Abr 15, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
Ocurre en muchas escuelas rurales, ubicadas cerca de campos donde hay plantaciones de soja. En algunas provincias hay legislación que pone límites, pero muchas veces no se cumplen. Reclaman mayores controles.
«Paren de fumigar escuelas”, es la campaña en la que intervienen asambleas socioambientales, gremios docentes y padres de alumnos. Dan cuenta de miles de escuelas rurales rodeadas por cultivos transgénicos, donde llueven agroquímicos sobre niños y maestros. En Córdoba denuncian que al menos 400 escuelas padecen fumigaciones y, en Entre Ríos, un relevamiento sobre tres departamentos reveló que el 70 por ciento de las escuelas rurales fue fumigada. El único informe oficial del país sobre escuelas y agroquímicos se realizó en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires: 41 establecimientos educativos fueron fumigados. Solicitaron la intervención de autoridades provinciales y nacionales, pero aún no obtuvieron respuesta.
El cartel blanco sostenido por postes semeja las señales de tránsito. Es blanco con letras negras que resaltan: “Atención escuela. Señor aplicador y productor. No fumigar”. Y detalla las leyes que protegen a alumnos. El cartel sobresale frente a la escuela Nº 54 de Colonia Caseros, departamento de Uruguay, Entre Ríos. Es una iniciativa del sindicato docente de Entre Ríos (Asociación Gremial del Magisterio, Agmer) y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay, que comenzaron a articular acciones en marzo de 2012 por las denuncias de maestros y familiares de alumnos de escuelas rurales.
Un caso testigo sucedió en octubre de 2012, cuando fue fumigada la escuela rural Nº 66 de Gualeguaychú. Los chicos padecieron picazón en los ojos, dolores de garganta y vómitos. Los químicos denunciados fueron glifosato, 2.4D, atrazina, clorpirifos, fipronil y deltametrina.
El sindicato y la asamblea comenzaron un relevamiento en toda la provincia. Ya avanzaron en tres departamentos (Uruguay, Nogoyá y Gualeguaychú). Sobre 74 escuelas censadas, el 70 por ciento fue fumigado (52). En el departamento de Uruguay sufrieron aspersiones 15 escuelas de las 28 censadas. En Nogoyá, 18 sobre 23. Y en Gualeguaychú fueron fumigadas 19 escuelas sobre 23 relevadas. Confirmaron casos de afecciones en la piel y vías respiratorias de chicos y maestros, vómitos y problemas gastrointestinales.
“No se cumple con las leyes y disposiciones en cuanto a extremar precauciones y evitar el daño a terceros. Hay escasa contención de parte de los organismos estatales que debieran hacer cumplir las pocas disposiciones de protección vigentes”, señala el informe entrerriano y, mediante imágenes satelitales y fotos, evidencian la cercanía de escuelas y campos transgénicos.
La legislación provincial estipula 50 metros de distancia, pero no se cumple. Docentes y asambleístas aún no definieron cuál debiera ser la distancia, pero coinciden: “Es absurdo que haya sólo 50 metros entre campos fumigados y escuelas”, afirmó Jorge Bevacqua, de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay.
En Buenos Aires hubo denuncias de escuelas fumigadas en Exaltación de la Cruz, Cañuelas y Los Toldos. “Hay muchos casos, pero los docentes tienen miedo. Algunos directivos y funcionarios son amigos de empresarios sojeros. Además está Cargill, que hace donaciones a las escuelas y eso complica todo”, explicó Margot Goycochea, del Foro Ambiental de Los Toldos.
En Cañuelas, en 2010, se sancionó una ordenanza (la 2671) que regula la aplicación de agroquímicos, tomada como referencia por otras localidades. Limita las fumigaciones a 2000 metros de poblaciones urbanas y 200 metros de distancia de escuelas rurales. Diana Iceruk, periodista y asambleísta socioambiental, asegura que la ordenanza “no se cumple plenamente, se continúa fumigando en zonas prohibidas”.
Medardo Avila Vázquez forma parte de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Detalló que en Córdoba los mayores problemas se dan en septiembre con las aplicaciones de glifosato, 2.4D y atrazina. “Son de tres a seis aplicaciones antes de la siembra de noviembre-diciembre, los chicos aún están en las escuelas y los fumigan sin reparos”, denunció.
El médico explicó que, además, en marzo aplican “desecantes” para eliminar la humedad y cosechar. Aplican 2.4D y paraquat. Estimaciones de Médicos Fumigados y sindicatos docentes provinciales señalan que en Córdoba hay 1500 escuelas a menos de 1000 metros de campos fumigados. “De esas 1500, hay 400 escuelas rodeadas de campos de soja y maíz transgénico. Unos 12 mil alumnos y 900 maestros están expuestos a los agrotóxicos”, afirmó Avila Vázquez, que también forma parte de la “Campaña escuelas fumigadas nunca más”. Los casos se repiten en todas las provincias con cultivos transgénicos: Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, La Pampa y Formosa, entre otras.
