Argentina profunda

Argentina profunda

desnutricionNiños indígenas víctimas de desnutrición, tuberculosis y enfermedades evitables. La reacción de los funcionarios, qué cambió para evitar más fallecimientos, la disputa por el territorio y dos meses de acampe en Buenos Aires.

Néstor, Natalia, Marcos, Martín, Mauricio, Samuel y Alan. Niños indígenas qom y wichí que murieron en Argentina por desnutrición y enfermedades evitables. Los funcionarios desligaron responsabilidades y minimizaron la situación. La academia y los pueblos originarios habían advertido: la falta de territorio conlleva a la pérdida de sus fuentes de vida. La cosecha récord, la situación en Formosa, el modelo agropecuario que avanza sobre tierras indígenas y dos meses de acampe en el centro porteño.

Néstor

El 6 de enero falleció en Chaco el niño qom Néstor Femenía. Tenía 7 años, un cuerpo famélico, desnutrición y tuberculosis. Fue tapa de diarios, su muerte ocupó horarios centrales de televisión, pero la noticia se diluyó a los pocos días. Una de las principales diputadas del oficialismo, Diana Conti, llegó a argumentar una “cuestión cultural”1 y hasta culpar a la comunidad que, según su apreciación, tenía responsabilidad por no dejarse ayudar. El certificado de defunción del niño mintió sobre las causas de la tragedia: “Muerte por enfermedad”. No mencionó la palabra desnutrición.

El jefe de Gabinete de la Nación y gobernador de Chaco (en uso de licencia), Jorge Capitanich, afirmó que se trataba de un “caso aislado”, denunció una “operación política”2 contra el Gobierno y aseguró que «Washington tiene más tasa de mortalidad infantil que la Argentina».

Los casos “aislados” se repitieron. El 13 de enero falleció en Chaco Natalia Gómez, beba qom de tres meses de vida. El 20 de enero fue el turno de Marcos Solís, indígena wichí de la localidad de Morillo (Salta), de 1 año, por desnutrición severa. Martín Delgado, wichí de ocho meses, también murió por desnutrición (en Pichanal, Salta). El 6 de febrero murió otro niño wichí, Mauricio Lucas, por desnutrición en la salteña Santa Victoria Este. Tenía dos años y, al igual que su mamá, no tenía documentos. Samuel Jaimez, niño aborigen de tres años de Pozo El Bravo. Alan Villena, de 9 meses, murió en el hospital de Colonia Santa Rosa (Salta). Sólo algunos nombres de una larga lista.

El ministro de Salud de Salta, Oscar Villa Nougues, reconoció que se habían producido dos fallecimiento en agosto y septiembre de 2014, pero no fueron difundidos por el Gobierno. La secretaria de Salud de la provincia, Cristina Lobos, lo justificó: “El Ministerio de Salud no es un obituario”3.

Silvana López, jefa de Atención Primaria de Salud del hospital de Tartagal (Salta), reconoció que tenía registro de “193 niños con bajo peso, 150 diagnosticados con desnutrición y nueve de ellos se encuentran en estado crítico”.

Dorita Fernández tiene 36 años, wichí de la localidad de Pichanal (departamento de Orán, al norte provincial). Es docente bilingüe y trabaja junto a promotores de salud. “Aún hay muchos chicos desnutridos en toda esta zona. No tienen acceso a alimentos ni agua, tampoco les llegan medicamentos y atención de salud como debe ser. En el verano se agrava por el calor, menos agua, menos alimentos y todo sigue igual”, lamenta Fernández.

Precisa que cuando el tema llegó a los medios, llegaron más recursos, pero aún son insuficientes. No alcanzan los medicamentos, la infraestructura ni lo recursos humanos para hacer seguimiento sanitario. “Los políticos dicen que es por nuestra cultura hay desnutrición o enfermedades, pero en mentira. No hay más monte, no hay árboles, no tenemos más frutos ni animalitos que siempre nos dio el monte”, explica.

Estadísticas

El Ministro de Salud de Salta, Oscar Villa Nougues, señaló que 1900 niños (de 0 a 5 años) tienen déficit nutricional. El Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde) de la Universidad de Salta aportó otra cifra: 15.300 niños salteños padecen déficit nutricional (el diez por ciento del total de niños). El motivo principal, la pobreza estructural.

En Chaco no son públicas las estadísticas oficiales de desnutrición. Rolando Nuñez, de la ONG Centro Nelson Mandela, es un constante difusor de la situación social y ambiental de la provincia. Explicó que hace meses pide los datos sanitarios y no le son entregados. Y alertó sobre un cambio en el sistema de clasificación: los niños que hasta 2009 estaban en la categoría “desnutridos Clase 1 (leves)” pasaron categorizarse como “niños con riesgo alimentario”.

“De esa manera lograron reducir estadísticamente el total de chicos desnutridos. Lo hacen para publicitar que se redujo la desnutrición”, denunció Nuñez y, a cuatro meses de la muerte de Néstor Femenía, afirmó: “El gobierno trabajó sobre la comunidad indígena para que el caso pase al olvido. Socio-sanitariamente no tomaron ninguna medida estructural. Todo sigue igual”. Aseguró que la familia de Néstor Femenía continua solicitando asistencia alimentaria y de agua. La situación de máxima exclusión no ha cambiado.

Según el documento “Indicares Básicos” del Ministerio de Salud de la Nación, la mortalidad infantil de menores de 5 años era de 13,8 en 2010 (por cada mil nacidos vivos). El subsecretario de Salud Comunitario del Ministerio. Nicolás Kreplak, afirmó que la última estadística, de 2014, es de 10,8 por ciento. El documento oficial «Mortalidad infantil en Argentina» afirma que en 2013 murieron 8174 niños menores de 5 años. Y reconoce 21 casos por desnutrición.

Unicef Argentina alerta que no se cuenta con estadísticas focalizadas sobre población indígena4, salvo en Salta, donde Unicef afirma: “En niños originarios la tasa de mortalidad no solo no ha descendido, sino que casi triplica la tasa de mortalidad infantil provincial”.

Modelo agropecuario

Los pueblos indígenas definen al monte ancestral como su farmacia y su supermercado. En las últimas décadas han sido desalojados por el modelo agropecuario de sus lugares ancestrales de vida o arrinconados en pequeñas parcelas. Ya no cuentan con su espacio vital, el territorio de dónde obtener alimentos y remedios. La soja transgénica y la ganadería avanzaron sobre el norte de Argentina, tierra de campesinos y pueblos indígenas. La cosecha de Argentina, más de cien millones de toneladas de granos, tiene como principal destino los chanchos y las aves de Europa y Asia.

La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta (UNSA) reúne a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades): “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen una violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alertó. La Escuela de Antropología denunció la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.

En Chaco se desmontaron 218.000 hectáreas (entre 2007 y 2013). Comunidades indígenas del Impenetrable presentaron una acción de amparo por los desmontes ilegales. Intervino el Juzgado Civil y Comercial 6 de Chaco, que ordenó monitorear la situación de los bosques nativos. El tribunal designó a la antropóloga Graciela Elizabeth Bergallo para que realicé un informe sobre la situación social en la zona. El documento, de 26 páginas, fue presentado ante el Juzgado y alerta: “La degradación y desaparición del bosque nativo pone en riesgo la sobrevivencia del territorio, de la comunidad wichi y de las personas que la integran”. La antropóloga, en su informe para el Juzgado, afirma que se deben tomar medidas medidas “urgentes” para proteger la vida del pueblo wichí.

