Ago 21, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
Son miembros de la comunidad El Colorado, en el oeste de Formosa. Hace tres semanas impidieron la intromisión de un privado en su territorio y sufrieron una represión policial. Organizaciones de derechos humanos y de pueblos originarios reclaman la liberación.
Tres semanas presos y la posibilidad de ser condenados hasta con quince años de cárcel. Es la situación de cinco hermanos wichí de Formosa que resistieron el despojo del territorio de su comunidad, fueron reprimidos y están detenidos. Organizaciones de derechos humanos y de pueblos originarios reclamaron la liberación de los wichí. El juez que interviene en la causa, Francisco Orella, rechazó la excarcelación y el gobierno provincial negó que haya sido una represión. “Los apresaron con mentiras. Nos tratan mal porque defendemos nuestra tierra”, denunció Evil Tejada, hermano de los detenidos.
La comunidad wichí El Colorado vive en Ramón Lista (extremo oeste de Formosa) desde hace al menos cuatro generaciones. Habitan y hacen uso tradicional de 7500 hectáreas. Desde hace una década que denuncian la intrusión de privados en territorio indígena. Desde 2012 se tensó la relación con un lugareño (conocido como Pila Tedín), que ya estaba instalado en parte del territorio indígena (sin permiso de la comunidad) y que intentaba avanzar sobre nuevas hectáreas. “A fines de 2012 fuimos a la comisaría a denunciar que se metían en nuestra tierra, pero nunca quieren tomar nuestras denuncias”, recordó Evil Tejada.
El último fin de semana de julio, el privado plantó postes en las tierras wichí y comenzó a alambrar. Hasta ahí llegaron los hermanos Tejada (de la comunidad wichí), sacaron los postes y le cortaron el alambre. Tedín fue a la comisaría y los denunció.
En tiempo record, la Justicia ordenó el allanamiento. El lunes 28 de julio a la mañana llegaron hasta la comunidad wichí más de 70 policías. De ese hecho se contraponen dos versiones. Según la policía de Formosa y el juez Orellana, todo transcurrió con “tranquilidad y en el marco de la ley” hasta que los hermanos Tejada se resistieron. En particular Ricardo, que (según el juez) habría amenazado con un arma blanca a la policía. Ricardo Tejada sufrió disparos en ambas piernas y quebradura expuesta en el brazo. Estuvo internado tres semanas (siempre esposado a la cama) y luego fue trasladado a la cárcel con sus cuatro hermanos (Avelino, Esteban, Manuel y Rogelio).
La comunidad wichí relata otra versión del allanamiento. “Llegaron en patota, patearon las puertas y nos atropellaron a todos. Golpearon a hombres, mujeres y hasta a los chicos. Peor que a animales nos trataron”, describió Evil Tejada, el único de los hermanos que aún no fue detenido.
La Vicaría de Pueblos Originarios de la Iglesia Católica también denunció la “represión y detención de indígenas que defienden sus territorios”. El cura Ponciano Acosta, coordinador nacional de la Pastoral Aborigen (Endepa), describió que “en Formosa persiguen constantemente a los aborígenes por los temas referidos al territorio” y afirmó que lo sucedido en el oeste provincial “es una réplica de la violencia que aconteció en la comunidad qom La Primavera”.
El ministro de Gobierno, Jorge Abel González, mano derecha del gobernador Gildo Insfrán, dijo a los medios locales que “se actuó de acuerdo con una orden librada por la Justicia. No hay persecución, no hay nada raro como quieren decir algunos”.
Asumió la defensa legal el abogado Daniel Cabrera, conocido activista vinculado con las luchas indígenas. Presentó un hábeas corpus junto a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) exigiendo la liberación. Pero el Superior Tribunal de Justicia lo rechazó.
Adolfo Pérez Esquivel alertó que “cuando un no indígena defiende su tierra y reacciona, es justo; pero cuando es un indio el que reclama y se pone firme, se lo considera violento y merece ser castigado. Es una muestra de cómo gran parte de la sociedad y la Justicia miden con distinta vara los derechos de las personas”.
