Medidas urgentes para el glifosato

Medidas urgentes para el glifosato

Hace dos meses, la OMS declaró que hay pruebas de que el glifosato es cancerígeno. A partir de dicho informe, especialistas e investigadores argentinos reclamaron medidas urgentes para proteger a la población. En Santa Fe fue prohibido el agrotóxico 2,4D.

glifosatoLa Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hace dos meses que el herbicida glifosato produce daño genético en humanos y lo recategorizó como probable cancerígeno (segundo en una escala de 1 a 5). A partir del informe de investigadores, profesionales de la salud y organizaciones sociales exigieron que se implementen medidas urgentes para proteger a la población. En Argentina se utilizan 200 millones de litros de glifosato por año y se afecta a más de 28 millones de hectáreas. En Santa Fe, y por la exigencia de organizaciones, fue prohibido el agrotóxico 2,4D, el segundo más utilizado en el país y que también se emplea en la producción de soja transgénica. El glifosato es producido por Monsanto, Syngenta, Basf, Bayer, Dupont, Dow Agrosciences, Atanor y Nidera, entre otras empresas.

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, máximo órgano de la Organización Mundial de la Salud) encomendó a 17 expertos de once países dictaminar respecto del herbicida más utilizado del mundo (entre otros cultivos, se emplea en soja, maíz y algodón). Luego de un año de trabajo, publicaron el 20 de marzo un documento inédito: “El glifosato causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas (situación que tiene relación directa con el cáncer). Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”. Detalla que la evidencia en humanos corresponde a la exposición de agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia, con publicaciones científicas desde 2001.

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de Argentina (Fesprosa) representa a 30 mil médicos y profesionales de la salud. Emitió un documento en base al dictamen de la OMS. Recuerda que desde hace más de una década que existe evidencia en poblaciones y estudios científicos “que no responden a las corporaciones” del agro. “El glifosato no sólo provoca cáncer. También está asociado al aumento de abortos espontáneos, malformaciones genéticas, enfermedades de la piel, respiratorias y neurológicas”, afirma Fesprosa, que además exige al Ministerio de Salud la prohibición del herbicida y llama a un debate amplio y urgente sobre la reconversión del modelo agropecuario. “El agronegocio no puede seguir creciendo a costa de la salud de los argentinos”, reclama.

También se expidió la Sociedad Argentina de Hemato-Oncología Pediátrica (Sahop). “Resulta alarmante el uso masivo de productos tóxicos promocionados como ‘avances tecnológicos’ y que se fumiga desaprensivamente en mezclas de dosis crecientes que combinan herbicidas con insecticidas. El riesgo se potencia enormemente si además estos tóxicos se utilizan dispersándolos por vía aérea”, explica el documento que lleva como título “Pronunciamiento sobre tóxicos ambientales”. También alerta sobre los riesgos de los silos bolsa (enormes plásticos en el que se guardan los granos), donde proliferan los “hongos productores de aflatoxinas, categorizadas por la IARC como conocidos carcinógenos humanos desde 1993”.

La Sahop, especializada en cáncer infantil, reclamó la prohibición “inmediata” de toda fumigación y exigió “posicionar claramente al glifosato como carcinogénico y regular su uso estrictamente”. Firmada por el presidente de la Sociedad Pediátrica, Pedro Zubizarreta, llama a implementar políticas de Estado que promuevan alternativas de producción saludables.

El Hospital de Pediatría Juan Garrahan, en Capital Federal, es el epicentro de atención de los niños de todo el país afectados por fumigaciones. Allí se realizó la jornada sobre “salud, agrotóxicos y daño genético”, donde participaron los investigadores Raúl Horacio Lucero y María del Carmen Seveso. Convocada por la Junta Interna de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), concurrieron medio centenar de profesionales de la salud y familias con niños afectados. Y consensuaron una declaración sobre la clasificación de la IARC-OMS sobre glifosato y la situación en Argentina.

Afirma que la reclasificación de la OMS es tardía, pero valora que ratifica lo que afectados directos y profesionales de la salud observan y denuncian desde hace años “sin ser escuchados por autoridad alguna”. Afirma que es imprescindible contar en hospitales públicos, de manera gratuita, con laboratorios aptos para realizar dosajes (análisis para evaluar si los pacientes tienen agroquímicos en sangre). “Se torna indispensable la aplicación del principio precautorio (tomar medidas preventivas) que priorice el cuidado de la salud y el ambiente por sobre la rentabilidad y se prohíba el uso de sustancias, no sólo glifosato, que puedan poner en riesgo o amenacen la vida”, destaca el documento emitido por profesionales del Hospital Garrahan.

La Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), conformada por más de veinte organizaciones de todo el país solicitó por escrito a los ministerios de Agricultura, Ciencia y Salud la “prohibición inmediata” del glifosato, y alertó que no se trata sólo de un agroquímico: “Es necesario replantear radicalmente el modelo de agricultura basado en monocultivos, transgénicos y agrotóxicos para iniciar una transición hacia una producción agroecológica basada en las economías locales y orientada hacia la soberanía alimentaria”. En línea similar se expresaron la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, Greenpeace y la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía (UBA).

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Prohibición en Santa Fe

Santa Fe prohibió el uso del herbicida 2,4D, el segundo más utilizado del país, y organizaciones sociales solicitaron la misma medida al Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentario (Senasa). En Neuquén, legisladores por el partido UPIE (Instrumento Electoral por la Unidad Popular) presentaron un proyecto para prohibir el glifosato en toda la provincia. Epuyen (Chubut) es el primer municipio de Argentina en prohibir la venta y uso de glifosato. “Por la nueva clasificación, el glifosato es tan cancerígeno como el PCB (compuesto químico que se usaba en los transformadores eléctricos, hoy prohibido)”, precisa la ordenanza de Epuyen.

El Ministerio de Producción de Santa Fe informó el 25 de abril la prohibición del 2,4D. La medida había sido presentada formalmente en junio de 2014 por el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) y la ONG Conciencia Solidaria.En marzo pasado, ante el Senasa, también se solicitó la prohibición del 2,4D. Con frondosa bibliografía científico, el pedido fue firmado por la organización BIOS (de Mar del Plata), Acción por la Biodiversidad, Foro Ambiental de General Viamonte, Foro Salud y Ambiente de Vicente López, la ONG Naturaleza de Derechos, Foro Ecologista de Paraná y la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.

 

* Por Darío Aranda. Publicado el 11 de mayo de 2015 en el diario Página12.

Persecución ideológica por investigar los transgénicos y agroquímicos

Persecución ideológica por investigar los transgénicos y agroquímicos

Un docente de la Universidad de Córdoba participó de un relevamiento que vinculó los casos de cáncer y malformaciones en la localidad de Monte Maíz con el uso de transgénicos y agroquímicos. En esa casa de estudios ahora piden un sumario para el investigador.

monte maiz - en bajaEl decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Juan Marcelo Conrero, tomó una medida con pocos antecedentes: solicitó un sumario administrativo y sanción para un docente e investigador de la Facultad de Medicina, Medardo Avila Vazquez. El pedido obedece a que Avila Vazquez coordinó un relevamiento sanitario en la localidad de Monte Maíz, donde confirmó altos índices de cáncer, malformaciones y abortos espontáneos. Y vinculó las enfermedades a transgénicos y agroquímicos. “Es una clara persecución ideológica. Si el estudio hubiese sido favorable a Monsanto no hubieran dicho nada, incluso lo celebrarían”, afirmó el investigador denunciado. Los vecinos de Monte Maíz, la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata (que también participó del relevamiento sanitario) e investigadores de doce países respaldaron al docente y médico cordobés.

En octubre de 2014, un equipo de 70 investigadores y estudiantes se instalaron en Monte Maíz, localidad de 8000 habitantes a 300 kilómetros de la capital de Córdoba. A pedido de organizaciones locales y del propio intendente, Luis María Trotte (Frente para la Victoria), se instalaron durante cinco días y realizaron un censo sociosanitario. Los resultados: los casos nuevos de cáncer duplican el promedio nacional, los abortos espontáneos quintuplican el promedio de Argentina, la mortalidad por cáncer triplica la media provincial y las malformaciones triplican los registros de la capital cordobesa.

El equipo de trabajo estaba compuesto por investigadores de Córdoba y de La Plata (UNLP). El coordinador fue Medardo Avila Vazquez.

El Consejo Directivo de la Facultad de Medicina acusó al trabajo de “carecer de asidero científico”, señaló que la casa de estudios no autorizó el relevamiento y señaló que no contaba con la aprobación de un Comité de Etica.

