Sin presupuesto para los campesinos

Sin presupuesto para los campesinos

El Gobierno había comprometido 1.500 millones de pesos para la agricultura familiar, pero los fondos no fueron asignados. Organizaciones campesinas denuncian “traición”, “aprietes” y “desmanejos” en el Ministerio de Agricultura. Y cuestionan que el Gobierno sí asignó recursos (2.500 millones) a los productores de soja. Mañana se reúne el Consejo de la Agricultura Familiar.

casamiquela y persico“La Presidenta nos ha instruido muy concretamente para que podamos no solamente sancionar la ley (de agricultura familiar), sino aplicarla, y para ello tenemos que asignar los recursos”, afirmó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el 15 de diciembre de 2014. Fue en Casa de Gobierno, junto al ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, y al secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico. El encuentro se repitió el 5 de enero. La gacetilla de prensa del Gobierno precisa: “Contará con una partida presupuestaria de 1.500 millones de pesos (…) no solamente hay que trabajar bien, sino que tenemos que hacerlo rápido».

A cinco meses de ese hecho, el secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico reconoció que este año no se contará con el presupuesto prometido. Las organizaciones campesinas, todas con muy buena sintonía con el kirchnerismo, descargaron duras críticas al Gobierno: aprietes, exigencias de alineamientos acríticos, manejos discrecionales, promesas incumplidas y dobles discursos.

Donde si apareció el presupuesto es para los productores de granos (entre ellos, de soja y maíz transgénicos). El Gobierno asignó 2.500 millones de pesos (en marzo pasado, con la creación del «Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos»). Ya hizo depósitos por 320 millones de pesos.

“Reparación histórica”

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción, el 13 de noviembre de 2014, a la ley bautizada de “reparación histórica para la agricultura familiar”. Define a la tierra como un bien social, promueve la creación de un banco de tierras y suspende los desalojos campesinos por tres años, entre otros puntos. Aunque es una ley “de adhesión” (las provincias deben suscribirla para que sea efectiva en los territorios), fue calificada como un gran logro por las organizaciones.

Pero la mala noticia fue que los diputados de oficialismo retiraron, a último momento, el artículo 33, que especificaba un presupuesto anual de 1500 millones de pesos. Todas las entidades campesinas cuestionaron la maniobra, se movilizaron y emitieron comunicados de repudio. “Sin presupuesto, no hay ley”, fue el título del escrito conjunto de las organizaciones de la agricultura familiar, y afirmaron: “Ante esta exclusión del articulo tratado en la Cámara de Diputados, exigimos urgente la restitución del artículo 33 de la ley en el tratamiento que resta en el Senado (…) Nos encontramos en estado de asamblea permanente en los territorios para seguir movilizados y reclamando la asignación presupuestaria en la ley”.

Negociaciones mediante con legisladores del oficialismo y el Ministerio de Agricultura, el Gobierno se comprometió a la asignación del presupuesto luego de la sanción de la ley. “El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, junto al jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, anunciaron hoy que el presupuesto al proyecto de Ley de Agricultura Familiar, que ya tiene media sanción en Diputados, será de 1.500 millones de pesos y lo reglamentará el Ejecutivo de manera inmediata, una vez que obtenga la sanción del Congreso”, afirmó la gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura el 15 de diciembre.

Dos días después, el Senado convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto de “reparación histórica de la agricultura familiar”.

“No sirve aplaudir todo”

“Situación complicada”. Así resume el panorama José Luis Livolti, del Movimiento Campesino Liberación (MCL). Explica que, en abril, fue Emilio Pérsico (secretario de Agricultura Familiar y uno de los máximos dirigentes del Movimiento Evita) quien sinceró que el presupuesto prometido (de 1.500 millones de pesos para este año) se había esfumado. El mensaje que bajó del Gobierno fue que, al no haber reglamentado la ley, no se pudo asignar el presupuesto.

Livolti descree en ese argumento. “¿Quién garantiza que con reglamentación habrá presupuesto?”. Y aporta otro elemento. “Los sojeros no tiene ley y no tienen reglamentación, pero les dan 2.500 millones de pesos”, acusa.

Refiere al acuerdo entre el Gobierno y la Federación Agraria Argentina. Firmado en en marzo pasado. “Si tiene ojo de gato, pata de gato y maúlla como gato… es gato. Ya no creemos cualquier cosa”, se enoja. Y recuerda que la ley tenía presupuesto y, sin previo aviso, lo sacaron los propios diputados oficialistas.

No sabe si existe una interna entre Aníbal Fernández, el Ministro de Agricultura (Casamiquela), Pérsico y el Ministerio de Economía. Pero acusa que el Secretario de Agricultura Familiar “te hace la cruz si mostrás algo de autonomía de ellos”. Y lo señala como uno de los responsables de que organizaciones campesinas participen de “mesas de diálogo” con Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, los empresarios que impulsaron los transgénicos) y empresas del agronegocios. “Me hablan de socialismo, agroecología y reforma agraria pero luego se sientan a hablar con el enemigo. Es vergonzoso, una barbaridad”, dispara.

Avisa que el MCL no se va a disciplinar ante el Movimiento Evita ni ante ningún funcionario. Pide que abren el diálogo, respetando autonomías y que se apuntalen cambios estructurales, para lo que es “imprescindible” el presupuesto.

Avisa que el viernes 22 de mayo habrá una nueva reunión del Consejo de la Agricultura Familiar, donde se verán las caras más de una decena de organizaciones y funcionarios. Informa que desde el Ministerio de Agricultura se los invitó a montar carpas y stand (frente al Cabildo) con productos en las vísperas del acto oficial del 25 de mayo. Adelanta que no participarán de esa movilización. “No vamos a romper con el Gobierno, pero sí a criticar lo que creemos que está mal. No sirve aplaudirle todo ni a Pérsico ni a ningún funcionario”, afirma.

“Llamó para apretarme”

Benigno López se identifica como aliado del Gobierno y reafirma que siempre votó por el kirchnerismo. Recuerda que el Frente Nacional Campesino (FNC) nació en pleno conflicto por la Resolución 125 y en claro apoyo al kirchnerismo. Pero avisa que “hay cosas que no se pueden callar”. Y apunta a Pérsico. “Me llamó dos veces para putearme y apretarme porque estábamos haciendo críticas por la falta del presupuesto y denunciando favoritismos en la Secretaría”, asegura.

Cuestiona que entre fines de enero y principios de abril no se convocó y se hizo el vacío, desde la Secretaría de Agricultura Familiar, a las organizaciones rurales. “Exigimos reglamentación de la ley y el presupuesto de 1.500 millones. Y lo hacemos público aunque funcionarios de segunda línea nos llamen para apretarnos”, advierte. No quiere dar nombres, pero desliza que se refiere también a segunda líneas de la Secretaría.

Denuncia que en las delegaciones provinciales no hay recursos. Da como ejemplos a Chaco y Formosa. “Los pocos fondos que hay se destinan a la campaña del Evita, no a los productores. Está todo muy podrido”, afirma.

