El freno a Monsanto cumple un año

El freno a Monsanto cumple un año

Desde hace un año, una movilización social impide la instalación de una planta de semillas transgénicas en Malvinas Argentinas. Para festejarlo, hoy habrá un festival y diferentes actividades. Reclaman que se haga un plebiscito para definir el futuro del emprendimiento.

un año sin monsantoEn la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas habrá celebración, promete ser masiva y tiene un motivo principal: desde hace un año frenan a Monsanto, la mayor empresa de agronegocios del mundo. En los últimos doce meses hubo marchas, campañas informativas, asambleas, la Justicia detuvo la construcción de la planta; el gobierno provincial rechazó el estudio de impacto ambiental; tres universidades nacionales cuestionaron a la empresa; policía y patotas ejecutaron medio docena de represiones sobre la población y un nuevo estudio confirma el rechazo de la población a la instalación de Monsanto en Córdoba. Hoy se realizará un festival de música, feria de alimentos sanos y celebrarán el traspié de la mayor empresa transgénica del mundo.

Monsanto controla el 86 por ciento de las semillas transgénicas del mundo y es referente en el modelo de agronegocios. En junio de 2012 anunció la construcción de su mayor planta para Latinoamérica de semillas de maíz transgénico en Malvinas Argentinas, en un predio de 30 hectáreas. La población se enteró por televisión de que tendría de vecina a una de las empresas más denunciadas del mundo, que instalaría 240 enormes silos en el barrio y procesaría millones de toneladas de maíz al año. Nacía la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida.

Los vecinos solicitaron información, pero nunca llegó. Y comenzaron a pedir explicaciones al municipio (intendente Daniel Arzani, UCR), a la provincia (José Manuel de la Sota, PJ) y a la Nación. Tampoco obtuvieron respuesta. Iniciaron las marchas y reclamos con dos puntos principales: un estudio de impacto ambiental y una votación para que la población decidiera. Todos los funcionarios rechazaron la posibilidad de un plebiscito.

Desde que comenzó la movilización en Malvinas Argentinas, sobrevinieron seis represiones (con más de veinte heridos, siempre vecinos), ejecutadas por la policía provincial, punteros políticos y patotas de la Uocra.

La semana pasada se conoció una nueva encuesta, realizada por el Conicet a pedido de la ONG internacional Avaaz. Nueve de cada diez habitantes están a favor de realizar un plebiscito y el 65 por ciento votaría en contra de la instalación de Monsanto.

Gastón Mazzalay, de la Asamblea de Malvinas, afirmó que el balance de la lucha es “positivo porque se logró frenar la construcción y se dejaron en evidencia todas las irregularidades en las autorizaciones para Monsanto”. Mazzalay aclaró que “aún falta” para le erradicación definitiva de la empresa, explicó que recién están comenzando a dimensionar la repercusión de su lucha (suelen visitarlos periodistas y activistas de todo el mundo) y apuntó al poder político: “La única forma de que Monsanto se instale es si el gobernador viola la ley”. Se refiere a la ley provincial 9841, de Uso de suelos, que estipula que plantas como la de la multinacional deben radicarse en zonas industriales (no es el caso del predio de Malvinas Argentinas).

En enero pasado, la Cámara del Trabajo detuvo la construcción de la planta solicitado en un amparo de la Asamblea de Malvinas. El fallo declaró la arbitrariedad y la inconstitucionalidad de las ordenanzas de la municipalidad y la provincia que habían posibilitado el inicio de la obra. En febrero, la Secretaría de Ambiente rechazó el estudio de impacto ambiental de Monsanto por grandes carencias técnicas. Entre ellos, no mencionaba cómo se tratarían los desechos ni el gran consumo de agua. Sin embargo, la provincia dejó abierta la posibilidad de una segunda presentación.

La discusión sobre Monsanto potenció denuncias y movilizaciones en Córdoba respecto del uso masivo de agroquímicos, los desmontes, las sequías y la especulación inmobiliaria. Se sucedieron marchas con gran convocatoria, como nunca antes por el extractivismo y exigieron la “emergencia ambiental” en la provincia. En Río Cuarto (donde Monsanto planeaba instalar una planta experimental), la acción de organizaciones sociales y la UNRC motivaron los cuestionamientos de buena parte de la sociedad. El intendente, Juan Jure, prohibió por decreto la instalación de Monsanto.