A la semana de la represión, la comunidad cambió de abogado. Le retiró la representación a Cabrera y se la dio a Omar Padilla, concejal del PJ de Formosa. Cabrera explicó que la comunidad había sido presionada “por los punteros políticos” para cambiar de abogado. Evil Tejada no negó las presiones, pero remarcó que les habían prometido que “con el concejal los iban a liberar en dos días, pero pasaron dos semanas y los hermanos siguen presos”.
También lamentó que el denunciante siga alambrando el territorio indígena y cuestionó que “con mis hermanos presos, el ICA (Instituto de Comunidades Aborígenes) vino hasta acá y relevó el territorio, pero sin conocer lo nuestro. Midió todo a favor de los criollos y no nos escuchó”. En una radio local, el juez Orellana reconoció no saber de quién es el territorio en disputa (si de los wichí o del privado), precisó que la carátula de la causa es “robo a mano armada en banda y resistencia a la autoridad” (delito no excarcelable, con penas de entre 5 y 15 años) y explicó que los wichí tienen “antecedentes” (por cortes de ruta).
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Reclamo y ataque
El 1º de agosto pasado, en la ciudad de Las Lomitas (al centro de la provincia y donde están detenidos los cinco hermanos wichí), hubo una movilización de comunidades indígenas y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (que suelen hacer pasantías en el lugar). Fueron atacados por una patota con cadenas, palos y cuchillos. La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) denunció la represión y responsabilizó al gobernador. El lunes 11 de agosto, en el edificio Anexo del Congreso Nacional, una audiencia pública denunció ambas represiones (la de Ramón Lista y la de Las Lomitas). Estuvieron presentes dirigentes de la FUBA, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, Elia Espen y Mirta Baravalle, los indígenas formoseños Félix Díaz y Viviano Luna y los diputados Ricardo Bruyaile (UCR Formosa), Néstor Pitrola y Pablo López (PO-FIT). “Los indígenas somos condenados a morir o a la cárcel”, acusó Díaz. Consensuaron realizar una audiencia pública de legisladores nacionales en Formosa y exigieron la liberación de los wichí. Nora Cortiñas afirmó que en Formosa existe “terrorismo de Estado” y reclamó la intervención de “todos” los organismos de derechos humanos y del gobierno nacional.
* Por Darío Aranda. Publicado el 21 de agosto de 2014 en Página12.
Ago 11, 2014 | 2014, Campesinos
Según la organización internacional Grain, en Argentina en veinte años desapareció un tercio de las chacras más pequeñas. En el mundo, el 90 por ciento de los agricultores es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra.
El 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra. La agricultura campesina produce hasta 80 por ciento del alimento en los países no industrializados. Y la concentración de tierras en pocas manos es un fenómeno global. Son algunas de las conclusiones de la investigación Hambrientos de Tierra, de la organización internacional Grain. El estudio procesa información oficial y académica de las última dos décadas y ofrece una radiografía de la situación de la tierra a nivel mundial. En Argentina, en veinte años, desapareció el 33 por ciento de las chacras más pequeñas. “Es necesario y urgente revertir la tendencia actual y entregar a los pequeños agricultores los medios para alimentar al mundo”, propone la investigación.
“Los campesinos alimentan al mundo con menos de una cuarta parte de la tierra agrícola”, es el subtítulo del informe de Grain, una organización que se especializa en el análisis del modelo agropecuario y el rol de las corporaciones. En la segunda página del informe confronta contra la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO): “Inauguró 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, cantó las loas de los agricultores familiares pero ni una sola vez mencionó la necesidad de una reforma agraria. Por el contrario, anunció que las fincas familiares ya tenían la mayor parte de la tierra, la increíble cifra de 70 por ciento”.
El informe de Grain afirma todo lo contrario. Más del 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero controla menos de un cuarto de la tierra agrícola mundial. Y, con esa poca tierra, produce la mayor parte de la alimentación. En promedio, las fincas de los campesinos tienen sólo 2,2 hectáreas.