Señala que hay intenciones de movilizar al Ministerio de Economía y al de Agricultura, pero aclara que antes debe definirse claramente, y con participación de las organizaciones, cómo se asignará el presupuesto. “No queremos desmanejos”, advierte. Puntualiza que la prioridad debe ser la regulación dominial de los territorios, la provisión de agua, la producción campesina y la comercialización.

Remarca que apoya y coincide con el gobierno nacional, pero quiere explicitar las críticas. “No podemos dejar de cuestionar la concentración de la tierra en pocas manos, la entrega de los recursos naturales, es un desastre el avance empresario. Es una realidad. Y hay que decir que no se avanzó nada para que campesinos e indígenas se queden en su territorio. Claro que si decís esto… cae mal”.

-¿Marcharán el próximo 25 de mayo a Plaza de Mayo?
Responde un largo “nooooo”. Y explica que sí movilizaron el 25 de mayo de 2013, por los diez años de kirchnerismo: “Pasamos frío y hambre para venir a aplaudir. Después no podíamos volver. No pagaron el micro que se habían comprometido, lo tuvo que pagar nuestra organización… y luego nos enteramos que la plata se perdió en el camino. Ahí aprendimos. No venimos más a los actos”.

“El Gobierno es víctima”

Daniel Bareilles es un referente de la Asociación de Productores Familiares de Cañuelas y del Movimiento Agroecológico de América Latina (Maela). Desde el inicio de la entrevista descarta estar enojado o molesto con el Gobierno por la falta de presupuesto para el sector. Si reconoce algo de “tristeza”. Pero rápidamente retoma: “Necesitamos un esfuerzo más”. Remarca que en los últimos años se han logrado “muchas cosas”. Y precisa la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, y luego el paso a Secretaría. Y valora la ley aprobada en 2014.

“No te podés enojar por la no asignación de presupuesto. No se puede perder el hilo de la realidad”, asegura.

Explica que hicieron una nota al Ministerio de Agricultura señalando que “no es aceptable” la falta de recursos. Reconoce que no tuvieron respuesta. Tiene expectativa con la próxima reunión del Consejo de Agricultura Familiar. Espera alguna buena noticia.

Ante la avanzada del agronegocios, 12 millones de hectáreas con soja en 2003 y 22 millones en la actualidad, Bareilles no duda: “No me puedo enojar con el Gobierno. El modelo es una realidad en América”.

-¿Y quiénes son los responsables? (pregunto)
“Felipe Solá en el ’96 abrió la puerta al modelo”, responde.

-¿Y el Gobierno actual?
Bareilles responde: “El Gobierno es víctima de este modelo perverso. Si un Gobierno se pone en contra de este modelo… dura quince días”.

Pide que las organizaciones tengan una táctica común para avanzar con otro modelo agropecuario e insiste: “No hay que perder de vista la realidad”.

Evita

El Movimiento Evita llegó a la (entonces) Subsecretaría de Agricultura Familiar en 2012. Y estableció buen diálogo con la mayoría de las organizaciones rurales. De hecho, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) se sumó al Ministerio con cuadros técnicos y políticos y estableció alianza electoral con el Movimiento Evita (se movilizó el año pasado en apoyo a la candidatura de Jorge Taiana, que fue declinada hace pocos días).

Cuando Norberto Yauhar era ministro de Agricultura, Pérsico se opuso a la aprobación de una nueva ley de semillas (que era reclamada por las grandes corporaciones del agro). Intervino a favor de la agricultura campesina.

Cuando asumió Casamiquela al frente del Ministerio, Pérsico fue uno de los pocos que permaneció en el cargo. Y ya comenzaba el armado, desde la misma Secretaría de Agricultura Familiar, del Frente Agrario Evita, brazo rural del Movimiento Evita.

Pérsico suele proponer la vuelta de un millón de personas al campo. Y también señala la posible “convivencia” entre el agronegocios y el campesinado. Este postulado suele ser cuestionado por otros sectores campesinos, organizaciones sociales y algunos sectores de la academia que sostienen que no hay convivencia posible entre ambos modelos.

ComAmbiental intentó entrevistar a Pérsico. Pero no respondió los pedidos de reportaje.

MNCI

El Movimiento Nacional Campesina Indígena (MNCI) tiene bases en siete provincias y desde 2012 forma parte del Gobierno en la Secretaría de Agricultura Familiar. Son públicos sus comunicados de apoyo al oficialismo y movilizaciones (al inicio de sesiones en el Congreso Nacional y los 25 de Mayo). Cuestionan claramente el modelo extractivo y focalizan sus críticas en las transnacionales. Forman parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y de la Vía Campesina (movimiento internacional de organizaciones rurales).

Este periodista intentó entrevistas con Diego Montón (uno de los referentes del MNCI y coordinador de la CLOC) y con Ramiro Fresneda (del MNCI de Córdoba y subsecretario de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Agricultura Familiar), pero no fue posible. Quedó abierto el ofrecimiento de próxima entrevista.

“Nos traicionó”

La Unión Argentina de Pescadores Artesanales (UAPA) son los campesinos del agua. Sector productivo de mares y ríos, que debe luchar contra las grandes empresas y que sufren las falta de políticas públicas para el sector. Una de sus bases organizaciones está en Chubut. Pedro Oroquieta es uno de sus referentes. “Pérsico nos traicionó. Nos vino a buscar para trabajar juntos, le creímos, pero solo buscaba dividirnos y cooptar organizaciones”, denuncia.

Marca un quiebre cuando se fue Capitanich de la Jefatura de Gabinete. Aclara que no hay diálogo con Aníbal Fernández ni con Casamiquela. Precisa que tanto el Héctor Espina (jefe de Gabinete de Agricultura) como Pérsico les reconocieron que no están ni estarán este año los 1.500 millones que el Gobierno había comprometido. “Somos participes de este Gobierno y lo apoyamos, pero no somos obsecuentes. Si desaparece el presupuesto para nosotros y le dan 2.500 millones a Federación Agraria y sojeros… es una decisión política y la denunciamos”, sostiene.

Define a la situación como “muy complicada”, avisa que muchas organizaciones (oficialistas) están cansadas de reuniones y debates, sin medidas concretas en los territorios.

Menciona a Osvaldo Chiaramonte (hombre de confianza de Pérsico, segundo el el organigrama del área). “Nos prometió muchas cosas, pero nos mintió descaradamente”, denuncia.

Precisa que a su organización le pidieron planificar tres talleres de pescadores de todo el país. UAPA avanzó con los tres encuentros. “A último momento nos cancelaban los talleres”, recuerda Oroquieta. “¿Sabés que hicieron? Nos sacaron información para crear una organización paralela de pescadores que se pone la camiseta del Movimiento Evita”, asegura. Y define: “Pérsico toma agricultura familiar como un partido político, logran mejoras solo para ellos y para las organizaciones alineadas”.