Sofía Gatica, de la organización Madres del Barrio Ituzaingó de Córdoba, explicó que son muchos los que han contribuido al freno a Monsanto en Malvinas Argentinas, reivindicó el papel de los “autoconvocados” del acampe, resaltó que “es el pueblo el que está frenando a esta multinacional genocida” y dejó un aviso, extensivo para otros casos: “Multinacionales y gobiernos tienen que entender que las comunidades locales no quieren un modelo que contamina, enferma y mata”.

Tres universidades nacionales rechazaron la planta. En documentos separados, la Universidad Católica, la de Río Cuarto (UNRC) y la de Córdoba (UC) cuestionan que se hubiera permitido la obra sin la previa evaluación de impacto ambiental, como establece la Ley General del Ambiente (25.675), y tampoco se cumplió con las audiencias públicas que insta la ley. Las tres universidades nacionales también explicitaron la vigencia del “principio precautorio” (cuando haya riesgo de afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas protectoras que pueden provocar esa afectación).

En abril de 2013, la UC, la Universidad Católica y el Conicet realizaron una encuesta sobre 350 personas de Malvinas Argentinas. Nueve de cada diez (87 por ciento) se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechazaba la instalación de Monsanto.

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Jornada de festejos

La segunda jornada Primavera sin Monsanto será hoy en la plaza San Martín de Malvinas Argentinas. Se celebrará el año del bloqueo y freno a la empresa. Habrá música, talleres, feria agroecológica y alimentos sin agroquímicos. Estarán presentes Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Aleida Guevara (hija del Che) y Félix Díaz (vocero del Consejo Plurinacional Indígena). También se recordará al científico Andrés Carrasco, que confirmó en 2009 los efectos letales del glifosato y falleció en mayo pasado.

La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, el Acampe por la Vida y Madres de Ituzaingó son algunas de las organizaciones convocantes. Rubén Patagonia, Ciro Pertussi, Perro Verde y Duende Garnica son algunos de los músicos confirmados. Las actividades comenzarán al mediodía y se extenderán hasta entrado el sábado. “No a Monsanto en Córdoba y América latina” es una de las banderas principales.

* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de septiembre de 2014 en el diario Página12.

 

Agroquímicos y cáncer

Agroquímicos y cáncer

Un informe del Ministerio de Salud cordobés sobre muertes por tumores cancerígenos determinó que la mayor tasa de fallecimientos se produce en las zonas donde se utilizan transgénicos y agroquímicos. La tasa duplica el promedio nacional.

agroquimicos y cancer - en bajaEl Ministerio de Salud de Córdoba difundió un extenso informe sobre el cáncer en la provincia. Sistematizó cinco años de información y, entre otros parámetros, determinó geográficamente los casos. La particularidad que causó mayor alarma es una: la mayor tasa de fallecimientos se produce en la llamada “pampa gringa”, zona donde más transgénicos y agroquímicos se utilizan. Y donde la tasa de fallecimientos duplica a la media nacional. “Se confirmó una vez más lo que denunciamos desde hace años y sobre todo lo que denuncian los médicos de pueblos fumigados y los afectados de las zonas de la agricultura industrial. Los casos de cáncer se multiplican como nunca en la zonas con uso masivo de agrotóxicos”, afirmó el médico e integrante de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (Reduas), Medardo Avila Vázquez. Exigen medidas inmediatas para proteger a la población.

La investigación oficial en formato libro se titula Informe sobre cáncer en Córdoba 2004-2009, elaborado por el Registro Provincial de Tumores y por la Dirección General de Estadística y Censos. Fue presentado en la Legislatura por el ministro de Salud, Francisco Fortuna, y el director del Instituto Oncológico Provincial, Martín Alonso.

El parámetro internacional es calcular fallecimientos por cada 100 mil habitantes. La media provincial es de 158 muertes por cada 100 mil habitantes, y en Córdoba Capital es de 134,8. Pero cuatro departamentos cordobeses están muy por arriba de esos índices: Marcos Juárez (229,8), Presidente Roque Sáenz Peña (228,4), Unión (217,4) y San Justo (216,8). Es la llamada “pampa gringa”, zona emblemática del agro de Córdoba.

Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (dependiente de la Organización Mundial de la Salud), en su último dato de 2012 la mortalidad de Argentina es de 115,13. La mitad de lo que se padece en Marcos Juárez (229,8).