Formosa

Unicef Argentina informó en 2014 que la mortalidad infantil (para menores de 1 año) se redujo en los últimos quince años5. En 1990 era de 16,3 (por cada 1000 nacidos) y descendió al 11,1 en 2012. Pero alertó sobre la gran disparidad entre provincias. Mientras en Ciudad de Buenos Aires es de 8 por cada mil, y en Tierra del Fuego de 8,4; en el otro extremo se encuentra Misiones y Jujuy (14,2), Salta (14,3), Catamarca (15,1), Corrientes (16,4), Chaco (18) y Formosa (20,9).

El informe Situación de Salud de la Provincia de Formosa, realizado por la Cátedra de Salud Pública de Universidad Nacional de Formosa en 2014 confirma que la mortalidad infantil de recién nacidos hasta 1 año es más alta en regiones donde está la mayor población indígena: Ibarreta (20,7), Las Lomitas (21,8), Ingeniero Juárez (22), Misión Laishi (25,5).

“Muchas veces el énfasis puesto por las autoridades y la prensa sobre la mortalidad infantil hace perder de vista el hecho de que la vulnerabilidad infantil no acaba al cumplir el primer año de vida; sin embargo muchos de los soportes sociales están asociados a ésta edad y se cortan al cumplir el año de vida. Las condiciones estructurales que determinan la pobreza y la vulnerabilidad social no desaparecen en el soplar de una velita (cuando esta existe)”, advierte el informe de la Universidad Nacional y precisa que, respecto a la mortalidad entre 1 y 4 años de vida, Formosa duplica el promedio nacional.

Si el parámetro es de 1 a 5 años, otra vez los departamentos con mayor población indígena son los que más sufren. Ingeniero Juárez, Ibarreta, San Martín, Las Lomitas y Misión Laishi (entre 25 y 33 muertes por cada mil niños). Muy por encima del promedio nacional (13 por mil6).

La Provincia no hace públicas las estadísticas socio-sanitarias. El Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) de Nación sí, pero muestran cifras muy cuestionadas: 6,4 de pobreza y 1,9 de desocupación. Según el Indec, en Formosa hay menos pobreza que en Alemania y menor desocupación que en Noruega.

Amnistía Internacional investigó la situación indígena de Formosa durante casi dos años. “La violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas (…) El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma su investigación de 2010, titulada “Exigimos respeto”. Da cuenta de la sistemática violación de derechos de los pueblos indígenas en la provincia.

Cinco años después, febrero de 2015, Amnistía lanzó un comunicado urgente. “La respuesta institucional a los reclamos que la comunidad viene realizando hace años por el cumplimiento efectivo de su derecho al territorio evidencia las graves deficiencias del Estado para desarrollar políticas efectivas tendientes a asegurar y proteger los derechos indígenas y reflejan las graves prácticas de violencia que suelen desplegarse frente a uno de los grupos más postergados del país”, señala el comunicado de Amnistía, referido en particular a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), y advierte sobre una posible represión sobre la comunidad.

Potae

El 23 de noviembre de 2010, en Formosa, la Gendarmería Nacional liberó la zona y la policía provincial avanzó con escopetas y pistolas 9 milímetros sobre la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Dos asesinados. El abuelo qom Roberto López y el policía Eber Falcón. Treintena de detenidos y, mano policial mediante, una decena de casas qom incendiadas.

La comunidad qom trasladó su reclamo por justicia y por territorio hasta el centro de Buenos Aires. La Avenida de Mayo y 9 de Julio fue el lugar elegido para acampar. Cuatro meses de acción directa, visibilización como nunca antes, y pedido de entrevista con la Presidenta.

Fueron recibidos por el ministro del Interior, Florencia Randazzo, pero no cumplió los acuerdos de asistencia social, reconocimiento a las autoridades electas por la comunidad, justicia por la represión de 2010 ni el respeto al territorio qom.

En los últimos cuatro años la comunidad Potae Napocna Navogoh sufrió una veintena de hechos de violencia y diez muertes. Roberto López (2010). Lila Coyipé (de diez meses de vida) y Celestina Jara (2012). Juan Daniel Díaz Asijak, Guillermo Díaz y Delina Díaz (2013). Una bebé recién nacida(hija de Beti Miranda y Rubén Díaz), Javier Camachi y Norma Artaza (2014). Y Esteban Medina (2015).

El gobierno provincial siempre argumentó “causas naturales” o accidentes. La comunidad qom afirmó todo lo contrario. “Atentados” y “abandono” por parte del Estado.

Qopiwini

La lucha encabezada por Potae Napocna Navogoh y su líder, Félix Díaz, germinó en enero de 2015, con la unión de 48 comunidades de los cuatro pueblos indígenas de Formosa: Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé (Qopiwini).

Un nuevo intento del Gobierno de dividir a la comunidad y obras inconsultas motivaron un corte en la Ruta Nacional 86, en Potae Napocna. El intento de otra represión a los qom impulsó un nuevo acampe en Buenos Aires, en el mismo lugar que en 2010, pero ya no solo una comunidad, sino los cuatro pueblos indígenas de Formosa.

El 10 de marzo marcharon por el centro porteño. Nunca los pueblos indígenas de Formosa se habían animado a tanto. Y, desde hacía demasiado tiempo, ni indígenas ni campesinos se movilizaban en Argentina con un listado de demandas con destinatarios tan claros. Se apuntó a la responsabilidad del Poder Judicial (personificado en la Corte Suprema) por el incumplimiento de los derechos indígenas. Se llegó hasta el Congreso Nacional, donde se les hizo una pregunta muy concreta: “¿Dónde están cuando los niños indígenas se mueren de hambre?”.

Y finalizó en Plaza de Mayo. Y se le recordó la alianza oficial con petroleras, mineras y empresas agropecuarias: “Le sacan la tierra a los indígenas para dárselas a las multinacionales”.

El acampe, en espera de respuesta, sigue en pie. Ya van dos meses. Y prometen ser más. Félix Díaz, emblema indígena de Argentina, advirtió: “No nos iremos hasta tener una respuesta. Sólo queremos que respeten nuestros derechos”.

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* Por Darío Aranda. Publicado el 17 de mayo de 2015 en http://www.biophilia-foundation.org/ES/2015/05/17/argentina-profunda/

Medidas urgentes para el glifosato

Medidas urgentes para el glifosato

Hace dos meses, la OMS declaró que hay pruebas de que el glifosato es cancerígeno. A partir de dicho informe, especialistas e investigadores argentinos reclamaron medidas urgentes para proteger a la población. En Santa Fe fue prohibido el agrotóxico 2,4D.

glifosatoLa Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hace dos meses que el herbicida glifosato produce daño genético en humanos y lo recategorizó como probable cancerígeno (segundo en una escala de 1 a 5). A partir del informe de investigadores, profesionales de la salud y organizaciones sociales exigieron que se implementen medidas urgentes para proteger a la población. En Argentina se utilizan 200 millones de litros de glifosato por año y se afecta a más de 28 millones de hectáreas. En Santa Fe, y por la exigencia de organizaciones, fue prohibido el agrotóxico 2,4D, el segundo más utilizado en el país y que también se emplea en la producción de soja transgénica. El glifosato es producido por Monsanto, Syngenta, Basf, Bayer, Dupont, Dow Agrosciences, Atanor y Nidera, entre otras empresas.

