Litio y espejos de colores

Litio y espejos de colores

«Es innegable que no se puede perder la oportunidad que se nos presenta: lograr exprimir hasta sus últimas consecuencias un bien natural que es central para la sociedad del posdesarrollo que viene».

Bruno Fornillo (investigador del Conicet y Clacso)*

La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.

Por Darío Aranda

Salinas Grandes, lugar de vida, trabajo y cultura de los pueblos Kolla y Atacama (Foto de Iwgia)

«Oro blanco», es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. «Recurso natural estratégico», argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. «Nuestra vida», resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.

Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.

Veinte años

El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas (kollas y atacama en Jujuy y Salta).

El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Está ubicado en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra (Catamarca) y está en manos de la multinacional multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.

A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman «triángulo del litio» a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.

Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar (de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.

Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.

Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.

Mauricio Macri lo promociona de forma retirada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será «líder» en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.

¿Desarrollo nacional?

«YPF del litio», fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de «Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado».

Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.

Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.

El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.

Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).

El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.

Académicos

El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la «YPF del litio» fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.

El Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales es heterogéneo, en formación (economistas, cientistas políticos, historiadores) y miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.

«Geopolítica del litio», es el libro publicado en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en ciencias sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).

El 21 de septiembre participó de la charla «¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.

Criticó la idea empresaria-gubernamental de la «Arabia Saudita del litio» (como se suele señalar al «triangulo del litio» de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.

Pero también señaló que el litio «plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo energético no fósil». Precisó que la «polémica» tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.

Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. «Se les paga para que se lleven el litio», denunció.

«Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso», afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.

Explicó que en Chile, de la mano de «los Chicago boys», la apropiación de renta por parte del Estado es «muy importante» en comparación con Argentina. Pero sobre todo reivindicó el modelo boliviano, donde –remarcó– se estatizó «el recurso y se intervino en toda la cadena de valor».

Afirmó que existe fiscalización para que sea «menos contaminante» y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.

«Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades», propuso Slipak.

En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.

¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.

Entrevista a Slipak.

-¿Cuál es el rol de las comunidades en la minería de litio?

-La participación de las comunidades es crucial, se debe respetar sus tradiciones, aunque no son las únicas involucradas. Soy partidario de la consulta libre, previa e informada (derecho básico presente en legislación nacional e internacional, que nunca se aplica en Argentina), pero necesitan información.

-¿Qué sucede si la comunidad dice no a la minería?

-Mi posición, no de todo el Grupo de Estudios, es que se debe respetar esa posición de la comunidad.

-Usted reivindicó el trabajo del científico Ernesto Calvo para explotar litio de forma, en teoría, «menos contaminante». Pero ese desarrollo es para mineras y no para indígenas, que sufrirán las consecuencias. Es una toma de postura investigar eso.

-Es cierto que Calvo hace ciencia pero no dialogó con las comunidades involucradas.

Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el «principio precautorio», vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación.

Lucha

Las comunidades indígenas ya dijeron «no a la minería de litio». Algunos académicos, con discurso progresista, impulsan la explotación (Foto de Iwgia).

Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.

Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según leyes nacionales (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.

Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron sobre qué implicaba la consulta, cómo debía ser, qué implicaba. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.

Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde la el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.

Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.

Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: «Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso». Y compara: ¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.

Ambiente y presiones

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de a Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.

En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.

Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.

Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. «Hay avance de mineras y la situación está complicada por que el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen», denunció González.

Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida «de decisión o negociación» sobre el territorio indígenas.

EEUU y represión

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. «El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.

El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.

«El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión», señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: «Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras».

 

* Libro «Geopolítica del litio». Página 87.

El derrame minero que Barrick quiso ocultar*

El derrame minero que Barrick quiso ocultar*

Un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo confirmó la contaminación del río La Palca, en San Juan, por nuevos derrames no informados por la Barrick Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia a la mina de oro Veladero y al Gobierno.

Por Darío Aranda

El río La Palca, cercano a la mina de oro Veladero (de la empresa Barrick Gold, en San Juan), sufre un incremento exponencial de mercurio, manganeso y aluminio. “Padecemos el envenenamiento del agua de la cuenca del Río Jáchal a causa de los derrames mineros”, denunció la Asamblea de Jáchal, en base un estudio de la Universidad de Cuyo, y responsabilizó a la empresa por un nuevo derrame. El subsecretario de Desarrollo Minero de Nación, Mario Capello, se burló de las críticas a la minería y afirmó que “el cianuro lo puede consumir el ser humano”. El gobierno nacional intenta modificar la Ley de Glaciares para avanzar con proyectos mineros.

La Asamblea de Jáchal accedió a un estudio de aguas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y confirmó la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis, solicitados por la Municipalidad de Jáchal, fueron realizados por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la UNCuyo el 28 de febrero en el río La Palca, que recibe sus aguas de los ríos Potrerillos y Las Traguas, que pasan directamente por la mina Veladero. La Palca aporta el 70 por ciento del caudal del río Jáchal.

La Universidad de Cuyo confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20). El aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5).

La Asamblea de Jáchal tomó como referencia los estudios del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (Cipcami –dependiente de la Provincia–), que monitoreó el río durante seis años (entre 2004 y 2010). “Durante todos esos años los valores de mercurio, manganeso y aluminio no superaban los límites establecidos por la Ley de Residuos Peligrosos”, recordó la Asamblea.

Los análisis de la Universidad de Cuyo, comparados con el Cipcami, muestran un incremento del 5000 por ciento en mercurio, del 18.000 por ciento en manganeso y del 50.000 por ciento en aluminio.

“Estos nuevos análisis demuestran que en febrero de 2018 hubo otro gran derrame ocultado por la empresa y el Gobierno”, denunció la Asamblea de Jáchal. Como sucedió con los derrames de septiembre de 2015 y 2016, el mercurio, el manganeso y el aluminio se elevaron de manera drástica. “Estamos seguros de que hubo nuevos derrames”, afirmó Saúl Zeballos, asambleísta de Jáchal.

La Asamblea denunció que el intendente de Jáchal, Miguel Angel Vega, ocultó los análisis de la Universidad de Cuyo.

El gobierno provincial, a cargo de Sergio Uñac, y Barrick Gold tuvieron el mismo discurso. Sostuvieron que no hubo derrames nuevos y que los ríos tienen esos metales “de forma natural”.

La Asamblea le respondió en un comunicado: “El Gobierno y la empresa siguen mintiendo, la cuenca del Río Jáchal está siendo envenenada gravemente por la actividad megaminera”. Y recordaron que Barrick Gold opera en zona prohibida por la Ley de Glaciares. Exigen su retiro y que remedie la contaminación.

