Siembra soja, cosecha inundación

Siembra soja, cosecha inundación

El incremento de los cultivos agrícolas, principalmente de soja, produce un acercamiento de la napa freática a la superficie, reveló una investigación del INTA. Esto explica por qué las inundaciones son cada vez más continuas y graves.

Por Darío Aranda
El monte nativo infiltra 300 milímetros de agua por hora. Una pastura convencional (donde hay ganado) 100 milímetros. Y un campo con soja apenas 30 milímetros por hora. Una investigación del INTA explica que el cambio del uso del suelo es un factor fundamental para explicar por qué las inundaciones son cada vez más continuas y graves. «No estamos de acuerdo en que los excesos hídricos se deban a la falta de obras ni al exceso de lluvias, si no más bien a cuestiones asociadas al proceso de minería que sufre la agricultura y a la agriculturización de las últimas dos décadas principalmente», afirma Nicolás Bertram, investigador del INTA Marcos Juárez (Córdoba). También apunta a las responsabilidades del poder económico del agronegocios.

Misiones sufrió una gran inundación en 2014. A inicios de 2015 fue el turno de Córdoba y Santiago del Estero. El segundo semestre sufrieron el Litoral y Buenos Aires. Este año fue el turno de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Córdoba y noroeste bonaerense. «Fue un tsumani que vino del cielo», había dicho en 2015 el entonces gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. En línea similar, responsabilizando a la naturaleza, argumentaron otros mandatarios.

Nicolás Bertram, ingeniero agrónomo del INTA Marcos Juárez, estudia desde hace diez años los «excesos hídricos». Su trabajo académico fue titulado «Ascenso de napas en la región pampeana: ¿Incremento de las precipitaciones o cambios en el uso de la tierra?» (firmado junto a Sebastián Chiacchiera). Analizaron las lluvias de los últimos cuarenta años y los cambios en el modelo agropecuario (sojización y expulsión de ganadería), entre otras variables.

«El incremento sostenido del componente freático que se dio en los últimos 40 años en la región pampeana, y que en la actualidad se acerca demasiado a la superficie, conlleva a un alto riesgo no solo en lo que respecta a producciones agrícola-ganaderas, sino también en sectores urbanos, pudiendo generar en ambas situaciones de inundaciones», alertaba el trabajo, presentado en el XXV Congreso Nacional del Agua (Conagua 2015) en Paraná.

Bertram explica en lenguaje gráfico: «La napa estaba a diez metros de profundidad y hoy está a menos de un metro. Los suelos están saturados, no pueden absorber más. Es como si antes teníamos una maceta grande y echábamos un balde de agua. Ahora la maceta es diez veces más chica pero echamos el mismo balde de agua».

La investigación explica que se observaron dos tipos de efectos en el comportamiento de la napa, a corto plazo (asociado a precipitaciones) y largo plazo (relacionados con los cultivos y el consumo que generan). Luego del procesamiento de datos (donde confirmaron que las lluvias se mantuvieron dentro de sus promedios anuales) aseguran: «A partir de datos históricos se puede observar una relación directa entre el incremento de los cultivos agrícolas (de soja principalmente) y el acercamiento de la napa freática a la superficie».

El trabajo señala que buena parte de la región pampeana la napa freática se encuentra a un metro de profundidad (o menos) y recuerda que diez millones de hectárea pasaron de la actividad ganadera o mixta a la puramente agrícola, con preponderancia de la soja. «Millones de hectáreas de pasturas y pastizales que consumían agua durante los doce meses del año fueron cambiadas por cultivos anuales que, en el mejor de los casos lo hacen durante un tercio o la mitad de ese tiempo, pasando de consumir anualmente 1500-2000 milímetros a 500-800 milímetros», precisa el trabajo como explicación del ascenso de la napa casi a la superficie.

El trabajo estuvo focalizado en Marcos Juárez, zona de la Pampa Húmeda y núcleo sojero. Bertram asegura que la investigación es extrapolable a toda esa región e incluso a zonas extrapampeanas, como San Luis (donde se generaron nuevos ríos), Santiago del Estero, y regiones del norte de Santa Fe y Buenos Aires (zonas que fueron monitoreadas con freatímetros).

