May 19, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
La Ley de Servicios Comunicación Audiovisual, el Papa, la Corte y la recuperación de tierras fueron temas de la proclama.
El Consejo Plurinacional Indígena reúne a organizaciones de catorce pueblos originarios de Argentina. Acaba de difundir una extensa proclama en la que analiza el pasado reciente y el futuro próximo de los pueblos originarios. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cumbre indígena en Formosa, el encuentro con el Papa, un fallo de la Corte Suprema a favor del pueblo mapuche, la recuperación de tierras guaraníes y la autonomía del pueblo kolla son algunos de los pasos adelante en el último año. En contraposición, el vaso medio vacío: la falta de aplicación de los derechos indígenas, el avance de industrias extractivas y la falta de diálogo con el Estado.
Con bases territoriales en Misiones, Chaco, Formosa, Salta, San Juan, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro (entre otras provincias), el Consejo Plurinacional está posicionado como uno de los espacios colectivos del mundo indígena argentino y suelen utilizar una frase que los definen: “Ni opositores ni oficialistas. Exigimos el cumplimiento de nuestros derechos y el respeto a nuestros territorios”.
Acaban de reunirse en Neuquén y emitieron su pronunciamiento. “La naturaleza colonial del Estado se empecina en lograr que seamos los desaparecidos de la historia y del presente”, comienza el documento. Resaltan como positivo la cumbre indígena de Formosa, donde consensuaron acciones, demandas y propuestas. También valorizan el encuentro con el Papa. Acompañan el fallo de la Corte Suprema que dio plena vigencia a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “La primera ley que reconoce como sujeto de derecho colectivo a los pueblos indígenas”, remarcan y cuestionan la “manipulación” política del canal de televisión mapuche Wall Kintun. La reforma del Código Civil fue muy cuestionada durante 2012 y 2013 por diversas organizaciones. Lograron que la mayor parte de las modificaciones fueran aceptadas y mantienen la exigencia de que la propiedad comunitaria indígena sea tratada en una ley especial.
Entre las buenas también destacan la sentencia de la Corte Suprema que otorgó la razón a la Confederación Mapuche de Neuquén. El gobierno provincial había condicionado por decreto la manera de entregar las personerías jurídicas a las comunidades. La Corte determinó que el decreto era inconstitucional, reafirmó la vigencia del autorreconocimiento indígena y la obligación del Estado a consultar a las comunidades. De Misiones destacan la recuperación de territorios del pueblo mbyá guaraní en la reserva de biosfera Yabotí. En Salta, el pueblo kolla generó un hecho histórico. Aprobó el “Estatuto de Autonomía”. Aprobaron una normativa que establece la libre determinación, cómo será su educación, salud, Justicia y economía. “Es una decisión política de ejercer el derecho y que será ejemplo para todos los pueblos indígenas que soñamos con un Estado Plurinacional”, celebran.
En cuanto a lo que falta y a las acciones por venir, recuerdan que diez indígenas fueron asesinados en los últimos años por defender el territorio, resaltan el rechazo a Chevron en Neuquén, cuestionan la técnica de fractura hidráulica, señalan el rechazo del pueblo mbyá guaraní a la construcción de la represa de Garabí en Misiones y denuncian el avance del monocultivo forestal. Precisan el incumplimiento de la Ley Nacional 26.160, sancionada en 2006 y que establecía relevar los territorios indígenas en tres años. A siete años de la sanción, el Consejo Plurinacional precisa que sólo finalizó el relevamiento en el doce por ciento de las comunidades. Citan el caso de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh, donde Provincia y Nación no dieron participación a las autoridades qom, censaron menos hectáreas de las que posee la comunidad y dejaron fuera a 17 casas.
———-
Desalojo de campesinos
Un desalojo a campesinos en Santiago del Estero fue el último de una decena de hechos que motivó a la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino a declarar el estado de “alerta” en todas sus comunidades de base. “Derecho a la tierra, una lucha cotidiana de las familia campesinas”, es el título del comunicado que cuestiona la “falta de respuestas políticas” a la situación de “inseguridad e indefensión” en la que viven las familias rurales. La Acina reclamó el fin del “atropello empresarial, las órdenes de desalojo y amenazas”. El último caso se dio en el paraje Oloma Bajada (departamento de Sarmiento, centro geográfico de Santiago del Estero). El 17 de abril llegó hasta el paraje un empresario santafecino y alambró las tierras de seis familias campesinas que debieron comenzar un peregrinaje a oficinas del gobierno y a tribunales para demostrar lo que todo el paraje sabe: que hace más de cincuenta años que viven y trabajan en el lugar.
* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de mayo de 2014 en el diario Página12.
May 8, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
Félix Díaz, la lucha qom y la resistencia mapuche. Las empresas extractivas y los gobiernos. El racismo argentino y la unión de los pueblos indígenas.
El referente qom Félix Díaz visitó Neuquén invitado para disertar sobre la lucha indígena y la criminalización de la protesta social. Recordó su despertar en la lucha, la situación en Formosa, la necesidad de articular con otros pueblos y la consolidación del Consejo Plurinacional Indígena. Y, claro, habló de la defensa del territorio, el rol de las multinacionales y los gobiernos. “Somos una nación preexistente, que convive con una sociedad que se dice supuestamente civilizada, intelectual, y que nos niega derechos por tener rasgos indígenas”, explica Díaz y remarca la prioridad de fortalecer la unidad de los pueblos indígenas.
-¿Por qué vino a Neuquén?
-Tenía una necesidad de volver, de saber algo de los los hermanos, retomar las cosas que veníamos haciendo. Quería saber de las cosas que estaban pasando acá, porque en Formosa tenemos muchos conflictos y como nos centramos en eso pareciera que no existen los conflictos en en otras provincias. Es bueno estar acá, para informarnos de la realidad de las comunidades mapuches.
-¿Qué pudo observar de Neuquén?
-Fuimos a la fábrica Zanón (Actual Fasinpat), una experiencia muy hermosa, el ser sus propios administradores. Es una experiencia muy nueva para mí, la de ver a los trabajadores ser sus propios patrones. Imagínese que nosotros somos los que proveemos mano de obra, recursos naturales y vivimos en la extrema pobreza, porque los empresarios explotan a los obreros, con el apoyo de los gobiernos. Y nosotros somos siempre las víctimas porque no tenemos la posibilidad de poder tomar decisiones sobre nuestra propia organización, nuestros recursos, no tenemos esa autonomía por la carencia de recursos.
-¿También estuvo en Añelo? (localidad epicentro de Vaca Muerta)
-Es lamentable la situación que están pasando allí. Es similar a lo que sucede en la zona wichi de Formosa, con empresas petroleras instaladas en el territorio. No tienen educación, vivienda, luz, agua. Ni siquiera hay caminos. Sin embargo tenemos la ley que garantiza los derechos humanos de los pueblos indígenas. La ley está, pero no se cumple. Muchos de estos problemas son porque no conocemos las leyes que nos protegen.
-¿Pudo conocer la lucha contra el fracking que se da en Neuquén?
-Sí. Y vi una articulación muy fuerte entre los gremios, organizaciones sociales e indígenas. Es muy productivo que se organicen y luchen juntos. La verdad es que esto es muy alentador, pero siempre está la parte en que los partidos políticos y organizaciones confunden el rol de los pueblos indígenas y quieren cooptarlos. Y los medios ayudan a esta confusión.
-¿Cómo juegan los medios de comunicación?
-Los medios son fundamentales para los pueblos indígenas. Los qom tenemos nuestra propia lengua materna, de la cual nosotros traducimos los anuncios oficiales y noticias de internet, para dar un panorama de la situación nacional. Y la gente, al escuchar todo esto, se da cuenta de la manipulación de los medios de comunicación. El cuarto poder, los periodistas, negocian la información. Los pueblos indígenas todavía conservamos la honestidad, la capacidad de respetar la palabra, que puede ser una alternativa para la sociedad, de escuchar una voz honesta.
-¿Cómo hacer que la voz indígena se escuche más?
-Es un espacio a construirlo. Una herramienta puede ser la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, debe ayudarnos a desarrollar nuestra identidad cultural. Necesitamos que el decir indígena no sea manipulado, el mismo indígena tiene que defender su pensamiento; qué es lo que queremos y cómo queremos hacer las cosas. Es lo mismo en la educación, es necesaria la participación indígena.
-¿Cuál es el rol de los jóvenes indígenas?
-La esperanza está en los jóvenes, que son los que deberían defender este proyecto de participación, para que mañana sean los protagonistas de la lucha. Pero la lucha es de todos, no solo de los indígenas, sino de la sociedad toda.
Formosa
-¿Cuándo y cómo fue el despertar de la conciencia para luchar por los derechos?