El derrame del 13 de septiembre de 2015 transcendió por mensajes de WhatsApp de trabajadores mineros a sus familias en Jáchal, donde alertaban que no tomen agua. En un primer momento, el gobierno provincial y Barrick Gold negaron el derrame. Cuando ya no pudieron ocultarlo, Barrick reconoció el derrame de 15.000 litros de agua con cianuro, pero aseguró que no llegó al río y desmintió la contaminación. Una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que llegó al río. Dos días después, intervención judicial mediante, Barrick Gold reconoció que derramó al menos 1.070.000 litros de “solución cianurada”.

Por el derrame de cianuro de Barrick hay dos causas judiciales. Una tramita en tribunales federales, donde el juez Sebastián Casanello procesó a los ex secretarios de Minería, Jorge Mayoral, y de Ambiente, Sergio Lorusso, por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientales y uno de los letrados de la Asamblea de Jáchal, explicó que es “vergonzoso” el accionar del Poder Judicial de San Juan. La causa está en manos del Pablo Oritja y sólo procesó a ocho empleados de segunda línea de la empresa por violación de la Ley de Residuos Peligrosos. “Dejó libre de toda responsabilidad a los directivos de la empresa y a los funcionarios provinciales”, denunció Viale.

La Asamblea de Jáchal responsabilizó al gobernador Uñac, al ministro de Minería provincial, Alberto Hansel; al presidente Macri y a los ministros Juan José Aranguren y Sergio Bergman. “Saben de la contaminación, tienen la información, pero no dicen la verdad porque solo les interesa proteger a la Barrick y seguir metiendo megamineras”, denunciaron. Y alertaron que el Gobierno quiere modificar la Ley de Glaciares para favorecer el avance minero.

En abril pasado, en la provincia se realizó la “Exposición Internacional San Juan factor de Desarrollo de la Minería Argentina”. En línea con los anuncios de Aranguren y Bergman, el gobernador Sergio Uñac y el subsecretario de minería de Nación, Mario Capello, reclamaron la modificación de la Ley de Glaciares para “favorecer la llegada de inversiones”. Capello dio un paso más al defender la minería y afirmó que “el cianuro es una sal, lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos”.

 

*Artículo publicado el 21 de mayo de 2018 en el diario Página12.

https://www.pagina12.com.ar/116180-un-derrame-de-silencio

Otra multinacional, un nuevo desastre

Otra multinacional, un nuevo desastre

Glencore es la mayor multinacional de materias primas del mundo. Acumula denuncias en una decena de países. Derrame de agrotóxicos e incendio en su planta de acopio de América (Buenos Aires).

La empresa Glencore, la mayor compañía de materias primas del mundo, acumula variadas denuncias por violación de derechos, contaminación y corrupción. Acaba de sumar una mancha más: un derrame de agrotóxicos e incendio en su planta de América (partido de Rivadavia, en el oeste bonaerense). La compañía, de origen suizo, minimizó el hecho, tardó cinco días en emitir un comunicado y se ganó el repudio de la comunidad bonaerense. Sí reconoció que el peligroso herbicida atrazina estuvo entre los químicos que ardieron. A nivel internacional, es denunciada por «altos niveles de contaminación, impactos en la salud y ocasionar alta conflictividad social».

El derrame e incendio sucedió el sábado 4 de noviembre a la mañana, en su planta de América, ruta nacional 33, en el extremo oeste bonaerense. La nube tóxica negra se hizo visible a kilómetros a la redonda durante todo el día. Además de los bomberos voluntarios locales tuvieron que acudir dotaciones de Trenque Lauquen y Villegas.

Glencore acopia en América granos y agrotóxicos. El día del incendio la Municipalidad emitió un breve comunicado por Facebook: «Por prevención recomendamos a la población no ventilar sus hogares ni exponerse al contacto directo con el humo. En caso de ser necesario a fin de evitar el contacto recomendamos autoevacuarse a la casa de un familiar y si fuese necesario estará disponible como lugar de evacuación el Centro Integrador Comunitario».

Funcionarios locales aclararon que la Municipalidad no había otorgado permiso de acopio de químicos y alertaron que el derrame (e incendio) podía tratarse del peligro agroquímico 2-4D, que está prohibido en Rivadavia. Tres días después del incendio, la Guardia Ambiental Municipal y la policía local detectaron 2-4D en otro galpón de Glencore (enfrente de donde fue el incendio) y fue clausurado.

El incendió fue extinguido a las 17 del sábado. Se pudo observar a bomberos intoxicados (trabajaron sin máscaras, a pesar de la nube tóxica). Esa misma tarde circuló por internet una convocatoria vecinal para reunirse. “Estas empresas se llevan el dinero y no les importa nuestra salud. Hemos tomado la iniciativa de reunirnos los vecinos, para hacer visible el riesgo que corremos nosotros y nuestro futuro”, invitaba el texto.

Al día siguiente, domingo 5, se realizó la primera reunión de vecinos en la Plaza Colón. Dominaba el enojo con la empresa, pero también con las autoridades, por la falta de control y el impacto en la salud de la población. Exigieron explicaciones y la reubicación de las plantas de acopio de cereales, de agrotóxicos y de las empresas de fumigaciones.

El lunes 6 hubo una segunda reunión de vecinos autoconvocados. Escribieron una carta al Concejo Deliberante. «Fue un desastre ambiental sin precedentes en la provincia de Buenos Aires, cuyas consecuencias son incalculables e impredecibles. El alto nivel de toxicidad que produjo la nube tóxica que afectó, puso y pone en riesgo la salud de toda la población de América. La salud es lo primero», resaltaron.

Como sucede ante cada desastre ambiental (derrame de Barrick Gold en San Juan, explosión de YPF-Chevron en Vaca Muerta, fumigaciones con agrotóxicos sobre escuelas rurales), las autoridades relativizaron lo sucedido. El secretario de Salud del Municipio, Pablo Cabaleiro, argumentó que «los herbicidas son de baja volatilidad, por lo que no es necesario evacuar; recomendamos no ventilar las casas, tener agua envasada; hay que estar tranquilos, vamos a sentir olor hasta que la nube pase pero no es necesario usar barbijos». El Secretario de gobierno municipal, Mauro Mercado, pidió «no desesperarse, no hay que exponerse al humo y no ventilar las casas hasta que la nube pase».

El diario regional Tiempo del Oeste realizó una minuciosa cobertura. El vecino Adelmar Funk escribió un artículo: «¿Si es grave? Me preguntan. Claro que es grave, pero ya lo era, solo que nuestra indiferencia no nos lo dejaba ver. ¿Qué otro destino que sumarlos a los más de 3.000.000 de litros de tóxicos que se vierten todos los años en el partido de Rivadavia? Es grave porque se han diseminado al ambiente, que es lo mismo que decir sobre nosotros, químicos cuya acción en mezclas y proporciones desconocidas y sobre cuyos efectos sobre los seres vivos nadie en el mundo puede precisar». Y recordó la enorme cantidad de casos de cáncer «encubiertos en estadísticas mentirosas y publicidad ostentosa que a diario ocupa los medios mostrando las supuestas bondades de estos productos».