La Red de Salud Popular Ramón Carrillo, de Chaco, realizó numerosas denuncias en los últimos años. La escuela Nº 552 de Pampa del Indio, donde se fumigaba con los chicos en clases; la escuela Nº 141 Fortaleza Campesina, en el departamento General San Martín, donde se usó glifosato a menos de 100 metros de los alumnos; y la escuela Nº 257 de Tres Isletas, son sólo algunos de los casos.
La Ley de Biocidas de Chaco (la 7032, de noviembre de 2012) fija distancias de 500 metros para las aplicaciones terrestres y 1500 para las aéreas. Alejandra Gómez, de la Red de Salud, marca dos hechos que se repiten en todas las provincias: la ley no se cumple y los docentes tienen miedo a denunciar. En 2010, un fallo judicial frenó fumigaciones con glifosato y endosulfan en las localidades de La Leonesa y Las Palmas, y protegió escuelas rurales al fijar límites de 1000 metros para aplicaciones terrestres y de 2000 metros para las aéreas.
———-
Un estudio en Coronel Suárez
Coronel Suárez es el único lugar de la Argentina en el que se realizó un estudio oficial sobre escuelas fumigadas. La Dirección de Medio Ambiente realizó un informe, llamado “Consecuencias en la salud por la utilización de agrotóxicos en los establecimientos educativos rurales”. El escrito de 104 páginas y fechado en mayo de 2013 revela que existen 41 establecimientos afectados (23 primarios, 16 jardines y 2 secundarios). El secretario de Ambiente, Emanuel Garrido, solicitó ayuda a la gobernación bonaerense y a la Nación, pero aún no obtuvo respuestas.
“Los establecimientos educativos se encuentran expuestos a las derivas y otros tipos de contaminación de las aplicaciones de agrotóxicos”, señala el informe. Detalla que los campos están literalmente pegados a la escuela y muestra tractores mosquito fumigando mientras los niños juegan en el patio. El trabajo confirmó que hubo alumnos con afecciones respiratorias, cefaleas y ojos irritados.
Cuestiona que las escuelas estén “desprovistas de mínimas garantías para la salud” y realiza recomendaciones a las autoridades, como “proteger de forma inmediata” a la comunidad educativa, fijar una franja de 2000 metros alrededor de escuelas y, luego de repasar bibliografía científica nacional e internacional, recomienda “erradicar transicionalmente” los cultivos transgénicos de Coronel Suárez por sus consecuencias sociales, ambientales y sanitarias.
El trabajo fue realizado por un equipo integrado por médicos, docentes, agrónomos y abogados. El secretario de Ambiente comunicó formalmente su trabajo a autoridades de la Dirección General de Educación, al defensor del Pueblo, al Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia y a la Secretaría de Ambiente de Nación. A todos solicitó medidas “urgentes” para proteger a niños y docentes. Incluso recomendó no comenzar las clases por las consecuencias en la salud. Hasta ahora no obtuvo respuesta.
* Por Darío Aranda. Publicado el 15 de abril de 2014 en el diario Página12.
Mar 4, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
El reclamo de indígenas y campesinos por agua, asistencia sanitaria y alimentos terminó con una feroz represión y con cinco detenidos en Pampa del Indio (Chaco). El gobierno provincial acusó a los indígenas de una “emboscada” y señaló que hubo policías heridos de bala. Ramona Pinay, del Movimiento Originarios en Lucha, afirmó todo lo contrario: “Fue una cacería, había saña para pegarles a indígenas, es parte del genocidio que nos toca”. Es la cuarta represión del año en Chaco. En lo que va de 2014, pueblos indígenas y campesinos de la Argentina sufrieron al menos ocho hechos de violencia por reclamos territoriales y sociales.
En octubre pasado murió quemado un bebé qom en el hospital de Pampa del Indio. La familia denunció que se debió a una incubadora improvisada y a mala praxis. Desde entonces se mantienen reclamos por mejoras en la atención sanitaria. Otro factor reciente de reclamo fue la decisión del gobierno de eliminar los bolsones de comida y reemplazarlos por una tarjeta alimentaria de 100 pesos mensuales. Las organizaciones cuestionan que sólo se puede comprar en tres negocios (con acusaciones por precios abusivos y ligados al poder político) y que los bolsones contenían alimentos por más de 200 pesos (el doble de lo que se puede comprar con la tarjeta).
La falta de agua fue el tercer factor de movilización. Desde hace más de un año se suman las denuncias de distribución de agua con olor, no apta para consumo. Y hace dos semanas, el gobierno anunció la cancelación de los contratos de provisión de agua en zonas rurales (que se hacía con camiones).