Fernando Mañas es doctor en Biología y forma parte del Grupo Genética y Mutagénesis Ambiental de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que investiga el efecto de los agroquímicos. No cree que sea una coincidencia el mapa del cáncer en zonas agrícolas: “Existe evidencia de elevados niveles de daño genético en habitantes de Marcos Juárez, que podrían deberse a una exposición involuntaria a agroquímicos”.

Los investigadores de Río Cuarto estudian desde hace ocho años pueblos de Córdoba y confirmaron, con quince publicaciones científicas, que las personas expuestas a agroquímicos padecen daño genético y son más propensas a sufrir cáncer. Mañas recordó que en Marcos Juárez se detectó glifosato (y su principal producto de degradación, AMPA) en lagunas, suelos e incluso en agua de lluvia.

La investigación del gobierno de Córdoba ordena el mapa del cáncer según grupos por nivel de fallecimientos. La “pampa gringa” (todo el este provincial) se ubica en el primer segmento. El segundo estrato le corresponde a los departamentos de Río Cuarto, General San Martín, Juárez Celman, Tercero Arriba y General Roca. Los fallecimientos van de 180 a 201 por cada 100 mil habitantes, tasas que superan la media provincial y nacional. Este segundo estrato también tiene la particularidad de dedicarse a la agricultura industrial.

El gobierno provincial hizo hincapié en las estadísticas globales de incidencia (nuevos casos) y las comparó con otros países (la provincia se mantiene en un promedio), la estratificación por edad y sexo, y localizaciones de los tumores. Dejó en un segundo plano la vinculación entre alta mortalidad y zonas agropecuarias. En Córdoba existe un gran debate por la instalación de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas.

Damián Verzeñassi es médico y docente de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Es uno de los responsables del “Campamento Sanitario”, una instancia educativa que consiste en que decenas de estudiantes del último año de la carrera de Medicina se instalen en una localidad durante una semana y realicen un mapeo sanitario. “El estudio de Córdoba coincide con los dieciocho relevamientos que realizamos en localidades de agricultura industrial. El cáncer se ha disparado en los últimos quince años”, afirmó Verzeñassi.

El docente universitario cuestionó el discurso gubernamental y empresario. “Siguen exigiendo estudios sobre algo que ya está probado y no toman medidas urgentes de protección a la población. Hay sobradas evidencias de que el modelo agropecuario tiene consecuencias sanitarias, estamos hablando de un modelo de producción que es un enorme problema de salud pública”, reclamó.

Avila Vázquez, de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, detalló una decena de estudios científicos que prueban la vinculación entre agroquímicos y cáncer, y también enumeró una treintena de pueblos en donde registros oficiales confirman el aumento de la enfermedad: Brinkmann, Noetinger, Hernando (Córdoba) y San Salvador (Entre Ríos), entre otros. “Las tabacaleras negaban la vinculación entre fumar y cáncer, llevó décadas que reconocieran la verdad. Las corporaciones de transgénicos y agroquímicos son iguales que las tabacaleras, mienten y privilegian sus negocios por sobre la salud de la población”, denunció Avila Vázquez y reclamó como medidas iniciales urgentes: prohibir las fumigaciones aéreas, que no se realicen aplicaciones terrestres a menos de 1000 metros de las viviendas y prohibir depósitos de agroquímicos y maquinarias fumigadoras en las zonas urbanas.

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Una foto de la situación

El Ministerio de Salud de Córdoba precisó que se declaran 9000 nuevos casos de cáncer por año y 4500 muertes. La tasa de incidencia (nuevos casos) de cáncer para el período 2004-2009 es de 220 casos por cada 100.000 hombres y 194,4 casos por cada 100.000 mujeres (sin incluir los casos de cáncer de piel). Los tumores más frecuentes en hombres fueron los de próstata, pulmón y colon, mientras que en las mujeres fueron de mama, colon y pulmón.

La dependencia oficial destacó que, “tal como sucede a nivel internacional”, el cáncer afecta fundamentalmente a adultos de edad avanzada (el 45 por ciento corresponde a mayores de 65 años). La incidencia (nuevo casos) se da en la ciudad de Córdoba (entre 223 y 260 casos anuales cada 100 mil habitantes). Los departamentos de mayor incidencia (por encima de 188,5) son Río Primero, Unión, Totoral, Cruz del Eje, San Javier, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Segundo, Colón y Minas.

