Litio: mentira verde y colonial

Litio: mentira verde y colonial

El litio se transformó en la nueva obsesión minera y es elogiado por todo el arco político, académicos y periodistas. En enero se conoció el rechazo del Pueblo Kolla en Jujuy a una minera, pero también hay casos de asambleas socioambientales en Catamarca, San Luis y Córdoba. Promesas de “progreso” y sacrificio de territorios. Intelectuales críticos y, otros pocos, cómplices. La situación en Bolivia y Chile.

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Primero fue el oro. También la plata y el estaño. Y más tarde el caucho. La madera, el petróleo y, más reciente, los transgénicos. Desde hace una década tomó fuerza un nuevo objeto de deseo, codicia y saqueo: el litio. «Recurso natural» llaman empresas y políticos. «Recurso estratégico» los académicos progresistas que llaman a «exprimirlo». Pueblos indígenas resumieron «litio para hoy, hambre para mañana».

El rechazo del Pueblo Kolla en Jujuy, de asambleas socioambientales en Catamarca, San Luis y Córdoba. Empresas, gobiernos y las promesas de «progreso». La situación en Bolivia y Chile. Propuestas verdes del Norte global que arrasan territorios del Sur.

¿Oro blanco?

El litio es un mineral esencial para las baterías de autos eléctricos, computadoras y teléfonos. Ascendió en uso y precio en las últimas décadas. Las empresas tecnológicas y automotrices son sus principales demandantes. Y las mineras las encargadas de la explotación.

A diferencia de la megaminería de oro, plata y plomo, no requiere de enormes agujeros en las montañas (los conocidos «open pit») y gigantescos dique de colas (basureros mineros de hasta cientos de metros de profundidad y decenas de hectáreas de superficie), pero tiene el común el uso de enormes cantidades de agua y sustancias químicas contaminantes.

Otro punto en común: el mercado está dominado por grandes multinacionales de primer mundo y la explotación, se realiza en su mayoría en países periféricos, dependientes.

El comienzo de la minería de litio a gran escala en Argentina fue en 1998, con el proyecto minero de litio Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra (Catamarca), en manos de la multinacional FMC Lithium.

A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman «triángulo del litio» a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.

Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar (de la canadiense Lithium Americas Corp, parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.

Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.

Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras y de la explotación de litio en particular.

Mauricio Macri lo promociona de forma retirada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será «líder» en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”. El 1 de marzo pasado, en su discurso en el Congreso Nacional, celebró: «El mundo habla del litio y tenemos Catamarca, Salta y Jujuy enormes reservas».

Pueblo Kolla

Uno de los lugares donde se encuentra el litio es en los salares, esas extensas planicies blancas que suelen ser también espacio de turistas.

Desde hace diez años, los gobiernos de Jujuy y Salta ofrecen a en todas las ferias mineras la región de Salinas Grandes, lugar de trabajo, historia, cultura y vida de los pueblos indígenas. Y, también desde hace diez, comenzó la organización y lucha de los pueblos originarios para rechazar la actividad.

Un logro histórico fue la conformación de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes, integrada por decenas de comunidades. Exigen se respete la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre Pueblos Indígenas: para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.

Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Pero el máximo tribunal dio la espalda a las comunidades y envió la causa a los tribunales provinciales. La causa tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El asedio de las mineras tuvo una escalada con el gobernador Gerardo Morales. El 4 de enero informó la licitación pública minera de áreas de Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama, 35.000 hectáreas. «Se busca incrementar la producción de litio en la provincia”, explicó Carlos Oehler, presidente de la empresa estatal Jujuy Energía y Minería (Jemse). Y advirtió: “Tener hecha una evaluación sobre los yacimientos permitirá saber efectivamente si pueden transformarse en áreas productoras. De concretarse, posicionaría a esta provincia en un lugar privilegiado a nivel nacional”.

En los pliegos de licitación, que violan los derechos indígenas por no haber respeta la legislación nacional e internacional, figuran artículos que se burlan de los afectados: «“Jujuy exige una relación altamente respetuosa con las comunidades originarias, y las empresas deben tener la predisposición de integrarlos en el proyecto desde el inicio”.

Organización y acción directa

Las comunidad indígenas de Jujuy se enteraron por los medios de comunicación de la nueva avanzada minera. Muchas de ellas nucleadas en la organización Mesa de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Reunidas en asamblea, ratificaron el rechazo a la minería y exigieron el respeto a los derechos indígenas.

A inicios de febrero, el Pueblo Kolla se movilizó en los ingresos a las Salinas Grandes, se mantuvieron en asamblea permanente y realizaron cortes informativos en la ruta nacional 52. Llegaron hasta el área donde exploraba la empresa Ekekos S.A.-AIS Resources Liimited. Lograron que los operarios de la minera se retiren del lugar y la compañía paralice sus actividades.

«Logro histórico del Pueblo Kolla. Que sepa el gobierno de Gerardo Morales que vamos a impedir cualquier otro proyecto de megaminería y/o de litio en la Cuenca de Salinas Grandes, que es territorio sagrado de los pueblos originarios», alertaron las comunidades en un comunicado del 8 de febrero.

Denunciaron que el gobierno provincial manipula el derecho a la consulta, presiona a referentes indígenas y propone «mesas chicas» para «convencer» dirigentes indígenas y lograr el visto bueno de la minería.

El comunicado finalizó: «La vida y el agua valen más que el litio».

San Luis y Córdoba

Las asambleas y organizaciones sociales de San Luis lograron en 2008 una ley que que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería. Sin embargo, en 2011 y 2015 hubo intentos de empresas de radicarse y, paso posterior, modificar la ley. Es lo mismo que sucedió este verano, cuando desde la Red Ambiental y Social (que reúne a varias organizaciones de la provincia) se enteraron que las mineras Latin Resources (Canadá) y Dark Horse Resources (Australia) están presentes en San Luis.

Cecilia Sustersic, de la Red Ambiental y Social, precisó que la minera canadiense publicita que cuenta con 120.000 hectáreas en la provincia. Recordó que San Luis es una provincia semiárida, con ecosistemas muy frágiles y las mineras utilizan enormes cantidades de agua. «Las mineras ponen en riesgo la vida misma. No vamos a permitirles a estas empresas que vengan a llevarse un mineral estratégico que es para alimentar el consumo mundial que nos lleva al abismo como humanidad», afirmó Sustersic.

Durante enero realizaron encuentros, movilizaciones y cortes de ruta informativos en rechazo a la actividad.

En la localidad de Las Tapias, en Córdoba, los vecinos se enteraron por casualidad (nunca un Gobierno que informe a la población) de la presencia de la minera Dark Horse, para explorar en busca de litio. La provincia, que acumula luchas contra la megaminería (en 2008 lograron una ley que la prohíbe), contra las fumigaciones y en defensa del monte nativo, de inmediato comenzó a movilizarse impulsada por el Foro Ambiental de Traslasierra.

Asambleas, marchas, jornadas informativos y cuestionamientos a los funcionarios que abren la puerta a las mineras a espaldas de la población. Lograron que el Concejo Deliberante de Las Tapias apruebe una ordenanza que prohíbe la minería. Primer triunfo. Pero no se quedaron con eso.

«Es un un gran avance, pero no es suficiente», explicó Marc Bohl, del Foro Ambiental, que señaló la posibilidad de que el Intendente (actual o por venir) vete la ordenanza o que el gobierno provincial o el Poder Judicial den luz verde a la minería.

Continúan con la campaña informativa y recolección de firmas para interpelar al gobernador Juan Schiaretti y a la Legislatura provincial. Exigen que se cierren los expedientes de la empresa, que la ley explicite que prohíbe toda minería metalífera y que se retire la empresa.