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, máximo órgano de la Organización Mundial de la Salud) encomendó a 17 expertos de once países dictaminar respecto del herbicida más utilizado del mundo (entre otros cultivos, se emplea en soja, maíz y algodón). Luego de un año de trabajo, publicaron el 20 de marzo un documento inédito: “El glifosato causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas (situación que tiene relación directa con el cáncer). Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”. Detalla que la evidencia en humanos corresponde a la exposición de agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia, con publicaciones científicas desde 2001.

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de Argentina (Fesprosa) representa a 30 mil médicos y profesionales de la salud. Emitió un documento en base al dictamen de la OMS. Recuerda que desde hace más de una década que existe evidencia en poblaciones y estudios científicos “que no responden a las corporaciones” del agro. “El glifosato no sólo provoca cáncer. También está asociado al aumento de abortos espontáneos, malformaciones genéticas, enfermedades de la piel, respiratorias y neurológicas”, afirma Fesprosa, que además exige al Ministerio de Salud la prohibición del herbicida y llama a un debate amplio y urgente sobre la reconversión del modelo agropecuario. “El agronegocio no puede seguir creciendo a costa de la salud de los argentinos”, reclama.

También se expidió la Sociedad Argentina de Hemato-Oncología Pediátrica (Sahop). “Resulta alarmante el uso masivo de productos tóxicos promocionados como ‘avances tecnológicos’ y que se fumiga desaprensivamente en mezclas de dosis crecientes que combinan herbicidas con insecticidas. El riesgo se potencia enormemente si además estos tóxicos se utilizan dispersándolos por vía aérea”, explica el documento que lleva como título “Pronunciamiento sobre tóxicos ambientales”. También alerta sobre los riesgos de los silos bolsa (enormes plásticos en el que se guardan los granos), donde proliferan los “hongos productores de aflatoxinas, categorizadas por la IARC como conocidos carcinógenos humanos desde 1993”.

La Sahop, especializada en cáncer infantil, reclamó la prohibición “inmediata” de toda fumigación y exigió “posicionar claramente al glifosato como carcinogénico y regular su uso estrictamente”. Firmada por el presidente de la Sociedad Pediátrica, Pedro Zubizarreta, llama a implementar políticas de Estado que promuevan alternativas de producción saludables.

El Hospital de Pediatría Juan Garrahan, en Capital Federal, es el epicentro de atención de los niños de todo el país afectados por fumigaciones. Allí se realizó la jornada sobre “salud, agrotóxicos y daño genético”, donde participaron los investigadores Raúl Horacio Lucero y María del Carmen Seveso. Convocada por la Junta Interna de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), concurrieron medio centenar de profesionales de la salud y familias con niños afectados. Y consensuaron una declaración sobre la clasificación de la IARC-OMS sobre glifosato y la situación en Argentina.

Afirma que la reclasificación de la OMS es tardía, pero valora que ratifica lo que afectados directos y profesionales de la salud observan y denuncian desde hace años “sin ser escuchados por autoridad alguna”. Afirma que es imprescindible contar en hospitales públicos, de manera gratuita, con laboratorios aptos para realizar dosajes (análisis para evaluar si los pacientes tienen agroquímicos en sangre). “Se torna indispensable la aplicación del principio precautorio (tomar medidas preventivas) que priorice el cuidado de la salud y el ambiente por sobre la rentabilidad y se prohíba el uso de sustancias, no sólo glifosato, que puedan poner en riesgo o amenacen la vida”, destaca el documento emitido por profesionales del Hospital Garrahan.

La Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), conformada por más de veinte organizaciones de todo el país solicitó por escrito a los ministerios de Agricultura, Ciencia y Salud la “prohibición inmediata” del glifosato, y alertó que no se trata sólo de un agroquímico: “Es necesario replantear radicalmente el modelo de agricultura basado en monocultivos, transgénicos y agrotóxicos para iniciar una transición hacia una producción agroecológica basada en las economías locales y orientada hacia la soberanía alimentaria”. En línea similar se expresaron la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, Greenpeace y la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía (UBA).

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Prohibición en Santa Fe

Santa Fe prohibió el uso del herbicida 2,4D, el segundo más utilizado del país, y organizaciones sociales solicitaron la misma medida al Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentario (Senasa). En Neuquén, legisladores por el partido UPIE (Instrumento Electoral por la Unidad Popular) presentaron un proyecto para prohibir el glifosato en toda la provincia. Epuyen (Chubut) es el primer municipio de Argentina en prohibir la venta y uso de glifosato. “Por la nueva clasificación, el glifosato es tan cancerígeno como el PCB (compuesto químico que se usaba en los transformadores eléctricos, hoy prohibido)”, precisa la ordenanza de Epuyen.

El Ministerio de Producción de Santa Fe informó el 25 de abril la prohibición del 2,4D. La medida había sido presentada formalmente en junio de 2014 por el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) y la ONG Conciencia Solidaria.En marzo pasado, ante el Senasa, también se solicitó la prohibición del 2,4D. Con frondosa bibliografía científico, el pedido fue firmado por la organización BIOS (de Mar del Plata), Acción por la Biodiversidad, Foro Ambiental de General Viamonte, Foro Salud y Ambiente de Vicente López, la ONG Naturaleza de Derechos, Foro Ecologista de Paraná y la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.

 

* Por Darío Aranda. Publicado el 11 de mayo de 2015 en el diario Página12.

Persecución ideológica por investigar los transgénicos y agroquímicos

Persecución ideológica por investigar los transgénicos y agroquímicos

Un docente de la Universidad de Córdoba participó de un relevamiento que vinculó los casos de cáncer y malformaciones en la localidad de Monte Maíz con el uso de transgénicos y agroquímicos. En esa casa de estudios ahora piden un sumario para el investigador.

monte maiz - en bajaEl decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Juan Marcelo Conrero, tomó una medida con pocos antecedentes: solicitó un sumario administrativo y sanción para un docente e investigador de la Facultad de Medicina, Medardo Avila Vazquez. El pedido obedece a que Avila Vazquez coordinó un relevamiento sanitario en la localidad de Monte Maíz, donde confirmó altos índices de cáncer, malformaciones y abortos espontáneos. Y vinculó las enfermedades a transgénicos y agroquímicos. “Es una clara persecución ideológica. Si el estudio hubiese sido favorable a Monsanto no hubieran dicho nada, incluso lo celebrarían”, afirmó el investigador denunciado. Los vecinos de Monte Maíz, la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata (que también participó del relevamiento sanitario) e investigadores de doce países respaldaron al docente y médico cordobés.