Sobre la actual inundación, que afecta a 40 mil personas (11 mil evacuados), el investigador del INTA señala que «llovió por encima de la media, pero de ninguna manera eso explica la magnitud del desastre; la clave está en el ascenso de la napa y que arrasaron el monte que retenía agua».

Bertram cuestiona la propuesta de políticos y empresarios. «Ninguna obra va a solucionar las inundaciones», afirma. Y llama la atención sobre los «responsables» de los anegamientos. «Muchos medios de comunicación cuestionan siempre a los políticos y en parte no está mal, pero esos medios nunca vinculan la inundación con el poder económico del modelo agropecuario, desde los Grobocopatel a Monsanto, Bayer, Cargill, Dow y una lista larga. Quizá porque esas empresas son los anunciantes de esos medios».

La investigación también cuestiona el modelo. «Pese a este escenario, se continúa en una carrera por lograr mayores y más estables rendimientos de los cultivos agrícolas, en la supuesta búsqueda de alimentar a un mundo que sigue padeciendo hambre, en donde muchas veces no existe el tiempo para pensar para quién y qué se está produciendo», afirma el trabajo del INTA.

La investigación concluye que «si no se modifican las rotaciones o el uso de la tierra, no sólo se seguirá incrementando el nivel freático, sino también la superficie, con un alto riesgo de anegamiento». Afirma que se pueden encontrar soluciones (incorporación de pasturas, otros cultivos, mejor manejo de agua), pero debe primar una «mirada amplia», interdisciplinaria, donde además de los sectores productivos se tenga en cuenta los aspectos ambientales y sociales.

 

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Siembra directa y soja
Por D. A.
La investigación del INTA recuerda que la técnica de «siembra directa» (no arar la tierra) y el uso del «paquete tecnológico» (transgénico y agrotóxico) fueron claves en el avance del modelo agropecuario que impulsó desmontes y ascenso de la napa freática. Precisa que el 80 por ciento de la región cultivada del país se realiza con esa técnica. Datos oficiales del Ministerio de Agroindustria confirman el avance transgénico en las últimas dos décadas en todas las provincias que hoy padecen inundaciones. Entre 1994 y 2014, Buenos Aires aumentó un 460 por ciento la superficie con soja, Córdoba incrementó 331 por ciento y Santa Fe un 133 por ciento. Aunque en superficie menor, los incrementos fueron desproporcionados en Chaco (aumentó el 430 por ciento el área con soja), en Entre Ríos el incremento fue del 1270 por ciento y en Corrientes las hectáreas con soja aumentaron 10.000 por ciento. En paralelo, en todas estas provincias aumentaron las hectáreas desmontadas.

*Artículo publicado el 27 de abril de 2016 en el diario Página12.

Persecución ideológica por investigar los transgénicos y agroquímicos

Persecución ideológica por investigar los transgénicos y agroquímicos

Un docente de la Universidad de Córdoba participó de un relevamiento que vinculó los casos de cáncer y malformaciones en la localidad de Monte Maíz con el uso de transgénicos y agroquímicos. En esa casa de estudios ahora piden un sumario para el investigador.

monte maiz - en bajaEl decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Juan Marcelo Conrero, tomó una medida con pocos antecedentes: solicitó un sumario administrativo y sanción para un docente e investigador de la Facultad de Medicina, Medardo Avila Vazquez. El pedido obedece a que Avila Vazquez coordinó un relevamiento sanitario en la localidad de Monte Maíz, donde confirmó altos índices de cáncer, malformaciones y abortos espontáneos. Y vinculó las enfermedades a transgénicos y agroquímicos. “Es una clara persecución ideológica. Si el estudio hubiese sido favorable a Monsanto no hubieran dicho nada, incluso lo celebrarían”, afirmó el investigador denunciado. Los vecinos de Monte Maíz, la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata (que también participó del relevamiento sanitario) e investigadores de doce países respaldaron al docente y médico cordobés.