«Exprimir el recurso»

Existen intelectuales e investigadores que apoyan el modelo extractivo y no reparan, minimizan o no les importan, sus consecuencias. El modelo sojero cuenta con Ráquel Chan, investigadora del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral que impulsa una variedad de soja resistente a la sequía y con uso del peligroso agrotóxico glufosinato de amonio.

En la explotación de litio tuvieron amplios espacios periodísticos Victoria Flexer (química que impulsa el desarrollo de litio financiada por YPF, el gobierno de Jujuy y el Conicet) y Ernesto Calvo (de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y Conicet), que difunde una técnica de extracción que sería menos perjudicial al ambiente.

También existen casos más solapados, y peligrosos, con un discurso de «desarrollo nacional», desde el progresismo y la izquierda. Uno de ellos es el llamado «Grupo de estudios en geopolítica y bienes naturales», integrado por Bruno Fornillo, Florencia Puente, Ariel Slipak, Julián Zícari, Melisa Argento, Gustavo Romeo, Santiago Urrutia Reveco, Martina Gamba y Elaine Santos.

Tienen diálogo con académicos críticos, algunos de ellos visitan las comunidades en lucha y hasta se presentan como «militantes» o «compañeros» de las asambleas socioambientales. Se consideran a si mismos, dentro del mundillo académico, la «izquierda» del tema litio.

Publicaron en 2015 el libro «Geopolítica del litio», como parte de la «Colección Chico Mendes» de la Editorial El Colectivo. «Es innegable que no se puede perder la oportunidad que se nos presenta: lograr exprimir hasta sus últimas consecuencias un bien natural (el litio) que es central para la sociedad del posdesarrollo que viene», afirma en la página 87 Bruno Fornillo, coordinador del libro y referente del grupo.

Fornillo, porteño que suele presentarse como «doctor en ciencias sociales por la UBA y en geopolítica por la Universidad de París», es también historiador, pero no vincula el saqueo de recursos naturales (lo llama «bienes comunes») con la dependencia de cinco siglos de América. En su artículo, «del salar a la batería» insiste una y otra vez en lo importante del litio y plantea la ilusión de «fabricar baterías» como camino al desarrollo de la Argentina.

«No hay dudas de que los beneficios que podrían cosecharse de la posibilidad de fabricar baterías de litio en la Argentina son múltiples», promete Fornillo. Reivindica el «desarrollo» de Ernesto Calvo para «extraer el litio con una muy baja utilización de agua». En dos apartados de su libro Fornillo refiere al debate necesario de todos los «actores involucrados», pero nunca incluye a los pueblos indígenas, que viven en los territorios que el académico propone «exprimir».

En su artículo no aparecen las palabras «indígenas» ni «pueblos originarios». Sí señala que el litio, y las baterías, posibilitarían «una transición energética verde y limpia».

Ariel Slipak es uno de los coautores. También porteño, licenciado en economía, becario del Conicet, pero avisa que se siente más cómodo como se identifica en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).

El 21 de septiembre de 2018 participó de la charla «¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires. Florencia Puente, del mismo grupo de académicos y también parte de la Fundación Rosa Luxemburgo, facilitó el audio de la charla pública (el grupo de académicos suele molestarse si no se cita ese hecho irrelevante). Slipak consideró que la falta de recursos económicos lleva a las provincias, y también a las universidades, a buscar dinero del sector privado. Mirada que minimiza las responsabilidades extractivas de gobiernos y universidades.

«Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso», lamentó Slipak, y señaló a Chile, que de la mano de «los Chicago boys», tiene una «muy importante» apropiación de renta por parte del Estado. Sobre todo, señaló como ejemplo a seguir «el modelo boliviano», donde, dijo, se estatizó «el recurso y se intervino en toda la cadena de valor».

Afirmó que existe fiscalización para que sea «menos contaminante» y también reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, para poder explotar litio y que «sea menos contaminante».

Slipak también compartió una entrevista en Radio Con Vos con el gerente de Toyota, Eduardo Kronberg. En un diálogo muy ameno, destacaron la importancia del litio y hubo escasos cuestionamientos al rol de las multinacionales. Volvió a insistir con seguir el (supuesto) camino de Bolivia: «(Se requiere) Un modelo estatal con participación popular».

Políticos y empresas suelen disparar contra asambleas socioambientales por decir «no» al extractivismo. Y de forma despectiva suelen llamarlos «fundamentalistas». Slipak se hizo eco de ese término y tomó postura: «No estoy diciendo ‘litio no’ de manera fundamentalista».

En Salinas Grandes no conocían del tenor de los escritos de Fornillo y Slipak. Pero no les sorprendió el discurso pro-explotación. Están acostumbrados a los académicos extractivos y de doble discurso.

Clemente Flores, dirigente del Pueblo Kolla en lucha contra las mineras de litio, fue tajante: «Slipak nunca vino a las Salinas. Fornillo solo una vez, hace años. Ya les dijimos que no queremos mineras pero insisten. Los académicos que dicen que se puede extraer litio que sepan que eso mata a las comunidades».

Falacias y discurso colonial

Horacio Machado Aráoz forma parte del muy reducido grupo de académicos que vive en los territorios afectados por el extractivismo (Catamarca), camina junto a las asambleas socioambientales (forma parte del Colectivo Sumak Kawsay) y no teoriza desde escritorios de la ciudad. Investigador del Conicet, en su tesis doctoral «Naturaleza mineral. Una ecología política del colonialismo moderno», analizó los peligros y riesgos de la minería.

Explica que hay un «fiebre del litio», como en su momento fue del oro, que tiene como motor «un discurso colonial-desarrollista» que promete mejoras a partir de la explotación de recursos naturales. «La minería de litio se enmarca dentro de la misma matriz neoliberal de los ’90, que en nuestra provincia tiene como referencia a Minera Alumbrera en explotación de cobre y oro, y que comprarte rasgos coloniales y de rapiña que es propio de la fase noeliberal extractiva», afirma Machado Áraoz.

Y alerta sobre rasgos aún más graves, sobre todo por el discurso ambiental que impulsa la explotación del litio, de «transición energética» y de supuesta industrialización local. Afirma que «hay toda una lectura reduccionista y sesgada» de quienes dicen que el único problema es el cambio climático, que se va a resolver con una «transición energética» cambiando la matriz de hidrocarburos por energías limpias y renovables, donde estaría el litio. «Esos discursos son sumamente peligroso porque contiene falacias montados sobre un elemento indiscutible que es el calentamiento global y la quema de hidrocarburos».

Horacio Machado cuestiona que esos académicos y organizaciones pro-litio no aborden la insustentabilidad e injusticia energética estructural del modelo, y que tampoco cuestionan el nivel de consumo de los países centrales, elemento central de la crisis climática. «Es una simplificación y una falacia plantear que se puede dejar todo igual y que con la extracciones del litio se avanza en una transición de una matriz energética que deje de quemar combustibles fósiles y pasar a energías supuestamente verdes», remarca.

Alerta que detrás de un discurso ecologista de «transición energética» lo que se hace es profundizar viejas posiciones de dependencia respecto de los países más poderosos e industrializados. «Con el ‘boom’ del litio nosotros estamos poniendo los territorios que subsidian la transición energética de otras sociedades», explica.

También llamó «falacia» y «ficción industrialista» creer que, a diferencia del cobro o el oro, el litio se puede industrializar en los países donde se extrae y transformar en batería. Recordó que hay un control oligopólico de empresas transnacionales que impide que los países de la región cumplan esa función. Sumado a la histórica y conocida «división internacional del trabajo», con países dependientes-subordinados (proveedores de materias primas) y países desarrollados que industrializan y agregan valor.