La respuesta la brindó el Comité de Bioética del Estudio de Salud Socio Ambiental de Monte Maíz (un grupo de expertos que había supervisado el trabajo). En un documento de diez puntos recordaron que la propia Facultad de Medicina desintegró el Comité de Etica de la UNC para que no participara de la investigación, precisó que el estudio fue avalado por el propio Consejo Directivo de Ciencias Médicas y por un convenio firmado por el rector de la UNC, Francisco Tamarit, y el intendente Trotte.

El Comité de Bioética (integrado por investigadores y profesionales de la UNC, UNLP y Comahue) afirmó que el trabajo de Monte Maíz cumple con los requisitos científicos nacionales e internacionales y está sujeto a la legislación provincial y nacional.

Pero el decano de Ciencias Agropecuarias recurrió al Consejo Superior de la UNC y pidió el juzgamiento del investigador. “Solicito se dé curso a las acciones administrativas para que se investigue si el accionar del médico Medardo Avila Vazquez y del equipo de trabajo le corresponde alguna sanción disciplinaria”, comienza el escrito de Conrero.

Señala que los investigadores se “extralimitaron” en su tarea, denuncia que difundieron información “engañosa” y los acusa por causar “temor” en la comunidad de Monte Maíz. “En nombre de esta prestigiosa universidad no podemos permitir que miembros de la misma engañosamente difundan datos no validados científicamente, causando daños irreparables a la sociedad”, sostiene. Conrero no menciona cuáles habrían sido los errores de la investigación.

Los vecinos de Monte Maíz que solicitaron el relevamiento, nucleados en la Red de Prevención Ambiental y por la Salud, emitieron un comunicado en solidaridad con Avila Vazquez. “Repudiamos todas las maniobras del saliente decano de la Facultad de Medicina (Gustavo Irico), tendientes a boicotear este trabajo tan anhelado por nuestra población, así como repudiamos todas las descalificaciones vertidas sobre la persona y la idoneidad del doctor Avila Vazquez. Repudiamos también la actitud del decano Juan Conrero, actuando en defensa de los intereses de la empresa multinacional (Monsanto)”, destaca el comunicado.

Conrero asumió en junio de 2014. Y, sólo dos meses después, firmó un convenio de colaboración con Monsanto, empresa que mantiene un conflicto con la población cordobesa de Malvinas Argentinas, donde pretende instalar su mayor planta de maíz transgénico de Latinoamérica. Jorge Omar Dutto es el secretario general de la Facultad y mano derecha de Conrero. Fue uno de los autores del informe de impacto ambiental de Monsanto para intentar construir su planta en Córdoba.

Las asambleas socioambientales y organizaciones de Malvinas Argentinas y Córdoba Capital, junto con docentes y estudiantes de la UNC, se movilizaron y denunciaron el contrato entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Monsanto. Conrero se vio forzado a dar marcha atrás y suspendió el convenio.

Los vecinos de la Red de Prevención de Monte Maíz resaltaron la importancia del trabajo de todos los investigadores, en especial de Avila Vazquez. Explicaron que, junto a los concejales, trabajan en una ordenanza para limitar las fumigaciones y llamaron a las autoridades la UNC “a repensar su actitud que avergüenza a quienes soñamos en una universidad que ponga el saber al servicio de la población”.

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Apoyos al docente

En el relevamiento sanitario en Monte Maíz también participaron investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El 29 de abril, el Consejo Directivo de esa Facultad votó por unanimidad una declaración de repudio a la “persecución política” al médico y docente de la UNC. “Nos solidarizamos con Avila Vazquez. Las intenciones que están detrás del pedido de sumario no son más que el pedido desesperado de las empresas agroexportadoras y productoras del paquete tecnológico asociado la intensiva actividad sojera”, afirma la declaración de Ciencias Exactas de la UNLP y apunta al papel de la educación pública: “El trabajo realizado en Monte Maíz no sólo es pertinente sino que además es un modelo de lo que la universidad debe ser, una institución al servicio de su pueblo y no de los intereses económicos”. También se expidieron 38 investigadores de doce países. “Manifestamos nuestro apoyo y reconocimiento científico respecto a los trabajos e iniciativas del doctor Medardo Avila Vazquez y de su equipo. Afirmamos el carácter de alto interés público y de relevancia internacional que conlleva este tipo de estudios”, señala el escrito, firmado por investigadores de varios países.

 

* Por Darío Aranda. Publicado el 4 de mayo de 2015 en el diario Página12.

