El agua como derecho humano

El agua como derecho humano

Foto de Juan Alaimes

«Cumbre Latinoamericana del agua para los pueblos», fue el nombre del encuentro internacional que se realizó el fin de semana en Catamarca, donde confluyeron más de 600 personas, de decenas de organizaciones socioambientales y en rechazo al modelo extractivo (minero, petrolero, agronegocio, nuclear). Un eje destacado fue el derecho a la autodeterminación de los pueblos (que ningún gobernante decida proyectos contaminantes y decida «territorios de sacrificio»), remarcaron los límites de la democracia delegativa y recordaron que el acceso al agua es un derecho humano.

«El agua vale más que oro», se escuchó en Esquel en lucha contra las mineras y se esparció por todo el país. Grafica la importancia del recurso vital ante el avance de industrias extractivas. En Catamarca opera Minera Alumbrera, que tiene un permiso de uso 1100 litros de agua de por segundo. Las asambleas socioambientales tienen larga experiencia en rechazo a la actividad, acciones de lucha, represiones frente a la contaminación de Alumbrera y el nulo cumplimiento de las promesas de trabajo y progreso.

Desde la organización Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (Pucará, que reúne a asambleas la provincia) convocaron y organizaron la Primera Cumbre del Agua. La sede fue la Universidad Nacional de Catamarca. Con el aula magna repleta, Marcos Pastrana, referente del Pueblo Diaguita y un pionero en la lucha contra la megaminería hizo un recorrido histórico desde la mirada indígena del saqueo de los países del norte sobre América Latina.

«Si matan el agua matan la cultura y la vida de los pueblos. No hay derechos humanos si no se respeta la naturaleza», afirmó Pastrana. Cuestionó que los impulsores y legitimadores del modelo extractivo dejan de lado del saber de los pueblos y privilegian el poder del dinero. «Las mineras compran gobernantes, compran jueces y periodistas, pero no podrán las conciencias de los que luchan en defensa del territorio», advirtió.

Recordó que otra forma de vida es posible, el «sumaj Kawsay», término quechua que refiere al «buen vivir» de los pueblos originarios, sin depredar la naturaleza, sin consumismos.

Adolfo Pérez Esquivel, Nóbel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) hizo una lectura en clave latinoamericana, «son momentos difíciles» y con la derecha en avance. «No estamos acá solo por el agua. Estamos para enfrenar la dominación del capital sobre los pueblos. Cuando se entrega territorios a las multinacionales se está perdiendo soberanía», aclaró. Definió a la megaminería como «un saqueo colonial».

«Se debe cumplir el derecho de los pueblos a la autodeterminación, al ambiente sano, al desarrollo, a la soberanía. Tenemos derecho a vivir dignamente. Si se vulneran estos derechos deja de ser democracia», afirmó Pérez Esquivel.

El encuentro fue realizada de forma autogestiva, y convocó a activistas e investigadores de Brasil, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, entre otros países. Se abordó la situación del agronegocio de transgénicos y agrotóxicos, la contaminación y violación de derechos de las petroleras en Neuquén y Mendoza, las represas que inundan territorios y desalojan miles de personas (el más preocupante es el proyecto Garabí en Misiones), la expansión de la frontera urbana, la minería de litio y la complicidad científica, la energía nuclear y sus consecuencias.

El trabajo en comisiones luego fue puesto en común, se debatió y buscaron consensos en plenarios el domingo. De allí surgió un documento final que se hará público hoy a la mañana y también se dará a conocer dónde se realizará la segunda cumbre del agua.

Un aspecto de agenda cotidiana en las asambleas socioambientales, sobre todo luego de 2001, es el cuestionaminento a la democracia delegativa-representativa, los «límites conservadores de la democracia actual», el votar sólo cada dos años y que esos representantes crean que tienen derechos a decidir actividades extractivas en territorios alejados del centro del poder político. Por contrapartida, las votaciones de Esquel y Loncopué (contra la megaminería), en Misiones (1996 y 2014) son ejemplos de democracia directa sobre territorios, donde la poblaciones afectadas deciden qué actividades privilegian.

Otro eje es enmarcar el extractivismo como una violación sistemática de los derechos humanos y no acotarlo a lo ambiental (como hacen sectores políticos y mediáticos). Todo un mensaje que en la apertura de la cumbre hayan estado Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, de los pocas figuras que unen la denuncia contra la última dictadura y el apoyo a las luchas territoriales del presente.

La cumbre fue transmitida en vivo por la radio comunitaria FM Estación Sur y la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA). Durante los dos días fue evidente la necesidad de articular luchas, sostener la resistencia con alegría y la construcción por fuera de los partidos políticos. «Dejamos la catarsis de lado y tomamos nota de nuestras fortalezas, para dejar de estar a la defensiva e ir a la ofensiva, disputar desde la calle, con nuestra capacidad de organización, de trabajo territorial, con científicos y hacer cumplir nuestros derechos», advirtió Cristina Arnulphi, asambleísta de Córdoba.

Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora también estuvo en la jornada de apertura. «No tenemos miedo (a luchar). El agua vale más que el oro», comenzó su discurso y ya arranco una oleada de aplausos y gritos de aprobación. Con el emblemático pañuelo blanco y con el verde en su muñeca izquierda, recordó a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel «y a todos los muertos que no aparecen en los diarios».

Reivindicó la lucha de los pueblos originarios, lamentó que en Argentina «muchos se enteren tarde» de la violación de derechos que sufren las comunidades indígenas y remarcó que muchas de las luchas actuales son por las tierras. Unió conceptos, actores y acciones que hacen al mismo modelo: extractivismo, pérdida de soberanía, imperialismo, multinacionales, deuda externa. En el final, puño en alto, llamó a «transformar la protesta e propuesta» y a «no dejar nunca las calles».

El auditorio respondió de pie, puños en alto, con aplausos interminables.

 

Defender la vida

«No se vende, el agua se defiende», fue uno de los cánticos principales de las dos jornadas. Hubo rock y folklore, pintadas de una decena de murales distribuidos en toda la ciudad y actividades específicas para niños. En lo propositivo se trabajó en la agroecología (alimentos sanos, sin agrotóxicos), soberanía alimentaria y comercio justo. «Luchamos para dejar un mundo mejor a nuestros hijos y nietos, queremos democracia participativa. Que sepan los gobiernos y trasnacionales que seguiremos defendiendo el agua como un bien común, de todos, y no como un recurso natural mercantilizado. Seguiremos defendiendo la vida», afirmó Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá y de Pucará.

* Por Darío Aranda. Versión completa del artículo publicado en el diario Página12 el 17 de septiembre de 2018.

https://www.pagina12.com.ar/142737-una-cumbre-por-el-derecho-al-agua

El derrame minero que Barrick quiso ocultar*

El derrame minero que Barrick quiso ocultar*

Un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo confirmó la contaminación del río La Palca, en San Juan, por nuevos derrames no informados por la Barrick Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia a la mina de oro Veladero y al Gobierno.

Por Darío Aranda

El río La Palca, cercano a la mina de oro Veladero (de la empresa Barrick Gold, en San Juan), sufre un incremento exponencial de mercurio, manganeso y aluminio. “Padecemos el envenenamiento del agua de la cuenca del Río Jáchal a causa de los derrames mineros”, denunció la Asamblea de Jáchal, en base un estudio de la Universidad de Cuyo, y responsabilizó a la empresa por un nuevo derrame. El subsecretario de Desarrollo Minero de Nación, Mario Capello, se burló de las críticas a la minería y afirmó que “el cianuro lo puede consumir el ser humano”. El gobierno nacional intenta modificar la Ley de Glaciares para avanzar con proyectos mineros.

La Asamblea de Jáchal accedió a un estudio de aguas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y confirmó la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis, solicitados por la Municipalidad de Jáchal, fueron realizados por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la UNCuyo el 28 de febrero en el río La Palca, que recibe sus aguas de los ríos Potrerillos y Las Traguas, que pasan directamente por la mina Veladero. La Palca aporta el 70 por ciento del caudal del río Jáchal.

La Universidad de Cuyo confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20). El aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5).

La Asamblea de Jáchal tomó como referencia los estudios del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (Cipcami –dependiente de la Provincia–), que monitoreó el río durante seis años (entre 2004 y 2010). “Durante todos esos años los valores de mercurio, manganeso y aluminio no superaban los límites establecidos por la Ley de Residuos Peligrosos”, recordó la Asamblea.

Los análisis de la Universidad de Cuyo, comparados con el Cipcami, muestran un incremento del 5000 por ciento en mercurio, del 18.000 por ciento en manganeso y del 50.000 por ciento en aluminio.

“Estos nuevos análisis demuestran que en febrero de 2018 hubo otro gran derrame ocultado por la empresa y el Gobierno”, denunció la Asamblea de Jáchal. Como sucedió con los derrames de septiembre de 2015 y 2016, el mercurio, el manganeso y el aluminio se elevaron de manera drástica. “Estamos seguros de que hubo nuevos derrames”, afirmó Saúl Zeballos, asambleísta de Jáchal.

La Asamblea denunció que el intendente de Jáchal, Miguel Angel Vega, ocultó los análisis de la Universidad de Cuyo.

El gobierno provincial, a cargo de Sergio Uñac, y Barrick Gold tuvieron el mismo discurso. Sostuvieron que no hubo derrames nuevos y que los ríos tienen esos metales “de forma natural”.

La Asamblea le respondió en un comunicado: “El Gobierno y la empresa siguen mintiendo, la cuenca del Río Jáchal está siendo envenenada gravemente por la actividad megaminera”. Y recordaron que Barrick Gold opera en zona prohibida por la Ley de Glaciares. Exigen su retiro y que remedie la contaminación.