Chile y Bolivia

El Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) tiene su sede en Cochabamba y desde 1970 trabajo en problemáticas sociales y ambientales. Jorge Campanini y Marco Antonio Gandarillas enviaron a MU un detallado informe que aleja a Bolivia de ser un ejemplo a seguir:

-No existe información respecto que el gobierno de Bolivia haya aplicado la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas.

-Hubo consulta pública (en agosto de 2018) respecto a la «Planta Industrial de Carbonato de Litio» de las salmueras del Salar de Uyuni. La mayor parte de las observaciones referentes a los impactos ambientales y sobre las fuentes de agua no fueron respondidas por las autoridades de Yacimiento de Litio Boliviano (YLB).

-Las consultas públicas se realizaron como parte de un mero trámite de obtención de la licencia ambiental. No presentaron información rigurosa sobre los impactos ambientales potenciales.

-El acceso a información en la explotación de litio ha sido y es muy restringido y la participación de instancias de fiscalización y control independientes es nula. A futuro se teme que las sociedades con actores transnacionales (en especial de China) se manejen de forma similar.
-El litio no genera ni generará progreso para Bolivia. Ninguna explotación de materias primas hace eso. No conocen una experiencia previa exitosa en ese sentido.

-El litio no es parte de de un modelo «sustentable ni de energías limpias». Se teme por las fuentes de agua y la contaminación con agentes químicos. En el caso boliviano, la extracción se realiza sobre ecosistemas frágiles y altamente intervenidos, con serios problemas hídricos que afectan enormemente a las poblaciones locales, rurales y urbanas. No es sustentable convertir a toda una región en inhabitable, sin agua accesible.

-En Bolivia no se industrializa en litio. Recién va a ponerse en marcha la construcción de la planta industrial de carbonato de litio, la cual derivaría su producción a la obtención de hidróxido de litio y cloruro de litio, materia prima para la construcción de baterías (además existe una gran cantidad de materiales que están involucrados en la elaboración y que Bolivia no produce).

-Las exportaciones de sales de litio y potasio, a escala piloto, son mínimas en comparación de las exportaciones de Chile y Argentina. Baterías, se hicieron solo a escala demostrativa, ninguna venta o producción relevante.

Bárbara Jerez Heríquez es chilena, doctora en Estudios Latinoamericanos y en 2018 publicó el informe «Impacto socioambiental de la extracción de litio en las cuencas de los salares altoandino del Cono Sur», donde analiza la situación de Chile, Bolivia y Argentina.

Destaca que los salares de Chile están «pagando un alto precio» ambiental, «un desastre ecológico» por la explotación de litio, los niveles de agua han descendido y las fiscalizaciones ambientales son muy precarias. Las comunidades indígenas no fueron consultadas, incluso en 2018 hubo una extendida huelga de hambre por esa violación de la ley, y las empresas están atravesadas por la corrupción, con financiamiento de campañas políticas incluidas (documentado por una comisión de la Cámara de Diputados).

Recuerda que la minería hace uso indiscriminado de agua y deja zonas contaminadas, erosión, comunidades divididas y enfermedades (detectó que en las zonas mineras se repiten algo índices de cáncer). «No genera desarrollo. Genera mucha dependencia y sacrificio de economías locales, desde la ganadería hasta el turismo», afirma.

Jerez Heríquez aclara que el litio, cobre y cobalto son minerales estratégicos «para la transición verde que plantean los países industriales, como una alternativa funcional a su metabolismo de acumulación, consumo y producción».

Los países más poderosos publicitan a las baterías de litio y los autos eléctricos como parte de su combate contra la quema de combustibles fósiles (central en el cambio climático). Algunos académicos y periodistas repiten el discurso, pero no cuestionan la demanda mundial de commodities y la devastación que significa en las comunidades donde se explotan los territorios.

«El reemplazo tecnológico (autos eléctricos) es una solución eco-técnica, un parche, que significa profundizar el extractivismo. Se traslada la zona de sacrificio a lugares más periféricos, replica las desigualdades estructurales de siempre. No modifica la relación Norte-Sur, y los efectos de la devastación ambiental lo pagamos las comunidades del Sur», afirma.

La investigadora reclama debatir los estilos de vida de los países más poderosos. Advierte que la presión extractiva por litio comienza en los salares, pero luego va por los reservorios de roca (como San Luis y Córdoba en Argentina, o regiones de Perú y México). «Es el extractivismo de siempre, pero ahora con un relato colonial verde que se ofrece como solución para luchar contra el cambio climático», resume.

 

*Por Darío Aranda. Artículo publicado en marzo de 2019 en revista MU.

El extractivismo que viene

El extractivismo que viene

Del litio a la soja, de la megaminería a Vaca Muerta. Cómo se perfila el extractivismo de Alberto Fernández y el Frente de Todos. Las multinacionales, los pueblos indígenas y las asambleas.

Sonrisas. Muchas sonrisas. De un lado de la mesa, empresarios del agronegocio. Del otro, Alberto Fernández y sus asesores. Noventa minutos y una reunión evaluada como “fructífera”. Donde el conflicto por la renta agraria “es cosa del pasado”.

Sonrisas. Empresarios mineros, los gobernadores Lucia Corpacci y Alicia Kirchner. Y Alberto Fernández. “Que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad”, pidió el ex jefa de Gabinete.

El extractivismo del Frente de Todos.

Política de Estado

Megaminería, agronegocio (con la soja como bandera, aunque no solo), petróleo, litio y monocultivos forestal fueron algunas de las políticas de Estado durante todo el kirchnerismo. La criminalización estuvo presente: mapuches en Neuquén y la Asamblea el Algarrobo en Catamarca son sólo una muestra. Los asesinatos del abuelo qom Roberto López en 2010 (Comunidad La Primavera en Formosa), y los campesinos Cristian Ferreyra y Miguel Galván (del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina), sólo algunas víctimas de una larga lista.

El macrismo profundizó el extractivismo. Más fracking en Vaca Muerta, más litio en Catamarca, Jujuy y Salta, más agronegocio. Con su alta y orgullosa cuota de represión en manos de Patricia Bullrich y aliados provinciales. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel fueron las víctimas más difundidas de la política oficial. Empresarios al frente de ministerios: Juan José Aranguren de la multinacional Shell en Energía y Luis Miguel Etchevehere de la Sociedad Rural en Agricultura los ejemplos más burdos.

Votos y agronegocio

El 11 de agosto Alberto Fernández arrasó en las elecciones. Nadie los esperaba.

Ya habla ante los medios como Presidente y realiza giras en el exterior como primer mandatario electo. Las chances de Mauricio Macri son mínimas.

En plena campaña, desde Entre Ríos, Fernández tuvo su primera muestra pública de apoyo al agronegocio transgénico. La provincia está convulsionada por un fallo judicial que protege de fumigaciones con agrotóxicos a todas las escuelas rurales. Los empresarios del agro y el gobernador, Gustavo Bordet, se victimizan. Denuncian que nos se les permite “producir”, cuando sólo se les prohíbe fumigar escuelas, docentes y niños. Fernández tomó postura: “Me parece un poco desmedido la decisión final. Qué excluye muchas zonas productivas que pueden ser utilizadas (…) A veces lo bueno y útil llevado a un extremo se convierte en malo y perjudicial. Hay que cuidar no caer en extremos”.