Afirma que los pescadores, como organización, no se pondrán la camiseta de ningún partido ni de ningún Gobierno. “Tenemos nuestra propia camiseta y no la vamos a cambiar. Y mucho menos nos vamos a poner la camiseta de quienes dicen que el agronegocios puede ‘convivir’ con la agricultura familiar (dichos de Pérsico). Esa es la mayor traición a los pequeños productores y campesinos”.

“Sin recursos, la ley no sirve”

José Luis Castillo tiene un doble rol. Es unos de los referentes de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA) y director de Fortalecimiento en la Secretaría de Agricultura Familiar. “No estamos nada contentos”, resume. Y recuerda que en enero se habían reunido con Jefatura de Gabinete y Ministerio de Agricultura. Parecía que marchaba todo bien, incluso se habían definido los tres desembolsos que hacían un total de 1.500 millones de pesos para 2015. “Estamos a mayo y no hay nada. Nos dicen que hace falta la reglamentación de la ley y que estaría la plata para 2016, pero son cosas distintas, van por separado… Están muy bien los discursos, pero también hay que verlo en los hechos. Y eso no está pasando”, explica.

Reconoce que nadie asegura que en 2016 esté el presupuesto. Y menos con un cambio de gobierno mediante. “Espina y Pérsico dijeron que agotaron todas las posibilidades de gestión. Que depende del Ministerio de Economía. No sabemos qué creer, hay cosas que no cierran”, sincera.

Recuerda los comunicados de fines de 2014, de varias organizaciones rurales, que alertaban “sin presupuesto no hay ley”. Lo sostiene: “Sin recursos, la ley no sirve”. Explica que la norma debe contar con la adhesión de las provincias. Y, por ahora, sólo adhirió Jujuy. Y define la situación de muchos dirigentes campesinos: “Es todo muy triste”.

No pierde la esperanza de que en la próxima reunión del Consejo de Agricultura Familiar haya alguna buena noticia, aunque también anuncia que son varias las organizaciones que proponen una movilización campesina en Buenos Aires.

Reconoce que “la mayor calentura” sucedió el día del anunció de los 2.500 millones para los productores de soja. “Muchos sentíamos que las reivindicaciones del sector campesino se estaban por plasmar. Era ahora o nunca. Y ahora sentimos que otra vez están postergando a la agricultura familiar”.

* Por Darío Aranda. Artículo publicado el 21 de mayo de 2015 en  http://www.comambiental.com.ar/2015/05/sin-presupuesto-para-los-campesinos.html

Disparar al agronegocios

Disparar al agronegocios

El 68 por ciento de la tierra cultivada de Entre Ríos posee soja transgénica. Un pequeño productor víctima de los agroquímicos se transformó en un símbolo de la lucha: disparó con su escopeta contra un tractor fumigador. Entrevista a Julio Ariza, el campesino que no quiere agrotóxicos en su campo y resiste al modelo transgénico.

Desde San Benito, Entre Ríos

entre rios - julio ariza - en bajaVida de campo. Cría de animales, quinta para autoconsumo, siesta y aire puro. Julio Ariza tuvo veinte años de vida tranquila en San Benito (Entre Ríos). Hasta que la agricultura “moderna” se instaló en el campo vecino. Soja, maíz y más soja. Y, claro, agroquímicos. Fumigaciones con avión, luego con tractor (esos que tienen largos brazos rociadores y se los llama “mosquito”). Sobrevinieron la muerte de animales. Primero los chanchos, las crías nacían con malformaciones, las preñadas sufrían abortos espontáneos. La principal fuente de ingreso de la familia comenzó a quebrarse.

Hablaron con el vecino. No hubo solución. Fueron al Municipio e hicieron la denuncia policial. Tampoco hubo respuesta.

Lo volvieron a fumigar, con viento hacia la casa (y al corral). Al día siguiente encontró más animales muertos. Veía con impotencia cómo se perdía el sustento familiar.

Visualizó el mosquito con agroquímicos, otra vez fumigando hasta el borde de su campo. Fue al interior de la vivienda. Agarró la escopeta y caminó despacio hasta el alambrado. Nunca en sus casi 70 años había hecho algo semejante, pero no lo dudó. Apuntó y apretó el gatillo. 37 perdigones dieron en la cabina del tractor. Ya nada volvió a ser igual.

Fue denunciado por el productor sojero y sindicado como un “símbolo de la violencia” por los promotores del agronegocios (desde empresarios y funcionarios, hasta medios de comunicación y vecinos). Y, en el otro extremo, recibió la solidaridad de las víctimas de los agroquímicos, organizaciones sociales, asambleas socioambientales.

En Entre Ríos el 68 por ciento de la tierra cultiva tiene soja transgénico. Julio Ariza tiene dos certezas: no utilizará agrotóxicos y no se irá de su campo.

Vida tranquila

-¿Cuánto hace que viven acá?

-Vivíamos en la ciudad (Paraná). Soy perito mercantil, tenía oficina contable y fui martillero público. En 1992 vinimos acá. Nos entusiasmó vivir en el campo tranquilo, sano, respirar aire puro. Y luego comenzamos a pensar que también podíamos vivir del campo. Son 7 hectáreas y media. Poco después comenzamos a producir.

-¿Qué producían?

-Comenzamos con una chancha con cría y tres lechones. Teníamos cero experiencia, con corrales muy modestos, hecho con palos, sin puerta. Luego fuimos mejorando. También tuvimos cabras, ovejas y hasta alguna vaca. En un momento hicimos cuentas y llegamos a la conclusión de que con cinco chanchas puede vivir una familia como la nuestra, con producción propia. Y a un vecino le cedíamos parte de la tierra para producción de girasol, avena, alfalfa y de ahí sacaba el alimento para los chanchos. Compramos libros, estudiamos y todo fue prueba y error.

-¿Y cuánto llegaron a tener?

-Hicimos la chanchería con tablas de madera y techo de chapa. Y llegamos a quince madres y 100 lechones. Vivíamos tranquilos. Nuestro plan era tener 21 madres. Con eso podíamos vivir bien dos familias y hasta tener un empleado.

-¿Cuándo comenzaron los problemas?

-En 2006 sacaron todo una franja de monte que había entre el campo del vecino y nosotros. Y el mosquito pasaba y fumigaba. De a poco dejaron de verse las anguilas, tortugas, bichos que siempre hubo. Y un día no se preñaron las chanchas. Algo pasaba. Al poco tiempo, aparecen diez chanchitos muertos y chanchas con abortos. ¿Qué pasó? Recordamos que había fumigado, con viento, y con olor amargo que no llegó hasta la casa.

-¿Qué hizo?

-Fui a hablar con el vecino (Sergio Plez). Le dije si no será el glifosato el problema. Y él me fue sincero. Me dijo que podía ser, que el mosquito fue en día equivocado y fumigó con viento.

-¿Acordaron algo?

-Le dije de buscar la forma de arreglar. “Vos no va a ser más pobre ni yo mas rico por diez chanchos. Arreglemos”. Le propuse. Pero nunca quiso. Y siguió fumigando.