Glencore es una empresa extractiva de primer nivel, nada que envidiar a Barrick Gold o Monsanto, pero con perfil bajo. Tiene la particularidad de ser parte de las multinacionales mineras y también del agro. En Argentina opera Minera Alumbrera, en el oeste de Catamarca, donde acumula denuncias por contaminación y por incumplir las promesas de trabajo y desarrollo local. Andalgalá, Santa María y Belén (las ciudades cercanas a Alumbrera) siguen siendo igual de pobres que antes de la minería. La semana pasada se confírmó la denunciado por organizaciones sociales desde hace años: que evade impuestos mediante cuentas en paraísos fiscales (en los conocidos Paradise Papers).

Glencore fue fundada en 1974 y acumula denuncias y condenas variadas. En 1994 se conformó como Glencore International S. A. y el crecimiento fue exponencial. En 2005 se convirtió en la empresa líder en comercio de materias primas (metales-minerales, energéticos y productos agrícolas). Controla el 60 por ciento del comercio de zinc del mundo, 50 por ciento de cobre y 45 por ciento de plomo. Maneja un valor estimado de negocios de 239.000 millones de dólares.

El accionar de Glencore ameritó que una decena de organizaciones de América Latina y Europa se conformaran en 2012 en la denominada «Red Sombra Observadores de Glencore» para compartir experiencias y confirmar que todas las regiones donde opera la empresa tienen consecuencias comunes. «Hemos establecido los impactos y daños graves de siete operaciones mineras de Glencore en nuestros países. La empresa provocó consecuencias negativas para las comunidades», denuncian las organizaciones en una investigación de 84 páginas publicado en abril pasado.

Recién cinco días después del derrame e incendio, la empresa emitió un breve comunicado. «En el depósito había 120 silos bolsa de polipropileno, un pallet de semilla de maíz y girasol y alrededor de quince pallets de atrazina granulada, herbicida no inflamable. Las bolsas de polipropileno rápidamente generaron una gran nube negra. Para las 17.45 los bomberos voluntarios lograron apagar el incendio con éxito y sin víctimas ni personas lesionadas», señaló.

El sector agro de Glencore en Argentina cuenta con puertos en Rosario, Necochea y Bahía Blanca; fábricas de aceite en General Villegas, Daireaux y Timbúes; plantas de agrocombustible en Rosario y Pilar; y una red de acopio en toda la Pampa Húmeda. Su lema es «cultivamos confianza».

 

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Prontuario

La investigación «Informe sombra de las operaciones de Glecore en América Latina», precisa la situación de Minera Alumbrera (Argentina), las empresas Illapa S.A. y Sinchi Wayra S.A. (Bolivia), el Grupo Empresarial Prodeco (Colombia). Compañía Minera Antamina, Compañía Minera Antapaccay y Perubar (Perú). «Glencore enfrenta más de 40 investigaciones y sanciones administrativas y judiciales en varios países por graves daños e impactos ambientales, como contaminación de personas, aire y suelos, desviación ilegal de ríos e intervención ilegal en áreas protegidas», denuncia el informe de la Red.

Detalla el accionar de la compañía en los países de la región, con datos precisos y testimonios de afectados. Entre las conclusiones sobresalen: América Latina es una de las zonas más lucrativas para Glencore, la compañía oculta sus finanzas en paraísos fiscales, realiza un pequeño aporte en renta minera en los países que opera, lleva décadas contaminando de forma impune, afectó ecosistemas, es un gigantesco contaminador de aguas, ha provocado emisiones contaminantes en todos los lugares donde operó y generó alta conflictividad social.

 

*Versión extensa de artículo publicado el 13 de noviembre en el diario Página12

Sin presupuesto para los campesinos

Sin presupuesto para los campesinos

El Gobierno había comprometido 1.500 millones de pesos para la agricultura familiar, pero los fondos no fueron asignados. Organizaciones campesinas denuncian “traición”, “aprietes” y “desmanejos” en el Ministerio de Agricultura. Y cuestionan que el Gobierno sí asignó recursos (2.500 millones) a los productores de soja. Mañana se reúne el Consejo de la Agricultura Familiar.

casamiquela y persico“La Presidenta nos ha instruido muy concretamente para que podamos no solamente sancionar la ley (de agricultura familiar), sino aplicarla, y para ello tenemos que asignar los recursos”, afirmó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el 15 de diciembre de 2014. Fue en Casa de Gobierno, junto al ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, y al secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico. El encuentro se repitió el 5 de enero. La gacetilla de prensa del Gobierno precisa: “Contará con una partida presupuestaria de 1.500 millones de pesos (…) no solamente hay que trabajar bien, sino que tenemos que hacerlo rápido».

A cinco meses de ese hecho, el secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico reconoció que este año no se contará con el presupuesto prometido. Las organizaciones campesinas, todas con muy buena sintonía con el kirchnerismo, descargaron duras críticas al Gobierno: aprietes, exigencias de alineamientos acríticos, manejos discrecionales, promesas incumplidas y dobles discursos.

Donde si apareció el presupuesto es para los productores de granos (entre ellos, de soja y maíz transgénicos). El Gobierno asignó 2.500 millones de pesos (en marzo pasado, con la creación del «Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos»). Ya hizo depósitos por 320 millones de pesos.

“Reparación histórica”

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción, el 13 de noviembre de 2014, a la ley bautizada de “reparación histórica para la agricultura familiar”. Define a la tierra como un bien social, promueve la creación de un banco de tierras y suspende los desalojos campesinos por tres años, entre otros puntos. Aunque es una ley “de adhesión” (las provincias deben suscribirla para que sea efectiva en los territorios), fue calificada como un gran logro por las organizaciones.

Pero la mala noticia fue que los diputados de oficialismo retiraron, a último momento, el artículo 33, que especificaba un presupuesto anual de 1500 millones de pesos. Todas las entidades campesinas cuestionaron la maniobra, se movilizaron y emitieron comunicados de repudio. “Sin presupuesto, no hay ley”, fue el título del escrito conjunto de las organizaciones de la agricultura familiar, y afirmaron: “Ante esta exclusión del articulo tratado en la Cámara de Diputados, exigimos urgente la restitución del artículo 33 de la ley en el tratamiento que resta en el Senado (…) Nos encontramos en estado de asamblea permanente en los territorios para seguir movilizados y reclamando la asignación presupuestaria en la ley”.