El 29 de agosto recibió a los agroempresarios de la Mesa de Enlace. Daniel Pelegrina (Sociedad Rural Argentina), Dardo Chiesa (Confederaciones Rurales Argentinas), Carlos Achetoni (Federación Agraria) y Carlos Iannizzotto (Coninagro). Además de Fernández estuvieron su jefe de campaña, Santiago Cafiero, y la economista Cecilia Todesca. El ex jefe de Gabinete sólo señaló que la reunión fue “fructífera”. Abundaron las sonrisas en las fotos de ocasión.

Desde la Mesa de Enlace destacaron que la reunión fue “positiva”, afirmaron que Fernández pidió dejar atrás el conflicto por la Resolución 125 (de 2008) y aseguraron que descartó mecanismo de control de exportaciones (estilo Junta Nacional de Granos, desaparecida en 1991 cuando se entregó la comercialización a las multinacionales exportadoras).

Las organizaciones del agronegocio, que apoyaron a Mauricio Macri durante todo su gestión y apostaban a la reelección, le presentaron a Fernández un pliego con catorce puntos, repleto de eufemismos: “previsibilidad económica” (que no haya cambio en los impuestos), menor presión tributaria (menos impuestos para el agro), fin de las retenciones para diciembre de 2020 (el escrito dice “exigimos que se cumpla el fin del tributo”), “modernización del sistema laboral” (reforma de leyes laborales), nueva ley de semillas (Bayer-Monsanto impulsa una nueva norma desde hace una década, rechazada por campesinos y sin consenso entre los agroempresarios), “fomento a las buenas prácticas agrícolas” (mayor flexibilidad para fumigar con agrotóxicos) y una “ley nacional de agroquímicos”.

Vaca Muerta

Publicitada como la clave para la «soberanía energética», de la mano de las multinacionales petroleras, Vaca Muerta avanza con numerosos hechos de contaminación (desde explosiones y derrames), desalojo de campesinos y comunidades mapuches, hasta muerte de trabajadores en «accidentes» (luego de la firma de nuevos convenios laborales entre el gremio y las empresas).

En julio pasado, en plena campaña por Necochea, Alberto Fernández destacó que «sin duda Vaca Muerta es una gran oportunidad», aunque señaló que también había que desarrollar energías renovables y agrocombustibles (otra faceta del extractivismo, tierras y granos para autos y no para alimentos).

Luego de las elecciones de agosto, Nicolás Trotta (coordinador de los equipos técnicos de Fernández) se reunió con autoridades del Instituto Argentina del Petróleo y el Gas (IAPG), poderoso espacio de lobby de las empresas, entre ellas Total, Pan American Energy (PAE), Wintershall, Tecpetrol y Pampa Energía.

De gira por España, el 5 de septiembre, el candidato presidencial Fernández alteró a los defensores del fracking. “No tiene sentido tener petróleo si para sacarlo tengo que dejar que vengan multinacionales a llevárselo. No tengo ningún problema con las multinacionales, pero en realidad mi mayor problema es ver cómo genero riqueza para la Argentina”, argumentó.

De inmediato el diario La Nación, que inauguró una sección específica de «publinotas» sobre Vaca Muerta y las empresas, habló de «polémica» y «preocupación» de las compañías.

El sábado 7 de septiembre, Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro en Misiones. En un apartado se refirió a los dichos de su compañero de fórmula: «Vaca Muerta la recuperamos nosotros cuando decidimos recuperar YPF y los recursos energéticos para nuestro país. Vaca Muerta es una oportunidad fantástica para agregar valor a toda la cadena de valor y desarrollo», dijo y agregó: «Cuando Alberto habla le quisieron hacer decir que estaba en contra de las multinacionales. A ver, esta expresidenta luego de recuperar YPF firmó el contrato con Chevron, una de las multinacionales del petróleo más grandes del mundo. ¿Quieren hacer creer acá dentro del país o afuera que estamos en contra de las multinacionales? Fui yo la que hice el contrato entre YPF y Chevron».

El pacto entre YPF y Chevron para explotar Vaca Muerta fue confidencial (a pesar de tratarse de una empresa con mayoría estatal), judicializado y hecho público por el diputado santafecino Rubén Giustiniani. Contaba con una ingeniería legal, con sociedades off shore, para eludir el pago de impuestos. Todo en beneficio de la multinacional.

La aprobación final se hizo en la Legislatura de Neuquén (2013), donde la policía provincial reprimió durante seis horas una manifestación de repudio.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, reconoció que tienen “expectativas positivas porque todos debemos contribuir a un ‘nunca más’ haya un gobierno de derecha, empresarial, especulador, racista y excluyente que sueñan una argentina para pocos”. Sin embargo, advirtió que la fórmula Fernández-Fernández no tiene en su agenda el tema ambiental, pueblos indígenas ni cambio climático. Nahuel cuestionó el apoyo a la megaminería y al fracking realizado por los candidatos del Frente de Todos. “No debemos bajar los brazos, debemos estar atentos y fuertemente movilizados porque nuestra existencia continuará amenazada en la medida que no se modifiquen las condiciones sobre estas industrias que está demostrado son amenaza de muerte no sólo para los pueblos indígenas”, afirmó el dirigente mapuche.

Megaminería

Las gobernadoras Lucía Corpacci (Catamarca) y Alicia Kirchner (Santa Cruz) fueron las impulsoras del encuentro entre una decenas de multinacionales mineras y Alberto Fernández.

“Ya estamos trabajando para que las inversiones en la producción de litio cuenten con un marco legal que brinde seguridad jurídica”, anunció el candidato presidencial ante los periodistas y pidió a los gobernadores y empresas que hagan un “esfuerzo conjunto y tarea de educación para que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad”.

Estuvieron presentes los CEOs y directivos de las principales multinacionales con intereses en Argentina: Glencore, Minera Alumbrera, Livent Corp, Antofalla Minerals, Anglogold Ashanti, Patagonia Gold, Minera Santa Cruz, Panamerican Silver, Don Nicolas SA, Newmont Goldcorp y Yamana Gold, Galan Lithium, Neo Lithium Corp, Liex SA, Lundin Group, Minera Esperanza, Lake Resources, Grosso Group, Loma Negra, Posco, Yamana, Galaxy, Circum Pacific y Buena Vista Gold. “Es necesario avanzar hacia la sustentabilidad social y económica de la minería”, pidió el candidato a presidente y remarcó que “la única solución” para Argentina es exportar. Destacó como ejemplo a la minería y Vaca Muerta.

Alberto Fernández era jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner en 2008, cuando la entonces presidenta vetó la Ley de Glaciares, que había sido votada por amplia mayoría en el Congreso Nacional. “El veto Barrick”, fue denunciado por Enrique Martínez, entonces presidente del INTI.

Rosa Farías es integrante de la histórica Asamblea El Algarrobo, que denuncia el accionar de Minera Alumbrera en Catamarca y rechaza el proyecto Agua Rica. “No nos sorprende que lo primero que haga el candidato es reunirse con las mineras. El extractivismo es moneda de cambio para recibir los dineros extranjeros, entregando los recursos naturales. Nos reafirma que nuestros gobernantes siguen siendo mercenarios, no les interesa los cerros ni la vida ni el destino de los pueblos”, denunció.

Otro campo

El Foro Agrario Soberano y Popular fue un encuentro multitudinario de campesinos, indígenas y agricultores familiares. Se realizó en el microestadio del club Ferrocarril Oeste, durante dos días, y asistieron más de 3500 personas. Impulsado por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), de allí surgió un plan agrario pensado y debatido desde las bases rurales. Y quedó conformado como un espacio de articulación de decenas de organizaciones.