En octubre de 2014, un equipo de 70 investigadores y estudiantes se instalaron en Monte Maíz, localidad de 8000 habitantes a 300 kilómetros de la capital de Córdoba. A pedido de organizaciones locales y del propio intendente, Luis María Trotte (Frente para la Victoria), se instalaron durante cinco días y realizaron un censo sociosanitario. Los resultados: los casos nuevos de cáncer duplican el promedio nacional, los abortos espontáneos quintuplican el promedio de Argentina, la mortalidad por cáncer triplica la media provincial y las malformaciones triplican los registros de la capital cordobesa.

El equipo de trabajo estaba compuesto por investigadores de Córdoba y de La Plata (UNLP). El coordinador fue Medardo Avila Vazquez.

El Consejo Directivo de la Facultad de Medicina acusó al trabajo de “carecer de asidero científico”, señaló que la casa de estudios no autorizó el relevamiento y señaló que no contaba con la aprobación de un Comité de Etica.

La respuesta la brindó el Comité de Bioética del Estudio de Salud Socio Ambiental de Monte Maíz (un grupo de expertos que había supervisado el trabajo). En un documento de diez puntos recordaron que la propia Facultad de Medicina desintegró el Comité de Etica de la UNC para que no participara de la investigación, precisó que el estudio fue avalado por el propio Consejo Directivo de Ciencias Médicas y por un convenio firmado por el rector de la UNC, Francisco Tamarit, y el intendente Trotte.

El Comité de Bioética (integrado por investigadores y profesionales de la UNC, UNLP y Comahue) afirmó que el trabajo de Monte Maíz cumple con los requisitos científicos nacionales e internacionales y está sujeto a la legislación provincial y nacional.

Pero el decano de Ciencias Agropecuarias recurrió al Consejo Superior de la UNC y pidió el juzgamiento del investigador. “Solicito se dé curso a las acciones administrativas para que se investigue si el accionar del médico Medardo Avila Vazquez y del equipo de trabajo le corresponde alguna sanción disciplinaria”, comienza el escrito de Conrero.

Señala que los investigadores se “extralimitaron” en su tarea, denuncia que difundieron información “engañosa” y los acusa por causar “temor” en la comunidad de Monte Maíz. “En nombre de esta prestigiosa universidad no podemos permitir que miembros de la misma engañosamente difundan datos no validados científicamente, causando daños irreparables a la sociedad”, sostiene. Conrero no menciona cuáles habrían sido los errores de la investigación.

Los vecinos de Monte Maíz que solicitaron el relevamiento, nucleados en la Red de Prevención Ambiental y por la Salud, emitieron un comunicado en solidaridad con Avila Vazquez. “Repudiamos todas las maniobras del saliente decano de la Facultad de Medicina (Gustavo Irico), tendientes a boicotear este trabajo tan anhelado por nuestra población, así como repudiamos todas las descalificaciones vertidas sobre la persona y la idoneidad del doctor Avila Vazquez. Repudiamos también la actitud del decano Juan Conrero, actuando en defensa de los intereses de la empresa multinacional (Monsanto)”, destaca el comunicado.

Conrero asumió en junio de 2014. Y, sólo dos meses después, firmó un convenio de colaboración con Monsanto, empresa que mantiene un conflicto con la población cordobesa de Malvinas Argentinas, donde pretende instalar su mayor planta de maíz transgénico de Latinoamérica. Jorge Omar Dutto es el secretario general de la Facultad y mano derecha de Conrero. Fue uno de los autores del informe de impacto ambiental de Monsanto para intentar construir su planta en Córdoba.

Las asambleas socioambientales y organizaciones de Malvinas Argentinas y Córdoba Capital, junto con docentes y estudiantes de la UNC, se movilizaron y denunciaron el contrato entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Monsanto. Conrero se vio forzado a dar marcha atrás y suspendió el convenio.

Los vecinos de la Red de Prevención de Monte Maíz resaltaron la importancia del trabajo de todos los investigadores, en especial de Avila Vazquez. Explicaron que, junto a los concejales, trabajan en una ordenanza para limitar las fumigaciones y llamaron a las autoridades la UNC “a repensar su actitud que avergüenza a quienes soñamos en una universidad que ponga el saber al servicio de la población”.

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Apoyos al docente

En el relevamiento sanitario en Monte Maíz también participaron investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El 29 de abril, el Consejo Directivo de esa Facultad votó por unanimidad una declaración de repudio a la “persecución política” al médico y docente de la UNC. “Nos solidarizamos con Avila Vazquez. Las intenciones que están detrás del pedido de sumario no son más que el pedido desesperado de las empresas agroexportadoras y productoras del paquete tecnológico asociado la intensiva actividad sojera”, afirma la declaración de Ciencias Exactas de la UNLP y apunta al papel de la educación pública: “El trabajo realizado en Monte Maíz no sólo es pertinente sino que además es un modelo de lo que la universidad debe ser, una institución al servicio de su pueblo y no de los intereses económicos”. También se expidieron 38 investigadores de doce países. “Manifestamos nuestro apoyo y reconocimiento científico respecto a los trabajos e iniciativas del doctor Medardo Avila Vazquez y de su equipo. Afirmamos el carácter de alto interés público y de relevancia internacional que conlleva este tipo de estudios”, señala el escrito, firmado por investigadores de varios países.

 

* Por Darío Aranda. Publicado el 4 de mayo de 2015 en el diario Página12.

Volver al territorio

Volver al territorio

Unas treinta personas de distintas comunidades se instalaron en un predio al noroeste de Chubut, sobre la Ruta nacional 40. Sostienen que son tierras que les pertenecen ancestralmente. Hubo un intento fallido de desalojo. La multinacional presentó una denuncia penal.

leleque 2015 - en bajaComunidades mapuches de Chubut recuperaron territorio que estaba en manos de la multinacional Benetton. La compañía es una de las mayores terratenientes de Argentina, con un millón de hectáreas en la Patagonia. “La única manera de frenar al poder económico y al Estado es mediante el control territorial efectivo de nuestras comunidades movilizadas”, afirma el comunicado mapuche. Es la segunda recuperación en tierras explotadas por Benetton. En 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque volvió a su territorio ancestral, enfrentó intento de desalojos y causas judiciales, pero finalmente el Estado le reconoció el territorio en el marco de la Ley 26.160 (Emergencia Territorial Indígena).

El 13 de marzo se produjo una nueva recuperación territorial mapuche en la estancia Leleque de la compañía Benetton. “Actuamos ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la inmensa cantidad de reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir dignamente”, explica como fundamento de la acción el comunicado firmado por Lof en Resistencia del departamento de Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo (MAP).

Son treinta personas de distintas comunidades de la zona, muchos jóvenes e incluso niños, y comenzaron a construir sus viviendas. El predio está ubicado en el paraje Vuelta del Río, al noroeste de Chubut, sobre la ruta nacional 40, entre Cholila y Esquel. El mismo día de la acción, llegó hasta el lugar la policía e intentó un desalojo. Los mapuches resistieron.