El trabajo ordena la información por continentes. Para América latina y el Caribe señala que las pequeñas chacras representan el 80 por ciento (17.894) del total y cuentan sólo con el 19 por ciento de la tierra cultivable (172.686 hectáreas). “Las fincas pequeñas están siendo marginadas a menos tierras”, explica la investigación y detalla que en treinta países se dan las mayores inequidades, donde los campesinos representa más del 70 por ciento de las fincas y tienen menos del diez por ciento de la tierra. De los treinta más injustos, seis son de América: Chile, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
En el apartado III el informe detalla que los campesinos e indígenas están perdiendo rápidamente fincas, mientras crecen las grandes chacras. De América latina sobresalen los casos de Argentina, que perdió más de un tercio de sus chacras entre 1988 y 2008 (sólo entre 2002 y 2008 desapareció el 18 por ciento de las pequeñas fincas). En Chile, entre 1997 y 2007, se perdió el 15 por ciento de las chacras más pequeñas. En Colombia, entre 1980 y la actualidad, los campesinos perdieron la mitad de la tierra que poseían. En Uruguay, en los últimos catorce años, desapareció el 20 por ciento de las chacras.
Carlos Vicente, uno de los investigadores del informe, remarcó que “la pérdida en Argentina de un 33 por ciento de los pequeños productores en 20 años demuestra cómo el modelo sojero ha sido depredador” y alertó que “la posibilidad de sostener una alimentación autónoma de nuestro pueblo se ve profundamente jaqueada”. Vicente revalorizó que los campesinos en Argentina tienen el 5,8 por ciento de la tierra y “siguen siendo los principales productores de alimentos del país”.
Grain establece una relación directa entre la pérdida de tierras de pequeños productores y el avance de la megaminería, el petróleo, gas y monocultivos. “La tremenda expansión de las megafincas dedicadas a los monocultivos industriales es quizás el factor más importante detrás del desalojo de los pequeños agricultores”, afirma, y detalla particularmente cuatro monocultivos: caña de azúcar, canola (colza), palma aceitera y soja. Señala que, en los últimos cincuenta años, 160 millones de hectáreas fueron ocupadas por los monocultivos. “Más y más tierra agrícola fértil es ocupada por grandes fincas que producen materias primas industriales para exportación, presionando a los pequeños productores a una siempre decreciente participación sobre la tierra”, asegura. Y advierte que, según la misma FAO, para 2050 la superficie mundial sembrada con soja aumentará un 33 por ciento; la caña de azúcar, un 28 por ciento, y la canola, un 16 por ciento.
“Con mucha rapidez estamos perdiendo fincas y campesinos por la concentración de tierra a manos de los ricos y los poderosos. Si no revertimos esta tendencia, el mundo perderá su capacidad para alimentarse a sí mismo”, advirtió Henk Hobbelink, coordinador de Grain.
La investigación alerta que la concentración de la tierra “está llegando a niveles extremos” y que esa política tiene una consecuencia directa en el número creciente de personas que pasan hambre en el mundo. “Necesitamos, en forma urgente y a una escala nunca antes vista, revisar y relanzar programas de reforma agraria y reconstitución territorial genuinos que devuelvan la tierra a manos campesinas e indígenas”, alerta Grain.
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Los mitos del agronegocios
El informe Hambrientos de Tierra desmiente uno de los mitos publicitados por el agronegocio. “A pesar de sus recursos cada vez más escasos, los pequeños agricultores siguen siendo los principales productores de alimentos del mundo”, detalla el trabajo, y recuerda que los productores de cultivos industriales producen materias primas y “se han olvidado de alimentar a la gente”.
En base a trabajos del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), la FAO y el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas, detalla que la agricultura campesina produce hasta el 80 por ciento de los alimentos en los países no industrializados. Un ejemplo es Brasil, donde el 84 por ciento de las fincas son pequeñas, controlan el 24 por ciento de la tierra y producen el 69 por ciento de los frijoles, el 59 por ciento de los cerdos, 58 por ciento de la leche de vaca, el 50 por ciento por ciento de los pollos, el 46 por ciento del maíz, el 38 por ciento del café y el 34 por ciento del arroz.