El Movimiento Pueblos Originarios en Lucha, la Federación Nacional Campesina (ambos nucleados en la Corriente Clasista y Combativa, CCC) y la Multisectorial de Pampa del Indio convocaron a un corte de ruta el miércoles 19 de febrero en reclamo de agua, salud y alimentos. El lugar elegido fue la Ruta Provincial 3 (a 200 kilómetros de Resistencia).
El gobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff ordenó desalojar la ruta. “No podemos permitir el corte permanente de la ruta. La democracia directa acá no existe y se gobierna por los representantes que son elegidos por el voto popular”, justificó el gobernador. A las 18 comenzó la represión. El mismo miércoles a la noche, Bacileff Ivanoff acusó a las organizaciones de haber “herido de bala a cuatro policías”. Al día siguiente, en un comunicado, la policía aumentó la cifra a 29 policías heridos. El procurador general de la provincia, Jorge Canteros, denunció que los efectivos fueron “emboscados” por los indígenas.
Las voces indígenas afirmaron todo lo contrario: 30 heridos (de bala y por contusiones). Y cinco qom detenidos. Ramona Pinay acusó al fiscal de General San Martín, José Sorabella, de provocar “un estado de sitio y cacería de indígenas; es un racista, siempre falla contra los indígenas y es público su desprecio hacia nosotros”.
Fueron detenidos los qom Enrique Tomas, Justino Cáceres, Ramón Florito, Simón González y Claudio Peñaloza. El abogado Gonzalo García Veritá denunció la “total ilegalidad” de la detención (sin orden de un juez), y el domingo 23 presentó un hábeas corpus para la inmediata liberación. El lunes 24 fue rechazado por la jueza de Garantías de General San Martín, Ana María Rubio. “No siguió el procedimiento legal que requieren los derechos básicos de una persona privada de su libertad”, cuestionó el abogado.
El mismo lunes, en declaraciones a Radio Ciudad (de Chaco), el procurador adjunto (superior de los fiscales), Miguel Fonteina, señaló que estuvo con los cinco indígenas detenidos y que éstos “deseaban continuar alojados en el lugar (en prisión)”.
En Chaco ya había sucedido una represión, el 11 de febrero pasado, a organizaciones sociales que reclamaban en Resistencia por la construcción de viviendas y planes asistenciales. El lunes 24 de febrero, el Frente Popular Darío Santillán denunció que fueron reprimidos a las puertas del Ministerio de De-sarrollo Social de Chaco.
En lo que va del año hubo ocho represiones sobre poblaciones rurales y reclamos contra el extractivismo: contra la comunidad mapuche Felipín en Neuquén, represión a indígenas en la localidad de Makallé (Chaco), a indígenas en Abra Pampa (Jujuy) por cuestionar el paso del Rally Dakar por sus territorios, a la comunidad diaguita Las Pailas (en Cachi, Salta), disparos contra campesinos en Lavalle (Mendoza) y el 24 de febrero a vecinos en Malvinas Argentinas (Córdoba) por rechazar la instalación de la empresa Monsanto.
“Agua para los pueblos originarios del Chaco”, fue el nombre de la jornada del jueves pasado, en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, donde se recolectaron alimentos y agua para las comunidades indígenas, llevada a cabo por las mismas organizaciones que habían sido reprimidas en Pampa del Indio y que estaban en alerta por la detención de los cinco qom. Ese mismo día, tras una semana presos, la Justicia liberó a los dirigentes indígenas que habían reclamado agua, salud y comida.
* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 4 de marzo de 2014.
Ago 20, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
El gobierno de Chaco modificó por decreto la Ley de Biocidas (que regula el uso de agrotóxicos), eliminó límites mínimos y dejó abierta la posibilidad de fumigar sobre casas, escuelas, postas sanitarias y cursos de agua. “Se fomenta un sistema productivo depredador y se deja a los pueblos fumigados en total desprotección”, denunció la Red de Salud Popular Ramón Carrillo. En Chaco, un informe oficial había revelado los altos índices de cáncer y malformaciones en zonas fumigadas. En Mar del Plata, el intendente logró la modificación de una ordenanza que reduce de 1000 metros a sólo 100 metros las distancias de fumigación.
En diciembre de 2009, el gobierno de Chaco creó la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua, con el objetivo de que se estudien las denuncias por los efectos del uso masivo de agroquímicos en campos transgénicos (soja y maíz, entre otros) y arroceras. Seis meses después, la comisión oficial presentó su primer informe, el que señaló que (en zonas con amplio uso de agrotóxicos) los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento en la última década.