El comunicado mapuche denuncia que la población indígena “sigue siendo una inmensa mayoría sin tierra” y rechaza la alternativa que le ofrecen de ser “mano de obra barata y explotada por la oligarquía criolla y el empresariado transnacional”. Puntualiza como fondo “el modelo extractivista” que en la zona tiene como principales actividades la megaminería, el petróleo y las grandes estancias. Recuerda que para los pueblos originarios es de vital importancia el territorio y hacen un llamamiento a otras comunidades a recuperar nuevas parcelas que están en manos de grandes empresarios.

La Compañía de Tierras del Sud Argentino evitó expresarse sobre la acción mapuche. Con cuatro estancias (Leleque, Pilcaniyeu, El Maitén y Lepá) y casi un millón de hectáreas, sí reconocieron que presentaron una denuncia penal que tramita en el Ministerio Público Fiscal de la localidad de El Hoyo.

Martiniano Jones Huala es uno de los voceros de la recuperación. “Hemos vuelto al territorio. Somos preexistentes al Estado argentino, fuimos despojados durante generaciones y estamos de pie, volviendo a nuestro lugar”, afirmó.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene en Argentina rango supralegal (por encima de leyes locales). En su artículo 16 detalla: “Siempre que sea posible, los pueblos indígenas deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación”. El artículo 14 apunta: “Deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.

En 2007, la comunidad Santa Rosa Leleque volvió al territorio indígena, 625 hectáreas dentro de lo que entonces era parte de la estancia Leleque de Benetton. El caso tomó repercusión nacional e internacional. Rosa Rúa Nahuelquier y Atilio Curiñanco, autoridades de la comunidad, viajaron a Roma junto al Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Se entrevistaron con la familia Benetton, que prometió la donación de tierras dentro de Chubut. La compañía ofreció parcelas que eran improductivas. La comunidad no aceptó y además remarcó que los pueblos indígenas no aceptaban “donación” sino “restitución” por tierras que habían sido robados por privados. La causa avanzó en Tribunales, hubo intento de desalojos, pero la comunidad permaneció en el lugar. Benetton nunca aceptó la derrota porque habilitaría que otras comunidades repitieran la acción. La nueva recuperación está a trece kilómetros de Santa Rosa Leleque.

En noviembre de 2014, el Estado (provincial y nacional) finalizó el relevamiento territorial de la comunidad Santa Rosa. En el marco de la Ley 26.160 reconoció la posesión y uso de las 625 hectáreas por parte del pueblo mapuche.

Desde la primera recuperación las comunidades mapuches denuncian irregularidades en el título que adquirió la compañía Benetton.

En marzo se produjeron incendios en Cholila y en el Parque Nacional Los Alerces. El diario Jornada de Chubut citó “fuentes policiales” y acusó a los mapuches del incendio. Las comunidades no tardaron en aclarar: “Repudiamos que se nos inculpe acerca del desastre que han producido incendios sobre bosques nativos, ya que nosotros como mapuches jamás atentaríamos contra nuestros bosques, cerros, montañas y ríos”.

Ante la posibilidad de un desalojo, Martiniano Jones Huala advirtió: “Vamos a resistir en el territorio. Tenemos derechos y Benetton es el usurpador”.

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Reclamo por agua

La comunidad mapuche-tehuelche Mallín de los Cual, de Gan Gan (centro geográfico de Chubut), denunció penalmente al propietario de la estancia Aguada Tibia, Roberto Rial, por el delito de usurpación de agua al desviar un arroyo. “La comunidad se ve afectada desde hace más de dos meses. Los animales no tienen agua. Se torna dramática la situación”, denunció el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), que acompaña a los pueblos indígenas. “Esperamos que la Justicia de una vez actúe y podamos volver a ver correr el agua en el arroyo”, reclamó en un proclama pública la comunidad originaria.

La comunidad mapuche-tehuelche Cual pidió soluciones ante la estancia y en la comisaría de Gan Gan, pero no obtuvo respuesta. Endepa denunció la inacción de la Fiscalía de Puerto Madryn y del gobierno de Chubut. “Aquí hay un delito que debe ser investigado y debe ser reparado, porque nuestro derecho al agua está violentado y se pone en peligro la economía y subsistencia familiar”, denunció la autoridad de la comunidad originaria, Gabriela Cual.

 

* Por Darío Aranda. Publicado el 23 de abril de 2015 en el diario Página12.

El grito originario

El grito originario

el grito originario - qom6La carpa es alta y blanca, de cinco metros de largo por cuatro de ancho. Adentro hay una decena de colchones en el piso, ropas, bolsos y cajas con alimentos. Afuera se suman media docena de carpas tipo iglú. Es la plazoleta de Avenida de Mayo y 9 de Julio, lugar ya emblemático para los pueblos indígenas de Formosa que acampan desde hace dos meses con reclamos tan básicos como incumplidos: agua, salud, educación, luz eléctrica, territorio y que no los repriman más. Esperan ser recibidos por el Gobierno Nacional. “Nos quedaremos hasta que nos den una respuesta”, explica Félix Díaz, qom de Formosa.

Acampe

El 14 de febrero comenzó el acampe indígena en el centro porteño. Primero fue la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), por la vulneración de derechos, el intento de represión en la ruta nacional 86 de Formosa y, también, por el asesinato aún impune del abuelo qom Roberto López (el 23 de noviembre de 2010).

Pero se sumaron los pueblos indígenas nucleados en la nueva organización de indígenas de Formosa: Qopiwini Lafwetes. Nacida en enero de 2015, toma la primera sílaba de los pueblos Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé. Reúne a 46 comunidades que no responden al gobernador Insfrán, no se consideran opositoras pero sí reclaman el cumplimiento de derechos.

El 10 de marzo marcharon por el centro porteño. Nunca las comunidades de Formosa había reclamado de ese modo tan lejos de sus comunidades. Recorrieron los tres poderes del Estado, durante más de tres horas, y en pleno Obelisco gritaron: “Territorio robado, será recuperado”.

En cada parada los discursos fueron encendidos. Se recordó que los niños indígenas mueren por enfermedades evitables, falta de atención médica y escasos alimentos. “Nuestros hijos toman agua de charcos”, denunció Israel Alegre, de la comunidad NamQom, frente a la Corte Suprema de Justicia.

Se entregaron petitorios con reclamos puntuales y solicitaron audiencias. Félix Díaz arremetió contra el poder político: “¿Dónde están los legisladores cuando los niños indígenas mueren de hambre”. Y, sin mencionarlo, apuntó al extractivismo y a las complicidades del Gobierno: “Le sacan el territorio a los indígenas para dárselo a las multinacionales”.

Racismo

Israel Alegre está enojado pero calmo. No se siente a gusto en Buenos Aires, quiere volver a su casa, rodeada de verde y su familia. “No pedimos nada extraño. Pedimos que se respeten nuestros derechos”, explica y puntualiza en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, que en Argentina tiene rango supralegal, por encima de las normas locales) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas.

Alegre recuerda que presentaron petitorios a los tres poderes del Estado (Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional y Casa de Gobierno). “Tenemos derechos y queremos que se cumplan”, reclama y recuerda que el gobernador, Gildo Insfrán, tampoco les da respuesta. Avisa que se quedarán hasta tener una respuesta. “Si usted nos ve mucho por acá, será una prueba más del racismo que existe en Argentina”, advierte.