Una barrera a los camiones

Una barrera a los camiones

Villa la Angostura movilizada por un proyecto vial. Pasarán 12.000 camiones por mes y cambiará la vida de la ciudad.

angostura sin camionesEn la localidad de Villa La Angostura (Neuquén) no hay minería, ni pasteras ni represas, pero está a un paso de transformarse en una ciudad movilizada por una lucha socioambiental y en defensa de su perfil turístico. Se debe al intento de construcción de una obra vial que implicaría el paso de 400 camiones por día (12 mil por mes). Organizaciones sociales y vecinales denuncian la falta de estudio de impacto ambiental, advierten que afectará reservorios de agua y, sobre todo, afirman que la obra cambiará “drásticamente la forma de vida del lugar”. El tema de fondo: el trazado de un paso bioceánico que unirá el Atlántico con el Pacífico.

Villa La Angostura está ubicada en el oeste de Neuquén, a 90 kilómetros al norte de Bariloche por la Ruta Nacional 40 y 100 kilómetros al sur de San Martín de los Andes. La ruta atraviesa el centro mismo del casco urbano y los camiones son uno de los problemas identificados desde hace décadas por la población y las autoridades municipales.

Solicitan la construcción de una ruta de circunvalación para el tránsito pesado, que pase por fuera del casco urbano. En 2013, Vialidad Nacional, provincia y municipio presentaron un megaproyecto de seis kilómetros que contempla cuatro carriles, puentes, rotondas y una infraestructura mucho mayor a la requerida. “Cuando vemos el plano parece que quieren hacer la avenida General Paz o la Panamericana en Villa La Angostura”, señaló Patricio Raposo, de la organización Vecinos Autoconvocados Angostura Sin Camiones.

El proyecto prevé desmontar más de 3000 árboles autóctonos, con un gran movimiento de suelo en una zona frágil y de derrumbes. Y se afectará dos mallines (especie de humedal que recarga las napas subterráneas, mitiga inundaciones y purifica el agua, entre otras funciones). El estudio de impacto ambiental (realizado por la consultora Ungaro, Ale Ortiz Ingenieros Asociados SA) reconoce el gran impacto ambiental, pero no detalla cómo se mitigarán. Los Vecinos Autoconvocados detectaron irregularidades típicos del copiar/pegar informes de otros emprendimientos. El más notorio, cuando se indica media docena de veces que “se respetarán las leyes ambientales de Córdoba” (no de Neuquén).

Cuestionan también el “corredor bioceánico”, impulsado por cámaras empresarias y el gobierno de Río Negro, para el paso de camiones desde el este de Argentina, que atraviesa toda la provincia de Río Negro hasta Bariloche y asciende por Neuquén (vía Villa La Angostura) hasta el Paso Internacional Cardenal Samoré. “El informe para la construcción de la ruta de circunvalación reconoce que la dimensión obedece al bioceánico para cargas pesadas”, afirmó Gerardo Ghioldi, de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa La Angostura.

El camino turístico que une Bariloche y Angostura tiene una extensión de 80 kilómetros, paisajes de postal, lagos, curvas y contracurva. “Turismo sí, camiones no”, es la consigna de los vecinos de Villa La Angostura. Afirman que, de construirse el corredor bioceánico, el hoy camino turístico por excelencia de la región mutará a una ruta atestada de camiones, con hasta 400 camiones por día. Los vecinos argumentan con una pregunta retórica: “¿A qué turista le agrada estar dos horas detrás de un camión?”

Ghioldi remarcó que la localidad vive del turismo y, con la gran cantidad de camiones, “cambiará su forma de vida”. Al momento de pensar el peor de los escenarios (construcción de la mega ruta de circunvalación y el corredor bioceánico), comparó: “El rechazo será mayor al de Gualeguaychú con las pasteras. Todo el pueblo saldrá a la calle”.

La propuesta de los vecinos, apoyada por distintos dirigentes políticos de Neuquén, es construir un circunvalación simple y que el corredor bioceánico de camiones sea por el Paso Pino Hachado (más al norte, cercana a la localidad de Las Lajas).

El intendente de Villa La Angostura, Roberto Cacault, llamó a audiencia pública, por la ruta de circunvalación, para el 20 de febrero. Pero las organizaciones denunciaron que faltaba el estudio de impacto ambiental. La audiencia pública fue suspendida a pedido de Vialidad Nacional, que explicó que aún faltaban estudios requeridos a la Universidad Nacional del Comahue. Fijó nueva fecha para el 6 de abril.

La primera semana de febrero se realizó en la ciudad la Fiesta Nacional de Los Jardines. El día de desfile de carrozas los vecinos marcharon con pancartas de rechazo al bioceánico y a la planificada circunvalación.