Negociaciones mediante con legisladores del oficialismo y el Ministerio de Agricultura, el Gobierno se comprometió a la asignación del presupuesto luego de la sanción de la ley. “El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, junto al jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, anunciaron hoy que el presupuesto al proyecto de Ley de Agricultura Familiar, que ya tiene media sanción en Diputados, será de 1.500 millones de pesos y lo reglamentará el Ejecutivo de manera inmediata, una vez que obtenga la sanción del Congreso”, afirmó la gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura el 15 de diciembre.

Dos días después, el Senado convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto de “reparación histórica de la agricultura familiar”.

“No sirve aplaudir todo”

“Situación complicada”. Así resume el panorama José Luis Livolti, del Movimiento Campesino Liberación (MCL). Explica que, en abril, fue Emilio Pérsico (secretario de Agricultura Familiar y uno de los máximos dirigentes del Movimiento Evita) quien sinceró que el presupuesto prometido (de 1.500 millones de pesos para este año) se había esfumado. El mensaje que bajó del Gobierno fue que, al no haber reglamentado la ley, no se pudo asignar el presupuesto.

Livolti descree en ese argumento. “¿Quién garantiza que con reglamentación habrá presupuesto?”. Y aporta otro elemento. “Los sojeros no tiene ley y no tienen reglamentación, pero les dan 2.500 millones de pesos”, acusa.

Refiere al acuerdo entre el Gobierno y la Federación Agraria Argentina. Firmado en en marzo pasado. “Si tiene ojo de gato, pata de gato y maúlla como gato… es gato. Ya no creemos cualquier cosa”, se enoja. Y recuerda que la ley tenía presupuesto y, sin previo aviso, lo sacaron los propios diputados oficialistas.

No sabe si existe una interna entre Aníbal Fernández, el Ministro de Agricultura (Casamiquela), Pérsico y el Ministerio de Economía. Pero acusa que el Secretario de Agricultura Familiar “te hace la cruz si mostrás algo de autonomía de ellos”. Y lo señala como uno de los responsables de que organizaciones campesinas participen de “mesas de diálogo” con Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, los empresarios que impulsaron los transgénicos) y empresas del agronegocios. “Me hablan de socialismo, agroecología y reforma agraria pero luego se sientan a hablar con el enemigo. Es vergonzoso, una barbaridad”, dispara.

Avisa que el MCL no se va a disciplinar ante el Movimiento Evita ni ante ningún funcionario. Pide que abren el diálogo, respetando autonomías y que se apuntalen cambios estructurales, para lo que es “imprescindible” el presupuesto.

Avisa que el viernes 22 de mayo habrá una nueva reunión del Consejo de la Agricultura Familiar, donde se verán las caras más de una decena de organizaciones y funcionarios. Informa que desde el Ministerio de Agricultura se los invitó a montar carpas y stand (frente al Cabildo) con productos en las vísperas del acto oficial del 25 de mayo. Adelanta que no participarán de esa movilización. “No vamos a romper con el Gobierno, pero sí a criticar lo que creemos que está mal. No sirve aplaudirle todo ni a Pérsico ni a ningún funcionario”, afirma.

“Llamó para apretarme”

Benigno López se identifica como aliado del Gobierno y reafirma que siempre votó por el kirchnerismo. Recuerda que el Frente Nacional Campesino (FNC) nació en pleno conflicto por la Resolución 125 y en claro apoyo al kirchnerismo. Pero avisa que “hay cosas que no se pueden callar”. Y apunta a Pérsico. “Me llamó dos veces para putearme y apretarme porque estábamos haciendo críticas por la falta del presupuesto y denunciando favoritismos en la Secretaría”, asegura.

Cuestiona que entre fines de enero y principios de abril no se convocó y se hizo el vacío, desde la Secretaría de Agricultura Familiar, a las organizaciones rurales. “Exigimos reglamentación de la ley y el presupuesto de 1.500 millones. Y lo hacemos público aunque funcionarios de segunda línea nos llamen para apretarnos”, advierte. No quiere dar nombres, pero desliza que se refiere también a segunda líneas de la Secretaría.

Denuncia que en las delegaciones provinciales no hay recursos. Da como ejemplos a Chaco y Formosa. “Los pocos fondos que hay se destinan a la campaña del Evita, no a los productores. Está todo muy podrido”, afirma.

Señala que hay intenciones de movilizar al Ministerio de Economía y al de Agricultura, pero aclara que antes debe definirse claramente, y con participación de las organizaciones, cómo se asignará el presupuesto. “No queremos desmanejos”, advierte. Puntualiza que la prioridad debe ser la regulación dominial de los territorios, la provisión de agua, la producción campesina y la comercialización.

Remarca que apoya y coincide con el gobierno nacional, pero quiere explicitar las críticas. “No podemos dejar de cuestionar la concentración de la tierra en pocas manos, la entrega de los recursos naturales, es un desastre el avance empresario. Es una realidad. Y hay que decir que no se avanzó nada para que campesinos e indígenas se queden en su territorio. Claro que si decís esto… cae mal”.

-¿Marcharán el próximo 25 de mayo a Plaza de Mayo?
Responde un largo “nooooo”. Y explica que sí movilizaron el 25 de mayo de 2013, por los diez años de kirchnerismo: “Pasamos frío y hambre para venir a aplaudir. Después no podíamos volver. No pagaron el micro que se habían comprometido, lo tuvo que pagar nuestra organización… y luego nos enteramos que la plata se perdió en el camino. Ahí aprendimos. No venimos más a los actos”.

“El Gobierno es víctima”

Daniel Bareilles es un referente de la Asociación de Productores Familiares de Cañuelas y del Movimiento Agroecológico de América Latina (Maela). Desde el inicio de la entrevista descarta estar enojado o molesto con el Gobierno por la falta de presupuesto para el sector. Si reconoce algo de “tristeza”. Pero rápidamente retoma: “Necesitamos un esfuerzo más”. Remarca que en los últimos años se han logrado “muchas cosas”. Y precisa la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, y luego el paso a Secretaría. Y valora la ley aprobada en 2014.

“No te podés enojar por la no asignación de presupuesto. No se puede perder el hilo de la realidad”, asegura.

Explica que hicieron una nota al Ministerio de Agricultura señalando que “no es aceptable” la falta de recursos. Reconoce que no tuvieron respuesta. Tiene expectativa con la próxima reunión del Consejo de Agricultura Familiar. Espera alguna buena noticia.

Ante la avanzada del agronegocios, 12 millones de hectáreas con soja en 2003 y 22 millones en la actualidad, Bareilles no duda: “No me puedo enojar con el Gobierno. El modelo es una realidad en América”.

-¿Y quiénes son los responsables? (pregunto)
“Felipe Solá en el ’96 abrió la puerta al modelo”, responde.