Voces

Jorge Palomo es wichí de Laguna Yema (departamento Bermejo). Contextura grande, 32 años, es vocero de su comunidad. La lista de reclamos es la misma: agua, luz eléctrica, atención médica, tierras. Sincera que no quiere estar en Buenos Aires, le es insoportable el ruido de los autos, extraña a su familia, pero aclara que los obligan a acampar para que se conozca la situación que atraviesan. “No podemos seguir viviendo así. En injusto”, resume.

Un hombre observa desde lejos. Aparente unos 50 años. Se acerca y presenta. “Castro José. Comunidad El Silencio. Wichí de Formosa”, dice y da un apretón de manos. Precisa la situación en Formosa: “Estamos olvidados”.

Su comunidad está integrada por 150 familias en 5000 hectáreas. Relata que los funcionarios provinciales nunca los visita y, cuando lo hacen, prometen mejoras y luego nunca se cumplen. Viven al borde del río Bermejo, pero la comunidad no tiene agua ni electricidad. También menciona los caminos, donde solo pueden transitar motos o caballos. Cuando parece que finaliza la lista de derechos incumplidos, agrega otra: la escuela rural no funciona.

Recuerda que votó por Insfrán, precisa que muchos de la comunidad votaron por el Gobernador y la Presidenta, “pero luego nos olvidan, ni nos miran”.

Cirilo Gómez es de la comunidad San Carlos (departamento de Patiño), de 400 familias en 900 hectáreas. Hablar fluido, no le gana la timidez. Lamenta que ya casi dos meses en Buenos Aires y no tienen respuestas. “Solo nos citaron de la Corte Suprema, pero no nos atendieron los jueces, solo un secretario que no dio respuesta”, acusa.

Señala que se están sumando comunidades de Salta, Tucumán y de la Patagonia. “Los indígenas de todos el país estamos pasando situaciones similares, se privilegia a las empresas millonarias por sobre los derechos indígenas”, denuncia. Y afirma que en su región están avanzando las topadoras, arrasan el monte, queman, usan agroquímicos.

Le pide a los funcionarios que escuchen el reclamo justo y, a la Presidenta, “que cumpla las leyes”. Cita, como muchos indígenas, al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional de 1994: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; regular la entrega de otras aptas para el desarrollo humano (…) Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.

Cirilo Gómez lamenta que nada de lo que dice ese artículo, sancionado hace 21 años, se cumpla. No le agrada Buenos Aires, menos acampar en la 9 de Julio, pero lo hace por un motivo: “Los niños indígenas no deben sufrir lo que sufrimos nosotros”.

DDHH

El 24 de marzo, en la tradicional marcha por memoria, verdad y justicia por el golpe cívico militar de 1976, los pueblos indígenas marcharon junto a las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia y organizaciones sociales. Como siempre, una de las banderas fue “nunca más”.

Ese mismo día, por la tarde, más de cien policías de Formosa reprimieron a hombres, mujeres y niños de comunidades wichí de Ingeniero Juárez, al oeste provincial. Las comunidades reclamaban agua, alimentos, atención sanitaria. Estaban a la vera de la ruta, no cortaban el paso, pero igual la policía avanzó sobre ellos. “Nos reprimieron con palos y balas de goma. Hay tres heridos de bala. Yo tengo cinco balazos», afirmó Agustín Santillán, joven referente wichí de Formosa.

Esa misma semana se conoció en Formosa que la policía realiza espionaje sobre políticos de la oposición, organizaciones sociales y pueblos indígenas que reclaman sus derechos. Se hicieron públicos más de cien correos electrónicos que confirman el seguimiento y reportes diarios, al estilo de la dictadura militar, de la policía de Formosa.

Ningún funcionario nacional se refirió al espionaje ni a la represión del 24 de marzo.

Los de abajo

El sol se hace sentir en el acampe. Golpea sobre las baldosas blancas y hace un efecto reflejo que pareciera aumentar la temperatura. Una joven con traje de oficinista llega con un bidón de cinco litros de agua. Lo deja en la mesa donde recolectan firmas para que los reciba la Presidenta.

Un Ford Corsa frena sobre Avenida de Mayo. Un hombre de unos 70 años desciende del auto, abre el baúl y pide ayuda. Se acercan tres acampantes y bajan bolsones con alimentos. “Fuerza”, los arenga. Y se retira tan rápido como llegó.

En el acampe entregan un pequeño folleto explicativo. Remarcan las leyes nacionales e internacionales que avalan sus reclamos. “Por la falta del debido cumplimiento del derecho indígena nosotros sufrimos la continuación del genocidio iniciado hace tantos años”. Exigen el respeto al derecho de autodeterminación (su propio gobierno, autoridades y políticas) y el cumplimiento del derecho al “consentimiento libre, previo e informado” para cualquier acción que pudiera afectarlos. Lo firma la organización Qopiwini Lafwetes (de los cuatro pueblos de Formosa) y al final del breve escrito sobresale una oración: “Pueblo indígena de pie en defensa de sus derechos”.

Algunos transeúntes paran, miran, preguntan y firman las planillas. Muchos otros, quizá la mayoría, pasan rápido, como si el acampe fuera ya parte de paisaje o, peor, no existiera.

La Wiphala (bandera multicolor de los pueblos indígenas) es gigante. Más de dos metros de alto, flamea con el viento fuerte. Vista desde Avenida de Mayo sobresale la insignia indígena y, de fondo, la gran imagen de Evita que el Gobierno ubicó en el edificio de Desarrollo Social. La imagen acentúa las contradicciones.

“Jamás he sido dura con los de abajo”, afirmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 16 de marzo, en Casa de Gobierno, luego de firmar acuerdos con Federación Agraria Argentina. Nunca hizo mención al acampe indígena.

Corte

Ante la falta de respuesta, las comunidades decidieron cortar la Avenida 9 de Julio durante la tarde, por una hora. Luego fueron tres horas y, ante la indiferencia gubernamental, comenzaron a las 17 y se extendió hasta la medianoche. Casi día de por medio cortan, en busca de respuesta.

Hoy es día de corte. Son unas cien personas, más de la mitad son indígenas. Se organizan y cierran el paso. Primero en 9 de Julio, ambas manos. Luego en Avenida de Mayo. La policía estaba al tanto y desvía el tránsito.

En Radio Continental (AM 590) la periodista María O’Donnell, cuestiona. “El reclamo de los indios es correcto, pero no pueden cortar a esta hora. Es un corte disruptivo”. En TN, Nelson Castro, va por el mismo camino. Afirma que las comunidades tienen motivos para manifestarse pero no pueden coartar “el derecho de circulación”.

Ninguno de los dos periodistas menciona el motivo del corte. Mucho menos precisa los diez muertos que hubo en Potae Napocna Navogoh en los últimos cuatros años. Ni la represión del 24 de marzo a los wichí.

Madres y organismos

Félix Díaz es qarashé (autoridad) de Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Está sentado en la 9 de Julio, junto a un semáforo y con una pancarta que exige el fin de la represión. “No queremos cortar el tránsito, pero nadie nos escucha”, explica. Reconoce que sienten impotencia ante la falta de respuesta, sostiene que todo se destrabaría con una convocatoria al diálogo por parte de Nación. Quieren regresar a Formosa, pero con una respuesta concreta. Vuelve a recordar los derechos básico que reclaman: agua, salud, educación, electricidad, respeto al territorio.

Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, llega al acampe. Saluda a cada uno con un beso y abraza a Félix Díaz. Alguien arrima una silla. Parece agitada por la caminata, pero de inmediato comienza a hablar, en tono enérgico, ante los micrófonos: “Da vergüenza que la Presidenta por su capricho no reciba a los pueblos indígenas. La actitud del Gobierno abre el paso para que Insfrán y otros gobernadores repriman”. También llegan otras madres, Mirta de Baravalle y Elia Espen. Y Cortiñas marca otra contradicción que la indigna: “¿Dónde están los organismos de derechos humanos? ¿Dónde están HIJOS, Familiares de Desaparecidos? Trabajamos juntos durante casi 40 años por los derechos humanos y ante esto tan grave no aparecen”.

Félix Díaz no tiene respuesta. Lamenta que el Gobierno “intenta ignorar” a los pueblos pueblos indígena, pero avisa: “Nos quedaremos hasta tener una respuesta. Tenemos derechos, exigimos que se cumplan”.

 

* Por Darío Aranda. Publicada en el Periódico VAS en abril de 2015.

Disparar al agronegocios

Disparar al agronegocios

El 68 por ciento de la tierra cultivada de Entre Ríos posee soja transgénica. Un pequeño productor víctima de los agroquímicos se transformó en un símbolo de la lucha: disparó con su escopeta contra un tractor fumigador. Entrevista a Julio Ariza, el campesino que no quiere agrotóxicos en su campo y resiste al modelo transgénico.

Desde San Benito, Entre Ríos

entre rios - julio ariza - en bajaVida de campo. Cría de animales, quinta para autoconsumo, siesta y aire puro. Julio Ariza tuvo veinte años de vida tranquila en San Benito (Entre Ríos). Hasta que la agricultura “moderna” se instaló en el campo vecino. Soja, maíz y más soja. Y, claro, agroquímicos. Fumigaciones con avión, luego con tractor (esos que tienen largos brazos rociadores y se los llama “mosquito”). Sobrevinieron la muerte de animales. Primero los chanchos, las crías nacían con malformaciones, las preñadas sufrían abortos espontáneos. La principal fuente de ingreso de la familia comenzó a quebrarse.

Hablaron con el vecino. No hubo solución. Fueron al Municipio e hicieron la denuncia policial. Tampoco hubo respuesta.

Lo volvieron a fumigar, con viento hacia la casa (y al corral). Al día siguiente encontró más animales muertos. Veía con impotencia cómo se perdía el sustento familiar.

Visualizó el mosquito con agroquímicos, otra vez fumigando hasta el borde de su campo. Fue al interior de la vivienda. Agarró la escopeta y caminó despacio hasta el alambrado. Nunca en sus casi 70 años había hecho algo semejante, pero no lo dudó. Apuntó y apretó el gatillo. 37 perdigones dieron en la cabina del tractor. Ya nada volvió a ser igual.

Fue denunciado por el productor sojero y sindicado como un “símbolo de la violencia” por los promotores del agronegocios (desde empresarios y funcionarios, hasta medios de comunicación y vecinos). Y, en el otro extremo, recibió la solidaridad de las víctimas de los agroquímicos, organizaciones sociales, asambleas socioambientales.

En Entre Ríos el 68 por ciento de la tierra cultiva tiene soja transgénico. Julio Ariza tiene dos certezas: no utilizará agrotóxicos y no se irá de su campo.

Vida tranquila

-¿Cuánto hace que viven acá?

-Vivíamos en la ciudad (Paraná). Soy perito mercantil, tenía oficina contable y fui martillero público. En 1992 vinimos acá. Nos entusiasmó vivir en el campo tranquilo, sano, respirar aire puro. Y luego comenzamos a pensar que también podíamos vivir del campo. Son 7 hectáreas y media. Poco después comenzamos a producir.

-¿Qué producían?

-Comenzamos con una chancha con cría y tres lechones. Teníamos cero experiencia, con corrales muy modestos, hecho con palos, sin puerta. Luego fuimos mejorando. También tuvimos cabras, ovejas y hasta alguna vaca. En un momento hicimos cuentas y llegamos a la conclusión de que con cinco chanchas puede vivir una familia como la nuestra, con producción propia. Y a un vecino le cedíamos parte de la tierra para producción de girasol, avena, alfalfa y de ahí sacaba el alimento para los chanchos. Compramos libros, estudiamos y todo fue prueba y error.

-¿Y cuánto llegaron a tener?

-Hicimos la chanchería con tablas de madera y techo de chapa. Y llegamos a quince madres y 100 lechones. Vivíamos tranquilos. Nuestro plan era tener 21 madres. Con eso podíamos vivir bien dos familias y hasta tener un empleado.

-¿Cuándo comenzaron los problemas?

-En 2006 sacaron todo una franja de monte que había entre el campo del vecino y nosotros. Y el mosquito pasaba y fumigaba. De a poco dejaron de verse las anguilas, tortugas, bichos que siempre hubo. Y un día no se preñaron las chanchas. Algo pasaba. Al poco tiempo, aparecen diez chanchitos muertos y chanchas con abortos. ¿Qué pasó? Recordamos que había fumigado, con viento, y con olor amargo que no llegó hasta la casa.

-¿Qué hizo?

-Fui a hablar con el vecino (Sergio Plez). Le dije si no será el glifosato el problema. Y él me fue sincero. Me dijo que podía ser, que el mosquito fue en día equivocado y fumigó con viento.

-¿Acordaron algo?

-Le dije de buscar la forma de arreglar. “Vos no va a ser más pobre ni yo mas rico por diez chanchos. Arreglemos”. Le propuse. Pero nunca quiso. Y siguió fumigando.

-¿Y qué pasó?

-Al tiempo vino la veterinaria a atender a una chancha preñada y sacó dos lechones con malformaciones. Ahí fui e hice la denuncia porque nos seguía fumigando, no respetaba la ley de agroquímicos que pone un límite para no fumigar, que sea un día sin viento, que tenga que notificar y cuente con orden y control de un agrónomo. Hice denuncia en la policía y el municipio.

-¿Y qué respuesta tuvo?

-Ninguna. Cuando desde el Juzgado llamaron al veterinario dijo que era por los agroquímicos. Y está probado que fumigó con un 250 por ciento más de lo recomendado. Eso figura en la receta del ingeniero agrónomo de ese día.

Modelo

-¿Sabe que químico usó?

-Glifosato, 2-4d y atrazina. El 2,4d es un veneno terrible. Agarré el instructivo de uso y entendí todo lo que nos pasaba. Tiene consecuencias en la salud y el ambiente. Está prohibido en un montón de países.

-¿Conocía de agroquímicos?

-No sabía mucho, pero acá se utiliza mucho y había escuchado cosas. Pero cuando pasó esto me puse a estudiar. He leído mucho, imprimí más de 2500 páginas y usé mucho internet, hasta tesis doctorales que explican los efectos del glifosato y otros químicos. Está probado que tiene efectos en ambiente y personas.

-¿Cómo es el modelo productivo en la zona?