En octubre de 2014, un equipo de 70 investigadores y estudiantes se instalaron en Monte Maíz, localidad de 8000 habitantes a 300 kilómetros de la capital de Córdoba. A pedido de organizaciones locales y del propio intendente, Luis María Trotte (Frente para la Victoria), se instalaron durante cinco días y realizaron un censo sociosanitario. Los resultados: los casos nuevos de cáncer duplican el promedio nacional, los abortos espontáneos quintuplican el promedio de Argentina, la mortalidad por cáncer triplica la media provincial y las malformaciones triplican los registros de la capital cordobesa.

El equipo de trabajo estaba compuesto por investigadores de Córdoba y de La Plata (UNLP). El coordinador fue Medardo Avila Vazquez.

El Consejo Directivo de la Facultad de Medicina acusó al trabajo de “carecer de asidero científico”, señaló que la casa de estudios no autorizó el relevamiento y señaló que no contaba con la aprobación de un Comité de Etica.

La respuesta la brindó el Comité de Bioética del Estudio de Salud Socio Ambiental de Monte Maíz (un grupo de expertos que había supervisado el trabajo). En un documento de diez puntos recordaron que la propia Facultad de Medicina desintegró el Comité de Etica de la UNC para que no participara de la investigación, precisó que el estudio fue avalado por el propio Consejo Directivo de Ciencias Médicas y por un convenio firmado por el rector de la UNC, Francisco Tamarit, y el intendente Trotte.

El Comité de Bioética (integrado por investigadores y profesionales de la UNC, UNLP y Comahue) afirmó que el trabajo de Monte Maíz cumple con los requisitos científicos nacionales e internacionales y está sujeto a la legislación provincial y nacional.

Pero el decano de Ciencias Agropecuarias recurrió al Consejo Superior de la UNC y pidió el juzgamiento del investigador. “Solicito se dé curso a las acciones administrativas para que se investigue si el accionar del médico Medardo Avila Vazquez y del equipo de trabajo le corresponde alguna sanción disciplinaria”, comienza el escrito de Conrero.

Señala que los investigadores se “extralimitaron” en su tarea, denuncia que difundieron información “engañosa” y los acusa por causar “temor” en la comunidad de Monte Maíz. “En nombre de esta prestigiosa universidad no podemos permitir que miembros de la misma engañosamente difundan datos no validados científicamente, causando daños irreparables a la sociedad”, sostiene. Conrero no menciona cuáles habrían sido los errores de la investigación.

Los vecinos de Monte Maíz que solicitaron el relevamiento, nucleados en la Red de Prevención Ambiental y por la Salud, emitieron un comunicado en solidaridad con Avila Vazquez. “Repudiamos todas las maniobras del saliente decano de la Facultad de Medicina (Gustavo Irico), tendientes a boicotear este trabajo tan anhelado por nuestra población, así como repudiamos todas las descalificaciones vertidas sobre la persona y la idoneidad del doctor Avila Vazquez. Repudiamos también la actitud del decano Juan Conrero, actuando en defensa de los intereses de la empresa multinacional (Monsanto)”, destaca el comunicado.

Conrero asumió en junio de 2014. Y, sólo dos meses después, firmó un convenio de colaboración con Monsanto, empresa que mantiene un conflicto con la población cordobesa de Malvinas Argentinas, donde pretende instalar su mayor planta de maíz transgénico de Latinoamérica. Jorge Omar Dutto es el secretario general de la Facultad y mano derecha de Conrero. Fue uno de los autores del informe de impacto ambiental de Monsanto para intentar construir su planta en Córdoba.

Las asambleas socioambientales y organizaciones de Malvinas Argentinas y Córdoba Capital, junto con docentes y estudiantes de la UNC, se movilizaron y denunciaron el contrato entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Monsanto. Conrero se vio forzado a dar marcha atrás y suspendió el convenio.

Los vecinos de la Red de Prevención de Monte Maíz resaltaron la importancia del trabajo de todos los investigadores, en especial de Avila Vazquez. Explicaron que, junto a los concejales, trabajan en una ordenanza para limitar las fumigaciones y llamaron a las autoridades la UNC “a repensar su actitud que avergüenza a quienes soñamos en una universidad que ponga el saber al servicio de la población”.