Ante las elecciones, emitió un comunicado titulado «no votamos a Macri». El Foro Agrario está conformado por organizaciones diversas. Desde claramente kirchneristas, como otras críticas.

El 16 de agosto, luego de las votaciones, el Foro Agrario publicó una solicitada en el diario cooperativo Tiempo Argentino. «Carta abierta al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández», comenzó el escrito. De detalló la necesidad de apoyar otro tipo de modelo agropecuario, de base popular y campesina, sin transgénicos ni agrotóxicos. Y con tres ejes principales: soberanía alimentaria, tierra y la construcción de un modelo productivo no extractivista.

A un mes de la solicitada, Alberto Fernández no recibió al Foro Agrario. Ni siquiera sus asesores se comunicaron con las organizaciones que impulsan otro modelo agropecuario.

Agustín Suárez, de la UTT, puntualizó que el Foro Agrario cuenta con 21 puntos consensuados para políticas para el sector campesino. Resaltó que si el próximo gobierno implementa esas propuestas habrá realmente una democratización de la matriz productiva, producción de alimentos sanos, precios justos para el pueblo y desarrollo de las economías regionales.

“No hay una real dimensión del espacio rural campesino, pequeño productor, por parte de Fernández. Incluso puede no haber valoración del espacio. Por eso se reúne con la Mesa de Enlace y no convoca al Foro”, alertó Suárez.

Juan Wahren, investigador del Conicet y del Instituto Gino Germani, tiene pocas expectativas: “De llegar a la presidencia, es muy probable que el gobierno de Alberto Fernández continúe y profundice este modelo extractivo primario exportador, justificado en que para salir de la crisis hay que desarrollar Vaca Muerta, generar divisas con la soja y similares y apostar a la inversión extranjera de las megamineras. El mismo relato que se instaló durante el menemismo, neoliberalismo, y que se mantuvo con pocas variaciones hasta hoy en día. El mito del desarrollo basado en los recursos naturales recargado”.

¿Qué grieta?

Los funcionarios kirchneristas inpulsaron el extractivismo. Y la militancia lo justificó de las más diversas formas: desde el «es necesario para el desarrollo del país», un intermedio «es una contradicción secundaria» (la primaria sería la relación capital-trabajo) hasta la crítica a los que luchan con el insostenible «le hacen el juego a la derecha», utilizada contra el Pueblo Qom en Formosa o las comunidades mapuches al inicio de Vaca Muerta.

Con el macrismo al mando algo cambió. Periodistas, académicos y militantes kirchneristas comenzaron a parecer preocupados por los mapuches, las comunidades kollas que enfrentan las mineras de litio y hasta por el desmonte en sus provincias aliadas (Chaco, Santiago del Estero). Descubrieron que el extractivismo es una contradicción primaria, causante de la injusticia social, y que se cobra vidas.

Lo que hasta 2015 era justificado, con Macri fue rechazado y cuestionado.

“Si hubo una continuidad clara e indiscutible entre el kirchnerismo y el macrismo fue el modelo extractivo primario exportador, basado principalmente en el agronegocio, los hidrocarburos y la megaminería. Este modelo se sobrepuso a la denominada ‘grieta’ y los matices apenas pueden verse en si durante el kirchnerismo las regalías, impuestos y rentas que obtenía el Estado se utilizaban tímidamente para algún tipo de redistribución de los ingresos, orientados al consumo popular”, afirmó Juan Wahren, investigador del Grupo de Estudios Rurales (GER) del Instituto Gino Germani de la UBA.

Si el nuevo gobierno impulsa el agronegocio y la megaminería, como todo indica, resta esperar de qué lado se ubican los seguidores (sobre todo la militancia) de Fernández-Fernández.

Rosa Farías, de Andalgalá, resumió el sentir de las asambleas socioambientales, que se mantuvieron en lucha con el kirchnerismo y con Macri: “Desde Menem en adelante que los gobernantes sostienen este modelo. Alberto Fernández va a intentar avanzar con más minería. Pero acá la resistencia seguirá firme. Defendemos el cerro y la vida, sin importar quién gobierne”.

 

* Por Darío Aranda. Artículo publicado en la revista MU 139. Septiembre de 2019.

Marcha de barbijos contra los agrotóxicos

Marcha de barbijos contra los agrotóxicos

Contra el agronegocio y en defensa de la salud. Asambleas socioambientales y campesinos se movilizan en Rosario. Académicos críticos al extractivismo se reúnen para fortalecer una ciencia junto al pueblo y cuestionar el modelo hegemónico.

“Marcha plurinacional de los barbijos”, es el nombre de la movilización que se desarrollará hoy en Rosario, donde asambleas socioambientales, campesinos, indígenas y productores agropecuarios que no utilizan venenos denunciarán las fumigaciones con agrotóxicos, el modelo transgénico y reivindicarán del derecho a la salud por sobre el dinero del agronegocio. También se desarrollará durante tres días el Congreso Internacional de Salud Socio-Ambiental, donde confluyen movimientos sociales y científicos críticos al extractivismo. El gobierno de Mauricio Macri aprobó veinte transgénicos con uso masivo de peligrosos agrotóxicos.

En el marco del Día Mundial del Ambiente y con la consigna “¡Basta de negocios con nuestra salud!”, numerosas organizaciones se reunirán al mediodía en la Plaza San Martín, donde habrá feria de alimentos sanos. Habrá actividades culturales y a las 17 comenzará la marcha hasta el Monumento a la Bandera. Los barbijos, que ya fueron utilizados frente a concejales que pretendían legislar en favor de las fumigaciones, serán la marca distintiva de la movilización.

“Este sistema extractivista viene arrasando con la biodiversidad, la soberanía alimentaria y energética de los pueblos y, por ende, atenta contra la salud y provoca daños irreparables”, afirma la convocatoria a la marcha. Entre las decenas de organizaciones convocantes están El Paraná no se toca, Comisión de Derechos Humanos de San Lorenzo (lugar del puerto sojero más grande del país), la ONG Muyuqui y la campaña Paren de Fumigarnos (de Santa Fe).

La movilización se da en un contexto de creciente denuncia al agronegocio y fallos judiciales contra los efectos de los agrotóxicos (glifosato, atrazina, 2-4D, endosulfán, entre otros). En Estados Unidos se produjeron tres fallos millonarios en ocho meses contra la multinacional Monsanto (desde 2018 en manos de la alemana Bayer) por su producto estrella: el herbicida glifosato. Y hay más de 13.000 juicios en espera.

En Argentina ya se lograron más de 25 fallos que prohíben las fumigaciones en cercanías de escuelas, cursos de agua y barrios. El que más resuene en las últimas semanas es la sentencia lograda de Entre Ríos por el Foro Ecologista de Paraná y el sindicato docente Agmer, que obtuvieron una sentencia inédita: no se puede fumigar a menos de 1000 metros de las escuelas (y 3000 si se realiza con avionetas).

Jeremías Chauque vive en Desvío Arijón (Santa Fe), trabaja en lo que define como “agricultura ancestral” (sin venenos, sin transgénicos). “La salud de nuestras familias y de la Madre Tierra no se negocia. Este modelo productivo es un ataque permanente a la vida y a la soberanía de nuestros pueblos. Entonces, ganar la calle es ser semilla, ser monte, ser río, ser memoria, identidad que anda y lucha”, explicó.

Ya confirmaron su presencia organizaciones y activistas de distintas ciudades de Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Ciudad de Buenos Aires. Finalizará con un festival musical, con el folklorista mapuche Rubén Patagonia (entre otros).

