencia.

Pero la empresa agropecuaria apeló al Superior Tribunal de Justicia. El 3 de noviembre pasado, el máximo tribunal chaqueño falló. Y dejó firme la sentencia que obliga a la empresa a restituir el territorio a la comunidad moqoit. En los fundamentos, ratificó la fundamentación de la Cámara, remarcó la obligatoriedad de respetar y aplicar los artículos de la Constitución nacional y de Chaco referidos a derechos indígenas, y también destacó la vigencia del Convenio 169 de la OIT que “establece de modo categórico que deberá impedirse que personas extrañas a los pueblos indígenas se arroguen la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a esos pueblos”. Y avanzó en la forma en que el Poder Judicial debe entender las disputas territoriales: “Se debe tener en cuenta que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo”.

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Denuncia por otra disputa

La Confederación Mapuche de Neuquén y la comunidad Wirkalew denunciaron al comisionado (una suerte de intendente) del pueblo de Sauzal Bonito, Vicente Zenón Sandoval, por amenazas y lo responsabilizaron por la llegada de una patota que golpeó a integrantes de la comunidad y realizó disparos al aire para intimidarlos. El motivo es una disputa territorial.

Sauzal Bonito está ubicado en cercanías de Añelo, zona petrolera. La comunidad Wirkalew se reunió para una reafirmación territorial en un predio que utiliza y reivindica como propio. “Sandoval gobierna con mano dura a través de la coerción, del amedrentamiento y poniendo toda la institucionalidad del Estado al servicio de sus intereses personales. Cuenta con un gabinete de lujo, que llegó a insultar y agredir a las familias mapuches”, denunció por medio de un comunicado. Señaló que el comisionado pretende ese espacio con el fin de “lotearlo para sus familiares directos”. Alertaron que la comunidad fue rodeada por “un grupo de matones” que realizaron disparos al aire. “No hubo un muerto solo porque la comunidad mantuvo una actitud que evitó responder a esas provocaciones”, explicó la Confederación Mapuche y avisó que no abandonarán el territorio comunitario.

Por Darío Aranda. Publicado el 9 de diciembre de 2014 en el diario Página12.