Fue un elemento más en el que las organizaciones sociales se apoyaron para exigir extender las limitaciones a las fumigaciones. Pedían la prohibición total de las fumigaciones áreas (como sucede en diversos países de Europa) y 2000 metros para las terrestres. Luego de meses de debates y audiencias, la Legislatura de Chaco aprobó en julio de 2012 la Ley de Biocidas (7032). Prohibió la aplicación aérea de agroquímicos a una distancia inferior a 1500 metros de los centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, reservas y reservorios de agua. Y para las pulverizaciones terrestres se fijó un límite de 500 metros e incluyó, a último momento, un artículo que dejaba la posibilidad de reducir estas distancias.
En noviembre de 2012, el gobernador Jorge Capitanich reglamentó la ley, y estableció la posibilidad de que las fumigaciones terrestres sean a 200 metros (60 por ciento menos que la ley aprobada) y las aéreas de 1050 metros (30 por ciento menos). Arreciaron las críticas de ONG, campesinos y organizaciones socioambientales.
Nueve meses después, el 2 de agosto pasado, el gobernador firmó el decreto 1567. A diferencia de la reglamentación anterior, no menciona ningún límite para fumigar. “En la reglamentación anterior había un mínimo para la reducción que era del 60 por ciento para las terrestres y del 30 por ciento para las aéreas. En la nueva se excluye justamente este párrafo, es decir que deja que se reduzcan distancias a ningún límite mínimo”, denunció la Red de Salud Popular Ramón Carillo, que hace más de una década denuncia el avance del modelo agropecuario y sus consecuencias en la salud.
El gobierno chaqueño aclaró mediante un comunicado que la nueva reglamentación “obedeció a las diversas y reiteradas solicitudes de los distintos actores sociales involucrados en la legislación provincial”. La subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, María Elina Serrano, sostuvo que el nuevo decreto “constituye una propuesta superadora que tiene como principal objetivo facilitar la aplicación práctica de la ley, manteniéndose vigente las distancias de aplicación”.
Alejandra Gómez, de la Red de Salud Ramón Carillo, afirmó: “Ninguna organización social, ni ambiental ni poblaciones que sufren las fumigaciones pueden pedir que se deje fumigar frente a sus casas. Es claro que el Gobierno obedeció al lobby de productores y empresas. Ahora no hay límite mínimo de reglamentación”.
Además de no fijar límite mínimo, el artículo 27 señala que el área de fumigación dependerá de que “haya un acuerdo escrito entre las partes”. Lo que pareciera una cláusula en teoría beneficiosa para los posibles afectados, en la práctica puede no serlo. “¿Qué poder de negociación tiene una familia campesina o periurbana frente a un pool de siembra, frente a un intendente y ante un juez de paz y frente a la policía, todos estos actores unidos para fumigar hasta la misma casa del campesino?”, advierte Gómez y precisa casos en Pampa del Indio y en Colonias Unidas los vecinos sufrieron presiones para que “dejen de denunciar las fumigaciones”.
La Red de Salud Popular también recordó el “principio de no regresión en materia ambiental” presente en la Constitución nacional (artículo 75) y en la Ley General del Ambiente (artículo cuatro), que establece que no podrán modificarse los pisos de resguardo ambiental vigentes. “Siempre deben mejorarse las medidas de precaución, pero nunca cambiarlas para peor”, afirmó Gómez.
Mar del Plata contaba con una ordenanza desde 2011 que prohibía fumigar a 1000 metros de lugares poblados, pero en mayo pasado, sin lugar a participación de vecinos ni organizaciones sociales, el intendente Gustavo Pulti envió al Concejo Deliberante una nueva ordenanza. Votada afirmativamente por Acción Marplatense y la UCR, fue rechaza por la Agrupación Atlántica y el Frente para la Victoria se abstuvo.
La ordenanza, que permite fumigar hasta 100 metros de las viviendas y a 25 metros de escuelas, fue celebrada por empresarios y productores agropecuarios y rechazada por vecinos de zonas afectadas y organizaciones socioambientalistas, que denunciaron la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.
* Artículo escrito por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 20 de agosto de 2013.
«Paren de fumigar escuelas”, es la campaña en la que intervienen asambleas socioambientales, gremios docentes y padres de alumnos. Dan cuenta de miles de escuelas rurales rodeadas por cultivos transgénicos, donde llueven agroquímicos sobre niños y maestros. En Córdoba denuncian que al menos 400 escuelas padecen fumigaciones y, en Entre Ríos, un relevamiento sobre tres departamentos reveló que el 70 por ciento de las escuelas rurales fue fumigada. El único informe oficial del país sobre escuelas y agroquímicos se realizó en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires: 41 establecimientos educativos fueron fumigados. Solicitaron la intervención de autoridades provinciales y nacionales, pero aún no obtuvieron respuesta.