El Ministerio de Salud de Córdoba destacó que los resultados permiten analizar y diagramar políticas de prevención y diagnóstico precoz. “Estos datos son como una ‘foto’ de la situación provincial en esta materia, que expresa también el riesgo latente y nos dice qué esperar. Conociendo estos números se pueden definir prioridades en salud pública y programar políticas de prevención y diagnóstico precoz eficaces, ajustadas a la realidad local”, explicó Martín Alonso, director del Hospital Oncológico Provincial (donde funciona el Registro de Tumores).

* Por Darío Aranda. Publicado el 23 de junio de 2014 en el diario Página12.

 

La contaminación en las aulas

La contaminación en las aulas

Ocurre en muchas escuelas rurales, ubicadas cerca de campos donde hay plantaciones de soja. En algunas provincias hay legislación que pone límites, pero muchas veces no se cumplen. Reclaman mayores controles.

escuela rural fumigacion - en baja«Paren de fumigar escuelas”, es la campaña en la que intervienen asambleas socioambientales, gremios docentes y padres de alumnos. Dan cuenta de miles de escuelas rurales rodeadas por cultivos transgénicos, donde llueven agroquímicos sobre niños y maestros. En Córdoba denuncian que al menos 400 escuelas padecen fumigaciones y, en Entre Ríos, un relevamiento sobre tres departamentos reveló que el 70 por ciento de las escuelas rurales fue fumigada. El único informe oficial del país sobre escuelas y agroquímicos se realizó en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires: 41 establecimientos educativos fueron fumigados. Solicitaron la intervención de autoridades provinciales y nacionales, pero aún no obtuvieron respuesta.

El cartel blanco sostenido por postes semeja las señales de tránsito. Es blanco con letras negras que resaltan: “Atención escuela. Señor aplicador y productor. No fumigar”. Y detalla las leyes que protegen a alumnos. El cartel sobresale frente a la escuela Nº 54 de Colonia Caseros, departamento de Uruguay, Entre Ríos. Es una iniciativa del sindicato docente de Entre Ríos (Asociación Gremial del Magisterio, Agmer) y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay, que comenzaron a articular acciones en marzo de 2012 por las denuncias de maestros y familiares de alumnos de escuelas rurales.

Un caso testigo sucedió en octubre de 2012, cuando fue fumigada la escuela rural Nº 66 de Gualeguaychú. Los chicos padecieron picazón en los ojos, dolores de garganta y vómitos. Los químicos denunciados fueron glifosato, 2.4D, atrazina, clorpirifos, fipronil y deltametrina.

El sindicato y la asamblea comenzaron un relevamiento en toda la provincia. Ya avanzaron en tres departamentos (Uruguay, Nogoyá y Gualeguaychú). Sobre 74 escuelas censadas, el 70 por ciento fue fumigado (52). En el departamento de Uruguay sufrieron aspersiones 15 escuelas de las 28 censadas. En Nogoyá, 18 sobre 23. Y en Gualeguaychú fueron fumigadas 19 escuelas sobre 23 relevadas. Confirmaron casos de afecciones en la piel y vías respiratorias de chicos y maestros, vómitos y problemas gastrointestinales.

“No se cumple con las leyes y disposiciones en cuanto a extremar precauciones y evitar el daño a terceros. Hay escasa contención de parte de los organismos estatales que debieran hacer cumplir las pocas disposiciones de protección vigentes”, señala el informe entrerriano y, mediante imágenes satelitales y fotos, evidencian la cercanía de escuelas y campos transgénicos.

La legislación provincial estipula 50 metros de distancia, pero no se cumple. Docentes y asambleístas aún no definieron cuál debiera ser la distancia, pero coinciden: “Es absurdo que haya sólo 50 metros entre campos fumigados y escuelas”, afirmó Jorge Bevacqua, de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay.

En Buenos Aires hubo denuncias de escuelas fumigadas en Exaltación de la Cruz, Cañuelas y Los Toldos. “Hay muchos casos, pero los docentes tienen miedo. Algunos directivos y funcionarios son amigos de empresarios sojeros. Además está Cargill, que hace donaciones a las escuelas y eso complica todo”, explicó Margot Goycochea, del Foro Ambiental de Los Toldos.