-Encontrarme conmigo mismo no fue fácil. Retomar mi identidad fue un cambio en el que tuvo que ver el estar en distintas organizaciones. Me encontré conmigo mismo en el 2001. Yo siempre pensé como indígena, pero en los partidos políticos en los que estuve me sacaron ese pensamiento. Mi pelo era largo siempre, como ahora, pero en el Ejército me pelaron, me sentía tan inútil, porque me desnudaron de mi identidad y me pusieron un disfraz, y sin darme cuenta de este proceso, en el Ejército tuve que aprender a hablar castellano, tampoco sabía leer. Cambiaron mi forma de ser, siempre mantenía el cabello corto, porque eso era ser “civilizado”. Ya no sos indígena, me dijeron, ahora sos cristiano.
Bajo esa mirada trabajé en distintos sectores sociales, identificándome con la iglesia, con líderes de izquierda como el Che Guevara, Fidel Castro. Ahí empecé a pensar en ser campesino, y no en ser indígena, en que mis hijo fueran abogados, médicos. El querer “ser alguien” me hizo olvidar de ser indígena.
En el 2000 realicé una serie de entrevistas a ancianos, una investigación de mi propia identidad. Ahí pude redescubrir nuestra identidad cultural. Y me doy cuenta de lo importantes que somos. Al traer de vuelta esa naturalidad del ser indígena. Y eso me ha costado mucho dolor, porque los que creía hermanos en la iglesia, amigos en esos partidos y sectores sociales se olvidaron de mí y se pusieron en contra. Luché contra eso con mi ser indígena. Nunca tuve miedo de ser indígena. Y pude lograrlo mediante la honestidad y haciendo algo para la gente, y no condicionando al otro para darle una mano. Cuando puedo hacer algo, lo hago y para todos.
Debemos salir de ese encierro que nos pusieron. Es enriquecedor saber lo que soy. No somos cualquiera. Somos una nación preexistente, que convive con una sociedad que se dice supuestamente civilizada, intelectual, y que nos niega derechos por tener rasgos indígenas, pensar como indígenas, actuar en comunidad. Si nosotros no denunciamos, si no defendemos nuestra cultura, nadie lo hará por nosotros.
-¿Cómo es la situación actual en Formosa?
-Sigue la lucha, sigue la persecución de la Justicia, del gobierno provincial y del gobierno nacional. Hemos logrado cambios, pasos importantes, de ponernos en la lucha con la guía de los mayores. Nuestros problemas se resolverán con mejores estrategias políticas, organización, mediante el diálogo, una estrategia que sea participativa y que seamos parte de esa construcción que será beneficiosa para todas las comunidades. Y es un desafío muy grande pelear contra las empresas extractivas.
-¿Por qué?
En el Norte hay pozos petroleros, ganadería, soja, y ahora se están adueñando de las aguas. Es un peligro para los indígenas, porque para el Estado el territorio indígena que “no se usa”, creen que es que es tierra ociosa. Y nos van a matar por nuestras tierras, no con las armas, sino que nos van a aislar, con la ignorancia y negando todos nuestros derechos. Para superar eso, hay que estar juntos.Para nosotros, como hemos vivido defendiendo los recursos naturales, queremos ser parte de la política que regule el uso de los recursos, por eso la importancia de la capacitación de nuestros jóvenes y discutirles de igual a igual a las multinacionales.
-¿Siente discriminación hacia los pueblos indígenas?
-Sí, hay mucha discriminación. Un ejemplo, en nuestro territorio hay una fundación de italianos, alemanes, yugoslavos, polacos, y viven hace años en nuestro territorio. Y hablan en su idioma y nadie les dice nada. Pero cuando nosotros hablamos en qom, nos dicen ‘hablen como la gente’. Entonces pareciera que no pertenecemos a la sociedad civilizada, la sociedad inteligente que dicen ser. Muchos quieren desarrollar sus capacidades, pero bajo la explotación del otro.
Nacional
-¿Por qué la articulación de distintos pueblos en el Consejo Plurinacional Indígena?
-Cada vez que salgo de mi comunidad me sorprendo. Nunca creí que en Argentina vivieran muchísimos pueblos, que tienen gran riqueza y que nadie les da importancia. Entonces lo ideal es que nosotros construyamos nuestra organización propia, para defender lo nuestro. Empresarios, estados y partidos políticos se organizan para expropiar nuestra cultura, nuestra sabiduría, nuestra naturaleza. Si no hacemos nada, mañana vamos a pagar el costo de esta violación de los derechos humanos, sin territorio, sin cultura y dependiendo de un Estado que nos colonizó. Y es muy triste si llegamos a perder nuestras raíces. Por eso es importante nuestras raíces. El futuro está en nuestra espalda. En este proceso estamos dejando huellas a las generaciones que vendrán, estamos fijando las huellas de nuestros ancestros. Atrás, en nuestros ancestros está el futuro. Ese archivo hay que cuidarlo.