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Apoyos al docente

En el relevamiento sanitario en Monte Maíz también participaron investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El 29 de abril, el Consejo Directivo de esa Facultad votó por unanimidad una declaración de repudio a la “persecución política” al médico y docente de la UNC. “Nos solidarizamos con Avila Vazquez. Las intenciones que están detrás del pedido de sumario no son más que el pedido desesperado de las empresas agroexportadoras y productoras del paquete tecnológico asociado la intensiva actividad sojera”, afirma la declaración de Ciencias Exactas de la UNLP y apunta al papel de la educación pública: “El trabajo realizado en Monte Maíz no sólo es pertinente sino que además es un modelo de lo que la universidad debe ser, una institución al servicio de su pueblo y no de los intereses económicos”. También se expidieron 38 investigadores de doce países. “Manifestamos nuestro apoyo y reconocimiento científico respecto a los trabajos e iniciativas del doctor Medardo Avila Vazquez y de su equipo. Afirmamos el carácter de alto interés público y de relevancia internacional que conlleva este tipo de estudios”, señala el escrito, firmado por investigadores de varios países.

 

* Por Darío Aranda. Publicado el 4 de mayo de 2015 en el diario Página12.

“Estamos pagando las consecuencias de las malas políticas ambientales»

“Estamos pagando las consecuencias de las malas políticas ambientales»

Fernando Barri, de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet, asegura que las causas de la catástrofe cordobesa “no son naturales sino políticas”. Las consecuencias del desmonte y el desmanejo ambiental en la provincia.

inundaciones-en-cordoba en bajaOnce muertos, más de 2000 evacuados, 500 mil hectáreas anegadas y millones de pesos en pérdidas materiales. Es lo padecido de Córdoba luego de la inundación de las últimas semanas (la situación se repitió en Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe). El gobierno de Córdoba responsabilizó a la naturaleza y el gobernador, José Manuel de la Sota, afirmó que se trató de un “tsunami” que provino del cielo. Organizaciones sociales e investigadores afirmaron todo lo contrario, que influyó la acción del hombre y los intereses económicos. Fernando Barri es doctor en Ciencias Biológicas, profesor de la cátedra de Problemática Ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet. “Estamos pagando las consecuencias de las malas políticas ambientales de los gobiernos”, afirmó el investigador y destacó dos actividades principales: el desmonte por el corrimiento de la frontera del agronegocio y la especulación inmobiliaria con los barrios cerrados. La necesidad de un ordenamiento territorial participativo.

–¿Por qué se inundó Córdoba?

–Córdoba está en una crisis ambiental muy seria. Agudizada en las últimas décadas por el avance de la frontera agropecuaria y urbana, que la han debajo sin la vegetación nativa que evita o mitiga este tipo de fenómenos climáticos extremos (lluvias torrenciales).

–¿Cómo la vegetación podría haber mitigado la inundación?

–Las sierras de Córdoba con su vegetación nativa son como el tanque de agua natural de la población. Cuando llueve, en verano, esa vegetación con el suelo hace un efecto esponja, absorbe una buena cantidad del agua de lluvia, la mantiene en los suelos y permite que esa parte de agua esté disponible cuando no llueve. Ese efecto esponja ha sido casi devastado. Hoy las sierras son toboganes, el agua escurre rápidamente, se lleva todo lo que está a su paso y ya no está disponible en tiempos de sequía.

–¿Cómo fue devastada la vegetación?

–Los últimos gobiernos provinciales han permitido el avance de los intereses económicos particulares, sobre todo en zona de llanura por los agronegocios y en la zona serrana por los intereses inmobiliarios, con un boom de barrios cerrados. Esas zonas son importantes para presentar el efecto esponja, que se pierde. Y genera catástrofes como la que se ha vivido en Córdoba, con costos económicos, sociales y pérdida de vidas.

–¿En que momentos históricos se arrasaron los montes?

–En los últimos veinte años ha habido un descontrol y desmanejo absoluto en lo que hace a política ambiental.