El derrame del 13 de septiembre de 2015 transcendió por mensajes de WhatsApp de trabajadores mineros a sus familias en Jáchal, donde alertaban que no tomen agua. En un primer momento, el gobierno provincial y Barrick Gold negaron el derrame. Cuando ya no pudieron ocultarlo, Barrick reconoció el derrame de 15.000 litros de agua con cianuro, pero aseguró que no llegó al río y desmintió la contaminación. Una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que llegó al río. Dos días después, intervención judicial mediante, Barrick Gold reconoció que derramó al menos 1.070.000 litros de “solución cianurada”.

Por el derrame de cianuro de Barrick hay dos causas judiciales. Una tramita en tribunales federales, donde el juez Sebastián Casanello procesó a los ex secretarios de Minería, Jorge Mayoral, y de Ambiente, Sergio Lorusso, por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientales y uno de los letrados de la Asamblea de Jáchal, explicó que es “vergonzoso” el accionar del Poder Judicial de San Juan. La causa está en manos del Pablo Oritja y sólo procesó a ocho empleados de segunda línea de la empresa por violación de la Ley de Residuos Peligrosos. “Dejó libre de toda responsabilidad a los directivos de la empresa y a los funcionarios provinciales”, denunció Viale.

La Asamblea de Jáchal responsabilizó al gobernador Uñac, al ministro de Minería provincial, Alberto Hansel; al presidente Macri y a los ministros Juan José Aranguren y Sergio Bergman. “Saben de la contaminación, tienen la información, pero no dicen la verdad porque solo les interesa proteger a la Barrick y seguir metiendo megamineras”, denunciaron. Y alertaron que el Gobierno quiere modificar la Ley de Glaciares para favorecer el avance minero.

En abril pasado, en la provincia se realizó la “Exposición Internacional San Juan factor de Desarrollo de la Minería Argentina”. En línea con los anuncios de Aranguren y Bergman, el gobernador Sergio Uñac y el subsecretario de minería de Nación, Mario Capello, reclamaron la modificación de la Ley de Glaciares para “favorecer la llegada de inversiones”. Capello dio un paso más al defender la minería y afirmó que “el cianuro es una sal, lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos”.

 

*Artículo publicado el 21 de mayo de 2018 en el diario Página12.

https://www.pagina12.com.ar/116180-un-derrame-de-silencio

Otra multinacional, un nuevo desastre

Otra multinacional, un nuevo desastre

Glencore es la mayor multinacional de materias primas del mundo. Acumula denuncias en una decena de países. Derrame de agrotóxicos e incendio en su planta de acopio de América (Buenos Aires).

La empresa Glencore, la mayor compañía de materias primas del mundo, acumula variadas denuncias por violación de derechos, contaminación y corrupción. Acaba de sumar una mancha más: un derrame de agrotóxicos e incendio en su planta de América (partido de Rivadavia, en el oeste bonaerense). La compañía, de origen suizo, minimizó el hecho, tardó cinco días en emitir un comunicado y se ganó el repudio de la comunidad bonaerense. Sí reconoció que el peligroso herbicida atrazina estuvo entre los químicos que ardieron. A nivel internacional, es denunciada por «altos niveles de contaminación, impactos en la salud y ocasionar alta conflictividad social».

El derrame e incendio sucedió el sábado 4 de noviembre a la mañana, en su planta de América, ruta nacional 33, en el extremo oeste bonaerense. La nube tóxica negra se hizo visible a kilómetros a la redonda durante todo el día. Además de los bomberos voluntarios locales tuvieron que acudir dotaciones de Trenque Lauquen y Villegas.

Glencore acopia en América granos y agrotóxicos. El día del incendio la Municipalidad emitió un breve comunicado por Facebook: «Por prevención recomendamos a la población no ventilar sus hogares ni exponerse al contacto directo con el humo. En caso de ser necesario a fin de evitar el contacto recomendamos autoevacuarse a la casa de un familiar y si fuese necesario estará disponible como lugar de evacuación el Centro Integrador Comunitario».

Funcionarios locales aclararon que la Municipalidad no había otorgado permiso de acopio de químicos y alertaron que el derrame (e incendio) podía tratarse del peligro agroquímico 2-4D, que está prohibido en Rivadavia. Tres días después del incendio, la Guardia Ambiental Municipal y la policía local detectaron 2-4D en otro galpón de Glencore (enfrente de donde fue el incendio) y fue clausurado.

El incendió fue extinguido a las 17 del sábado. Se pudo observar a bomberos intoxicados (trabajaron sin máscaras, a pesar de la nube tóxica). Esa misma tarde circuló por internet una convocatoria vecinal para reunirse. “Estas empresas se llevan el dinero y no les importa nuestra salud. Hemos tomado la iniciativa de reunirnos los vecinos, para hacer visible el riesgo que corremos nosotros y nuestro futuro”, invitaba el texto.

Al día siguiente, domingo 5, se realizó la primera reunión de vecinos en la Plaza Colón. Dominaba el enojo con la empresa, pero también con las autoridades, por la falta de control y el impacto en la salud de la población. Exigieron explicaciones y la reubicación de las plantas de acopio de cereales, de agrotóxicos y de las empresas de fumigaciones.