Otras conclusiones son que las fincas pequeñas son técnicamente más productivas que las enormes haciendas agrícolas y que la mayoría del campesinado son mujeres y, no obstante, su contribución no es reconocida y siguen marginadas.
* Por Darío Aranda. Publicado el 11 de agosto de 2014 en el diario Página12.
Jul 30, 2014 | 2014
La Facultad de Ciencias Médicas de Rosario homenajeó al Dr. Andrés Carrasco tras su fallecimiento, propuso el Día de la Ciencia Digna y lanzó una de sus propuestas para generar una Red de científicos comprometidos. Además, se leyó uno de los últimos textos de Carrasco. Experiencias y emociones del acto.
La ciencia no es neutral ni objetiva. La ciencia siempre tiene ideología y un sentido político. La ciencia puede aportar a la liberación o al sometimiento. La ciencia puede ser aliada de las corporaciones o estar al servicio del pueblo. Son algunas de las definiciones de la Declaración Latinoamericana por una Ciencia Digna, un espacio que reúne a medio centenar de científicos de cinco países, críticos al modelo transgénico y al extractivismo. El borrador del escrito fue redactado por Andrés Carrasco, el embriólogo molecular que confirmó en 2009 los efectos devastadores del agroquímico glifosato y que falleció en mayo pasado. Parte de su legado es la conformación de una red de académicos críticos al modelo de ciencia oficial que está al servicio de multinacionales.
La Facultad de Ciencias Médicas de Rosario es un edificio centenario. Una casa de estudios atípica, que por resoluciones del Consejo Superior (mayor órgano colegiado) cuestionó al modelo de agronegocios y a la megaminería. Y el 16 de junio pasado dio otra paso: designó esa fecha como el Día de la Ciencia Digna, en homenaje a Andrés Carrasco, a conmemorarse todos los años.
Damián Verzeñassi es médico, subsecretario académico y docente de la materia Salud Socioambiental. Está en el auditorio de la Facultad y coordina el homenaje a Carrasco. “Hoy es su cumpleaños, 16 de junio, y lo recordamos celebrando su vida, su compromiso, que nos llama a no bajar los brazos”, comienza Verzeñassi, ante los asistentes que no ocultan la tristeza.
Toma la palabra otro Damián, Marino, del Centro de Investigación de Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad Nacional de La Plata. Investiga el efecto de plaguicidas y conoció a Carrasco. “Nos forman para ver quién publica el mejor ‘paper’, pero hoy ya no podemos hacer eso, debemos plantearnos qué aportamos a la sociedad”, reclamó. Repasó que en sus estudios confirmó que las plazas de los pueblos agropecuarios tienen más agroquímicos que los propios campos sojeros y sinceró que, al investigar los efectos del modelo agropecuario, muchas veces sus pares le preguntaron lo mismo: “¿No te persigue el Conicet (el mayor órgano oficial de ciencia de Argentina)?”. Remarcó que Carrasco le solía decir que las investigaciones científicas no debían quedar encerradas en el ámbito académico, que debían ser difundidas a la sociedad. Y cuestionó a las cúpulas universitarias: “En la Facultad de La Plata los científicos no supieron del fallecimiento de Andrés, pero sí lo supieron y lamentaron los estudiantes”.
El decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, Miguel Farroni, afirmó que la premisa de la casa de estudios es el compromiso social de los egresados y que los científicos deben exponerse a la sociedad. Valorizó a Carrasco por animarse a alertar los riesgos en la salud del pueblo y lamentó que muchos otros científicos silencien las consecuencias del modelo transgénico: “Ningún intelectual debe ser asalariado del pensamiento oficial”, chicaneó a quiénes no hablan por temor a perder subsidios o represalias de funcionarios de turno.