La marcha se da en el marco del Quinto Congreso Internacional de Salud Socioambiental, entre el miércoles y hasta el viernes 7. Impulsado por el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, reúne a científicos de una decena de países y movimientos sociales que cuestionan el modelo extractivo y sus consecuencias. Se realizará en la sede de Gobierno de la UNR (Maipú 1065) y la programación se encuentra en el sitio http://www.saludsocioambiental.net.ar/

“La ciencia no es neutral”, afirma Alicia Massarini, bióloga e investigadora del Conicet, que disertará en Rosario. Y ejemplifica: el académico que desarrollo transgénicos o fomenta la explotación de litio tiene responsabilidades con las consecuencias que esas actividades producen en los territorios y poblaciones. “Estamos intentando una ciencia digna en diálogo con las comunidades, caminando juntos”, explicó la investigadora. Al definir al modelo minero, sojero, petrolero, es tajante: “El capitalismo extractivista es un modelo ecocida e inviable”.

Entre la veintena de mesas de debate estarán “Ciencia, extractivismo y territorios”, “Comunicación, educación y ciencia digna”, “Derechos humanos y derechos de la Madre Tierra”, “Territorios sanos, alimentos sanos, pueblos libres”. Entre los organizadores también están ReAct Latinoamérica (entidad que investiga sobre resistencias bacterianas) y la Red de Salud y Ambiente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames).

También se realizará en el mismo lugar la 3° Reunión de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (Uccsnal), que nuclea a académicos críticos con el extractivismo pero que también cuestionan el modelo científico hegemónico, vinculado a las empresas. El presidente honorario de la Uccsnal es Andrés Carrasco, el investigador argentino que en 2009 dio a conocer su estudio sobre el impacto letal del glifosato en embriones anfibios.

Desde que asumió Mauricio Macri se aprobaron 20 transgénicos (55 desde 1996): soja, maíz, papa, alfalfa, cártamo y algodón. Cultivos con uso masivo de glifosato, glufosinato de amonio y 2-4D, entre otros agrótoxicos. Las empresas beneficiadas: Monsanto-Bayer, Bioceres-Indear, Dow, Basf, Tecnoplant, Syngenta y Pioneer. Los “estudios” y expedientes de aprobación son confidenciales.

 

* Por Darío Aranda. Artículo publicado el 5 de junio de 2019 en el diario Página12.

El agua como derecho humano

El agua como derecho humano

Foto de Juan Alaimes

«Cumbre Latinoamericana del agua para los pueblos», fue el nombre del encuentro internacional que se realizó el fin de semana en Catamarca, donde confluyeron más de 600 personas, de decenas de organizaciones socioambientales y en rechazo al modelo extractivo (minero, petrolero, agronegocio, nuclear). Un eje destacado fue el derecho a la autodeterminación de los pueblos (que ningún gobernante decida proyectos contaminantes y decida «territorios de sacrificio»), remarcaron los límites de la democracia delegativa y recordaron que el acceso al agua es un derecho humano.

«El agua vale más que oro», se escuchó en Esquel en lucha contra las mineras y se esparció por todo el país. Grafica la importancia del recurso vital ante el avance de industrias extractivas. En Catamarca opera Minera Alumbrera, que tiene un permiso de uso 1100 litros de agua de por segundo. Las asambleas socioambientales tienen larga experiencia en rechazo a la actividad, acciones de lucha, represiones frente a la contaminación de Alumbrera y el nulo cumplimiento de las promesas de trabajo y progreso.

Desde la organización Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (Pucará, que reúne a asambleas la provincia) convocaron y organizaron la Primera Cumbre del Agua. La sede fue la Universidad Nacional de Catamarca. Con el aula magna repleta, Marcos Pastrana, referente del Pueblo Diaguita y un pionero en la lucha contra la megaminería hizo un recorrido histórico desde la mirada indígena del saqueo de los países del norte sobre América Latina.

«Si matan el agua matan la cultura y la vida de los pueblos. No hay derechos humanos si no se respeta la naturaleza», afirmó Pastrana. Cuestionó que los impulsores y legitimadores del modelo extractivo dejan de lado del saber de los pueblos y privilegian el poder del dinero. «Las mineras compran gobernantes, compran jueces y periodistas, pero no podrán las conciencias de los que luchan en defensa del territorio», advirtió.

Recordó que otra forma de vida es posible, el «sumaj Kawsay», término quechua que refiere al «buen vivir» de los pueblos originarios, sin depredar la naturaleza, sin consumismos.

Adolfo Pérez Esquivel, Nóbel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) hizo una lectura en clave latinoamericana, «son momentos difíciles» y con la derecha en avance. «No estamos acá solo por el agua. Estamos para enfrenar la dominación del capital sobre los pueblos. Cuando se entrega territorios a las multinacionales se está perdiendo soberanía», aclaró. Definió a la megaminería como «un saqueo colonial».

«Se debe cumplir el derecho de los pueblos a la autodeterminación, al ambiente sano, al desarrollo, a la soberanía. Tenemos derecho a vivir dignamente. Si se vulneran estos derechos deja de ser democracia», afirmó Pérez Esquivel.

El encuentro fue realizada de forma autogestiva, y convocó a activistas e investigadores de Brasil, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, entre otros países. Se abordó la situación del agronegocio de transgénicos y agrotóxicos, la contaminación y violación de derechos de las petroleras en Neuquén y Mendoza, las represas que inundan territorios y desalojan miles de personas (el más preocupante es el proyecto Garabí en Misiones), la expansión de la frontera urbana, la minería de litio y la complicidad científica, la energía nuclear y sus consecuencias.

El trabajo en comisiones luego fue puesto en común, se debatió y buscaron consensos en plenarios el domingo. De allí surgió un documento final que se hará público hoy a la mañana y también se dará a conocer dónde se realizará la segunda cumbre del agua.

Un aspecto de agenda cotidiana en las asambleas socioambientales, sobre todo luego de 2001, es el cuestionaminento a la democracia delegativa-representativa, los «límites conservadores de la democracia actual», el votar sólo cada dos años y que esos representantes crean que tienen derechos a decidir actividades extractivas en territorios alejados del centro del poder político. Por contrapartida, las votaciones de Esquel y Loncopué (contra la megaminería), en Misiones (1996 y 2014) son ejemplos de democracia directa sobre territorios, donde la poblaciones afectadas deciden qué actividades privilegian.

Otro eje es enmarcar el extractivismo como una violación sistemática de los derechos humanos y no acotarlo a lo ambiental (como hacen sectores políticos y mediáticos). Todo un mensaje que en la apertura de la cumbre hayan estado Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, de los pocas figuras que unen la denuncia contra la última dictadura y el apoyo a las luchas territoriales del presente.

La cumbre fue transmitida en vivo por la radio comunitaria FM Estación Sur y la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA). Durante los dos días fue evidente la necesidad de articular luchas, sostener la resistencia con alegría y la construcción por fuera de los partidos políticos. «Dejamos la catarsis de lado y tomamos nota de nuestras fortalezas, para dejar de estar a la defensiva e ir a la ofensiva, disputar desde la calle, con nuestra capacidad de organización, de trabajo territorial, con científicos y hacer cumplir nuestros derechos», advirtió Cristina Arnulphi, asambleísta de Córdoba.

Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora también estuvo en la jornada de apertura. «No tenemos miedo (a luchar). El agua vale más que el oro», comenzó su discurso y ya arranco una oleada de aplausos y gritos de aprobación. Con el emblemático pañuelo blanco y con el verde en su muñeca izquierda, recordó a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel «y a todos los muertos que no aparecen en los diarios».