-¿Cómo lograr aliados en la esta lucha?
-Uno no puede encerrarse. Buscamos alianzas. Queremos abrir puertas, ser escuchados y escuchar al otro. La política indígena es parte de la reconstrucción de una sociedad con muchas deficiencias. Y nosotros tenemos certeza de que somos parte de la esperanza de la sociedad, somos una alternativa a la sociedad.
-¿Cuál es el rol del Estado?
-Nosotros peleamos para que esas miradas de dependencia sean desarticuladas. Queremos ser autónomos, pero no queremos separarnos del Estado. El objetivo es compartir con la sociedad todo lo que sabemos y hacemos, pero manteniendo nuestra identidad cultural como pueblo. Nosotros siempre hablamos de “nosotros”, nunca usamos el “yo”. Nunca decimos yo quiero, sino, nosotros queremos. Estando acá en Neuquén hay una coincidencia de pensamientos en este sentido, es la forma de ser de los pueblos indígenas, y eso es muy bueno, a pesar de la distancia. A pesar de que hablamos idiomas distintos, tenemos el mismo pensamiento.
-¿Cómo ve el futuro?
-Seguiremos trabajando, tratar de hacer algo positivo, y no ver al otro como enemigos, menos entre indígenas. El enemigo es el poder económico. Muchos de nuestros hermanos se han vendido por las migajas al Estado, no es su culpa, sino de un sistema que nos impone pobreza. Debemos avanzar por un camino que sea propio, y que podamos trabajar, fortaleciéndonos, intercambiar información y estar cerca de los otros. Hay que juntarse con otros para defender lo nuestro. Tenemos que sentir ese corazón humano que tenemos, fortaleciéndolo con otros. No tenemos que dejar que se enfríe el corazón, porque el corazón frío mata, ignora, maldice y trata de adueñarse de lo ajeno.
La idea es seguir aprendiendo, construyendo algo propio de los indígenas. Yo no soy mapuce, pero en territorio mapuce me siento parte de la familia. Ojalá los mapuce conozcan territorio qom, para que sepan quienes somos. Debemos fortalecer la unidad de los pueblos indígenas.
* Por Umawtufe Wenxu y Darío Aranda. Publicado el 8 de mayo de 2014 en el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.
Abr 17, 2014 | 2014, Campesinos
Diversas organizaciones presentarán hoy sus demandas al conmemorarse una jornada que busca defender las semillas criollas y avanzar hacia la soberanía alimentaria.
Defender las semillas criollas y avanzar hacia la soberanía alimentaria son las consignas principales en el Día Mundial de la Lucha Campesina, que se conmemora hoy. En Argentina, con un piso de nueve millones de hectáreas rurales en disputa, perdió estado parlamentario el proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. Y todas las organizaciones de base denuncian el avance del agronegocio y cuestionan la falta de apoyo del Estado a los sectores populares del campo.
“Las semillas tienen un lugar fundamental en la lucha por la soberanía alimentaria. De ellas depende el alimento de los pueblos, cómo se cultiva y quién lo cultiva”, explica el llamamiento de la Vía Campesina, que nuclea organizaciones de 70 países y denuncia la “privatización” de las semillas que impulsan las grandes empresas.
El Movimiento Campesino Indígena (MNCI) se movilizará hoy en varias provincias y el 1º de mayo en Capital Federal; junto al Movimiento Evita y otras organizaciones marchará al Ministerio de Trabajo, a Desarrollo Social y al de Agricultura. “Denunciamos la falta de recursos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y reclamamos una ley integral para el sector”, afirmó Diego Montón, del MNCI. También alertó por un proyecto de ley de semillas impulsado por Monsanto y resaltó que “el extractivismo no posibilita ningún proyecto nacional ni latinoamericano”.
En Sáenz Peña (Chaco), hoy habrá una gran asamblea convocada por la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores Rurales (Cocitra). Será para definir detalles de un plan de lucha provincial. “El agronegocio avanza y no tenemos apoyo real de provincia ni de Nación”, resumió Raúl Galván. Señaló que saldrán en tractores, camionetas, carros y a caballo para visibilizar la situación campesina. Cuestionó al Poder Legislativo: “Pasaron años y ni leyeron el proyecto de ley para frenar los desalojos. No les importamos”. Reveló que sólo se financian proyectos a “organizaciones paraestatales, oficialistas”.