-¿Y el Gobierno actual?
Bareilles responde: “El Gobierno es víctima de este modelo perverso. Si un Gobierno se pone en contra de este modelo… dura quince días”.

Pide que las organizaciones tengan una táctica común para avanzar con otro modelo agropecuario e insiste: “No hay que perder de vista la realidad”.

Evita

El Movimiento Evita llegó a la (entonces) Subsecretaría de Agricultura Familiar en 2012. Y estableció buen diálogo con la mayoría de las organizaciones rurales. De hecho, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) se sumó al Ministerio con cuadros técnicos y políticos y estableció alianza electoral con el Movimiento Evita (se movilizó el año pasado en apoyo a la candidatura de Jorge Taiana, que fue declinada hace pocos días).

Cuando Norberto Yauhar era ministro de Agricultura, Pérsico se opuso a la aprobación de una nueva ley de semillas (que era reclamada por las grandes corporaciones del agro). Intervino a favor de la agricultura campesina.

Cuando asumió Casamiquela al frente del Ministerio, Pérsico fue uno de los pocos que permaneció en el cargo. Y ya comenzaba el armado, desde la misma Secretaría de Agricultura Familiar, del Frente Agrario Evita, brazo rural del Movimiento Evita.

Pérsico suele proponer la vuelta de un millón de personas al campo. Y también señala la posible “convivencia” entre el agronegocios y el campesinado. Este postulado suele ser cuestionado por otros sectores campesinos, organizaciones sociales y algunos sectores de la academia que sostienen que no hay convivencia posible entre ambos modelos.

ComAmbiental intentó entrevistar a Pérsico. Pero no respondió los pedidos de reportaje.

MNCI

El Movimiento Nacional Campesina Indígena (MNCI) tiene bases en siete provincias y desde 2012 forma parte del Gobierno en la Secretaría de Agricultura Familiar. Son públicos sus comunicados de apoyo al oficialismo y movilizaciones (al inicio de sesiones en el Congreso Nacional y los 25 de Mayo). Cuestionan claramente el modelo extractivo y focalizan sus críticas en las transnacionales. Forman parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y de la Vía Campesina (movimiento internacional de organizaciones rurales).

Este periodista intentó entrevistas con Diego Montón (uno de los referentes del MNCI y coordinador de la CLOC) y con Ramiro Fresneda (del MNCI de Córdoba y subsecretario de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Agricultura Familiar), pero no fue posible. Quedó abierto el ofrecimiento de próxima entrevista.

“Nos traicionó”

La Unión Argentina de Pescadores Artesanales (UAPA) son los campesinos del agua. Sector productivo de mares y ríos, que debe luchar contra las grandes empresas y que sufren las falta de políticas públicas para el sector. Una de sus bases organizaciones está en Chubut. Pedro Oroquieta es uno de sus referentes. “Pérsico nos traicionó. Nos vino a buscar para trabajar juntos, le creímos, pero solo buscaba dividirnos y cooptar organizaciones”, denuncia.

Marca un quiebre cuando se fue Capitanich de la Jefatura de Gabinete. Aclara que no hay diálogo con Aníbal Fernández ni con Casamiquela. Precisa que tanto el Héctor Espina (jefe de Gabinete de Agricultura) como Pérsico les reconocieron que no están ni estarán este año los 1.500 millones que el Gobierno había comprometido. “Somos participes de este Gobierno y lo apoyamos, pero no somos obsecuentes. Si desaparece el presupuesto para nosotros y le dan 2.500 millones a Federación Agraria y sojeros… es una decisión política y la denunciamos”, sostiene.

Define a la situación como “muy complicada”, avisa que muchas organizaciones (oficialistas) están cansadas de reuniones y debates, sin medidas concretas en los territorios.

Menciona a Osvaldo Chiaramonte (hombre de confianza de Pérsico, segundo el el organigrama del área). “Nos prometió muchas cosas, pero nos mintió descaradamente”, denuncia.

Precisa que a su organización le pidieron planificar tres talleres de pescadores de todo el país. UAPA avanzó con los tres encuentros. “A último momento nos cancelaban los talleres”, recuerda Oroquieta. “¿Sabés que hicieron? Nos sacaron información para crear una organización paralela de pescadores que se pone la camiseta del Movimiento Evita”, asegura. Y define: “Pérsico toma agricultura familiar como un partido político, logran mejoras solo para ellos y para las organizaciones alineadas”.

Afirma que los pescadores, como organización, no se pondrán la camiseta de ningún partido ni de ningún Gobierno. “Tenemos nuestra propia camiseta y no la vamos a cambiar. Y mucho menos nos vamos a poner la camiseta de quienes dicen que el agronegocios puede ‘convivir’ con la agricultura familiar (dichos de Pérsico). Esa es la mayor traición a los pequeños productores y campesinos”.

“Sin recursos, la ley no sirve”

José Luis Castillo tiene un doble rol. Es unos de los referentes de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA) y director de Fortalecimiento en la Secretaría de Agricultura Familiar. “No estamos nada contentos”, resume. Y recuerda que en enero se habían reunido con Jefatura de Gabinete y Ministerio de Agricultura. Parecía que marchaba todo bien, incluso se habían definido los tres desembolsos que hacían un total de 1.500 millones de pesos para 2015. “Estamos a mayo y no hay nada. Nos dicen que hace falta la reglamentación de la ley y que estaría la plata para 2016, pero son cosas distintas, van por separado… Están muy bien los discursos, pero también hay que verlo en los hechos. Y eso no está pasando”, explica.

Reconoce que nadie asegura que en 2016 esté el presupuesto. Y menos con un cambio de gobierno mediante. “Espina y Pérsico dijeron que agotaron todas las posibilidades de gestión. Que depende del Ministerio de Economía. No sabemos qué creer, hay cosas que no cierran”, sincera.

Recuerda los comunicados de fines de 2014, de varias organizaciones rurales, que alertaban “sin presupuesto no hay ley”. Lo sostiene: “Sin recursos, la ley no sirve”. Explica que la norma debe contar con la adhesión de las provincias. Y, por ahora, sólo adhirió Jujuy. Y define la situación de muchos dirigentes campesinos: “Es todo muy triste”.

No pierde la esperanza de que en la próxima reunión del Consejo de Agricultura Familiar haya alguna buena noticia, aunque también anuncia que son varias las organizaciones que proponen una movilización campesina en Buenos Aires.

Reconoce que “la mayor calentura” sucedió el día del anunció de los 2.500 millones para los productores de soja. “Muchos sentíamos que las reivindicaciones del sector campesino se estaban por plasmar. Era ahora o nunca. Y ahora sentimos que otra vez están postergando a la agricultura familiar”.