–¿Cuánto incide el desmonte por el agronegocio?

–Córdoba es una de las provincias de mayor tasa de deforestación. Buena parte en zona de llanura, norte y noroeste, por el modelo agropecuario. Y es lo que explica las inundaciones en zonas llanas.

–¿Qué dice el gobierno?

–El gobierno hace oídos sordos a las voces de académicos, universidad y organizaciones sociales. Es dramático escuchar a funcionarios insistir en que fue una catástrofe natural. Ellos permitieron que avanzaran los grupos económicos sabiendo que ésta sería una de las consecuencias. Las causas de la tragedia de Córdoba no son naturales sino políticas.

–¿Hubo advertencias de que podía pasar una inundación de este tipo?

–Había muchos estudios que preveían esto. Estudios de riesgo, de deforestación y geomorfológicos que nunca fueron tenidos en cuenta.

–¿Se puede repetir la inundación y sus consecuencias?

–Soy pesimista por la reacción del gobierno, que no muestra interés en un cambio y esconde responsabilidades. Soy medianamente optimista por las reacciones de vecinos, que están comenzando a organizarse y se muestran firmes para evitar loteos y desmontes.

–¿Ve similitudes con otras provincias que están sufriendo lo mismo? (Tucumán, Santa Fe. Santiago del Estero).

–Este es un fenómeno que los argentinos vamos a tener que prever y acostumbrarnos. Tiene relación con el cambio climático global, que es modelo de desarrollo imperante en el planeta y que también tiene relación directa con los intereses económicos. La región del centro de Argentina será cada vez más húmeda y con eventos climáticos extremos más repetitivos. Antes pasaban cada 30 años, ahora cada cinco y puede llegar a suceder cada dos o un año. Si a eso se le suma una región que ha sido devastada, que no tiene la capacidad de amortiguar esa lluvia, la situación empeorará. Hay que dar un giro de timón urgente.

–¿Cómo?

–Hay que preservar lo poco que queda de vegetación y administrar de forma racional para brindar servicios ecosistémicos a la población.

–¿De qué manera?

–Es imprescindible realizar un ordenamiento territorial participativo en todas las regiones del país. Debiera ser un mapa de cada región, priorizando criterios sociales y ambientales. Definir dónde se van a desarrollar actividades productivas, dónde infraestructura, dónde urbanizaciones y dónde se deben preservar los sistemas naturales. Hoy existen muchos barrios cerrados y mucha soja, y sólo se tuvo en cuenta el criterio económico. Y eso nos ha llevado a la devastación ambiental actual que sufren muchas regiones del país.

–¿En algún lugar se hizo un ordenamiento territorial como el que propone?

–La verdad que no. En la Argentina prima el factor económico por sobre lo social y ambiental. Es urgente comenzar a revertir eso.

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Ley del desmonte

Usted fue parte de una comisión oficial que intentó frenar los desmontes en 2010. ¿Cómo fue esa experiencia?

–La Cotbn (Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos) trabajó durante dos años, debatió un proyecto de ley de modo muy participativo. Estaban el sector académico, político, social, campesino. Era amplio y se presentó un proyecto en 2010 consensuado, entre muchos sectores, para proteger lo poco que quedaba de bosques.

–¿Y qué sucedió?

–El gobierno de Córdoba lo ninguneó. Y de la noche a la mañana votaron otra ley (9814), a pedido de sectores del agro, que fue bautizada la “ley del desmonte”, porque facilitó la devastación de los bosques de la provincia.

–¿Ve relación entre ese hecho y la inundación actual?

–Tiene mucho que ver. Si se hubiera adoptado la propuesta de la Cotbn, que se desechó para favorecer a sectores inmobiliarios y del agro, se podrían haber amortiguado las consecuencias del temporal reciente. Muchos sectores del agro que impulsaron esa ley hoy tienen sus campos inundados.

 

* Por Darío Aranda. Publicado el 23 de marzo de 2015 en el diario Página12.