-¿Y qué pasó?

-Al tiempo vino la veterinaria a atender a una chancha preñada y sacó dos lechones con malformaciones. Ahí fui e hice la denuncia porque nos seguía fumigando, no respetaba la ley de agroquímicos que pone un límite para no fumigar, que sea un día sin viento, que tenga que notificar y cuente con orden y control de un agrónomo. Hice denuncia en la policía y el municipio.

-¿Y qué respuesta tuvo?

-Ninguna. Cuando desde el Juzgado llamaron al veterinario dijo que era por los agroquímicos. Y está probado que fumigó con un 250 por ciento más de lo recomendado. Eso figura en la receta del ingeniero agrónomo de ese día.

Modelo

-¿Sabe que químico usó?

-Glifosato, 2-4d y atrazina. El 2,4d es un veneno terrible. Agarré el instructivo de uso y entendí todo lo que nos pasaba. Tiene consecuencias en la salud y el ambiente. Está prohibido en un montón de países.

-¿Conocía de agroquímicos?

-No sabía mucho, pero acá se utiliza mucho y había escuchado cosas. Pero cuando pasó esto me puse a estudiar. He leído mucho, imprimí más de 2500 páginas y usé mucho internet, hasta tesis doctorales que explican los efectos del glifosato y otros químicos. Está probado que tiene efectos en ambiente y personas.

-¿Cómo es el modelo productivo en la zona?

-Acá en San Benito la mayoría hace soja. Todos usan glifosato. Los jueces lo saben pero no hacen nada.

-Ante sus reclamos. ¿Qué respuesta tuvo?

-La Secretaría de Producción nos toma de imbécil. Dice que no hace nada. ¿Por qué mienten? He leído mucho. No soy ni médico, ni ambientalista, pero sé que esto envenena y dentro 30 años no va a crecer nada.

-¿No se considera ambientalista?

-No lo soy. Los admiro porque son pacíficos. Se paran, reparten volantes. Van mil personas y son felices. Van dos personas y son felices. Yo no soy así. Pero les agradezco mucho el apoyo que me dieron.

-¿Y el rol del Poder Judicial? (en la actualidad mantiene una denuncia penal contra su vecino por contaminación y daño a la propiedad; y una causa civil por daños y perjuicios por la mortandad de aves y cerdos, y daños en la salud de la familia)

-Los jueces acá están comprometidos con el modelo sojero, o presionados, o no saben o… son estúpidos (sonríe). También hay que decir que acá no se denuncia las fumigaciones porque son todos parientes, o empleados, pero hay muchos afectados. Y así sigue la cadena y cada día usan más venenos.

Disparo

-¿Qué pasó en febrero de 2011?

-Veníamos viendo cómo se morían los animales, que la Justicia no hacía nada, que perdíamos nuestra forma de subsistencia. Y encima eso.

-¿Qué es eso?

-En febrero de 2011 fue cuando entró el mosquito (tractor fumigador) a las 7.30 de la mañana. Y me dije “este tipo está loco. ¿Qué hace?” Vi que estaba por fumigar y bue… agarré la escopeta. Caminé despacio, pensando qué hacer… Si tiro al aire se me ríe. Le tiro al tanque y hago desparramo. Le tiro a la cabina y se caga bien cagado. Y me dije que tenía pararlo ese día o no lo paraba más.

-¿Y qué hizo?

-Disparé. Le tiré a la cabina.

-¿Qué pasó?

-Le hice 37 agujeros. Tenías que ver al tipo (aplicador) el susto que tenía. Se fue.

-¿Y luego?

-Me denunciaron por abuso de arma de fuego. Ahí sí que actuó rápido la Justicia (se ríe). Vino el secretario del Juzgado a hacer allanamiento. Si fuera delincuente, escondía el arma y no la encontraban nunca. Pero no soy delincuente. Le di el arma y le conté cómo fue todo y los años que venía denunciando que me fumigaban.

-¿Siguieron las fumigaciones?

-El tipo se emperró en fumigar. Aparecía el mosquito, yo llamaba a la policía y dejaban de fumigar. Y yo no tenía ni una gomera… (sonríe). ¡Y no vas a creer que él contrató a policías para que lo custodien!

-¿Pudo hablar con el productor?

-Otro día quiso fumigar, con escribano, policías, todo. Nos encontramos ahí en la calle. Y ahí le dije, con la policía adelante, la próxima vez no le voy a disparar un tiro al que fumiga, sino a vos. Entro, te busco y te cago de un tiro a vos.

-¿Le respondió algo?

-Me dijo que me sabía capaz de eso pero que no me iba a dar plata. Y ahí nomás le dijimos que no queríamos plata, sino los animales, para seguir trabajando. Queremos los animales y que respete la ley cuando usa venenos. Alguien lo tiene que frenar o esto termina para la mierda.

Más muertes

-¿Luego sucedió lo de las gallinas?

-Con mi hijo que estudia para ingeniero agrónomo escribimos un proyecto muy detallado para cría de gallinas. Obtuvo el crédito de 10.800 pesos. Hicimos el galpón, comedero, bebedero y 500 gallinas, con apoyo del INTA y del municipio de Oro Verde. Venía todo muy bien, engordaban bien.

-¿Y qué sucedió?

-Las fumigaciones. Primero las gallinas dejaron de poner huevos. Llamé al INTA y no sabían qué pasaba. Hasta que un día fue la peor. Estábamos sentado acá y sentimos el olor amargo, fuerte. Mi esposa corrió a cerrar todo y yo me quedé acá, ya está, preparémonos para lo peor.

-¿Qué pasó?

-Algunas murieron ese día y el siguiente. Comenzaron a actuar raro, caminaban muy poco y se tiraban y quedaban al sol, como los perros. Y las gallinas no son así, andan siempre caminando. Y después sí, comenzaron a morir de a 50 por día. Era terrible. Estaba el campo alfombrado de gallinas muertas. Perdimos toda la producción.

-¿Pudieron acordar con el vecino algún arreglo?

-No hubo nada. Le dijimos que deje de fumigar. Y lo denunciamos.

-¿Cómo los afectó la muerte de los animales?

-Nos arruinó. No sacaron la forma de subsistencia. Mi hijo comenzó a cortar el pasto, hacer jardines, se la rebuscó. Y perdimos nuestro trabajo.

Propuesta

-Ustedes tienen una propuesta de otro modelo productivo.

-Hay que buscar cordones verdes. Los pueblos tienen que tener un ingeniero agrónomo, veterinario, cordones verdes y galpón como feria. Podemos producir alimentos sanos. Que los otros si quieren se sigan envenenando, pero que no nos impongan su basura a nosotros.

-¿También está pensando otra alternativa?

-(Sonríe) Estoy buscando el amaranto (planta que resiste al glifosato y que incluso puede avanzar sobre la soja o el maíz transgénico).

-¿Para qué?