* Por Darío Aranda. Artículo publicado el 21 de mayo de 2015 en  http://www.comambiental.com.ar/2015/05/sin-presupuesto-para-los-campesinos.html

Argentina profunda

Argentina profunda

desnutricionNiños indígenas víctimas de desnutrición, tuberculosis y enfermedades evitables. La reacción de los funcionarios, qué cambió para evitar más fallecimientos, la disputa por el territorio y dos meses de acampe en Buenos Aires.

Néstor, Natalia, Marcos, Martín, Mauricio, Samuel y Alan. Niños indígenas qom y wichí que murieron en Argentina por desnutrición y enfermedades evitables. Los funcionarios desligaron responsabilidades y minimizaron la situación. La academia y los pueblos originarios habían advertido: la falta de territorio conlleva a la pérdida de sus fuentes de vida. La cosecha récord, la situación en Formosa, el modelo agropecuario que avanza sobre tierras indígenas y dos meses de acampe en el centro porteño.

Néstor

El 6 de enero falleció en Chaco el niño qom Néstor Femenía. Tenía 7 años, un cuerpo famélico, desnutrición y tuberculosis. Fue tapa de diarios, su muerte ocupó horarios centrales de televisión, pero la noticia se diluyó a los pocos días. Una de las principales diputadas del oficialismo, Diana Conti, llegó a argumentar una “cuestión cultural”1 y hasta culpar a la comunidad que, según su apreciación, tenía responsabilidad por no dejarse ayudar. El certificado de defunción del niño mintió sobre las causas de la tragedia: “Muerte por enfermedad”. No mencionó la palabra desnutrición.

El jefe de Gabinete de la Nación y gobernador de Chaco (en uso de licencia), Jorge Capitanich, afirmó que se trataba de un “caso aislado”, denunció una “operación política”2 contra el Gobierno y aseguró que «Washington tiene más tasa de mortalidad infantil que la Argentina».

Los casos “aislados” se repitieron. El 13 de enero falleció en Chaco Natalia Gómez, beba qom de tres meses de vida. El 20 de enero fue el turno de Marcos Solís, indígena wichí de la localidad de Morillo (Salta), de 1 año, por desnutrición severa. Martín Delgado, wichí de ocho meses, también murió por desnutrición (en Pichanal, Salta). El 6 de febrero murió otro niño wichí, Mauricio Lucas, por desnutrición en la salteña Santa Victoria Este. Tenía dos años y, al igual que su mamá, no tenía documentos. Samuel Jaimez, niño aborigen de tres años de Pozo El Bravo. Alan Villena, de 9 meses, murió en el hospital de Colonia Santa Rosa (Salta). Sólo algunos nombres de una larga lista.

El ministro de Salud de Salta, Oscar Villa Nougues, reconoció que se habían producido dos fallecimiento en agosto y septiembre de 2014, pero no fueron difundidos por el Gobierno. La secretaria de Salud de la provincia, Cristina Lobos, lo justificó: “El Ministerio de Salud no es un obituario”3.

Silvana López, jefa de Atención Primaria de Salud del hospital de Tartagal (Salta), reconoció que tenía registro de “193 niños con bajo peso, 150 diagnosticados con desnutrición y nueve de ellos se encuentran en estado crítico”.

Dorita Fernández tiene 36 años, wichí de la localidad de Pichanal (departamento de Orán, al norte provincial). Es docente bilingüe y trabaja junto a promotores de salud. “Aún hay muchos chicos desnutridos en toda esta zona. No tienen acceso a alimentos ni agua, tampoco les llegan medicamentos y atención de salud como debe ser. En el verano se agrava por el calor, menos agua, menos alimentos y todo sigue igual”, lamenta Fernández.

Precisa que cuando el tema llegó a los medios, llegaron más recursos, pero aún son insuficientes. No alcanzan los medicamentos, la infraestructura ni lo recursos humanos para hacer seguimiento sanitario. “Los políticos dicen que es por nuestra cultura hay desnutrición o enfermedades, pero en mentira. No hay más monte, no hay árboles, no tenemos más frutos ni animalitos que siempre nos dio el monte”, explica.

Estadísticas

El Ministro de Salud de Salta, Oscar Villa Nougues, señaló que 1900 niños (de 0 a 5 años) tienen déficit nutricional. El Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde) de la Universidad de Salta aportó otra cifra: 15.300 niños salteños padecen déficit nutricional (el diez por ciento del total de niños). El motivo principal, la pobreza estructural.

En Chaco no son públicas las estadísticas oficiales de desnutrición. Rolando Nuñez, de la ONG Centro Nelson Mandela, es un constante difusor de la situación social y ambiental de la provincia. Explicó que hace meses pide los datos sanitarios y no le son entregados. Y alertó sobre un cambio en el sistema de clasificación: los niños que hasta 2009 estaban en la categoría “desnutridos Clase 1 (leves)” pasaron categorizarse como “niños con riesgo alimentario”.

“De esa manera lograron reducir estadísticamente el total de chicos desnutridos. Lo hacen para publicitar que se redujo la desnutrición”, denunció Nuñez y, a cuatro meses de la muerte de Néstor Femenía, afirmó: “El gobierno trabajó sobre la comunidad indígena para que el caso pase al olvido. Socio-sanitariamente no tomaron ninguna medida estructural. Todo sigue igual”. Aseguró que la familia de Néstor Femenía continua solicitando asistencia alimentaria y de agua. La situación de máxima exclusión no ha cambiado.

Según el documento “Indicares Básicos” del Ministerio de Salud de la Nación, la mortalidad infantil de menores de 5 años era de 13,8 en 2010 (por cada mil nacidos vivos). El subsecretario de Salud Comunitario del Ministerio. Nicolás Kreplak, afirmó que la última estadística, de 2014, es de 10,8 por ciento. El documento oficial «Mortalidad infantil en Argentina» afirma que en 2013 murieron 8174 niños menores de 5 años. Y reconoce 21 casos por desnutrición.

Unicef Argentina alerta que no se cuenta con estadísticas focalizadas sobre población indígena4, salvo en Salta, donde Unicef afirma: “En niños originarios la tasa de mortalidad no solo no ha descendido, sino que casi triplica la tasa de mortalidad infantil provincial”.

Modelo agropecuario

Los pueblos indígenas definen al monte ancestral como su farmacia y su supermercado. En las últimas décadas han sido desalojados por el modelo agropecuario de sus lugares ancestrales de vida o arrinconados en pequeñas parcelas. Ya no cuentan con su espacio vital, el territorio de dónde obtener alimentos y remedios. La soja transgénica y la ganadería avanzaron sobre el norte de Argentina, tierra de campesinos y pueblos indígenas. La cosecha de Argentina, más de cien millones de toneladas de granos, tiene como principal destino los chanchos y las aves de Europa y Asia.

La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta (UNSA) reúne a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades): “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen una violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alertó. La Escuela de Antropología denunció la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.