Escuelas fumigadas

Escuelas fumigadas

escuelas fumigadas“En este mismo momento hay un niño en una escuela que está siendo fumigado con veneno”, denunció Jorge Bevacqua, entrerriano de la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay. Sucedió en la primera audiencia pública en el Congreso Nacional sobre escuelas fumigadas con agrotóxicos. Se escuchó una veintena de relatos de trabajadores de la educación y detalles sobre alumnos y maestros afectados por químicos. Reclamaron un mínimo de 1000 metros de distancia entre las fumigaciones y las escuelas, cuestionaron el modelo agropecuario y denunciaron la “inacción” del Ministerio de Educación de la Nación.

El Anexo del Congreso Nacional lucía atípico. Banderas de “Monsanto fuera de América latina”, “Paren de fumigarnos”, eran algunas de las banderas que sobresalían en el tercer piso. “Estamos hablando de 700 mil niños en riesgo por fumigaciones. En la última campaña se usaron 317 millones de litros de productos tóxicos”, abrió la audiencia el diputado Antonio Riestra (bloque Unidad Popular) y lamentó la ausencia de los ministerios de Agricultura, Ciencia y Salud.

Leandro García Silva, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, recordó que el organismo acaba de publicar un documento que solicita la reclasificación de los agroquímicos y que se tenga en cuenta los efectos crónicos, la necesidad de tomar medidas precautorias y avanzar en un modo de producción sin químicos.

Elisa Lofler, docente de Coronel Suárez, recientemente jubilada, en 2011 conoció los agroquímicos de la peor manera: fumigada, con los chicos en clase. Mostró fotos de los tractores a metros de niños de guardapolvo blanco. “Los nenes gritaban y nos encerramos en el aula”, recordó. Las denuncias nunca prosperaron. En 2012 enfermó. Los análisis confirmaron que tiene endosulfán en sangre. “No se respetan los derechos y la dignidad de los chicos”, lamentó.

Leonardo Moreno, docente de Luján, detalló que los fumigaron cuando estaban en clase. Explicó que denunciaron ante el Poder Judicial, pero que el fiscal archivó la causa. El municipio ni los atendió. Ofelia Montañana, docente rural de Concepción del Uruguay denunció ante la Ufima (Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental) fumigaciones sobre los alumnos en 2012. Recién en agosto de 2014 los llamaron para tomar testimonio. “No estamos en contra del trabajo de nadie, sí por la salud de los niños”, aclaró.

La única voz oficial fue Olga Zattera, coordinadora del Area de Educación Rural de Nación. Precisó que en Argentina existen 10.200 escuelas rurales, el 55 por ciento del total de los establecimientos, y representan el 13 por ciento de la matrícula. Precisó que existe una “mesa federal” de educación rural, trabajan para “superar el aislamiento” de las escuelas, difunden información, realizan encuentros, confeccionan un banco de datos y, precisó, trabajan con el documento del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad).

Marta Verniau, escuela 24 del departamento de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) lamentó no tener apoyo de sus superiores cuando denunció las fumigaciones con agrotóxicos sobre los niños. “Tengo cuatro hijos y seis nietos. Me duele ver a los gurises intoxicados. Mientras discutimos si 100 metros o 500 metros, los niños enferman y mueren por este modelo”, lamentó.

La audiencia se realizó el 28 de octubre, la sala estaba repleta (más de 150 personas de organizaciones sociales y escuelas) y fue convocada por el bloque de Unidad Popular (UP), Antonio Riestra, Víctor De Gennaro y Claudio Lozano. También estuvo presente Pablo López, del Frente de Izquierda.

Jorge Bevacqua, de la Campaña Paren de Fumigar Escuelas y de la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay, fue uno de los gestores de instalar carteles blancos de “no fumigar” en escuelas entrerrianas e informar para que no se fumigue. Le habló directo a la funcionaria nacional. “Si nosotros que somos pocos pudimos, ¿cómo no va poder el Ministerio de Educación?”. Miryam Gorban, nutricionista de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA, explicó que los transgénicos afectan a todos mediante los alimentos.