-Si no nos dejan de envenenar los voy a bombardear con amaranto. Les voy a arruinar la cosecha. Será la venganza del amaranto.

Libertad

-¿Cómo sigue hoy su vida?

-Queremos volver a producir. Sabemos hacerlo y queremos hacerlo. Chanchos, gallinas, incluso conejos. No me voy a ir de acá.

-¿Muchos vecinos se fueron?

-Muchos se van. La gente vieja queda viuda, y arriendan. Les hacen soja y ellos se van a una departamento a Paraná. A nadie le importa si el que se queda acá se muere. Los viejos mueres y los hijos venden. Así es que se acaban los productores chiquitos. Pero esos tipos no saben que nuestros nietos van a comer soja, más soja y luego ya no van a comer nada, porque esto va a ser arena, tierra. Y van a estar todos envenenados. Pero yo no me voy.

-¿Por qué?

-Soy vasco. Ojo, no es que tengo apellido vasco. Yo me críe y pienso como vasco. Luego de cierta edad, ahora, casi 70 años, soy un etarra. ¿Qué es un etarra? Un tipo que le pelea a la vida. El Pueblo Vasco lucha por libertad. Los vascos llegaron a esa tierra antes que los españoles, antes que los catalanes. Y se les quita la tierra. Como acá sucede a los charrúas, a los mapuches. ¿Por qué te cuento esto? Porque este tipo me robó la libertad… la libertad de caminar en el campo, de tener animales, pero sabés qué… ese hombre se equivocó de campo, de vecino, de lugar, de todo. Como buen vasco, no me voy a retirar de esta batalla… la lucha continuará hasta el sol se apague.

 

* Por Darío Aranda. Publicado en el Periódico de la CTA de Marzo de 2015.

La tierra, en pocas manos

La tierra, en pocas manos

Según la organización internacional Grain, en Argentina en veinte años desapareció un tercio de las chacras más pequeñas. En el mundo, el 90 por ciento de los agricultores es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra.

tierra en pocas manos - en bajaEl 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra. La agricultura campesina produce hasta 80 por ciento del alimento en los países no industrializados. Y la concentración de tierras en pocas manos es un fenómeno global. Son algunas de las conclusiones de la investigación Hambrientos de Tierra, de la organización internacional Grain. El estudio procesa información oficial y académica de las última dos décadas y ofrece una radiografía de la situación de la tierra a nivel mundial. En Argentina, en veinte años, desapareció el 33 por ciento de las chacras más pequeñas. “Es necesario y urgente revertir la tendencia actual y entregar a los pequeños agricultores los medios para alimentar al mundo”, propone la investigación.

“Los campesinos alimentan al mundo con menos de una cuarta parte de la tierra agrícola”, es el subtítulo del informe de Grain, una organización que se especializa en el análisis del modelo agropecuario y el rol de las corporaciones. En la segunda página del informe confronta contra la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO): “Inauguró 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, cantó las loas de los agricultores familiares pero ni una sola vez mencionó la necesidad de una reforma agraria. Por el contrario, anunció que las fincas familiares ya tenían la mayor parte de la tierra, la increíble cifra de 70 por ciento”.

El informe de Grain afirma todo lo contrario. Más del 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero controla menos de un cuarto de la tierra agrícola mundial. Y, con esa poca tierra, produce la mayor parte de la alimentación. En promedio, las fincas de los campesinos tienen sólo 2,2 hectáreas.

El trabajo ordena la información por continentes. Para América latina y el Caribe señala que las pequeñas chacras representan el 80 por ciento (17.894) del total y cuentan sólo con el 19 por ciento de la tierra cultivable (172.686 hectáreas). “Las fincas pequeñas están siendo marginadas a menos tierras”, explica la investigación y detalla que en treinta países se dan las mayores inequidades, donde los campesinos representa más del 70 por ciento de las fincas y tienen menos del diez por ciento de la tierra. De los treinta más injustos, seis son de América: Chile, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.

En el apartado III el informe detalla que los campesinos e indígenas están perdiendo rápidamente fincas, mientras crecen las grandes chacras. De América latina sobresalen los casos de Argentina, que perdió más de un tercio de sus chacras entre 1988 y 2008 (sólo entre 2002 y 2008 desapareció el 18 por ciento de las pequeñas fincas). En Chile, entre 1997 y 2007, se perdió el 15 por ciento de las chacras más pequeñas. En Colombia, entre 1980 y la actualidad, los campesinos perdieron la mitad de la tierra que poseían. En Uruguay, en los últimos catorce años, desapareció el 20 por ciento de las chacras.

Carlos Vicente, uno de los investigadores del informe, remarcó que “la pérdida en Argentina de un 33 por ciento de los pequeños productores en 20 años demuestra cómo el modelo sojero ha sido depredador” y alertó que “la posibilidad de sostener una alimentación autónoma de nuestro pueblo se ve profundamente jaqueada”. Vicente revalorizó que los campesinos en Argentina tienen el 5,8 por ciento de la tierra y “siguen siendo los principales productores de alimentos del país”.

Grain establece una relación directa entre la pérdida de tierras de pequeños productores y el avance de la megaminería, el petróleo, gas y monocultivos. “La tremenda expansión de las megafincas dedicadas a los monocultivos industriales es quizás el factor más importante detrás del desalojo de los pequeños agricultores”, afirma, y detalla particularmente cuatro monocultivos: caña de azúcar, canola (colza), palma aceitera y soja. Señala que, en los últimos cincuenta años, 160 millones de hectáreas fueron ocupadas por los monocultivos. “Más y más tierra agrícola fértil es ocupada por grandes fincas que producen materias primas industriales para exportación, presionando a los pequeños productores a una siempre decreciente participación sobre la tierra”, asegura. Y advierte que, según la misma FAO, para 2050 la superficie mundial sembrada con soja aumentará un 33 por ciento; la caña de azúcar, un 28 por ciento, y la canola, un 16 por ciento.

“Con mucha rapidez estamos perdiendo fincas y campesinos por la concentración de tierra a manos de los ricos y los poderosos. Si no revertimos esta tendencia, el mundo perderá su capacidad para alimentarse a sí mismo”, advirtió Henk Hobbelink, coordinador de Grain.

La investigación alerta que la concentración de la tierra “está llegando a niveles extremos” y que esa política tiene una consecuencia directa en el número creciente de personas que pasan hambre en el mundo. “Necesitamos, en forma urgente y a una escala nunca antes vista, revisar y relanzar programas de reforma agraria y reconstitución territorial genuinos que devuelvan la tierra a manos campesinas e indígenas”, alerta Grain.

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Los mitos del agronegocios

El informe Hambrientos de Tierra desmiente uno de los mitos publicitados por el agronegocio. “A pesar de sus recursos cada vez más escasos, los pequeños agricultores siguen siendo los principales productores de alimentos del mundo”, detalla el trabajo, y recuerda que los productores de cultivos industriales producen materias primas y “se han olvidado de alimentar a la gente”.