En Chaco se desmontaron 218.000 hectáreas (entre 2007 y 2013). Comunidades indígenas del Impenetrable presentaron una acción de amparo por los desmontes ilegales. Intervino el Juzgado Civil y Comercial 6 de Chaco, que ordenó monitorear la situación de los bosques nativos. El tribunal designó a la antropóloga Graciela Elizabeth Bergallo para que realicé un informe sobre la situación social en la zona. El documento, de 26 páginas, fue presentado ante el Juzgado y alerta: “La degradación y desaparición del bosque nativo pone en riesgo la sobrevivencia del territorio, de la comunidad wichi y de las personas que la integran”. La antropóloga, en su informe para el Juzgado, afirma que se deben tomar medidas medidas “urgentes” para proteger la vida del pueblo wichí.

Formosa

Unicef Argentina informó en 2014 que la mortalidad infantil (para menores de 1 año) se redujo en los últimos quince años5. En 1990 era de 16,3 (por cada 1000 nacidos) y descendió al 11,1 en 2012. Pero alertó sobre la gran disparidad entre provincias. Mientras en Ciudad de Buenos Aires es de 8 por cada mil, y en Tierra del Fuego de 8,4; en el otro extremo se encuentra Misiones y Jujuy (14,2), Salta (14,3), Catamarca (15,1), Corrientes (16,4), Chaco (18) y Formosa (20,9).

El informe Situación de Salud de la Provincia de Formosa, realizado por la Cátedra de Salud Pública de Universidad Nacional de Formosa en 2014 confirma que la mortalidad infantil de recién nacidos hasta 1 año es más alta en regiones donde está la mayor población indígena: Ibarreta (20,7), Las Lomitas (21,8), Ingeniero Juárez (22), Misión Laishi (25,5).

“Muchas veces el énfasis puesto por las autoridades y la prensa sobre la mortalidad infantil hace perder de vista el hecho de que la vulnerabilidad infantil no acaba al cumplir el primer año de vida; sin embargo muchos de los soportes sociales están asociados a ésta edad y se cortan al cumplir el año de vida. Las condiciones estructurales que determinan la pobreza y la vulnerabilidad social no desaparecen en el soplar de una velita (cuando esta existe)”, advierte el informe de la Universidad Nacional y precisa que, respecto a la mortalidad entre 1 y 4 años de vida, Formosa duplica el promedio nacional.

Si el parámetro es de 1 a 5 años, otra vez los departamentos con mayor población indígena son los que más sufren. Ingeniero Juárez, Ibarreta, San Martín, Las Lomitas y Misión Laishi (entre 25 y 33 muertes por cada mil niños). Muy por encima del promedio nacional (13 por mil6).

La Provincia no hace públicas las estadísticas socio-sanitarias. El Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) de Nación sí, pero muestran cifras muy cuestionadas: 6,4 de pobreza y 1,9 de desocupación. Según el Indec, en Formosa hay menos pobreza que en Alemania y menor desocupación que en Noruega.

Amnistía Internacional investigó la situación indígena de Formosa durante casi dos años. “La violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas (…) El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma su investigación de 2010, titulada “Exigimos respeto”. Da cuenta de la sistemática violación de derechos de los pueblos indígenas en la provincia.

Cinco años después, febrero de 2015, Amnistía lanzó un comunicado urgente. “La respuesta institucional a los reclamos que la comunidad viene realizando hace años por el cumplimiento efectivo de su derecho al territorio evidencia las graves deficiencias del Estado para desarrollar políticas efectivas tendientes a asegurar y proteger los derechos indígenas y reflejan las graves prácticas de violencia que suelen desplegarse frente a uno de los grupos más postergados del país”, señala el comunicado de Amnistía, referido en particular a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), y advierte sobre una posible represión sobre la comunidad.

Potae

El 23 de noviembre de 2010, en Formosa, la Gendarmería Nacional liberó la zona y la policía provincial avanzó con escopetas y pistolas 9 milímetros sobre la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Dos asesinados. El abuelo qom Roberto López y el policía Eber Falcón. Treintena de detenidos y, mano policial mediante, una decena de casas qom incendiadas.

La comunidad qom trasladó su reclamo por justicia y por territorio hasta el centro de Buenos Aires. La Avenida de Mayo y 9 de Julio fue el lugar elegido para acampar. Cuatro meses de acción directa, visibilización como nunca antes, y pedido de entrevista con la Presidenta.

Fueron recibidos por el ministro del Interior, Florencia Randazzo, pero no cumplió los acuerdos de asistencia social, reconocimiento a las autoridades electas por la comunidad, justicia por la represión de 2010 ni el respeto al territorio qom.

En los últimos cuatro años la comunidad Potae Napocna Navogoh sufrió una veintena de hechos de violencia y diez muertes. Roberto López (2010). Lila Coyipé (de diez meses de vida) y Celestina Jara (2012). Juan Daniel Díaz Asijak, Guillermo Díaz y Delina Díaz (2013). Una bebé recién nacida(hija de Beti Miranda y Rubén Díaz), Javier Camachi y Norma Artaza (2014). Y Esteban Medina (2015).

El gobierno provincial siempre argumentó “causas naturales” o accidentes. La comunidad qom afirmó todo lo contrario. “Atentados” y “abandono” por parte del Estado.

Qopiwini

La lucha encabezada por Potae Napocna Navogoh y su líder, Félix Díaz, germinó en enero de 2015, con la unión de 48 comunidades de los cuatro pueblos indígenas de Formosa: Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé (Qopiwini).

Un nuevo intento del Gobierno de dividir a la comunidad y obras inconsultas motivaron un corte en la Ruta Nacional 86, en Potae Napocna. El intento de otra represión a los qom impulsó un nuevo acampe en Buenos Aires, en el mismo lugar que en 2010, pero ya no solo una comunidad, sino los cuatro pueblos indígenas de Formosa.

El 10 de marzo marcharon por el centro porteño. Nunca los pueblos indígenas de Formosa se habían animado a tanto. Y, desde hacía demasiado tiempo, ni indígenas ni campesinos se movilizaban en Argentina con un listado de demandas con destinatarios tan claros. Se apuntó a la responsabilidad del Poder Judicial (personificado en la Corte Suprema) por el incumplimiento de los derechos indígenas. Se llegó hasta el Congreso Nacional, donde se les hizo una pregunta muy concreta: “¿Dónde están cuando los niños indígenas se mueren de hambre?”.

Y finalizó en Plaza de Mayo. Y se le recordó la alianza oficial con petroleras, mineras y empresas agropecuarias: “Le sacan la tierra a los indígenas para dárselas a las multinacionales”.