Madres y pueblos fumigados
Daniel Verzeñassi, del Foro Ecologista de Paraná, recordó que los críticos al modelo agropecuario solían ser chicaneado por no tener “fundamentos científicos” en sus cuestionamientos. Y, en ese mismo sentido, revalorizó la importancia de que un académico como Carrasco haya investigado y hablado. “Sentimos que Andrés va a seguir diciendo y haciendo, porque sembró muchísimo. No pudimos estar con él tods las horas que quisimos, pero vamos a estar muchas más horas de las que imáginamos”, aseguró.
Carlos Manessi, del Centro de Protección de la Naturaleza (Cepronat), rindió el homenaje de los pueblos fumigados de Santa Fe a Carrasco y prometió seguir en la lucha. “Andrés nos inspira, seguiremos caminando junto a él. Nos iluminó”.
Sofía Gatica, de Madres de Ituzaingó Anexo de Córdoba, estaba conmovida. Recordó el día que un hombre golpeó la puerta de su casa, se presentó como científico y le dijo que ellas tenían razón en cuanto al efecto de los agroquímicos en la salud. Corría 2009 y Carrasco se acercaba por primera vez a las inspiradoras de su estudio, las Madres de Ituzaingó. Cuando las denuncias de las Madres llegaron a juicio, en 2012, los jueces le preguntaron a Carrasco por qué no había participado de la comisión creada por la Presidenta y encabezada por el Conicet para dilucidar los efectos del glifosato. Gatica resumió: “El Conicet le hizo la vida imposible a Andrés. Y la Presidenta se reúne con Monsanto. ¿Cómo iban a convocar a un científico que denuncia al modelo agropecuario?”.
Gatica apenas podía hablar. Afirmó que Argentina le debe mucho “al doctor Carrasco”, lamentó que muchos no sean conscientes de todo lo que él hizo, pero también se mostró esperanzada: “Las semillas que sembró Carrasco están germinando en toda la Argentina”.
Compañera
Alicia Massarini, doctora en ciencias biológicos, investigadora del Conicet y compañera de Carrasco, leyó una carta. “Quiero destacar de Andrés su apego incondicional a los principios éticos que inspiraron su actividad como científico y al mismo tiempo como ciudadano, como ser político. Y en relación con ello una decisión crucial: elegir entre las normas de legitimación del saber científico que impone la academia y las normas éticas que deberían orientar la responsabilidad social de los científicos. Andrés optó sin dudarlo por su compromiso con la sociedad”.
Detalló que, por esa elección de vida, pasó a ser blanco de agresiones y aprietes de abogados y matones de las empresas, pero sobre todo de una incesante campaña de desprestigio sin precedentes en la historia de la ciencia nacional, que no cesó ni cuando los resultados de sus investigaciones fueron publicados en una prestigiosa revista científica internacional. “Aunque nos llene de indignación este comportamiento de funcionarios, científicos y tecnócratas funcionales al modelo hegemónico, no debe asombrarnos. La desobediencia de Andrés desnudaba el lado oscuro y devastador de un modelo de producción agropecuaria basado en una tecnociencia instrumental, mercantil e irresponsable que se presentaba como virtuosa y progresiva”, denunció.
Reivindicó que que el saber científico no es neutral y destacó que Carrasco mostraba que había dos maneras de hacer ciencia: una “pueblocéntrica” inspirada en las necesidades sociales más acuciantes y otra “empresocéntrica”, funcional a la lógica del sistema, proveedora de insumos tecnocientíficos y de un discurso legitimador que se reclamaba como universal y objetivo. “Andrés interpeló la lógica de la comunidad científica”, afirmó.