El diputado Víctor De Gennaro (UP) propuso un proyecto de ley para prohibir las aspersiones a 1000 metros de las escuelas y una ley de soberanía alimentaria. Y reconoció las limitaciones: “Hay muchos legisladores que votan las leyes de negocio y muerte, y rechazan los proyectos de solidaridad y vida como los que estamos presentando”.

Marta Maffei, ex legisladora e histórica referente de Ctera, cuestionó que el Ministerio de Educación tome como referencia el manual del Senasa. “Fue escrito por las empresas”, denunció y puntualizó la violación de la Ley de Educación: “No se cumple el artículo 89 de educación ambiental, el 126 que obliga a proteger a los alumnos de cualquier agresión y tampoco se cumple la obligación de escuelas seguras porque están siendo inundadas de veneno. El responsable es el Ministerio de Educación”.

Coronel Suárez (suroeste bonaerense) es el único lugar del país en el que se realizó un estudio oficial sobre escuelas fumigadas. La Dirección de Medio Ambiente local realizó un detallado informe que revela que existen 41 establecimientos afectados. Por esas denuncias, echaron al funcionario (Emanuel Garrido) que realizó el estudio.

“Más del 90 por ciento de los establecimientos educativos se encuentra expuesto a las derivas y otros tipos de contaminación devenidos de las aplicaciones de agrotóxicos”, señala y confirma la presencia de alumnos con “afecciones respiratorias”, adormecimiento en los labios, cefaleas, irritabilidad en la vista. Realizó recomendaciones a las autoridades municipales y provinciales: “Proteger de forma inmediata” a la comunidad educativa rural y fijar una franja de 2000 metros.

* Por Darío Aranda. Publicado el 1 de noviembre de 2014 en el diario Página12.

El freno a Monsanto cumple un año

El freno a Monsanto cumple un año

Desde hace un año, una movilización social impide la instalación de una planta de semillas transgénicas en Malvinas Argentinas. Para festejarlo, hoy habrá un festival y diferentes actividades. Reclaman que se haga un plebiscito para definir el futuro del emprendimiento.

un año sin monsantoEn la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas habrá celebración, promete ser masiva y tiene un motivo principal: desde hace un año frenan a Monsanto, la mayor empresa de agronegocios del mundo. En los últimos doce meses hubo marchas, campañas informativas, asambleas, la Justicia detuvo la construcción de la planta; el gobierno provincial rechazó el estudio de impacto ambiental; tres universidades nacionales cuestionaron a la empresa; policía y patotas ejecutaron medio docena de represiones sobre la población y un nuevo estudio confirma el rechazo de la población a la instalación de Monsanto en Córdoba. Hoy se realizará un festival de música, feria de alimentos sanos y celebrarán el traspié de la mayor empresa transgénica del mundo.

Monsanto controla el 86 por ciento de las semillas transgénicas del mundo y es referente en el modelo de agronegocios. En junio de 2012 anunció la construcción de su mayor planta para Latinoamérica de semillas de maíz transgénico en Malvinas Argentinas, en un predio de 30 hectáreas. La población se enteró por televisión de que tendría de vecina a una de las empresas más denunciadas del mundo, que instalaría 240 enormes silos en el barrio y procesaría millones de toneladas de maíz al año. Nacía la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida.

Los vecinos solicitaron información, pero nunca llegó. Y comenzaron a pedir explicaciones al municipio (intendente Daniel Arzani, UCR), a la provincia (José Manuel de la Sota, PJ) y a la Nación. Tampoco obtuvieron respuesta. Iniciaron las marchas y reclamos con dos puntos principales: un estudio de impacto ambiental y una votación para que la población decidiera. Todos los funcionarios rechazaron la posibilidad de un plebiscito.

Desde que comenzó la movilización en Malvinas Argentinas, sobrevinieron seis represiones (con más de veinte heridos, siempre vecinos), ejecutadas por la policía provincial, punteros políticos y patotas de la Uocra.

La semana pasada se conoció una nueva encuesta, realizada por el Conicet a pedido de la ONG internacional Avaaz. Nueve de cada diez habitantes están a favor de realizar un plebiscito y el 65 por ciento votaría en contra de la instalación de Monsanto.