Reivindicó la lucha de los pueblos originarios, lamentó que en Argentina «muchos se enteren tarde» de la violación de derechos que sufren las comunidades indígenas y remarcó que muchas de las luchas actuales son por las tierras. Unió conceptos, actores y acciones que hacen al mismo modelo: extractivismo, pérdida de soberanía, imperialismo, multinacionales, deuda externa. En el final, puño en alto, llamó a «transformar la protesta e propuesta» y a «no dejar nunca las calles».

El auditorio respondió de pie, puños en alto, con aplausos interminables.

 

Defender la vida

«No se vende, el agua se defiende», fue uno de los cánticos principales de las dos jornadas. Hubo rock y folklore, pintadas de una decena de murales distribuidos en toda la ciudad y actividades específicas para niños. En lo propositivo se trabajó en la agroecología (alimentos sanos, sin agrotóxicos), soberanía alimentaria y comercio justo. «Luchamos para dejar un mundo mejor a nuestros hijos y nietos, queremos democracia participativa. Que sepan los gobiernos y trasnacionales que seguiremos defendiendo el agua como un bien común, de todos, y no como un recurso natural mercantilizado. Seguiremos defendiendo la vida», afirmó Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá y de Pucará.

* Por Darío Aranda. Versión completa del artículo publicado en el diario Página12 el 17 de septiembre de 2018.

https://www.pagina12.com.ar/142737-una-cumbre-por-el-derecho-al-agua

El derrame minero que Barrick quiso ocultar*

El derrame minero que Barrick quiso ocultar*

Un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo confirmó la contaminación del río La Palca, en San Juan, por nuevos derrames no informados por la Barrick Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia a la mina de oro Veladero y al Gobierno.

Por Darío Aranda

El río La Palca, cercano a la mina de oro Veladero (de la empresa Barrick Gold, en San Juan), sufre un incremento exponencial de mercurio, manganeso y aluminio. “Padecemos el envenenamiento del agua de la cuenca del Río Jáchal a causa de los derrames mineros”, denunció la Asamblea de Jáchal, en base un estudio de la Universidad de Cuyo, y responsabilizó a la empresa por un nuevo derrame. El subsecretario de Desarrollo Minero de Nación, Mario Capello, se burló de las críticas a la minería y afirmó que “el cianuro lo puede consumir el ser humano”. El gobierno nacional intenta modificar la Ley de Glaciares para avanzar con proyectos mineros.

La Asamblea de Jáchal accedió a un estudio de aguas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y confirmó la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis, solicitados por la Municipalidad de Jáchal, fueron realizados por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la UNCuyo el 28 de febrero en el río La Palca, que recibe sus aguas de los ríos Potrerillos y Las Traguas, que pasan directamente por la mina Veladero. La Palca aporta el 70 por ciento del caudal del río Jáchal.

La Universidad de Cuyo confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20). El aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5).

La Asamblea de Jáchal tomó como referencia los estudios del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (Cipcami –dependiente de la Provincia–), que monitoreó el río durante seis años (entre 2004 y 2010). “Durante todos esos años los valores de mercurio, manganeso y aluminio no superaban los límites establecidos por la Ley de Residuos Peligrosos”, recordó la Asamblea.

Los análisis de la Universidad de Cuyo, comparados con el Cipcami, muestran un incremento del 5000 por ciento en mercurio, del 18.000 por ciento en manganeso y del 50.000 por ciento en aluminio.

“Estos nuevos análisis demuestran que en febrero de 2018 hubo otro gran derrame ocultado por la empresa y el Gobierno”, denunció la Asamblea de Jáchal. Como sucedió con los derrames de septiembre de 2015 y 2016, el mercurio, el manganeso y el aluminio se elevaron de manera drástica. “Estamos seguros de que hubo nuevos derrames”, afirmó Saúl Zeballos, asambleísta de Jáchal.

La Asamblea denunció que el intendente de Jáchal, Miguel Angel Vega, ocultó los análisis de la Universidad de Cuyo.

El gobierno provincial, a cargo de Sergio Uñac, y Barrick Gold tuvieron el mismo discurso. Sostuvieron que no hubo derrames nuevos y que los ríos tienen esos metales “de forma natural”.

La Asamblea le respondió en un comunicado: “El Gobierno y la empresa siguen mintiendo, la cuenca del Río Jáchal está siendo envenenada gravemente por la actividad megaminera”. Y recordaron que Barrick Gold opera en zona prohibida por la Ley de Glaciares. Exigen su retiro y que remedie la contaminación.

El derrame del 13 de septiembre de 2015 transcendió por mensajes de WhatsApp de trabajadores mineros a sus familias en Jáchal, donde alertaban que no tomen agua. En un primer momento, el gobierno provincial y Barrick Gold negaron el derrame. Cuando ya no pudieron ocultarlo, Barrick reconoció el derrame de 15.000 litros de agua con cianuro, pero aseguró que no llegó al río y desmintió la contaminación. Una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que llegó al río. Dos días después, intervención judicial mediante, Barrick Gold reconoció que derramó al menos 1.070.000 litros de “solución cianurada”.

Por el derrame de cianuro de Barrick hay dos causas judiciales. Una tramita en tribunales federales, donde el juez Sebastián Casanello procesó a los ex secretarios de Minería, Jorge Mayoral, y de Ambiente, Sergio Lorusso, por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientales y uno de los letrados de la Asamblea de Jáchal, explicó que es “vergonzoso” el accionar del Poder Judicial de San Juan. La causa está en manos del Pablo Oritja y sólo procesó a ocho empleados de segunda línea de la empresa por violación de la Ley de Residuos Peligrosos. “Dejó libre de toda responsabilidad a los directivos de la empresa y a los funcionarios provinciales”, denunció Viale.

La Asamblea de Jáchal responsabilizó al gobernador Uñac, al ministro de Minería provincial, Alberto Hansel; al presidente Macri y a los ministros Juan José Aranguren y Sergio Bergman. “Saben de la contaminación, tienen la información, pero no dicen la verdad porque solo les interesa proteger a la Barrick y seguir metiendo megamineras”, denunciaron. Y alertaron que el Gobierno quiere modificar la Ley de Glaciares para favorecer el avance minero.

En abril pasado, en la provincia se realizó la “Exposición Internacional San Juan factor de Desarrollo de la Minería Argentina”. En línea con los anuncios de Aranguren y Bergman, el gobernador Sergio Uñac y el subsecretario de minería de Nación, Mario Capello, reclamaron la modificación de la Ley de Glaciares para “favorecer la llegada de inversiones”. Capello dio un paso más al defender la minería y afirmó que “el cianuro es una sal, lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos”.

 

*Artículo publicado el 21 de mayo de 2018 en el diario Página12.

https://www.pagina12.com.ar/116180-un-derrame-de-silencio

Otra multinacional, un nuevo desastre

Otra multinacional, un nuevo desastre

Glencore es la mayor multinacional de materias primas del mundo. Acumula denuncias en una decena de países. Derrame de agrotóxicos e incendio en su planta de acopio de América (Buenos Aires).

La empresa Glencore, la mayor compañía de materias primas del mundo, acumula variadas denuncias por violación de derechos, contaminación y corrupción. Acaba de sumar una mancha más: un derrame de agrotóxicos e incendio en su planta de América (partido de Rivadavia, en el oeste bonaerense). La compañía, de origen suizo, minimizó el hecho, tardó cinco días en emitir un comunicado y se ganó el repudio de la comunidad bonaerense. Sí reconoció que el peligroso herbicida atrazina estuvo entre los químicos que ardieron. A nivel internacional, es denunciada por «altos niveles de contaminación, impactos en la salud y ocasionar alta conflictividad social».