El acampe, en espera de respuesta, sigue en pie. Ya van dos meses. Y prometen ser más. Félix Díaz, emblema indígena de Argentina, advirtió: “No nos iremos hasta tener una respuesta. Sólo queremos que respeten nuestros derechos”.

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* Por Darío Aranda. Publicado el 17 de mayo de 2015 en http://www.biophilia-foundation.org/ES/2015/05/17/argentina-profunda/

Medidas urgentes para el glifosato

Medidas urgentes para el glifosato

Hace dos meses, la OMS declaró que hay pruebas de que el glifosato es cancerígeno. A partir de dicho informe, especialistas e investigadores argentinos reclamaron medidas urgentes para proteger a la población. En Santa Fe fue prohibido el agrotóxico 2,4D.

glifosatoLa Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hace dos meses que el herbicida glifosato produce daño genético en humanos y lo recategorizó como probable cancerígeno (segundo en una escala de 1 a 5). A partir del informe de investigadores, profesionales de la salud y organizaciones sociales exigieron que se implementen medidas urgentes para proteger a la población. En Argentina se utilizan 200 millones de litros de glifosato por año y se afecta a más de 28 millones de hectáreas. En Santa Fe, y por la exigencia de organizaciones, fue prohibido el agrotóxico 2,4D, el segundo más utilizado en el país y que también se emplea en la producción de soja transgénica. El glifosato es producido por Monsanto, Syngenta, Basf, Bayer, Dupont, Dow Agrosciences, Atanor y Nidera, entre otras empresas.

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, máximo órgano de la Organización Mundial de la Salud) encomendó a 17 expertos de once países dictaminar respecto del herbicida más utilizado del mundo (entre otros cultivos, se emplea en soja, maíz y algodón). Luego de un año de trabajo, publicaron el 20 de marzo un documento inédito: “El glifosato causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas (situación que tiene relación directa con el cáncer). Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”. Detalla que la evidencia en humanos corresponde a la exposición de agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia, con publicaciones científicas desde 2001.

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de Argentina (Fesprosa) representa a 30 mil médicos y profesionales de la salud. Emitió un documento en base al dictamen de la OMS. Recuerda que desde hace más de una década que existe evidencia en poblaciones y estudios científicos “que no responden a las corporaciones” del agro. “El glifosato no sólo provoca cáncer. También está asociado al aumento de abortos espontáneos, malformaciones genéticas, enfermedades de la piel, respiratorias y neurológicas”, afirma Fesprosa, que además exige al Ministerio de Salud la prohibición del herbicida y llama a un debate amplio y urgente sobre la reconversión del modelo agropecuario. “El agronegocio no puede seguir creciendo a costa de la salud de los argentinos”, reclama.

También se expidió la Sociedad Argentina de Hemato-Oncología Pediátrica (Sahop). “Resulta alarmante el uso masivo de productos tóxicos promocionados como ‘avances tecnológicos’ y que se fumiga desaprensivamente en mezclas de dosis crecientes que combinan herbicidas con insecticidas. El riesgo se potencia enormemente si además estos tóxicos se utilizan dispersándolos por vía aérea”, explica el documento que lleva como título “Pronunciamiento sobre tóxicos ambientales”. También alerta sobre los riesgos de los silos bolsa (enormes plásticos en el que se guardan los granos), donde proliferan los “hongos productores de aflatoxinas, categorizadas por la IARC como conocidos carcinógenos humanos desde 1993”.

La Sahop, especializada en cáncer infantil, reclamó la prohibición “inmediata” de toda fumigación y exigió “posicionar claramente al glifosato como carcinogénico y regular su uso estrictamente”. Firmada por el presidente de la Sociedad Pediátrica, Pedro Zubizarreta, llama a implementar políticas de Estado que promuevan alternativas de producción saludables.

El Hospital de Pediatría Juan Garrahan, en Capital Federal, es el epicentro de atención de los niños de todo el país afectados por fumigaciones. Allí se realizó la jornada sobre “salud, agrotóxicos y daño genético”, donde participaron los investigadores Raúl Horacio Lucero y María del Carmen Seveso. Convocada por la Junta Interna de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), concurrieron medio centenar de profesionales de la salud y familias con niños afectados. Y consensuaron una declaración sobre la clasificación de la IARC-OMS sobre glifosato y la situación en Argentina.

Afirma que la reclasificación de la OMS es tardía, pero valora que ratifica lo que afectados directos y profesionales de la salud observan y denuncian desde hace años “sin ser escuchados por autoridad alguna”. Afirma que es imprescindible contar en hospitales públicos, de manera gratuita, con laboratorios aptos para realizar dosajes (análisis para evaluar si los pacientes tienen agroquímicos en sangre). “Se torna indispensable la aplicación del principio precautorio (tomar medidas preventivas) que priorice el cuidado de la salud y el ambiente por sobre la rentabilidad y se prohíba el uso de sustancias, no sólo glifosato, que puedan poner en riesgo o amenacen la vida”, destaca el documento emitido por profesionales del Hospital Garrahan.

La Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), conformada por más de veinte organizaciones de todo el país solicitó por escrito a los ministerios de Agricultura, Ciencia y Salud la “prohibición inmediata” del glifosato, y alertó que no se trata sólo de un agroquímico: “Es necesario replantear radicalmente el modelo de agricultura basado en monocultivos, transgénicos y agrotóxicos para iniciar una transición hacia una producción agroecológica basada en las economías locales y orientada hacia la soberanía alimentaria”. En línea similar se expresaron la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, Greenpeace y la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía (UBA).

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Prohibición en Santa Fe

Santa Fe prohibió el uso del herbicida 2,4D, el segundo más utilizado del país, y organizaciones sociales solicitaron la misma medida al Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentario (Senasa). En Neuquén, legisladores por el partido UPIE (Instrumento Electoral por la Unidad Popular) presentaron un proyecto para prohibir el glifosato en toda la provincia. Epuyen (Chubut) es el primer municipio de Argentina en prohibir la venta y uso de glifosato. “Por la nueva clasificación, el glifosato es tan cancerígeno como el PCB (compuesto químico que se usaba en los transformadores eléctricos, hoy prohibido)”, precisa la ordenanza de Epuyen.

El Ministerio de Producción de Santa Fe informó el 25 de abril la prohibición del 2,4D. La medida había sido presentada formalmente en junio de 2014 por el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) y la ONG Conciencia Solidaria.En marzo pasado, ante el Senasa, también se solicitó la prohibición del 2,4D. Con frondosa bibliografía científico, el pedido fue firmado por la organización BIOS (de Mar del Plata), Acción por la Biodiversidad, Foro Ambiental de General Viamonte, Foro Salud y Ambiente de Vicente López, la ONG Naturaleza de Derechos, Foro Ecologista de Paraná y la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.

 

* Por Darío Aranda. Publicado el 11 de mayo de 2015 en el diario Página12.