Angostura Sin Camiones sugiere la realización de talleres participativos donde se informe el proyecto de ruta de circunvalación, pero también el proyecto macro (bioceánico) y propone un proyecto alternativo, con estudios multidisciplinarios y que priorice el perfil turístico y el ambiente de la localidad.

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La ciudad que avanzó sobre un pueblo originario

El gobierno nacional entregó en 1902 a los pobladores ancestrales José María Paichil e Ignacio Antriao el lote número 9 de la por entonces Colonia Nahuel Huapi. Sobre esa misma parcela indígena hoy se erige el casco urbano de Villa La Angostura. Durante todo el siglo XX creció la ciudad y, al mismo tiempo, les fue arrebatada la casi totalidad de su territorio a las familias mapuches. La cronología está detallada en el libro Historias de las familias Mapuche Paichil Antriao y Quintriqueo (compilado por la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer). El proyecto de ruta de circunvalación tampoco respetó los derechos indígenas, que contempla la consulta libre, previa e informada por cualquier emprendimiento que pudiera afectar a las comunidades originarias.

La comunidad Paichil Antriao, reorganizada en 2003, sostiene en la actualidad reclamos territoriales en el cerro Belvedere, donde sufrió represiones e intentos de desalojo. Están denunciados por usurpación del territorio donde siempre vivieron y, en paralelo, tramita una causa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

* Por Darío Aranda. Publicado el 9 de marzo de 2015  en el diario Página12.

Catamarca movilizada contra la megaminería

Catamarca movilizada contra la megaminería

Grupos que se oponen en Catamarca a la megaminería bloquean el paso de camiones de un nuevo proyecto llamado “Bajo el Durazno”, en manos de las mismas corporaciones que controlan a la Alumbrera. Denuncian irregularidades técnicas y administrativas.

catamarca no a la mina - en bajaAndalgalá, la localidad catamarqueña pionera en la megaminería (allí se instaló Minera Alumbrera, la primera gran explotación a cielo abierto) comenzó el año movilizada, con cortes de caminos en denuncia a la “aprobación irregular” de una nueva explotación minera (llamada “Bajo el Durazno”) y que está en manos de las mismas corporaciones que controlan a la Alumbrera. “Significará el tiro de gracia para el acuífero de Campo del Arenal (de donde se extrae el agua) y provocará una definitiva ruptura en el balance hídrico de la región”, alertó la Asamblea El Algarrobo. Las empresas beneficiadas son las corporaciones Glencore-Xstrata, Yamana Gold y Goldcorp.

El oeste catamarqueño (Andalgalá, Belén, Santa María) conoció la megaminería en 1994, cuando el gobierno de Carlos Menem y el provincial de Arnoldo Castillo impulsaron y aprobaron la explotación del Yacimiento Bajo la Alumbrera, una sociedad de multinacionales con la local YMAD (Yacimiento Mineros de Agua de Dionisio), que pertenece a la Universidad de Tucumán, Catamarca y la Nación.

En la década del 2000 se multiplicaron los cuestionamientos. El intendente prominero José Perea reconoció que sólo 50 personas de Andalgalá trabajaban en el emprendimiento, se comprobaron al menos cuatro derrames y la empresa reconoció filtraciones del dique de colas.

En 2009 la población se movilizó contra un nuevo proyecto, llamado Agua Rica (en manos de Yamana Gold, una de las mismas accionistas de Alumbrera), en la naciente de los ríos que proveen de agua a la ciudad. Una feroz represión (en febrero de 2010) incrementó el rechazo a la megaminería. Y, junto con un fallo judicial, se frenó momentáneamente la instalación de Agua Rica.

En diciembre pasado, de manera sorpresiva y sin convocar a audiencia pública (como establece la legislación nacional), el gobierno de Catamarca aprobó la puesta en marcha de un nuevo proyecto de cobre y oro, llamado Bajo el Durazno, en manos de las mismas empresas que explotan desde hace dos décadas las montañas de Catamarca.

“Comienza la explotación de Bajo el Durazno”, informó el comunicado de Minera Alumbrera, el 9 de enero, y precisó que entre 2015 y mediados de 2016 obtendrá 15 mil toneladas de cobre y 100 mil onzas de oro. Confirmó que se utilizará la misma infraestructura de Alumbrera, precisó que contrató “45 jóvenes, generando oportunidades de crecimiento local” y resaltó que la provincia había aprobado el Informe de Impacto Ambiental (IIA).