Gastón Mazzalay, de la Asamblea de Malvinas, afirmó que el balance de la lucha es “positivo porque se logró frenar la construcción y se dejaron en evidencia todas las irregularidades en las autorizaciones para Monsanto”. Mazzalay aclaró que “aún falta” para le erradicación definitiva de la empresa, explicó que recién están comenzando a dimensionar la repercusión de su lucha (suelen visitarlos periodistas y activistas de todo el mundo) y apuntó al poder político: “La única forma de que Monsanto se instale es si el gobernador viola la ley”. Se refiere a la ley provincial 9841, de Uso de suelos, que estipula que plantas como la de la multinacional deben radicarse en zonas industriales (no es el caso del predio de Malvinas Argentinas).

En enero pasado, la Cámara del Trabajo detuvo la construcción de la planta solicitado en un amparo de la Asamblea de Malvinas. El fallo declaró la arbitrariedad y la inconstitucionalidad de las ordenanzas de la municipalidad y la provincia que habían posibilitado el inicio de la obra. En febrero, la Secretaría de Ambiente rechazó el estudio de impacto ambiental de Monsanto por grandes carencias técnicas. Entre ellos, no mencionaba cómo se tratarían los desechos ni el gran consumo de agua. Sin embargo, la provincia dejó abierta la posibilidad de una segunda presentación.

La discusión sobre Monsanto potenció denuncias y movilizaciones en Córdoba respecto del uso masivo de agroquímicos, los desmontes, las sequías y la especulación inmobiliaria. Se sucedieron marchas con gran convocatoria, como nunca antes por el extractivismo y exigieron la “emergencia ambiental” en la provincia. En Río Cuarto (donde Monsanto planeaba instalar una planta experimental), la acción de organizaciones sociales y la UNRC motivaron los cuestionamientos de buena parte de la sociedad. El intendente, Juan Jure, prohibió por decreto la instalación de Monsanto.

Sofía Gatica, de la organización Madres del Barrio Ituzaingó de Córdoba, explicó que son muchos los que han contribuido al freno a Monsanto en Malvinas Argentinas, reivindicó el papel de los “autoconvocados” del acampe, resaltó que “es el pueblo el que está frenando a esta multinacional genocida” y dejó un aviso, extensivo para otros casos: “Multinacionales y gobiernos tienen que entender que las comunidades locales no quieren un modelo que contamina, enferma y mata”.

Tres universidades nacionales rechazaron la planta. En documentos separados, la Universidad Católica, la de Río Cuarto (UNRC) y la de Córdoba (UC) cuestionan que se hubiera permitido la obra sin la previa evaluación de impacto ambiental, como establece la Ley General del Ambiente (25.675), y tampoco se cumplió con las audiencias públicas que insta la ley. Las tres universidades nacionales también explicitaron la vigencia del “principio precautorio” (cuando haya riesgo de afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas protectoras que pueden provocar esa afectación).

En abril de 2013, la UC, la Universidad Católica y el Conicet realizaron una encuesta sobre 350 personas de Malvinas Argentinas. Nueve de cada diez (87 por ciento) se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechazaba la instalación de Monsanto.

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Jornada de festejos

La segunda jornada Primavera sin Monsanto será hoy en la plaza San Martín de Malvinas Argentinas. Se celebrará el año del bloqueo y freno a la empresa. Habrá música, talleres, feria agroecológica y alimentos sin agroquímicos. Estarán presentes Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Aleida Guevara (hija del Che) y Félix Díaz (vocero del Consejo Plurinacional Indígena). También se recordará al científico Andrés Carrasco, que confirmó en 2009 los efectos letales del glifosato y falleció en mayo pasado.

La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, el Acampe por la Vida y Madres de Ituzaingó son algunas de las organizaciones convocantes. Rubén Patagonia, Ciro Pertussi, Perro Verde y Duende Garnica son algunos de los músicos confirmados. Las actividades comenzarán al mediodía y se extenderán hasta entrado el sábado. “No a Monsanto en Córdoba y América latina” es una de las banderas principales.

* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de septiembre de 2014 en el diario Página12.