El 17 de abril de 2011 se presentó en el Congreso un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. Fue impulsado por el MNCI, la Asamblea Campesina Indígena del Norte, el Frente Nacional Campesino, el Movimiento Campesino Liberación y el Foro de la Agricultura Familiar, entre otros. En noviembre de 2011, cuando asesinaron al campesino Cristian Ferreyra en Santiago del Estero, fue vuelto a presentar, junto a legisladores del oficialismo. En octubre de 2012 asesinaron al campesino Miguel Galván. El proyecto de ley nuevamente fue presentado. Luego de tres años, el proyecto no fue tratado y perdió estado parlamentario.
El Ministerio de Agricultura reveló en 2013 que hay un piso de 9,3 millones de hectáreas en disputa y 64.000 familias campesinas e indígenas afectadas.
Desde la Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), José Luis Castillo, señaló que tanto hoy como el 19 (Día del Indígena Americano) son momentos de “reflexión, unión y lucha”. Resaltó como positivo que en los últimos años se logró el trabajo conjunto de organizaciones campesinas. Señaló cuatro ejes de acción: freno a los desalojos, crear un instituto de la agricultura familiar, financiamiento para el sector y declarar la función social de la tierra (que fue eliminado en 2013 del proyecto de Código Civil). “La caja del Ministerio de Agricultura sigue siendo para el agronegocio. Y las monedas para agricultura familiar”, cuestionó.
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) del Frente Darío Santillán está formada por productores hortícolas. Elaboraron la propuesta de una “colonia agrícola integral de abastecimiento urbano”, un espacio de producción de alimentos sanos y para los sectores populares. Aunque fue presentado a distintas instancias del Estado, siempre chocó con la burocracia y la indiferencia. Luego de un acampe de dos días, el Ministerio de Agricultura de Nación se comprometió en 45 días a ofrecer tierras fiscales donde producir, y créditos blandos para insumos y maquinarias.
Nahuel Levaggi, de la UTT, evaluó que la “correlación de fuerzas es muy desigual” entre el agronegocio y el campesinado, afirmó que “el único que puede equilibrar esa balanza es el Estado” y se animó a la autocrítica: “Tenemos que elaborar propuestas, presionar arriba para poder plasmarlas y evitar la fragmentación del campo popular”.
En el norte de San Luis habrá jornada de trabajo comunitario para producción de alimentos. Será en la Asociación Campesina del Valle de Conlara, organización rural que en 2013 obtuvo un fallo favorable de la Justicia para frenar las fumigaciones. Sin embargo, en los que va de 2014, los campesinos sufrieron cuatro fumigaciones. “Hicimos las denuncias y ahí estamos, resistiendo”, señaló Goyo Arias, de la Asociación Campesina. Recordó que en la zona están presentes Cresud, Monsanto y pooles de siembra que inundan los campos con soja y maíz transgénico. Resumió el 17 de abril como “un día de reivindicación de nuestros derechos y también de reivindicación de la vida digna del campesino, una forma de vida que muchos poderosos no quieren respetar”.
———-
Aquella matanza en Brasil
El 17 de abril de 1996, en el estado amazónico de Pará (Brasil), el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra bloqueó una ruta en reclamo de la reforma agraria. La policía asesinó a 21 campesinos e hirió a 69. La organización denunció que la represión estuvo orquestada por autoridades políticas, la policía, el ejército y grandes terratenientes. La organización internacional Vía Campesina conmemora cada 17 de abril como el Día de la Lucha Campesina y este año hizo hincapié en las semillas.
“Luchamos en defensa de las semillas campesinas, porque son esenciales para una reforma agraria integral y de nuestro modelo de agricultura basado en la producción agroecológica. Las semillas son un patrimonio de los pueblos, son parte de los bienes comunes como la tierra y el agua, y deben permanecer en manos de los pueblos”, explica la convocatoria. Advierten y cuestionan políticas empresarias y estatales de “privatización” de semillas.
* Por Darío Aranda. Publicado el 17 de abril de 2014 en el diario Página12.
Ene 11, 2014 | 2014, Campesinos
Campesinos del nordeste de la provincia presentaron un amparo y lograron que una jueza frene las fumigaciones con agroquímicos que afectaban sus campos. Es la primera vez que la Justicia de esa provincia adopta este tipo de medidas.