Todo lo opuesto afirmó la Asamblea El Algarrobo. “Este yacimiento está plagado de irregularidades técnicas y administrativas. Se pretende hacer pasar este yacimiento como un ‘anexo’ a la actual mina Bajo La Alumbrera, cuando en realidad se trata de un sitio de explotación diferente”, denunció el comunicado de la Asamblea catamarqueña. Recordaron que Alumbrera cuenta con un largo historial de siniestros, derrames, roturas, vuelcos y derrumbes. Explicaron que Bajo el Durazno usará el mismo dique de colas sobre el cual “se ha denunciado reiteradamente tener deficiencias en su construcción y mantenimiento, ya que el mismo se encuentra ubicado sobre una falla geológica de magnitud.” Y advirtieron que mantendrán el bloqueo

(que comenzó la primera semana de enero) a los camiones que conducen al proyecto minero Agua Rica.

La empresa publicitó que realizó, antes de la aprobación del IIA, “charlas en las comunidades durante el proceso de análisis del estudio”. La Asamblea El Algarrobo recordó que no deben realizarse “charlas”, si no “audiencias públicas”, donde deben intervenir todos los actores y –fundamental– deben contar con la información y estudios de manera anticipada, para poder analizarlos y plantear las objeciones en la audiencia. Denuncian que nada de eso sucedió con Bajo el Durazno.

El punto principal que empresas y gobiernos solían usar era la “licencia social”, entendido como el apoyo de la población para el avance de la megaexplotación minera. Pero que dejaron de enarbolarlo luego de las luchas de Esquel, Loncopué y Famatina. Y, en Catamarca, las empresas no lograron remontar su imagen negativa luego de la represión por Agua Rica en 2010. En Andalgalá ese rechazo se expresa al menos en tres espacios: la Asamblea El Algarrobo, la organización de las Mujeres del silencio y los Vecinos Autoconvocados.

“Hay un avasallamiento a la voluntad popular que se expresa todos los días. Reclamamos que se respete la legislación municipal, provincial y nacional”, precisó la asamblea.

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El informe ambiental

El Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por Minera Alumbrera tiene más de 500 carillas. Alfredo Carbonel, de la ONG Pro-Eco, estudió el IIA y destacó que sólo hay una descripción de la flora, fauna, el aspecto económico y social, pero no hay nada respecto de las consecuencias de la actividad minera. “Además de la falta de audiencia, algo obligatorio por ley, no se analiza el impacto que tendrá todo el proceso minero, y tampoco está la evaluación que debiera haber hecho el organismo de control estatal sobre el documento presentado por la empresa”, explicó. El investigador Fernando Berdugo definió el informe como un “disparate total”. Señaló que ni siquiera precisa dónde está el yacimiento a explotar y la compañía lo describe como una “ampliación de Alumbrera” cuando en realidad se trata de yacimientos distintos. “La empresa debe presentar informes de impacto ambiental de exploración, prospección y explotación, pero no presentarán el impacto de la explotación porque dicen que ya lo hicieron por Alumbrera. Un disparate”, afirmó. Y cuestionó que en el informe haya participado la empresa Corplab. “Hay conflictos de intereses. Se trata del zorro cuidando a las gallinas”, denunció.

* Por Darío Aranda. Publicada el 26 de enero de 2015 en el diario Página12.

Acampe en defensa del agua

Acampe en defensa del agua

andalgala en bsas“Andalgalá de pie. En defensa del agua” es el cartel en letras grandes escrito en una carpa blanca, frente a los tribunales porteños. Observan con sorpresa hombres trajeados y mujeres con vestimenta típica de oficina. Chela Ignes, nacida y criada en Catamarca, se acerca y les da un folleto que explica por qué acampan en Plaza Lavalle: “La minería quiere desaparecer un pueblo de 20 mil personas. Le pedimos a la Corte Suprema que dé tratamiento al amparo ambiental que espera sentencia desde hace dos años”. Asambleístas catamarqueños estuvieron trece días acampando, vincularon la megaminería con la violación de derechos, reclamaron derogar las leyes del menemismo y prometieron volver si el Poder Judicial no da respuesta.