El lunes 6 hubo una segunda reunión de vecinos autoconvocados. Escribieron una carta al Concejo Deliberante. «Fue un desastre ambiental sin precedentes en la provincia de Buenos Aires, cuyas consecuencias son incalculables e impredecibles. El alto nivel de toxicidad que produjo la nube tóxica que afectó, puso y pone en riesgo la salud de toda la población de América. La salud es lo primero», resaltaron.

Como sucede ante cada desastre ambiental (derrame de Barrick Gold en San Juan, explosión de YPF-Chevron en Vaca Muerta, fumigaciones con agrotóxicos sobre escuelas rurales), las autoridades relativizaron lo sucedido. El secretario de Salud del Municipio, Pablo Cabaleiro, argumentó que «los herbicidas son de baja volatilidad, por lo que no es necesario evacuar; recomendamos no ventilar las casas, tener agua envasada; hay que estar tranquilos, vamos a sentir olor hasta que la nube pase pero no es necesario usar barbijos». El Secretario de gobierno municipal, Mauro Mercado, pidió «no desesperarse, no hay que exponerse al humo y no ventilar las casas hasta que la nube pase».

El diario regional Tiempo del Oeste realizó una minuciosa cobertura. El vecino Adelmar Funk escribió un artículo: «¿Si es grave? Me preguntan. Claro que es grave, pero ya lo era, solo que nuestra indiferencia no nos lo dejaba ver. ¿Qué otro destino que sumarlos a los más de 3.000.000 de litros de tóxicos que se vierten todos los años en el partido de Rivadavia? Es grave porque se han diseminado al ambiente, que es lo mismo que decir sobre nosotros, químicos cuya acción en mezclas y proporciones desconocidas y sobre cuyos efectos sobre los seres vivos nadie en el mundo puede precisar». Y recordó la enorme cantidad de casos de cáncer «encubiertos en estadísticas mentirosas y publicidad ostentosa que a diario ocupa los medios mostrando las supuestas bondades de estos productos».

Glencore es una empresa extractiva de primer nivel, nada que envidiar a Barrick Gold o Monsanto, pero con perfil bajo. Tiene la particularidad de ser parte de las multinacionales mineras y también del agro. En Argentina opera Minera Alumbrera, en el oeste de Catamarca, donde acumula denuncias por contaminación y por incumplir las promesas de trabajo y desarrollo local. Andalgalá, Santa María y Belén (las ciudades cercanas a Alumbrera) siguen siendo igual de pobres que antes de la minería. La semana pasada se confírmó la denunciado por organizaciones sociales desde hace años: que evade impuestos mediante cuentas en paraísos fiscales (en los conocidos Paradise Papers).

Glencore fue fundada en 1974 y acumula denuncias y condenas variadas. En 1994 se conformó como Glencore International S. A. y el crecimiento fue exponencial. En 2005 se convirtió en la empresa líder en comercio de materias primas (metales-minerales, energéticos y productos agrícolas). Controla el 60 por ciento del comercio de zinc del mundo, 50 por ciento de cobre y 45 por ciento de plomo. Maneja un valor estimado de negocios de 239.000 millones de dólares.

El accionar de Glencore ameritó que una decena de organizaciones de América Latina y Europa se conformaran en 2012 en la denominada «Red Sombra Observadores de Glencore» para compartir experiencias y confirmar que todas las regiones donde opera la empresa tienen consecuencias comunes. «Hemos establecido los impactos y daños graves de siete operaciones mineras de Glencore en nuestros países. La empresa provocó consecuencias negativas para las comunidades», denuncian las organizaciones en una investigación de 84 páginas publicado en abril pasado.

Recién cinco días después del derrame e incendio, la empresa emitió un breve comunicado. «En el depósito había 120 silos bolsa de polipropileno, un pallet de semilla de maíz y girasol y alrededor de quince pallets de atrazina granulada, herbicida no inflamable. Las bolsas de polipropileno rápidamente generaron una gran nube negra. Para las 17.45 los bomberos voluntarios lograron apagar el incendio con éxito y sin víctimas ni personas lesionadas», señaló.

El sector agro de Glencore en Argentina cuenta con puertos en Rosario, Necochea y Bahía Blanca; fábricas de aceite en General Villegas, Daireaux y Timbúes; plantas de agrocombustible en Rosario y Pilar; y una red de acopio en toda la Pampa Húmeda. Su lema es «cultivamos confianza».

 

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Prontuario

La investigación «Informe sombra de las operaciones de Glecore en América Latina», precisa la situación de Minera Alumbrera (Argentina), las empresas Illapa S.A. y Sinchi Wayra S.A. (Bolivia), el Grupo Empresarial Prodeco (Colombia). Compañía Minera Antamina, Compañía Minera Antapaccay y Perubar (Perú). «Glencore enfrenta más de 40 investigaciones y sanciones administrativas y judiciales en varios países por graves daños e impactos ambientales, como contaminación de personas, aire y suelos, desviación ilegal de ríos e intervención ilegal en áreas protegidas», denuncia el informe de la Red.