Campesinos de San Luis lograron algo inédito para la provincia: frenar las fumigaciones con agroquímicos. “Dispongo ordenar el cese de toda actividad de pulverización con sustancias químicas de uso agropecuario”, insta el fallo de la Justicia puntana sobre un campo de maíz y soja en el nordeste de la provincia. La medida fue solicitada por la Asociación Campesina del Valle de Conlara, que desde hace años sufre las fumigaciones. El fallo prohíbe el uso de todo tipo de agroquímicos y aplica el “principio precautorio” vigente en la Ley General del Ambiente (cuando haya riesgo para la salud y/o el ambiente, es necesario tomar medidas preventivas). En la misma zona están presentes las empresas Monsanto, Syngenta y Cresud.
En el nordeste de San Luis (departamento de Junín) sobresale la turística localidad de Merlo. Las familias están en la zona “desde siempre”, aseguran, son cuarta y quinta generaciones de campesinos. Hace una década todo comenzó a cambiar. Grandes empresas llegaron, familias campesinas fueron expulsadas del territorio ancestral y los desmontes fueron regla. Los recién llegados (también denunciados por campesinos) son las empresas Cresud (del Grupo IRSA, el mismo de los shoppings porteños), Monsanto, Syngenta y pooles de siembra de menor renombre.
El acuífero generoso que riega el lugar animó a los empresarios a utilizar la tecnología de pivot, unos grandes muñecos de metal con ruedas que riegan con precisión y facilitan el agronegocio aun en climas hostiles. Y comenzaron también las fumigaciones en campos de maíz transgénico y soja. Las parcelas lindantes, propiedad de campesinos, sufrieron consecuencias: animales muertos, huertas quemadas y afecciones en la salud como intoxicaciones, problemas en la piel y el sistema respiratorio.
En la zona está presente la Asociación Campesina del Valle de Conlara, una de las organizaciones rurales más novedosas de la última década. Interacción de técnicos y campesinos de diversas edades (de abuelos a nietos), decisiones colectivas, articulación con organizaciones rurales y urbanas diversas, apuesta a un modelo de agroecología y soberanía alimentaria, y distante de los gobiernos. Todo en una provincia con pocos antecedentes de organización rural.
El diálogo entre campesinos y empresarios no prosperó. Y en noviembre la situación tocó fondo: se hicieron cinco fumigaciones en un mes en los parajes Santa Martina y Ojo del Río, en el kilómetro 907 de la Autopista 55. El hospital local confirmó la intoxicación de hombres, mujeres y niños. Y los campesinos realizaron la denuncia contra el empresario Mariano Poncio en la comisaría y presentaron un amparo ambiental, con medida cautelar, para proteger la salud.
El Juzgado en lo Civil, Comercial, de Minas y Laboral de Concarán, a cargo de la jueza María Uccello de Melino, hizo lugar al pedido: “Dispongo ordenar el cese de toda actividad de pulverización con sustancias químicas de uso agropecuario en la zona que afecta a las comunidades de Santa Martina y Ojo del Río”, resolvió.
Es la primera vez que en San Luis se prohíben las fumigaciones, con particularidades sobresalientes: no se prohibió sólo el glifosato (el herbicida más usado del país) sino todos los agroquímicos. Y no se fijaron límites en metros como en otros fallos (los antecedentes judiciales van de 300 a 2000 metros) sino que se prohibieron por completo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La jueza fundamentó en base al artículo 41 de la Constitución Nacional y el 47 de la Constitución de San Luis. Y remarcó la vigencia del artículo 4 de la Ley Nacional 25.675 (Ley General del Ambiente). “Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.”
La Asociación Campesina del Valle de Conlara apuntó al modelo: “Nuestros cuerpos, nuestros bosques, nuestra agua y nuestra tierra no pueden ser miradas por los empresarios como sus costos de producción, de una producción que contamina, envenena y concentra. Y el Estado no puede seguir mirando para otro lado”, advirtieron en un comunicado y celebraron la decisión judicial. “Nos permite permanecer en nuestras comunidades sin el temor de estar siendo fumigados, nos da la posibilidad de pensar nuestra producción de alimentos sin agrotóxicos. Nos refuerza la decisión de seguir viendo el campo como nuestro lugar de vida, sano y natural. Esta medida se convierte en la fragua de nuestros derechos, avivando el fuego de la esperanza y de la lucha”, afirmaron.
El fallo, con fecha del 13 de diciembre, afirma que las leyes vigentes obligan a “prevenir y evitar el daño ambiental y a la salud, derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”.
La Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid, empresarios del agronegocio), filial San Luis, cuestionó la decisión judicial y la consideró “absurda y carente de fundamentos”.