Andalgalá es la ciudad catamarqueña pionera de megaminería en Argentina. Desde hace 18 años extrae oro y cobre (entre otros minerales) Minera Alumbrera, un consorcio suizo-canadiense (Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold) denunciado por contaminación y defraudación al fisco. Y desde hace una década el gobierno provincial impulsa un nuevo yacimiento, llamado Agua Rica (Yamana Gold), tres veces más grande que Alumbrera y se ubica más cerca del pueblo (a sólo 17 kilómetros), donde nacen los ríos que proveen de agua a la población.

En 2009 las asambleas socioambientales y ciudadanos de a pie bloquearon el paso a los camiones de Agua Rica. Sobrevino una feroz represión, con una decena de heridos y detenidos. La respuesta fue una masiva movilización en la plaza principal de Andalgalá y nació la Asamblea el Algarrobo. Todos los sábados marchan en el centro del pueblo (ya realizaron más de 260 caminatas) y realizan campañas informativas y acciones directas. En enero de 2010 presentaron un amparo ambiental. Estuvo tres años frenado en el Poder Judicial de Catamarca y desde julio de 2013 en la Procuración General de la Nación, antesala de la Corte Suprema de Justicia.

“Venimos a manifestarnos porque el amparo ambiental es fundamental para la vida de Andalgalá. Y no puede ser que esté dormido desde hace tanto tiempo aquí. Los catamarqueños necesitamos una respuesta”, reclamó desde Plaza Lavalle Chela Ignes.

El amparo ambiental hace hincapié en el ambiente sano como un derecho fundamental y solicita la suspensión del proyecto minero Agua Rica. Se fundamenta en que el estudio de impacto ambiental de la empresa cuenta con treinta observaciones (calidad del agua, contaminación del agua y afectación de la población aledaña, entre otros) y, previo a la autorización de la provincia, no se contó con la audiencia pública que obliga la Ley General del Ambiente.

La acción de amparo fue presentada en 2010. Solicitaron entrevista en la Corte Suprema pero no fueron recibidos. Sí tuvieron un encuentro en la Procuración General de la Nación. “Nos recibió una secretaria de (Alejandra) Gils Carbó. Reconoció que no sabía de nuestro amparo y dijo que antes de fin de año habrá dictamen”, señaló Alejandro de las Cuevas, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá.

Otro dos aspectos son la judicialización de la protesta. Aníbal Núñez, de San Fernando del Valle de Catamarca, precisó que hay un piso de 110 activistas judicializados por oponerse a la megaminería (50 de Andalgalá y 60 de Tinogasta). También denuncian el incumplimiento de la Ley de Glaciares. Sancionada en 2010, daba 180 días para relevar los cuerpos de hielo. Las montañas del oeste catamarqueño fueron incluidas recién en septiembre de 2013. “No hicieron un relevamiento completo. Dejaron muchas zonas grises con la clara intención de dejar abierta la posibilidad a las mineras”, acusó Alejandro de las Cuevas.

Durante el acampe en Buenos Aires recibieron la visita de la Comisión de Población del Congreso Nacional y del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Reiteraron que la puesta en marcha de Agua Rica sería la “desaparición de Andalgalá” y pidieron un debate de fondo sobre las leyes mineras sancionadas durante la década del noventa.

En septiembre pasado, el gobierno provincial autorizó la puesta en marcha de otro proyecto en los departamentos de Andalgalá y Belén, llamado Bajo el Durazno, también en manos de Minera Alumbrera. Extraerá oro y cobre.

El miércoles pasado levantaron el acampe de Plaza Lavalle. Esperarán el dictamen de la Procuración General de la Nación y el fallo de la Corte Suprema. En caso de que sea negativo, prometieron volver a la Ciudad de Buenos Aires, con una medida por tiempo indeterminado.

* Por Darío Aranda. Publicado el 6 de diciembre de 2014 en el diario Página12.

Diputados a pedir de las mineras

Diputados a pedir de las mineras

diputados a pedir de minerasLa Legislatura de Chubut cambió radicalmente el proyecto de ley que prohibía la megaminería (presentado por asambleas socioambientales y pueblos indígenas) y aprobó una norma que posibilita la cuestionada actividad. “Es como si se hubiese presentado un proyecto de ley contra la trata de personas y los diputados hubiesen cambiado el texto habilitando los prostíbulos”, denunció Fernanda Rojas, de la Asamblea de Vecinos de Esquel. El escándalo se incrementó al difundirse una foto en la que, en plena sesión, el diputado Gustavo Muñiz (PJ) recibe instrucciones por parte de una de las mineras más grandes que opera en Argentina (Yamana Gold). El Frente para la Victoria y el PJ votaron a favor de la megaminería. Las empresas se mostraron satisfechas.