Detalla el accionar de la compañía en los países de la región, con datos precisos y testimonios de afectados. Entre las conclusiones sobresalen: América Latina es una de las zonas más lucrativas para Glencore, la compañía oculta sus finanzas en paraísos fiscales, realiza un pequeño aporte en renta minera en los países que opera, lleva décadas contaminando de forma impune, afectó ecosistemas, es un gigantesco contaminador de aguas, ha provocado emisiones contaminantes en todos los lugares donde operó y generó alta conflictividad social.

 

*Versión extensa de artículo publicado el 13 de noviembre en el diario Página12

Medidas urgentes para el glifosato

Medidas urgentes para el glifosato

Hace dos meses, la OMS declaró que hay pruebas de que el glifosato es cancerígeno. A partir de dicho informe, especialistas e investigadores argentinos reclamaron medidas urgentes para proteger a la población. En Santa Fe fue prohibido el agrotóxico 2,4D.

glifosatoLa Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hace dos meses que el herbicida glifosato produce daño genético en humanos y lo recategorizó como probable cancerígeno (segundo en una escala de 1 a 5). A partir del informe de investigadores, profesionales de la salud y organizaciones sociales exigieron que se implementen medidas urgentes para proteger a la población. En Argentina se utilizan 200 millones de litros de glifosato por año y se afecta a más de 28 millones de hectáreas. En Santa Fe, y por la exigencia de organizaciones, fue prohibido el agrotóxico 2,4D, el segundo más utilizado en el país y que también se emplea en la producción de soja transgénica. El glifosato es producido por Monsanto, Syngenta, Basf, Bayer, Dupont, Dow Agrosciences, Atanor y Nidera, entre otras empresas.

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, máximo órgano de la Organización Mundial de la Salud) encomendó a 17 expertos de once países dictaminar respecto del herbicida más utilizado del mundo (entre otros cultivos, se emplea en soja, maíz y algodón). Luego de un año de trabajo, publicaron el 20 de marzo un documento inédito: “El glifosato causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas (situación que tiene relación directa con el cáncer). Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”. Detalla que la evidencia en humanos corresponde a la exposición de agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia, con publicaciones científicas desde 2001.

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de Argentina (Fesprosa) representa a 30 mil médicos y profesionales de la salud. Emitió un documento en base al dictamen de la OMS. Recuerda que desde hace más de una década que existe evidencia en poblaciones y estudios científicos “que no responden a las corporaciones” del agro. “El glifosato no sólo provoca cáncer. También está asociado al aumento de abortos espontáneos, malformaciones genéticas, enfermedades de la piel, respiratorias y neurológicas”, afirma Fesprosa, que además exige al Ministerio de Salud la prohibición del herbicida y llama a un debate amplio y urgente sobre la reconversión del modelo agropecuario. “El agronegocio no puede seguir creciendo a costa de la salud de los argentinos”, reclama.

También se expidió la Sociedad Argentina de Hemato-Oncología Pediátrica (Sahop). “Resulta alarmante el uso masivo de productos tóxicos promocionados como ‘avances tecnológicos’ y que se fumiga desaprensivamente en mezclas de dosis crecientes que combinan herbicidas con insecticidas. El riesgo se potencia enormemente si además estos tóxicos se utilizan dispersándolos por vía aérea”, explica el documento que lleva como título “Pronunciamiento sobre tóxicos ambientales”. También alerta sobre los riesgos de los silos bolsa (enormes plásticos en el que se guardan los granos), donde proliferan los “hongos productores de aflatoxinas, categorizadas por la IARC como conocidos carcinógenos humanos desde 1993”.

La Sahop, especializada en cáncer infantil, reclamó la prohibición “inmediata” de toda fumigación y exigió “posicionar claramente al glifosato como carcinogénico y regular su uso estrictamente”. Firmada por el presidente de la Sociedad Pediátrica, Pedro Zubizarreta, llama a implementar políticas de Estado que promuevan alternativas de producción saludables.

El Hospital de Pediatría Juan Garrahan, en Capital Federal, es el epicentro de atención de los niños de todo el país afectados por fumigaciones. Allí se realizó la jornada sobre “salud, agrotóxicos y daño genético”, donde participaron los investigadores Raúl Horacio Lucero y María del Carmen Seveso. Convocada por la Junta Interna de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), concurrieron medio centenar de profesionales de la salud y familias con niños afectados. Y consensuaron una declaración sobre la clasificación de la IARC-OMS sobre glifosato y la situación en Argentina.

Afirma que la reclasificación de la OMS es tardía, pero valora que ratifica lo que afectados directos y profesionales de la salud observan y denuncian desde hace años “sin ser escuchados por autoridad alguna”. Afirma que es imprescindible contar en hospitales públicos, de manera gratuita, con laboratorios aptos para realizar dosajes (análisis para evaluar si los pacientes tienen agroquímicos en sangre). “Se torna indispensable la aplicación del principio precautorio (tomar medidas preventivas) que priorice el cuidado de la salud y el ambiente por sobre la rentabilidad y se prohíba el uso de sustancias, no sólo glifosato, que puedan poner en riesgo o amenacen la vida”, destaca el documento emitido por profesionales del Hospital Garrahan.

La Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), conformada por más de veinte organizaciones de todo el país solicitó por escrito a los ministerios de Agricultura, Ciencia y Salud la “prohibición inmediata” del glifosato, y alertó que no se trata sólo de un agroquímico: “Es necesario replantear radicalmente el modelo de agricultura basado en monocultivos, transgénicos y agrotóxicos para iniciar una transición hacia una producción agroecológica basada en las economías locales y orientada hacia la soberanía alimentaria”. En línea similar se expresaron la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, Greenpeace y la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía (UBA).

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Prohibición en Santa Fe

Santa Fe prohibió el uso del herbicida 2,4D, el segundo más utilizado del país, y organizaciones sociales solicitaron la misma medida al Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentario (Senasa). En Neuquén, legisladores por el partido UPIE (Instrumento Electoral por la Unidad Popular) presentaron un proyecto para prohibir el glifosato en toda la provincia. Epuyen (Chubut) es el primer municipio de Argentina en prohibir la venta y uso de glifosato. “Por la nueva clasificación, el glifosato es tan cancerígeno como el PCB (compuesto químico que se usaba en los transformadores eléctricos, hoy prohibido)”, precisa la ordenanza de Epuyen.

El Ministerio de Producción de Santa Fe informó el 25 de abril la prohibición del 2,4D. La medida había sido presentada formalmente en junio de 2014 por el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) y la ONG Conciencia Solidaria.En marzo pasado, ante el Senasa, también se solicitó la prohibición del 2,4D. Con frondosa bibliografía científico, el pedido fue firmado por la organización BIOS (de Mar del Plata), Acción por la Biodiversidad, Foro Ambiental de General Viamonte, Foro Salud y Ambiente de Vicente López, la ONG Naturaleza de Derechos, Foro Ecologista de Paraná y la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.

 

* Por Darío Aranda. Publicado el 11 de mayo de 2015 en el diario Página12.

Persecución ideológica por investigar los transgénicos y agroquímicos

Persecución ideológica por investigar los transgénicos y agroquímicos

Un docente de la Universidad de Córdoba participó de un relevamiento que vinculó los casos de cáncer y malformaciones en la localidad de Monte Maíz con el uso de transgénicos y agroquímicos. En esa casa de estudios ahora piden un sumario para el investigador.

monte maiz - en bajaEl decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Juan Marcelo Conrero, tomó una medida con pocos antecedentes: solicitó un sumario administrativo y sanción para un docente e investigador de la Facultad de Medicina, Medardo Avila Vazquez. El pedido obedece a que Avila Vazquez coordinó un relevamiento sanitario en la localidad de Monte Maíz, donde confirmó altos índices de cáncer, malformaciones y abortos espontáneos. Y vinculó las enfermedades a transgénicos y agroquímicos. “Es una clara persecución ideológica. Si el estudio hubiese sido favorable a Monsanto no hubieran dicho nada, incluso lo celebrarían”, afirmó el investigador denunciado. Los vecinos de Monte Maíz, la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata (que también participó del relevamiento sanitario) e investigadores de doce países respaldaron al docente y médico cordobés.

En octubre de 2014, un equipo de 70 investigadores y estudiantes se instalaron en Monte Maíz, localidad de 8000 habitantes a 300 kilómetros de la capital de Córdoba. A pedido de organizaciones locales y del propio intendente, Luis María Trotte (Frente para la Victoria), se instalaron durante cinco días y realizaron un censo sociosanitario. Los resultados: los casos nuevos de cáncer duplican el promedio nacional, los abortos espontáneos quintuplican el promedio de Argentina, la mortalidad por cáncer triplica la media provincial y las malformaciones triplican los registros de la capital cordobesa.

El equipo de trabajo estaba compuesto por investigadores de Córdoba y de La Plata (UNLP). El coordinador fue Medardo Avila Vazquez.

El Consejo Directivo de la Facultad de Medicina acusó al trabajo de “carecer de asidero científico”, señaló que la casa de estudios no autorizó el relevamiento y señaló que no contaba con la aprobación de un Comité de Etica.

La respuesta la brindó el Comité de Bioética del Estudio de Salud Socio Ambiental de Monte Maíz (un grupo de expertos que había supervisado el trabajo). En un documento de diez puntos recordaron que la propia Facultad de Medicina desintegró el Comité de Etica de la UNC para que no participara de la investigación, precisó que el estudio fue avalado por el propio Consejo Directivo de Ciencias Médicas y por un convenio firmado por el rector de la UNC, Francisco Tamarit, y el intendente Trotte.

El Comité de Bioética (integrado por investigadores y profesionales de la UNC, UNLP y Comahue) afirmó que el trabajo de Monte Maíz cumple con los requisitos científicos nacionales e internacionales y está sujeto a la legislación provincial y nacional.