En base a trabajos del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), la FAO y el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas, detalla que la agricultura campesina produce hasta el 80 por ciento de los alimentos en los países no industrializados. Un ejemplo es Brasil, donde el 84 por ciento de las fincas son pequeñas, controlan el 24 por ciento de la tierra y producen el 69 por ciento de los frijoles, el 59 por ciento de los cerdos, 58 por ciento de la leche de vaca, el 50 por ciento por ciento de los pollos, el 46 por ciento del maíz, el 38 por ciento del café y el 34 por ciento del arroz.

Otras conclusiones son que las fincas pequeñas son técnicamente más productivas que las enormes haciendas agrícolas y que la mayoría del campesinado son mujeres y, no obstante, su contribución no es reconocida y siguen marginadas.

* Por Darío Aranda. Publicado el 11 de agosto de 2014 en el diario Página12.

Día de la lucha campesina

Día de la lucha campesina

Diversas organizaciones presentarán hoy sus demandas al conmemorarse una jornada que busca defender las semillas criollas y avanzar hacia la soberanía alimentaria.

dia de la lucha campesina - en bajaDefender las semillas criollas y avanzar hacia la soberanía alimentaria son las consignas principales en el Día Mundial de la Lucha Campesina, que se conmemora hoy. En Argentina, con un piso de nueve millones de hectáreas rurales en disputa, perdió estado parlamentario el proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. Y todas las organizaciones de base denuncian el avance del agronegocio y cuestionan la falta de apoyo del Estado a los sectores populares del campo.

“Las semillas tienen un lugar fundamental en la lucha por la soberanía alimentaria. De ellas depende el alimento de los pueblos, cómo se cultiva y quién lo cultiva”, explica el llamamiento de la Vía Campesina, que nuclea organizaciones de 70 países y denuncia la “privatización” de las semillas que impulsan las grandes empresas.

El Movimiento Campesino Indígena (MNCI) se movilizará hoy en varias provincias y el 1º de mayo en Capital Federal; junto al Movimiento Evita y otras organizaciones marchará al Ministerio de Trabajo, a Desarrollo Social y al de Agricultura. “Denunciamos la falta de recursos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y reclamamos una ley integral para el sector”, afirmó Diego Montón, del MNCI. También alertó por un proyecto de ley de semillas impulsado por Monsanto y resaltó que “el extractivismo no posibilita ningún proyecto nacional ni latinoamericano”.

En Sáenz Peña (Chaco), hoy habrá una gran asamblea convocada por la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores Rurales (Cocitra). Será para definir detalles de un plan de lucha provincial. “El agronegocio avanza y no tenemos apoyo real de provincia ni de Nación”, resumió Raúl Galván. Señaló que saldrán en tractores, camionetas, carros y a caballo para visibilizar la situación campesina. Cuestionó al Poder Legislativo: “Pasaron años y ni leyeron el proyecto de ley para frenar los desalojos. No les importamos”. Reveló que sólo se financian proyectos a “organizaciones paraestatales, oficialistas”.

El 17 de abril de 2011 se presentó en el Congreso un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. Fue impulsado por el MNCI, la Asamblea Campesina Indígena del Norte, el Frente Nacional Campesino, el Movimiento Campesino Liberación y el Foro de la Agricultura Familiar, entre otros. En noviembre de 2011, cuando asesinaron al campesino Cristian Ferreyra en Santiago del Estero, fue vuelto a presentar, junto a legisladores del oficialismo. En octubre de 2012 asesinaron al campesino Miguel Galván. El proyecto de ley nuevamente fue presentado. Luego de tres años, el proyecto no fue tratado y perdió estado parlamentario.

El Ministerio de Agricultura reveló en 2013 que hay un piso de 9,3 millones de hectáreas en disputa y 64.000 familias campesinas e indígenas afectadas.

Desde la Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), José Luis Castillo, señaló que tanto hoy como el 19 (Día del Indígena Americano) son momentos de “reflexión, unión y lucha”. Resaltó como positivo que en los últimos años se logró el trabajo conjunto de organizaciones campesinas. Señaló cuatro ejes de acción: freno a los desalojos, crear un instituto de la agricultura familiar, financiamiento para el sector y declarar la función social de la tierra (que fue eliminado en 2013 del proyecto de Código Civil). “La caja del Ministerio de Agricultura sigue siendo para el agronegocio. Y las monedas para agricultura familiar”, cuestionó.

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) del Frente Darío Santillán está formada por productores hortícolas. Elaboraron la propuesta de una “colonia agrícola integral de abastecimiento urbano”, un espacio de producción de alimentos sanos y para los sectores populares. Aunque fue presentado a distintas instancias del Estado, siempre chocó con la burocracia y la indiferencia. Luego de un acampe de dos días, el Ministerio de Agricultura de Nación se comprometió en 45 días a ofrecer tierras fiscales donde producir, y créditos blandos para insumos y maquinarias.

Nahuel Levaggi, de la UTT, evaluó que la “correlación de fuerzas es muy desigual” entre el agronegocio y el campesinado, afirmó que “el único que puede equilibrar esa balanza es el Estado” y se animó a la autocrítica: “Tenemos que elaborar propuestas, presionar arriba para poder plasmarlas y evitar la fragmentación del campo popular”.

En el norte de San Luis habrá jornada de trabajo comunitario para producción de alimentos. Será en la Asociación Campesina del Valle de Conlara, organización rural que en 2013 obtuvo un fallo favorable de la Justicia para frenar las fumigaciones. Sin embargo, en los que va de 2014, los campesinos sufrieron cuatro fumigaciones. “Hicimos las denuncias y ahí estamos, resistiendo”, señaló Goyo Arias, de la Asociación Campesina. Recordó que en la zona están presentes Cresud, Monsanto y pooles de siembra que inundan los campos con soja y maíz transgénico. Resumió el 17 de abril como “un día de reivindicación de nuestros derechos y también de reivindicación de la vida digna del campesino, una forma de vida que muchos poderosos no quieren respetar”.

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Aquella matanza en Brasil

El 17 de abril de 1996, en el estado amazónico de Pará (Brasil), el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra bloqueó una ruta en reclamo de la reforma agraria. La policía asesinó a 21 campesinos e hirió a 69. La organización denunció que la represión estuvo orquestada por autoridades políticas, la policía, el ejército y grandes terratenientes. La organización internacional Vía Campesina conmemora cada 17 de abril como el Día de la Lucha Campesina y este año hizo hincapié en las semillas.

“Luchamos en defensa de las semillas campesinas, porque son esenciales para una reforma agraria integral y de nuestro modelo de agricultura basado en la producción agroecológica. Las semillas son un patrimonio de los pueblos, son parte de los bienes comunes como la tierra y el agua, y deben permanecer en manos de los pueblos”, explica la convocatoria. Advierten y cuestionan políticas empresarias y estatales de “privatización” de semillas.

* Por Darío Aranda. Publicado el 17 de abril de 2014 en el diario Página12.