El martes se aprestaba a ser un día histórico. Por primera vez se trataría en la Legislatura un proyecto llegado por “iniciativa popular”, una acción de democracia semidirecta contemplada por la Constitución provincial. Consiste en presentar una propuesta de ley respaldada con la firma del tres por ciento del padrón electoral y los diputados tienen la obligación de tratarlo. Luego de un año de recolección de adhesiones, las asambleas socioambientales, organizaciones sociales y comunidades indígenas reunieron en abril 13000 firmas. El proyecto prohíbe la megaminería metalífera y la minería nuclear (uranio y torio) y protege las fuentes de agua. La propuesta amplía los límites que ya establece la Ley 5001 (que prohíbe la explotación con uso de cianuro).

Desde temprano se movilizaron a la Legislatura asambleas de toda la provincia y comunidades mapuche-tehuelches.

La sorpresa fue el cambio de proyecto (aunque con el mismo nombre de “iniciativa popular”) que hizo el Frente para la Victoria (FpV). La jefa de bancada, Argentina Noemí Martínez, argumentó que el proyecto de las 13.000 firmas era inconstitucional y que la nueva propuesta proponía un “debate serio” para los próximos cuatro meses. Desde las tribunas de la Legislatura le gritaban que desde 2002 Chubut debate sobe megaminería. En las escalinatas del Congreso la policía avanzó con palos y perros sobre los asambleístas. Enfrente, sonreían y cantaban los grupos de la Uocra, petroleros y mineros.

Luego de seis horas de debate, quince votos apoyaron el proyecto prominero (trece del Frente para la Victoria y dos del PJ) y doce fueron por la negativa (el bloque de Chubut Somos Todos –dasnevismo–, UCR, Polo Social y un voto del PJ y un voto del FpV). La ley aprobada suspende la minería durante cuatro meses, pero faculta al gobernador, Martín Buzzi, a llamar a plebiscito vinculante sólo en las zonas donde se hará minería (llamadas “zonas de sacrificio”).

Pablo Lada, del Foro Ambiental Social de Trelew, recordó que era la primera vez en veinte años de vigencia de la Constitución de Chubut que se implementaba la “iniciativa popular”. Sabía que estaba entre las posibilidades el rechazo, la aprobación o la modificación. “Lo que sucedió fue vergonzoso. Nuestro proyecto no se trató. Manipularon el proyecto de la ciudadanía, legislaron a pedir de las transnacionales y nos robaron una herramienta de democracia semidirecta”, afirmó Lada.

El gobierno impulsa la minería de plata, plomo y uranio en la meseta (localidades de Gan Gan, Gastre, Paso de Indios). Zona de pequeños pueblos y donde las empresas mineras ya están presentes desde hace una década con programas de “responsabilidad social empresaria” (proveen de insumos a las escuelas y postas sanitarias, entregan materiales y alimentos). “La explotación minera en la meseta puede contaminar toda la provincia. Tenemos que votar todos los chubutenses, pero los diputados desprecian la democracia directa, saben que Chubut no quiere megaminería”, explicó Rojas, de Esquel.

Ayer al mediodía, una foto mostró al diputado del PJ Gustavo Muñiz durante la sesión. Se observa su celular y un intercambio de mensajes con el gerente de la minera canadiense Yamana Gold, Gastón Berardi, quien lo instruye a modificar el artículo 4 para permitir el extractivismo en el oeste provincial. El diputado le responde que eso se incluirá en la reglamentación, que hará el gobernador Martín Buzzi. Muñiz, que votó por la ley prominera, reconoció el hecho ante las radios de Chubut. La Asamblea de Vecinos de Esquel difundió la foto en las redes sociales: “La Legislatura de Chubut tiene legisladores que responden a las corporaciones mineras y no al pueblo”.

Lada señaló que todas las asambleas de Chubut y los pueblos originarios se encuentran en estado de alerta y movilización y evaluando los pasos a seguir. “Fue tan alevoso lo que hicieron los legisladores, burlándose de la ciudadanía, que les jugará en contra”, advirtió.

El presidente de la Cámara Minera de Chubut, Néstor Alvarez, se mostró satisfecho por la nueva ley. “Es muy importante. Se modificó el texto de la iniciativa popular y el proyecto antiminero se transformó en algo distinto. Nos abre una perspectiva. Es factible (el avance de la minería)”.

* Por Darío Aranda. Publicado el 27 de noviembre de 2014 en el diario Página12.