Pero el decano de Ciencias Agropecuarias recurrió al Consejo Superior de la UNC y pidió el juzgamiento del investigador. “Solicito se dé curso a las acciones administrativas para que se investigue si el accionar del médico Medardo Avila Vazquez y del equipo de trabajo le corresponde alguna sanción disciplinaria”, comienza el escrito de Conrero.

Señala que los investigadores se “extralimitaron” en su tarea, denuncia que difundieron información “engañosa” y los acusa por causar “temor” en la comunidad de Monte Maíz. “En nombre de esta prestigiosa universidad no podemos permitir que miembros de la misma engañosamente difundan datos no validados científicamente, causando daños irreparables a la sociedad”, sostiene. Conrero no menciona cuáles habrían sido los errores de la investigación.

Los vecinos de Monte Maíz que solicitaron el relevamiento, nucleados en la Red de Prevención Ambiental y por la Salud, emitieron un comunicado en solidaridad con Avila Vazquez. “Repudiamos todas las maniobras del saliente decano de la Facultad de Medicina (Gustavo Irico), tendientes a boicotear este trabajo tan anhelado por nuestra población, así como repudiamos todas las descalificaciones vertidas sobre la persona y la idoneidad del doctor Avila Vazquez. Repudiamos también la actitud del decano Juan Conrero, actuando en defensa de los intereses de la empresa multinacional (Monsanto)”, destaca el comunicado.

Conrero asumió en junio de 2014. Y, sólo dos meses después, firmó un convenio de colaboración con Monsanto, empresa que mantiene un conflicto con la población cordobesa de Malvinas Argentinas, donde pretende instalar su mayor planta de maíz transgénico de Latinoamérica. Jorge Omar Dutto es el secretario general de la Facultad y mano derecha de Conrero. Fue uno de los autores del informe de impacto ambiental de Monsanto para intentar construir su planta en Córdoba.

Las asambleas socioambientales y organizaciones de Malvinas Argentinas y Córdoba Capital, junto con docentes y estudiantes de la UNC, se movilizaron y denunciaron el contrato entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Monsanto. Conrero se vio forzado a dar marcha atrás y suspendió el convenio.

Los vecinos de la Red de Prevención de Monte Maíz resaltaron la importancia del trabajo de todos los investigadores, en especial de Avila Vazquez. Explicaron que, junto a los concejales, trabajan en una ordenanza para limitar las fumigaciones y llamaron a las autoridades la UNC “a repensar su actitud que avergüenza a quienes soñamos en una universidad que ponga el saber al servicio de la población”.

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Apoyos al docente

En el relevamiento sanitario en Monte Maíz también participaron investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El 29 de abril, el Consejo Directivo de esa Facultad votó por unanimidad una declaración de repudio a la “persecución política” al médico y docente de la UNC. “Nos solidarizamos con Avila Vazquez. Las intenciones que están detrás del pedido de sumario no son más que el pedido desesperado de las empresas agroexportadoras y productoras del paquete tecnológico asociado la intensiva actividad sojera”, afirma la declaración de Ciencias Exactas de la UNLP y apunta al papel de la educación pública: “El trabajo realizado en Monte Maíz no sólo es pertinente sino que además es un modelo de lo que la universidad debe ser, una institución al servicio de su pueblo y no de los intereses económicos”. También se expidieron 38 investigadores de doce países. “Manifestamos nuestro apoyo y reconocimiento científico respecto a los trabajos e iniciativas del doctor Medardo Avila Vazquez y de su equipo. Afirmamos el carácter de alto interés público y de relevancia internacional que conlleva este tipo de estudios”, señala el escrito, firmado por investigadores de varios países.

 

* Por Darío Aranda. Publicado el 4 de mayo de 2015 en el diario Página12.

Una barrera a los camiones

Una barrera a los camiones

Villa la Angostura movilizada por un proyecto vial. Pasarán 12.000 camiones por mes y cambiará la vida de la ciudad.

angostura sin camionesEn la localidad de Villa La Angostura (Neuquén) no hay minería, ni pasteras ni represas, pero está a un paso de transformarse en una ciudad movilizada por una lucha socioambiental y en defensa de su perfil turístico. Se debe al intento de construcción de una obra vial que implicaría el paso de 400 camiones por día (12 mil por mes). Organizaciones sociales y vecinales denuncian la falta de estudio de impacto ambiental, advierten que afectará reservorios de agua y, sobre todo, afirman que la obra cambiará “drásticamente la forma de vida del lugar”. El tema de fondo: el trazado de un paso bioceánico que unirá el Atlántico con el Pacífico.

Villa La Angostura está ubicada en el oeste de Neuquén, a 90 kilómetros al norte de Bariloche por la Ruta Nacional 40 y 100 kilómetros al sur de San Martín de los Andes. La ruta atraviesa el centro mismo del casco urbano y los camiones son uno de los problemas identificados desde hace décadas por la población y las autoridades municipales.