El derrame e incendio sucedió el sábado 4 de noviembre a la mañana, en su planta de América, ruta nacional 33, en el extremo oeste bonaerense. La nube tóxica negra se hizo visible a kilómetros a la redonda durante todo el día. Además de los bomberos voluntarios locales tuvieron que acudir dotaciones de Trenque Lauquen y Villegas.

Glencore acopia en América granos y agrotóxicos. El día del incendio la Municipalidad emitió un breve comunicado por Facebook: «Por prevención recomendamos a la población no ventilar sus hogares ni exponerse al contacto directo con el humo. En caso de ser necesario a fin de evitar el contacto recomendamos autoevacuarse a la casa de un familiar y si fuese necesario estará disponible como lugar de evacuación el Centro Integrador Comunitario».

Funcionarios locales aclararon que la Municipalidad no había otorgado permiso de acopio de químicos y alertaron que el derrame (e incendio) podía tratarse del peligro agroquímico 2-4D, que está prohibido en Rivadavia. Tres días después del incendio, la Guardia Ambiental Municipal y la policía local detectaron 2-4D en otro galpón de Glencore (enfrente de donde fue el incendio) y fue clausurado.

El incendió fue extinguido a las 17 del sábado. Se pudo observar a bomberos intoxicados (trabajaron sin máscaras, a pesar de la nube tóxica). Esa misma tarde circuló por internet una convocatoria vecinal para reunirse. “Estas empresas se llevan el dinero y no les importa nuestra salud. Hemos tomado la iniciativa de reunirnos los vecinos, para hacer visible el riesgo que corremos nosotros y nuestro futuro”, invitaba el texto.

Al día siguiente, domingo 5, se realizó la primera reunión de vecinos en la Plaza Colón. Dominaba el enojo con la empresa, pero también con las autoridades, por la falta de control y el impacto en la salud de la población. Exigieron explicaciones y la reubicación de las plantas de acopio de cereales, de agrotóxicos y de las empresas de fumigaciones.

El lunes 6 hubo una segunda reunión de vecinos autoconvocados. Escribieron una carta al Concejo Deliberante. «Fue un desastre ambiental sin precedentes en la provincia de Buenos Aires, cuyas consecuencias son incalculables e impredecibles. El alto nivel de toxicidad que produjo la nube tóxica que afectó, puso y pone en riesgo la salud de toda la población de América. La salud es lo primero», resaltaron.

Como sucede ante cada desastre ambiental (derrame de Barrick Gold en San Juan, explosión de YPF-Chevron en Vaca Muerta, fumigaciones con agrotóxicos sobre escuelas rurales), las autoridades relativizaron lo sucedido. El secretario de Salud del Municipio, Pablo Cabaleiro, argumentó que «los herbicidas son de baja volatilidad, por lo que no es necesario evacuar; recomendamos no ventilar las casas, tener agua envasada; hay que estar tranquilos, vamos a sentir olor hasta que la nube pase pero no es necesario usar barbijos». El Secretario de gobierno municipal, Mauro Mercado, pidió «no desesperarse, no hay que exponerse al humo y no ventilar las casas hasta que la nube pase».

El diario regional Tiempo del Oeste realizó una minuciosa cobertura. El vecino Adelmar Funk escribió un artículo: «¿Si es grave? Me preguntan. Claro que es grave, pero ya lo era, solo que nuestra indiferencia no nos lo dejaba ver. ¿Qué otro destino que sumarlos a los más de 3.000.000 de litros de tóxicos que se vierten todos los años en el partido de Rivadavia? Es grave porque se han diseminado al ambiente, que es lo mismo que decir sobre nosotros, químicos cuya acción en mezclas y proporciones desconocidas y sobre cuyos efectos sobre los seres vivos nadie en el mundo puede precisar». Y recordó la enorme cantidad de casos de cáncer «encubiertos en estadísticas mentirosas y publicidad ostentosa que a diario ocupa los medios mostrando las supuestas bondades de estos productos».

Glencore es una empresa extractiva de primer nivel, nada que envidiar a Barrick Gold o Monsanto, pero con perfil bajo. Tiene la particularidad de ser parte de las multinacionales mineras y también del agro. En Argentina opera Minera Alumbrera, en el oeste de Catamarca, donde acumula denuncias por contaminación y por incumplir las promesas de trabajo y desarrollo local. Andalgalá, Santa María y Belén (las ciudades cercanas a Alumbrera) siguen siendo igual de pobres que antes de la minería. La semana pasada se confírmó la denunciado por organizaciones sociales desde hace años: que evade impuestos mediante cuentas en paraísos fiscales (en los conocidos Paradise Papers).

Glencore fue fundada en 1974 y acumula denuncias y condenas variadas. En 1994 se conformó como Glencore International S. A. y el crecimiento fue exponencial. En 2005 se convirtió en la empresa líder en comercio de materias primas (metales-minerales, energéticos y productos agrícolas). Controla el 60 por ciento del comercio de zinc del mundo, 50 por ciento de cobre y 45 por ciento de plomo. Maneja un valor estimado de negocios de 239.000 millones de dólares.

El accionar de Glencore ameritó que una decena de organizaciones de América Latina y Europa se conformaran en 2012 en la denominada «Red Sombra Observadores de Glencore» para compartir experiencias y confirmar que todas las regiones donde opera la empresa tienen consecuencias comunes. «Hemos establecido los impactos y daños graves de siete operaciones mineras de Glencore en nuestros países. La empresa provocó consecuencias negativas para las comunidades», denuncian las organizaciones en una investigación de 84 páginas publicado en abril pasado.

Recién cinco días después del derrame e incendio, la empresa emitió un breve comunicado. «En el depósito había 120 silos bolsa de polipropileno, un pallet de semilla de maíz y girasol y alrededor de quince pallets de atrazina granulada, herbicida no inflamable. Las bolsas de polipropileno rápidamente generaron una gran nube negra. Para las 17.45 los bomberos voluntarios lograron apagar el incendio con éxito y sin víctimas ni personas lesionadas», señaló.

El sector agro de Glencore en Argentina cuenta con puertos en Rosario, Necochea y Bahía Blanca; fábricas de aceite en General Villegas, Daireaux y Timbúes; plantas de agrocombustible en Rosario y Pilar; y una red de acopio en toda la Pampa Húmeda. Su lema es «cultivamos confianza».

 

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Prontuario

La investigación «Informe sombra de las operaciones de Glecore en América Latina», precisa la situación de Minera Alumbrera (Argentina), las empresas Illapa S.A. y Sinchi Wayra S.A. (Bolivia), el Grupo Empresarial Prodeco (Colombia). Compañía Minera Antamina, Compañía Minera Antapaccay y Perubar (Perú). «Glencore enfrenta más de 40 investigaciones y sanciones administrativas y judiciales en varios países por graves daños e impactos ambientales, como contaminación de personas, aire y suelos, desviación ilegal de ríos e intervención ilegal en áreas protegidas», denuncia el informe de la Red.

Detalla el accionar de la compañía en los países de la región, con datos precisos y testimonios de afectados. Entre las conclusiones sobresalen: América Latina es una de las zonas más lucrativas para Glencore, la compañía oculta sus finanzas en paraísos fiscales, realiza un pequeño aporte en renta minera en los países que opera, lleva décadas contaminando de forma impune, afectó ecosistemas, es un gigantesco contaminador de aguas, ha provocado emisiones contaminantes en todos los lugares donde operó y generó alta conflictividad social.

 

*Versión extensa de artículo publicado el 13 de noviembre en el diario Página12