En Cañuelas, en 2010, se sancionó una ordenanza (la 2671) que regula la aplicación de agroquímicos, tomada como referencia por otras localidades. Limita las fumigaciones a 2000 metros de poblaciones urbanas y 200 metros de distancia de escuelas rurales. Diana Iceruk, periodista y asambleísta socioambiental, asegura que la ordenanza “no se cumple plenamente, se continúa fumigando en zonas prohibidas”.

Medardo Avila Vázquez forma parte de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Detalló que en Córdoba los mayores problemas se dan en septiembre con las aplicaciones de glifosato, 2.4D y atrazina. “Son de tres a seis aplicaciones antes de la siembra de noviembre-diciembre, los chicos aún están en las escuelas y los fumigan sin reparos”, denunció.

El médico explicó que, además, en marzo aplican “desecantes” para eliminar la humedad y cosechar. Aplican 2.4D y paraquat. Estimaciones de Médicos Fumigados y sindicatos docentes provinciales señalan que en Córdoba hay 1500 escuelas a menos de 1000 metros de campos fumigados. “De esas 1500, hay 400 escuelas rodeadas de campos de soja y maíz transgénico. Unos 12 mil alumnos y 900 maestros están expuestos a los agrotóxicos”, afirmó Avila Vázquez, que también forma parte de la “Campaña escuelas fumigadas nunca más”. Los casos se repiten en todas las provincias con cultivos transgénicos: Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, La Pampa y Formosa, entre otras.

La Red de Salud Popular Ramón Carrillo, de Chaco, realizó numerosas denuncias en los últimos años. La escuela Nº 552 de Pampa del Indio, donde se fumigaba con los chicos en clases; la escuela Nº 141 Fortaleza Campesina, en el departamento General San Martín, donde se usó glifosato a menos de 100 metros de los alumnos; y la escuela Nº 257 de Tres Isletas, son sólo algunos de los casos.

La Ley de Biocidas de Chaco (la 7032, de noviembre de 2012) fija distancias de 500 metros para las aplicaciones terrestres y 1500 para las aéreas. Alejandra Gómez, de la Red de Salud, marca dos hechos que se repiten en todas las provincias: la ley no se cumple y los docentes tienen miedo a denunciar. En 2010, un fallo judicial frenó fumigaciones con glifosato y endosulfan en las localidades de La Leonesa y Las Palmas, y protegió escuelas rurales al fijar límites de 1000 metros para aplicaciones terrestres y de 2000 metros para las aéreas.

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Un estudio en Coronel Suárez

Coronel Suárez es el único lugar de la Argentina en el que se realizó un estudio oficial sobre escuelas fumigadas. La Dirección de Medio Ambiente realizó un informe, llamado “Consecuencias en la salud por la utilización de agrotóxicos en los establecimientos educativos rurales”. El escrito de 104 páginas y fechado en mayo de 2013 revela que existen 41 establecimientos afectados (23 primarios, 16 jardines y 2 secundarios). El secretario de Ambiente, Emanuel Garrido, solicitó ayuda a la gobernación bonaerense y a la Nación, pero aún no obtuvo respuestas.

“Los establecimientos educativos se encuentran expuestos a las derivas y otros tipos de contaminación de las aplicaciones de agrotóxicos”, señala el informe. Detalla que los campos están literalmente pegados a la escuela y muestra tractores mosquito fumigando mientras los niños juegan en el patio. El trabajo confirmó que hubo alumnos con afecciones respiratorias, cefaleas y ojos irritados.

Cuestiona que las escuelas estén “desprovistas de mínimas garantías para la salud” y realiza recomendaciones a las autoridades, como “proteger de forma inmediata” a la comunidad educativa, fijar una franja de 2000 metros alrededor de escuelas y, luego de repasar bibliografía científica nacional e internacional, recomienda “erradicar transicionalmente” los cultivos transgénicos de Coronel Suárez por sus consecuencias sociales, ambientales y sanitarias.

El trabajo fue realizado por un equipo integrado por médicos, docentes, agrónomos y abogados. El secretario de Ambiente comunicó formalmente su trabajo a autoridades de la Dirección General de Educación, al defensor del Pueblo, al Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia y a la Secretaría de Ambiente de Nación. A todos solicitó medidas “urgentes” para proteger a niños y docentes. Incluso recomendó no comenzar las clases por las consecuencias en la salud. Hasta ahora no obtuvo respuesta.

* Por Darío Aranda. Publicado el 15 de abril de 2014 en el diario Página12.