Solicitan la construcción de una ruta de circunvalación para el tránsito pesado, que pase por fuera del casco urbano. En 2013, Vialidad Nacional, provincia y municipio presentaron un megaproyecto de seis kilómetros que contempla cuatro carriles, puentes, rotondas y una infraestructura mucho mayor a la requerida. “Cuando vemos el plano parece que quieren hacer la avenida General Paz o la Panamericana en Villa La Angostura”, señaló Patricio Raposo, de la organización Vecinos Autoconvocados Angostura Sin Camiones.

El proyecto prevé desmontar más de 3000 árboles autóctonos, con un gran movimiento de suelo en una zona frágil y de derrumbes. Y se afectará dos mallines (especie de humedal que recarga las napas subterráneas, mitiga inundaciones y purifica el agua, entre otras funciones). El estudio de impacto ambiental (realizado por la consultora Ungaro, Ale Ortiz Ingenieros Asociados SA) reconoce el gran impacto ambiental, pero no detalla cómo se mitigarán. Los Vecinos Autoconvocados detectaron irregularidades típicos del copiar/pegar informes de otros emprendimientos. El más notorio, cuando se indica media docena de veces que “se respetarán las leyes ambientales de Córdoba” (no de Neuquén).

Cuestionan también el “corredor bioceánico”, impulsado por cámaras empresarias y el gobierno de Río Negro, para el paso de camiones desde el este de Argentina, que atraviesa toda la provincia de Río Negro hasta Bariloche y asciende por Neuquén (vía Villa La Angostura) hasta el Paso Internacional Cardenal Samoré. “El informe para la construcción de la ruta de circunvalación reconoce que la dimensión obedece al bioceánico para cargas pesadas”, afirmó Gerardo Ghioldi, de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa La Angostura.

El camino turístico que une Bariloche y Angostura tiene una extensión de 80 kilómetros, paisajes de postal, lagos, curvas y contracurva. “Turismo sí, camiones no”, es la consigna de los vecinos de Villa La Angostura. Afirman que, de construirse el corredor bioceánico, el hoy camino turístico por excelencia de la región mutará a una ruta atestada de camiones, con hasta 400 camiones por día. Los vecinos argumentan con una pregunta retórica: “¿A qué turista le agrada estar dos horas detrás de un camión?”

Ghioldi remarcó que la localidad vive del turismo y, con la gran cantidad de camiones, “cambiará su forma de vida”. Al momento de pensar el peor de los escenarios (construcción de la mega ruta de circunvalación y el corredor bioceánico), comparó: “El rechazo será mayor al de Gualeguaychú con las pasteras. Todo el pueblo saldrá a la calle”.

La propuesta de los vecinos, apoyada por distintos dirigentes políticos de Neuquén, es construir un circunvalación simple y que el corredor bioceánico de camiones sea por el Paso Pino Hachado (más al norte, cercana a la localidad de Las Lajas).

El intendente de Villa La Angostura, Roberto Cacault, llamó a audiencia pública, por la ruta de circunvalación, para el 20 de febrero. Pero las organizaciones denunciaron que faltaba el estudio de impacto ambiental. La audiencia pública fue suspendida a pedido de Vialidad Nacional, que explicó que aún faltaban estudios requeridos a la Universidad Nacional del Comahue. Fijó nueva fecha para el 6 de abril.

La primera semana de febrero se realizó en la ciudad la Fiesta Nacional de Los Jardines. El día de desfile de carrozas los vecinos marcharon con pancartas de rechazo al bioceánico y a la planificada circunvalación.

Angostura Sin Camiones sugiere la realización de talleres participativos donde se informe el proyecto de ruta de circunvalación, pero también el proyecto macro (bioceánico) y propone un proyecto alternativo, con estudios multidisciplinarios y que priorice el perfil turístico y el ambiente de la localidad.

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La ciudad que avanzó sobre un pueblo originario

El gobierno nacional entregó en 1902 a los pobladores ancestrales José María Paichil e Ignacio Antriao el lote número 9 de la por entonces Colonia Nahuel Huapi. Sobre esa misma parcela indígena hoy se erige el casco urbano de Villa La Angostura. Durante todo el siglo XX creció la ciudad y, al mismo tiempo, les fue arrebatada la casi totalidad de su territorio a las familias mapuches. La cronología está detallada en el libro Historias de las familias Mapuche Paichil Antriao y Quintriqueo (compilado por la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer). El proyecto de ruta de circunvalación tampoco respetó los derechos indígenas, que contempla la consulta libre, previa e informada por cualquier emprendimiento que pudiera afectar a las comunidades originarias.

La comunidad Paichil Antriao, reorganizada en 2003, sostiene en la actualidad reclamos territoriales en el cerro Belvedere, donde sufrió represiones e intentos de desalojo. Están denunciados por usurpación del territorio donde siempre vivieron y, en paralelo, tramita una causa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

* Por Darío Aranda. Publicado el 9 de marzo de 2015  en el diario Página12.