———-
Siete provincias
Siete provincias ya cuentan con decisiones judiciales que prohíben fumigaciones. Los fallos, incluso de máximos tribunales provinciales, fijan límites de hasta 2000 metros de distancia de viviendas y cursos de agua. Y remarcan la vigencia del principio precautorio vigente en la Ley Nacional 25.675: cuando haya riesgo deben tomarse medidas preventivas.
En 2003, en Colonia Loma Senés, en Formosa, y por una denuncia de campesinos, la jueza Silvia Amanda Sevilla, ordenó cesar con las fumigaciones. En diciembre de 2008, la Justicia cordobesa prohibió a productores de soja que fumiguen en cercanías del barrio Ituzaingó Anexo. Apuntó contra el glifosato y el endosulfán. Fijó límites de 500 metros de zonas urbanas y, en fumigaciones aéreas, 1500 metros.
En San Jorge (Santa Fe), un grupo de familias denunció en 2009 a un productor que los fumigaba. Jueces de primera y segunda instancia prohibieron esa tarea a menos de 800 metros si era por métodos terrestres y 1500 metros si lo hacían con avión. En abril de 2010, en Chaco, la Justicia prohibió el uso de agroquímicos en la localidad de La Leonesa y también protegió los cursos de agua. Los límites fueron de 1000 metros en forma terrestre y 2000 si era con avión. Las distancias fueron ratificadas por el Superior Tribunal de Justicia de Chaco.
En septiembre de 2011, en Antillas (Salta), el Juzgado Correccional 2 prohibió las fumigaciones a 1500 metros con avión y no menos de 300 si las aspersiones eran terrestres. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires falló en agosto de 2012. Prohibió fumigar a menos de 1000 metros de las viviendas en Alberti. También fundamentó con el principio precautorio.
* Por Darío Aranda. Publicado el 11 de enero de 2014 en el diario Página12.
Dic 23, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales, Campesinos
Cuatro grandes empresas concentran 370 mil hectáreas en la zona de los Esteros del Iberá. Una fundación explotada por pequeños productores e intervenida por el gobierno provincial en 2001 corre el riesgo de ser entregada a las empresas.
Campesinos de Corrientes denuncian desalojos y se movilizan por el avance empresario sobre territorios rurales. La zona en disputa es el Iberá, el mayor humedal de Argentina y uno de los espacios de mayor biodiversidad del mundo. Responsabilizan al monocultivo forestal y al turismo de la mano de funcionarios, magnates extranjeros y de la Universidad estadounidense de Harvard. Cuatro empresas concentran 370 mil hectáreas. “No nos vamos a bajar ni un centímetro de la lucha por las tierras y contra las plantaciones forestales”, avisó Antonio Lezcano, de la Asociación de Pequeños Productores de Corrientes.
El Iberá está ubicado en el centro-norte de Corrientes y abarca cinco departamentos. Uno de ellos es San Miguel, a 160 kilómetros de la capital correntina, donde el 44 por ciento de la población vive en el campo (4500 personas) y el 50,2 por ciento tiene “necesidades básicas insatisfechas”, según el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Es el epicentro de las disputas por el territorio.
Los pequeños productores –junto con la organización socioambiental Guardianes del Iberá, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Comunidad Guaraní Yahaveré– se movilizaron el jueves 5 de diciembre a la capital provincial y cuestionaron a “los dueños del Iberá”. La Universidad de Harvard posee 85.471 hectáreas (mediante las empresas Las Misiones y Empresas Verdes Argentinas –Evasa–), el multimillonario húngaro George Soros, 76.498 hectáreas, Gilberte Yvo-nne de Beaux (millonaria francesa conocida como “madame Beaux”), 51.178 hectáreas y Douglas Tompkins, 154.616 hectáreas. En total, cuatro privados poseen 367.763, el equivalente a 18 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
“Este avance extractivo genera un daño ambiental y comunitario grave, con consecuencias irreparables y provocando la migración forzada de las comunidades rurales, no genera fuentes de trabajo”, denunciaron campesinos y organizaciones en un comunicado conjunto.
Antonio Lezcano tiene 46 años y es nacido y criado en la zona. Trabaja diecisiete hectáreas en las que cultiva papa, mandioca, batata, sandía y maíz. “Desde que llegaron las forestales comenzaron a echar a quienes siempre vivieron acá”, explica y precisa que en los últimos cinco años fueron expulsadas al menos 170 familias. “Desaparecieron parajes enteros”, lamenta, y menciona más de diez, entre ellos Santa Bárbara, Montaña y Colonia San Antonio.