Impacto al estudio de impacto

Impacto al estudio de impacto

El estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto para levantar una planta de maíz transgénico en Malvinas Argentinas, Córdoba, fue rechazado por la Secretaría de Ambiente provincial, porque es “insuficiente, reiterativo y sin profundidad”.

marcha contra monsanto en córdoba - en bajaLa empresa Monsanto sumó un nuevo traspié en Córdoba: el gobierno provincial le rechazó el estudio de impacto ambiental para su planta de maíz transgénico en la localidad de Malvinas Argentinas. La negativa –que demora aún más los planes de obra– se suma a un fallo judicial que paralizó la construcción, a un bloqueo de organizaciones socioambientales que lleva cinco meses y a la opinión de tres universidades nacionales que cuestionan la instalación de la multinacional. “La documentación respaldatoria (del estudio de Monsanto) es insuficiente, reiterativa y sin profundidad técnica necesaria para responder adecuadamente a los condicionamientos”, afirma el dictamen de la Secretaría de Ambiente de Córdoba.

La Comisión Técnica Interdisciplinaria de la Secretaría de Ambiente de Córdoba analizó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Monsanto. “El EIA no posee el contenido satisfactorio para su evaluación y/o carece de información sobre algunos aspectos relevantes de la actividad”, afirma el dictamen de evaluación, de cuatro carillas. Y puntualiza las actividades que generan impactos ambientales y no tuvieron respuestas “idóneas”: la gestión de residuos peligrosos y residuos del proceso productivo, gestión de efluentes líquidos y tránsito vehicular, entre otros.

“Se advierten impactos ambientales negativos relevantes que no fueron contemplados de manera adecuada, o bien no fueron incorporados. No se consideraron aspectos con impactos severos, críticos o importantes, notoriamente predecibles para el tipo de actividad y magnitud del proyecto en cuestión”, cuestiona el dictamen.

En la página tres se refiere a los “subproductos”. Detalla que Monsanto producirá 247 toneladas diarias de residuos, el equivalente a lo que provoca por día una ciudad de 250 mil habitantes (en Malvinas Argentinas viven 12 mil personas). El dictamen remarca que Monsanto no brinda precisiones sobre qué destino les dará a esas 247 toneladas diarias. La evaluación del gobierno de Córdoba es muy dura en este aspecto: “Ninguna de las propuestas está respaldada técnicamente y no representan una solución ambiental adecuada para la magnitud de residuos a disponer o reutilizar como subproducto (…). La gestión de 250 toneladas por día de residuos del proceso debe ser considerada como un aspecto crítico”.

También cuestiona la gestión de los residuos peligrosos. Monsanto “no especifica qué tipo de tratamiento se va a utilizar y quiénes son los operadores con la tecnología apropiada capaces de darle tratamiento y disposición final a los residuos peligrosos generados (residuos resultantes de la utilización de agroquímicos)”.

Sin la aprobación del estudio ambiental, la compañía no puede construir la planta. “Es una victoria de todos quienes venimos resistiendo desde hace tiempo, del pueblo organizado, que se sabe soberano y que ejerce su soberanía”, celebró la Asamblea de Malvinas Argentinas, pero alertó: “Sabemos que todavía no está todo dicho, pero somos conscientes de que dimos un paso enorme”. Recordó que Monsanto “no tiene licencia social” para instalarse y enfocó en la responsabilidad de la dirigencia política para que den de baja a la planta de semillas.

Monsanto controla el 27 por ciento del mercado mundial de semillas (y el 86 por ciento de las transgénicas). Comercializó durante décadas el PCB (utilizado en transformadores eléctricos, denunciado durante años y luego prohibido por cancerígeno) y es el creador del herbicida glifosato. Anunció la instalación de su “planta de maíz más grande de Latinoamérica” en junio de 2012 en Malvinas Argentinas, en las afueras de Córdoba capital. La localidad está rodeada de campos transgénicos y fumigados. De inmediato comenzó a organizarse la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida. En noviembre de 2012, la Asamblea ya exigía que la población pudiera votar para decidir si deseaban la megaplanta como vecina. El intendente Daniel Arzani (UCR), el gobernador José Manuel de la Sota y Monsanto siempre rechazaron la posibilidad de un plebiscito. Hoy, a las 17, la Asamblea de Vecinos se concentrará en la plaza de Malvinas Argentinas para marchar hacia la sede municipal y reclamar el cierre del proyecto.