Semillas para el debate

Semillas para el debate

La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria aprobó una soja resistente a tres herbicidas. Organizaciones sociales sostienen que es nociva para el ambiente y la salud.

soja semilla - en bajaUna nueva soja transgénica, resistente a tres agroquímicos, está a punto de aprobarse en Argentina y genera rechazos entre movimientos campesinos, científicos y organizaciones sociales. Denuncian que es “irregular” la forma de aprobación (sostienen que se hizo en base a estudios de las propias empresas y confidenciales) y aseguran que el combo de químicos será perjudicial para el ambiente y la salud de la población. “Cuestionamos la decisión de aprobar esta nueva soja, pero también la regulación actual del sistema de aprobación de los organismos genéticamente modificados (OGM) ya que no garantiza una debida evaluación ambiental ni la inocuidad alimentaria de los transgénicos”, explicó Fernando Cabaleiro, del Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma).

En diciembre de 2013, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) aprobó la “soja DAS-444O6-6” de la empresa Dow AgroSciences, resistente a los agroquímicos glifosato, glufosinato de amonio y 2-4-D. El dictamen señala que no representa riesgos para la salud ni para el ambiente. Y da vía libre para que el Ministerio de Agricultura de la Nación dé la última aprobación.

El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente denunció que no se cumplieron los pasos administrativos que obliga la legislación nacional (audiencias públicas –leyes 24.375 y 25.675–) y afirmó que no se realizó un “debido e integral estudio de impacto ambiental”. Remarcó que los estudios de riesgos se realizaron en espacios reducidos llamados “agroecosistema”, una parcela agrícola que no tiene en cuenta la coexistencia con el ambiente lindante ni los efectos de los agroquímicos en los campos vecinos.

El Celma realizó una presentación de impugnación en el Ministerio de Agricultura, exige audiencias públicas y una correcta evaluación de impacto ambiental.

La aprobación de transgénicos en Argentina se realiza en base a estudios presentados por las propias empresas. El abogado Cabaleiro reclamó que esos estudios (sobre todo los que señalan la supuesta seguridad ambiental e inocuidad alimentaria) sean públicos para ser evaluados por científicos e instituciones ajenas a las empresas.

La forma en que se aprueban los transgénicos y el avance de la frontera agropecuaria son cuestionados por la gran mayoría de las organizaciones de la agricultura familiar: Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), Movimiento Campesino Liberación (MCL), Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores Rurales (Cocitra), entre otras.

A las objeciones por la nueva soja se sumaron la Red por una América latina Libre de Transgénicos (Rallt), Campaña Paren de Fumigarnos y Alianza Biodiversidad. Iniciaron una campaña internacional: “El 2-4-D es un herbicida más peligroso que el glifosato, por lo que los impactos ambientales y en la salud de este nuevo cultivo transgénico serán aún más devastadores, especialmente teniendo en cuenta que en este nuevo transgénico se ha apilado una combinación de herbicidas”.

Las organizaciones coinciden con las críticas del Celma (falta de participación ciudadana y falencias en los estudios ambientales) e incluso alertan a los productores de soja: “Al aprobar un cultivo con resistencia al 2-4-D, será muy difícil colocar los granos en los mercados debido al rechazo de los consumidores del resto del mundo para este tipo de cultivos”. También se sumó a los cuestionamientos Greenpeace.

El 2-4-D es un herbicida que se utiliza desde 1940, muy cuestionado a nivel internacional y ya fue prohibido en Dinamarca, Noruega y Suecia.

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“Ventaja selectiva”

“Segunda fase de evaluación. Documento de decisión”, es el título del documento oficial con el que la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) y la Dirección de Biotecnología del Ministerio de Agricultura dieron la aprobación técnica a la soja transgénica de la empresa Dow AgroSciences, resistente al glifosato, glufosinato de amonio y 2-4-D. “Se concluye que los riesgos derivados de la liberación de este organismo vegetal genéticamente modificado (OVGM) en el agroecosistema, en cultivo a gran escala, no son significativamente diferentes de los inherentes al cultivo de soja no GM (genéticamente modificados)”, expresa el informe, diez carillas principalmente escritas en lenguaje técnico.

En la página 4, ítem “Evaluación de riesgo”, señala que la presencia de genes tolerantes a los herbicidas “confiere una ventaja selectiva” y sostiene que “es muy poco probable que, como consecuencia de su consumo, puedan transferirse genes desde alimentos que contengan ácidos nucleicos derivados de esta soja hacia microorganismos presentes en el tracto digestivo”.

Afirma que en 2010 se realizaron ensayos en campo en diez localidades de Estados Unidos. Y en Argentina se experimentó, según el informe de la empresa, entre 2010 y 2012. En la página 9 descarta impactos negativos en el “agroecosistema” y afirma que los estudios “no muestran niveles que permitan indicar posibles efectos tóxicos o alergénicos”. En la última página hace dos recomendaciones: que se implemente un plan de prevención y manejo de resistencia en malezas y recomienda que haya “el correspondiente registro” para la aplicación del herbicida 2-4-D. En el dictamen no figuran los nombres de quienes firmaron la aprobación de la soja.

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El consumo de pesticidas

“El consumo de pesticidas aumentó el 858 por ciento en los últimos veinte años, según datos de las propias empresas. Hay un gran negocio para la industria mundial de venenos y se genera un gran problema para la salud colectiva”, detalla la Red de Médicos de Pueblos Fumigados en su informe “El consumo de agrotóxicos en Argentina aumenta continuamente”, y precisa que en la campaña 2012/2013 las empresas facturaron 2381 millones de dólares y se utilizaron en los campos argentinos 317 millones de litros de pesticidas.

La Red de Médicos de Pueblos Fumigados tomó estadísticas de Casafe (la organización que reúne a las empresas de agroquímicos). El glifosato es el agroquímico más utilizado en Argentina, concentra el 64 por ciento del total de las ventas y se aplicaron 200 millones de litros en 2012. La superficie de cereales y oleaginosas aumentó 50 por ciento entre 1991 y 2012 (de 20 millones a 30 millones de hectáreas). En 1991 se consumieron en el país 39 millones de litros de químicos en el agro y en 2012 llegó a 335 millones (858 por ciento más).

* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 19 de febrero de 2014.

 

Avanza el desmonte por los agronegocios

Avanza el desmonte por los agronegocios

Son tierras del departamento de San martín, que habían sido protegidas por un fallo de la Corte. Algunos empresarios hicieron firmar comodatos con criollos y comunidades wichí que crían ganado y, de esa manera, habilitaron el desmonte.

deforestacion salta - en bajaDiez mil hectáreas de monte nativo donde viven y trabajan campesinos y comunidades wichí están a punto de ser arrasadas para ser destinadas a agronegocios. Se trata de tierras ubicadas en el departamento salteño de San Martín, zona catalogada por la provincia como territorios a conservar y que habían sido protegidos por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2008. “La presión de los agronegocios vale más que la Ley de Bosques y que los derechos humanos”, denunció la organización Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y afirmó que campesinos e indígenas fueron presionados para autorizar el avance de los empresarios del agro. Desde la sanción de la Ley de Bosques (que fija protección para el monte nativo), en Salta fueron arrasadas 360.000 hectáreas, un promedio equivalente a 164 canchas de fútbol por día.

El Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía (UBA) detalló que entre 2008 y 2013 se desmontaron 358.723 hectáreas en Salta, de las cuales 112.000 estaban en zonas que debían protegerse (según el Ordenamiento Territorial requerido por la Ley de Bosques). El LART detalló que en 2008 (primer año de vigencia de la ley) se desmontaron 110.000 hectáreas. El año siguiente se talaron 46.000 y en 2010 llegaron a 50.000 hectáreas. En 2011 se destruyeron 72.000 hectáreas de monte salteño, en 2012 otras 52.000 y en 2013 se desmontaron 28.000 hectáreas. Equivale a un promedio de 164 hectáreas por cada día o siete hectáreas por hora.

Para ejecutar buena parte de la deforestación se utilizan grises de la ley. “No todos los desmontes son ilegales, porque la provincia procede en muchos casos a recategorizar las fincas de amarillo o rojo (zonas protegidas) a verde, para luego aprobar los desmontes”, explicó Ana Alvarez, secretaria ejecutiva de la Red Agroforestal, colectivo de organizaciones e investigadores del NOA y NEA.

Alvarez advierte que el verano comenzó con la misma tendencia desmontadora. El 23 de diciembre se realizó una audiencia pública para avanzar sobre 10.000 hectáreas de bosque en el Municipio de Ballivián, departamento de San Martín, el mismo que la Corte Suprema había protegido en 2008 y que aparece como zona “roja” (a proteger). “Los empresarios hicieron firmar comodatos a criollos y a la comunidad indígena wichí Cuchuy, donde ceden el territorio a cambio de pocas hectáreas y diez viviendas. La audiencia termina siendo un mero trámite para dar vía libre a desmontes para agricultura”, explicó Patricia Valdivia, comunicadora de la Redaf.

El campo en peligro se llama finca Cuchuy y el pedido de desmonte fue realizado por los empresarios Alejandro Braun Peña (8962 hectáreas) y Gastón Larrán (1300 hectáreas).

Las familias campesinas y wichí no contaron con asesoramiento jurídico sobre sus derechos. Y firmaron en favor de los empresarios a cambio de diez casas para la comunidad indígena y la “donación” de 300 hectáreas a las familias que siempre vivieron y trabajaron las 10.000 hectáreas. Las cuatro familias campesinas que viven en el lugar hace más de 50 años firmaron el “acuerdo” solicitado por los empresarios. En dos casos firmaron con la huella dactilar porque no saben leer ni escribir. El comodato señala que los empresarios le darán cinco hectáreas a cada una (20 hectáreas total). Los campesinos tienen como principal actividad la ganadería. El estudio de impacto social en el expediente de la audiencia precisa que cuentan con 578 cabezas de ganado. Pero con las 20 hectáreas que firmaron sólo podrán criar tres vacunos. “Esta supuesta ‘cesión de derechos’ implica no sólo la pérdida de las 10.000 hectáreas de bosque, sino que además condenará a las familias originarias y criollas a migrar, ya que el sostén de sus actividades es inviable en los pequeños lotes a los que serán confinados”, advirtió la Red Agroforestal.

La Ley de Bosques estableció que las provincias debían realizar ordenamientos territoriales en tres colores: verde (se puede desmontar) y amarillo y rojo (medio y alto valor de conservación). La finca Cuchuy está en zona amarilla y roja, pero la normativa salteña dejó una puerta para los desmontadores: estableció que la zonificación por colores era sólo “orientativa” y que podría ser modificada a criterio de la autoridad de aplicación, el ministro de Ambiente –que no respondió las consultas de este diario–, en base a pedido y estudios presentados por quienes desean el desmonte.

El decreto provincial 2789 prohibió los desmontes en regiones donde no se realizó el relevamiento de territorios indígenas establecido en la Ley Nacional 26.160. El relevamiento territorial no se realizó en la comunidad wichí Cuchuy, pero aun así la provincia efectuó la audiencia para desmontar el territorio.

Un grupo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA que trabaja junto a comunidades wichí escribió una carta (con un informe técnico cuantitativo y mapas satelitales) al Ministerio de Ambiente de Salta. Detallan que, en la zona wichí, sobre 196.000 hectáreas ya se arrasaron 89.000 (el 45 por ciento). “El desmonte en estas áreas tiene serias consecuencias desde el punto de vista social y ambiental”, recuerda el informe.

Luego de la audiencia deben pasar diez días hábiles para la presentación de objeciones. Y la Secretaría de Ambiente debería analizar las presentaciones y tomar una decisión. Como parte de los descargos, el antropólogo John Palmer realizó una decena de entrevistas en idioma wichí y la ONG Asociana elevó las entrevistas como prueba. Los testimonios wichí dan cuenta del mecanismo de presión para firmar acuerdos con los empresarios y denominan “estafa” al comodato que los dejará sin tierras.

Finca Cuchuy no es un caso aislado. Alvarez explicó que hay al menos cinco audiencias de desmontes pautadas sólo para enero que afectarán otras 22.000 hectáreas.

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La lentitud de la Justicia

Tres comunidades indígenas de Salta solicitaron al Poder Judicial en 2008 la protección de su territorio. En los cinco años transcurridos, el expediente pasó por diferentes juzgados, pero ninguno protegió el territorio indígena y, en ese lapso, las topadoras del agronegocio avanzaron sobre 15.000 hectáreas indígenas. En contraposición, la vía política de los empresarios fue más expeditiva: en dos años lograron la audiencia para desmonte.

Las comunidades wichís San José, Chustaj Lhokwe y Cuchuy viven desde hace generaciones en la zona de Ballivián (departamento de San Martín). Junto a la defensora pública federal, las comunidades presentaron un amparo judicial en 2008 para suspender los desmontes, exigir la titularización de sus tierras y que “se garantice su supervivencia en condiciones dignas y la transmisión de su legado cultural a las generaciones venideras”. En 2009, una pericia antropológica confirmó la relación histórica de las comunidades con ese territorio. En noviembre de 2009, el juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, se declaró incompetente y remitió la causa al procurador de la Nación.

En agosto de 2010, el procurador general de la Nación remitió el caso a la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal se tomó tres años y dos meses (octubre de 2013) para declararse “incompetente” en el caso y remitió el pedido indígena a la Corte de Salta.

Mientras el expediente esperó respuesta en tribunales nacionales y provinciales, los wichís perdieron 15.000 hectáreas a manos de empresarios de agronegocios, que contaron con autorizaciones del Ministerio de Ambiente de Salta.

La vía judicial no dio respuesta al pueblo wichí. Y la vía política sí respondió (afirmativamente) a los empresarios del agro.

* Por Darío Aranda. Publicado el 23 de enero de 2014 en el diario Página12.