Emilio Spataro, de la organización Guardianes del Iberá, explicó que el magnate estadounidense Douglas Tompkins creó en 2002 la empresa forestal Evasa (Empresas Verdes Argentinas). En 2007 la vendió a un fondo de inversión y en 2009 pasó a manos de Harvard. “Tompkins juega armando los proyectos, financiando y trayendo ‘inversores’”, afirmó Spataro. Un ejemplo es el proyecto turístico “Ruta escénica” (el acceso al Iberá), impulsado por The Conservation Land Trust (CLT), la empresa de Tompkins. Las organizaciones sociales aclaran que los accesos hasta los espejos de agua del Iberá (que impulsan empresarios y funcionarios) deben hacerse con canales y terraplenes que acarrean “un importante impacto ambiental” y destacan que el movimiento de dinero del turismo redobla la presión sobre las tierras campesinas e indígenas.
Spataro aseguró que Tompkins (mediante CLT) tienta a los intendentes con obras, como camping y puerto sobre el Iberá y el senador Flinta (presidente de la UCR) es quien articula a intendentes, legisladores y empresarios para concretar las obras. El espacio político para instrumentarlo es el Encuentro de Municipios de la Cuenca del Iberá. Un gran punto de conflicto actual es la Fundación San Nicolás, creada en la década del ’60 como parte de una donación privada de 3100 hectáreas y que tenía como objetivo principal que esa superficie fuera trabajada porcampesinos a través de la Iglesia Católica. Funcionó de esa manera hasta 2001, cuando fue intervenida por el gobierno. En el Cuarto Encuentro de Municipios de la Cuenca del Iberá, en agosto de 2010, empresarios y funcionarios explicitaron la intención de realizar un ingreso al Iberá por las tierras de la Fundación San Nicolás.
El último año, el gobierno pasó esas tierras al Ministerio de Producción. Los campesinos rechazan lo que entienden una “confiscación” del poder político y exigen la normalización de la Fundación para que los campesinos puedan trabajar esa tierra. “Antes había un consejo de administración plural, con todos los actores. Ahora decidirá todo un funcionario y sabemos que están más cerca de los ricos que de los pobres”, advirtió el campesino Lezcano.
Spataro, de Guardianes del Iberá, dijo que “son tierras codiciadas por negocios forestales y turísticos que tienen como trasfondo estrategias de despoblamiento del Iberá. Quieren vaciar el Iberá de campesinos e indígenas”. Cristian Piriz, coordinador del Grupo socioambiental Ysyry, de San Miguel, destacó que “funcionarios y empresarios dicen no tener nada que ver entre sí, pero en el territorio la realidad es una sola, crecen las estancias de Tompkins, crecen los pinos de Harvard y se achican las zonas de chacras de los productores locales de la agricultura familiar”.
———-
El ministro y el senador
El ministro de Producción de Corrientes, Jorge Vara, reconoció que el monocultivo de árboles avanza sobre campesinos y anunció que elaboraron un proyecto de ley para frenar esa avanzada. También cuestionó que “empresarios estadounidenses” acaparen tierras. Respecto de los campesinos y las 3100 hectáreas de la Fundación San Nicolás, aseguró que mientras sea ministro “no se expulsará a nadie que haya trabajado la tierra”. Explicó que los grandes empresarios “fueron rodeando el Iberá de manera estratégica, cerrándolo” y que (mediante campo San Nicolás) podrán “abrir un paso” para recibir turistas desde las localidades de San Miguel y Loreto.
El senador provincial y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes, Sergio Flinta, es señalado por campesinos y organizaciones sociales como el nexo entre forestales, empresarios turísticos y poder político. “Es todo mentira”, resumió Flinta. Negó que en el Iberá haya “problemas de tierras” y señaló que en las 3100 hectáreas de la Fundación-Instituto San Nicolás “no hay campesinos ni pequeños productores, hay sólo intrusos desde hace muchos años que no quieren que el gobierno ordene el lugar”.
* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 23 de diciembre de 2013.
El Consejo Plurinacional Indígena reúne a organizaciones de catorce pueblos originarios de Argentina. Acaba de difundir una extensa proclama en la que analiza el pasado reciente y el futuro próximo de los pueblos originarios. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cumbre indígena en Formosa, el encuentro con el Papa, un fallo de la Corte Suprema a favor del pueblo mapuche, la recuperación de tierras guaraníes y la autonomía del pueblo kolla son algunos de los pasos adelante en el último año. En contraposición, el vaso medio vacío: la falta de aplicación de los derechos indígenas, el avance de industrias extractivas y la falta de diálogo con el Estado.