La empresa planifica una mayor producción de maíz, en parte para la proyectada ampliación en un 56 por ciento del área sembrada para 2020 (de 3,7 millones de hectáreas a 5,7 millones) y también para la producción de combustibles mediante el maíz (se planifican veinte nuevas plantas de agrocombustibles para los próximos años). Adrián Villaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto, negó que se vayan de Córdoba y anunció que realizarán un nuevo estudio ambiental “con la rigurosidad técnica que nos requieren y dando participación a los ciudadanos”.

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El bloqueo vecinal

La Asamblea de Vecinos de Malvinas Argentinas y organizaciones sociales comenzaron un bloqueo al predio de Monsanto en septiembre pasado. Sufrieron cuatro represiones, pero mantienen el bloqueo. En noviembre, el intendente de Río Cuarto, Juan Jure, informó que el estudio de impacto ambiental de Monsanto (para la instalación de una estación experimental) “dio negativo” y advirtió que “más allá de ese resultado, he tomado la decisión de no permitir que se instale Monsanto”. La llegada de la empresa había sido cuestionada por la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos.

En la primera semana de enero, la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo de Córdoba hizo lugar a un amparo presentado por los vecinos y ordenó al municipio que frene las obras de la multinacional. Entre los fundamentos estaba la necesidad de contar con el estudio de impacto ambiental y la realización de una audiencia pública.

Dos encuestas confirmaron el rechazo a la empresa. En abril, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica y del Conicet realizaron 350 encuestas. Nueve de cada diez se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación de Monsanto. En octubre, la consultora Sicchar difundió una nueva encuesta. El 63,2 por ciento se mostró en desacuerdo con la instalación.

Tres universidades nacionales cuestionaron la instalación de Monsanto. En documentos separados, la Universidad Católica, la de Río Cuarto y la de Córdoba criticaron que se haya permitido la obra sin la previa Evaluación de Impacto Ambiental (como establece la Ley General del Ambiente). También explicitaron la vigencia del “principio precautorio” (cuando haya riesgo de afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas protectoras) y remarcaron las consecuencias ambientales y sociales del modelo de agronegocios.

* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 24 de febrero de 2014.

Un mes de bloqueo a Monsanto

Un mes de bloqueo a Monsanto

Los piquetes que impiden llegar al predio donde la empresa intenta instalar una nueva planta de semillas ya llevan un mes. Hoy habrá una marcha contra la instalación de los silos.

bloqueo a monsanto - en bajaLas asambleas socioambientales de Córdoba mantienen desde hace un mes un bloqueo en el predio de Monsanto, donde la compañía intenta construir su planta de semillas de maíz más grande de América latina. Los asambleístas exigen que la población pueda votar si acepta o rechaza tener 240 enormes silos en el barrio. La empresa suspendió momentáneamente la obra y, en paralelo, la ONG Funam denunció al gobierno de Córdoba por “violar todos los pasos” administrativos en la autorización de la planta. Una reciente encuesta reveló que el 63 por ciento de los cordobeses rechaza la instalación de Monsanto y el 67 por ciento apoya el reclamo de los asambleístas. Hoy habrá nuevas acciones contra la empresa y en denuncia al modelo extractivo.

El 19 de septiembre se realizó un festival artístico en Malvinas Argentinas, a veinte kilómetros del centro de Córdoba. La consigna fue “Primavera sin Monsanto”. Hubo grupos musicales y discursos. Ese día comenzó el bloqueo a Monsanto, en el portón de ingreso a la planta.

A la semana del acampe, una patota de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) amedrentó a los asambleístas. El lunes 30 de septiembre, la policía de Córdoba reprimió el acampe e intentó liberar el paso. Fue golpeada y hospitalizada Sofía Gatica (de Madres de Ituzaingó) y otras dos militantes fueron detenidas. El bloqueo continuó.

El 8 de octubre hubo una masiva movilización en la capital de Córdoba. Se denunció la “emergencia ambiental” de la provincia. Entre los motivos de la marcha estuvo el rechazo a Monsanto, los altos índices de desmonte y la emergencia hídrica.

Monsanto anunció la suspensión de la obra, pero a los tres días intentó avanzar con camiones por un nuevo ingreso (por la parte posterior del predio de treinta hectáreas). Los asambleístas cerraron también ese paso.