-Acá en San Benito la mayoría hace soja. Todos usan glifosato. Los jueces lo saben pero no hacen nada.

-Ante sus reclamos. ¿Qué respuesta tuvo?

-La Secretaría de Producción nos toma de imbécil. Dice que no hace nada. ¿Por qué mienten? He leído mucho. No soy ni médico, ni ambientalista, pero sé que esto envenena y dentro 30 años no va a crecer nada.

-¿No se considera ambientalista?

-No lo soy. Los admiro porque son pacíficos. Se paran, reparten volantes. Van mil personas y son felices. Van dos personas y son felices. Yo no soy así. Pero les agradezco mucho el apoyo que me dieron.

-¿Y el rol del Poder Judicial? (en la actualidad mantiene una denuncia penal contra su vecino por contaminación y daño a la propiedad; y una causa civil por daños y perjuicios por la mortandad de aves y cerdos, y daños en la salud de la familia)

-Los jueces acá están comprometidos con el modelo sojero, o presionados, o no saben o… son estúpidos (sonríe). También hay que decir que acá no se denuncia las fumigaciones porque son todos parientes, o empleados, pero hay muchos afectados. Y así sigue la cadena y cada día usan más venenos.

Disparo

-¿Qué pasó en febrero de 2011?

-Veníamos viendo cómo se morían los animales, que la Justicia no hacía nada, que perdíamos nuestra forma de subsistencia. Y encima eso.

-¿Qué es eso?

-En febrero de 2011 fue cuando entró el mosquito (tractor fumigador) a las 7.30 de la mañana. Y me dije “este tipo está loco. ¿Qué hace?” Vi que estaba por fumigar y bue… agarré la escopeta. Caminé despacio, pensando qué hacer… Si tiro al aire se me ríe. Le tiro al tanque y hago desparramo. Le tiro a la cabina y se caga bien cagado. Y me dije que tenía pararlo ese día o no lo paraba más.

-¿Y qué hizo?

-Disparé. Le tiré a la cabina.

-¿Qué pasó?

-Le hice 37 agujeros. Tenías que ver al tipo (aplicador) el susto que tenía. Se fue.

-¿Y luego?

-Me denunciaron por abuso de arma de fuego. Ahí sí que actuó rápido la Justicia (se ríe). Vino el secretario del Juzgado a hacer allanamiento. Si fuera delincuente, escondía el arma y no la encontraban nunca. Pero no soy delincuente. Le di el arma y le conté cómo fue todo y los años que venía denunciando que me fumigaban.

-¿Siguieron las fumigaciones?

-El tipo se emperró en fumigar. Aparecía el mosquito, yo llamaba a la policía y dejaban de fumigar. Y yo no tenía ni una gomera… (sonríe). ¡Y no vas a creer que él contrató a policías para que lo custodien!

-¿Pudo hablar con el productor?

-Otro día quiso fumigar, con escribano, policías, todo. Nos encontramos ahí en la calle. Y ahí le dije, con la policía adelante, la próxima vez no le voy a disparar un tiro al que fumiga, sino a vos. Entro, te busco y te cago de un tiro a vos.

-¿Le respondió algo?

-Me dijo que me sabía capaz de eso pero que no me iba a dar plata. Y ahí nomás le dijimos que no queríamos plata, sino los animales, para seguir trabajando. Queremos los animales y que respete la ley cuando usa venenos. Alguien lo tiene que frenar o esto termina para la mierda.

Más muertes

-¿Luego sucedió lo de las gallinas?

-Con mi hijo que estudia para ingeniero agrónomo escribimos un proyecto muy detallado para cría de gallinas. Obtuvo el crédito de 10.800 pesos. Hicimos el galpón, comedero, bebedero y 500 gallinas, con apoyo del INTA y del municipio de Oro Verde. Venía todo muy bien, engordaban bien.

-¿Y qué sucedió?

-Las fumigaciones. Primero las gallinas dejaron de poner huevos. Llamé al INTA y no sabían qué pasaba. Hasta que un día fue la peor. Estábamos sentado acá y sentimos el olor amargo, fuerte. Mi esposa corrió a cerrar todo y yo me quedé acá, ya está, preparémonos para lo peor.

-¿Qué pasó?

-Algunas murieron ese día y el siguiente. Comenzaron a actuar raro, caminaban muy poco y se tiraban y quedaban al sol, como los perros. Y las gallinas no son así, andan siempre caminando. Y después sí, comenzaron a morir de a 50 por día. Era terrible. Estaba el campo alfombrado de gallinas muertas. Perdimos toda la producción.

-¿Pudieron acordar con el vecino algún arreglo?

-No hubo nada. Le dijimos que deje de fumigar. Y lo denunciamos.

-¿Cómo los afectó la muerte de los animales?

-Nos arruinó. No sacaron la forma de subsistencia. Mi hijo comenzó a cortar el pasto, hacer jardines, se la rebuscó. Y perdimos nuestro trabajo.

Propuesta

-Ustedes tienen una propuesta de otro modelo productivo.

-Hay que buscar cordones verdes. Los pueblos tienen que tener un ingeniero agrónomo, veterinario, cordones verdes y galpón como feria. Podemos producir alimentos sanos. Que los otros si quieren se sigan envenenando, pero que no nos impongan su basura a nosotros.

-¿También está pensando otra alternativa?

-(Sonríe) Estoy buscando el amaranto (planta que resiste al glifosato y que incluso puede avanzar sobre la soja o el maíz transgénico).

-¿Para qué?

-Si no nos dejan de envenenar los voy a bombardear con amaranto. Les voy a arruinar la cosecha. Será la venganza del amaranto.

Libertad

-¿Cómo sigue hoy su vida?

-Queremos volver a producir. Sabemos hacerlo y queremos hacerlo. Chanchos, gallinas, incluso conejos. No me voy a ir de acá.

-¿Muchos vecinos se fueron?

-Muchos se van. La gente vieja queda viuda, y arriendan. Les hacen soja y ellos se van a una departamento a Paraná. A nadie le importa si el que se queda acá se muere. Los viejos mueres y los hijos venden. Así es que se acaban los productores chiquitos. Pero esos tipos no saben que nuestros nietos van a comer soja, más soja y luego ya no van a comer nada, porque esto va a ser arena, tierra. Y van a estar todos envenenados. Pero yo no me voy.

-¿Por qué?

-Soy vasco. Ojo, no es que tengo apellido vasco. Yo me críe y pienso como vasco. Luego de cierta edad, ahora, casi 70 años, soy un etarra. ¿Qué es un etarra? Un tipo que le pelea a la vida. El Pueblo Vasco lucha por libertad. Los vascos llegaron a esa tierra antes que los españoles, antes que los catalanes. Y se les quita la tierra. Como acá sucede a los charrúas, a los mapuches. ¿Por qué te cuento esto? Porque este tipo me robó la libertad… la libertad de caminar en el campo, de tener animales, pero sabés qué… ese hombre se equivocó de campo, de vecino, de lugar, de todo. Como buen vasco, no me voy a retirar de esta batalla… la lucha continuará hasta el sol se apague.

 

* Por Darío Aranda. Publicado en el Periódico de la CTA de Marzo de 2015.