A cada bloqueo, la empresa respondió con la apertura de un nuevo portón. Las asambleas de Córdoba cerraron ya el tránsito a los cinco ingresos del predio. Y el lunes pasado, Monsanto anunció a la Uocra que suspendía las actividades hasta luego de las elecciones.

Gastón Mazzalay, de Malvinas Lucha Por la Vida, remarcó lo positivo de haber frenado la construcción de la obra y alertó sobre lo que pudiera suceder luego del domingo. “Reprimir esta semana tendría un costo político alto. Pero seguro volverán a mandar a la policía para reprimir a los vecinos y proteger a la empresa”, afirmó. Mazzalay recordó que la instalación de Monsanto es “ilegal” por la “fraudulenta” autorización de la Secretaría de Ambiente (ver recuadro) y porque no se cumplió la Ley General del Ambiente (25.675) que ordena estudios de impacto ambiental y audiencia pública previos a la instalación de plantas como la de Monsanto. En Córdoba no se cumplió ninguno de los dos requisitos.

Monsanto es la mayor corporación del agro mundial. Domina el 27 por ciento del mercado de semillas (transgénicas y convencionales) y el 86 por ciento del mercado de transgénicas. En junio de 2012 logró la aprobación, por parte del Ministerio de Agricultura de Nación, de una nueva semilla de soja transgénica (“RR2 Intacta”) e impulsa una nueva ley de semillas.

El fin de semana pasado, la consultora Sicchar difundió una encuesta de opinión electoral en Córdoba, de 1000 casos (400 en la capital y 600 del interior provincial). Interrogó sobre las obras públicas, la educación, el servicio eléctrico, el accionar de la policía, la intención de voto y, lo novedoso, dos preguntas estuvieron referidas a la mayor empresa de agronegocios del mundo. “¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas?” El 63,2 por ciento se mostró en desacuerdo, el 19,3 a favor, 6,9 indiferente y 10,5 no sabe/no contesta (NS/NC).

“¿Está de acuerdo o en desacuerdo con los vecinos que protestan en contra de la instalación de Monsanto?” El 66,8 por ciento afirmó estar de acuerdo con los vecinos que rechazan a la multinacional. El 33,8 en desacuerdo. El 3,1, indiferente. Y el 2,3, NS/NC.

La nueva encuesta se complementa con la difundida en abril pasado por siete investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica y del Conicet. El relevamiento fue realizado sólo en Malvinas Argentinas. Nueve de cada diez (87 por ciento) se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación de Monsanto.

El lunes pasado, frente al Congreso Nacional, asambleas de Buenos Aires comenzaron un acampe por tiempo indeterminado en apoyo a sus pares de Córdoba. Y hoy, en Córdoba, habrá una nueva movilización contra la instalación de Monsanto.

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Denuncia judicial

La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) realizó una denuncia penal contra el secretario de Ambiente de Córdoba, Luis Federico Bocco, y contra su antecesor, Raúl Costa.

“Autorizaron ilegalmente a Monsanto y otros emprendimientos que dañan la salud y el ambiente”, afirmó Raúl Montenegro, presidente de Funam. Explicó que “un organismo clave” de la Secretaría de Ambiente, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), no estaba conformada como lo establecen las leyes provinciales. “La comisión estaba integrada por personal sin suficiente experiencia profesional, no manejaba temas clave como salud o sociales, y aun así aprobaron el proyecto de construcción de la procesadora de semillas de Monsanto”, acusó Montenegro. La CTI estaba integrada en 2007 por representantes de todos los ministerios y de organismos descentralizados del gobierno provincial (conforme las leyes provinciales 8789 y 9156). “Se aseguraba un funcionamiento plural y participativo pero, a partir del 2008, durante las gestiones de Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota, su composición fue drásticamente cambiada, en abierta violación a la ley”, explicó Montenegro.

Desde 2008, la CTI se integra solamente con personal de la Secretaría de Ambiente. “En muchos casos son técnicos sin suficiente experiencia profesional y precarizados, lo que facilitó que la CTI actúe como una escribanía ambiental para que los proyectos apoyados por el gobierno no tengan tropiezos”, afirmó el presidente de Funam.

La organización ambientalista también denunció penalmente al secretario de Ambiente provincial por incumplimiento de deberes de funcionario público y pidió la nulidad de las aprobaciones (como la de Monsanto) que se concedieron en forma “ilegal e irregular”.

*Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 23 de octubre de 2013.