Hizo especial hincapié en que Carrasco no ubicaba su investigación como un verdad absoluta, sino como una contribución que cobraba sentido junto a otros saberes, los de los pueblos que desde hace años padecen, resisten y saben que los agrotóxicos enferman y matan. “Andrés supo que esta era una lucha fundamental en Latinoamérica y no dudó en poner todo su empeño y energía en estrechar lazos, intercambiar experiencias y ofrecer todo su saber al servicio de las causas que los movimientos sociales”, detalló Massarini. Y aseguró que Carrasco reinstaló el debate iniciado en latinoamericanos por Oscar Varsavsky, Amílcar Herrera o Jorge Sábato respecto a la no neutralidad de la ciencia y que reclamaban la necesidad de apostar a un proyecto propio, acorde a las necesidades y prioridades de los pueblos.
Ya con un nudo en la garganta, Massarini leyó las últimas oraciones: “Maestro, médico, científico, militante de la vida, compañero. Andrés, íntegro, único, indispensable. Andrés, siempre presente en nuestras luchas, siempre en nuestros sueños”.
Científicos comprometidos
Carlos Vicente, de la organización internacional GRAIN, presentó un escrito de Andrés Carrasco, puntapié para el lanzamiento de la la Red de Científicos Comprometidos. Un texto largo, por momento con explicaciones técnicas que detalla por qué los transgénicos han demostrado su fracaso y confirmado su perjuicios a la salud y el ambiente. También, claro, el texto contiene aportes que no se disfraza de falsa neutralidad ni sin ideología (como suele argumentar buena parte del establishment científico):
-“El modelo de agronegocios y el control territorial: la apropiación por despojo de tierras y territorios debe ser vista en el marco de un diseño geopolítico extendido a lo largo y ancho de América Latina y que forma parte de un proyecto de dominación y control de la producción de alimentos mediante la diseminación legal e ilegal, de semillas genéticamente modificadas o transgénicas. Derogando así la soberanía alimentaria de nuestros pueblos”.
-“El modelo extractivista, es una pieza fundamental del modelo neocolonial de apropiación por despojo. Es imposible entenderlo sino a través de un fuerte protagonismo de una tecnología amañada y con fundamentos científicos frágiles en concepción”.
-“Existe una ciencia cada vez más dependiente de los poderes hegemónicos, violando el derecho a una ciencia autónoma para beneficio directo de la sociedad”.
-“Los cultivos transgénicos son vehículos diseñados no para alimentar al mundo, sino para la apropiación sistemática e instrumental de la naturaleza; y sin duda un instrumento estratégico de control territorial, político y cultural, de una nueva etapa neocolonial”.
-“Los pueblos latinoamericanos tienen el derecho irrenunciable a desarrollar una ciencia transparente, autónoma y que sirva a sus intereses”.
-(Empresas y gobiernos) “Violan procesos biológicos con procedimientos rudimentarios, peligrosos y de consecuencias inciertas que mezclan material genético de las plantas con el de distintas especies (vegetales y animales)”.
-“El círculo se cierra al ocultar el condicionamiento y cooptación de instituciones como las universidades públicas y el sistema científico por las fuerzas económicas y políticas que operan en la sociedad. Logran así el mérito de ser la parte dominada de la hegemonía dominante”.
-“La manipulación genética es solo una tecnología y afirmamos que hoy no tiene una base científica sólida por lo que constituye un peligro para el equilibrio natural y la diversidad biológica y por lo tanto para el proceso evolutivo cuando ésta se aplica en la naturaleza”.
-“Hay grandes negocios y un enorme relato legitimador que los científicos honestos no podrán evitar interpelar, aunque las empresas transnacionales compren todas las editoriales de revistas científicas o bloqueen las publicaciones y voces que interpelan el sentido de la ciencia neoliberal-productivista. La ciencia, su sentido del para qué, para quién y hacia dónde, están en crisis y nosotros en la patria grande no podemos fingir demencia si queremos sobrevivir soberanamente”.
-“Ante el peligro de esta embestida neocolonial es urgente el debate sobre la autonomía en los países periféricos ante la prepotencia de las corporaciones y sus gobiernos en América Latina”.
El texto, escrito por Andrés Carrasco semanas antes de su fallecimiento, esboza conclusiones que también son llamados a la acción: “La activación del principio precautorio ambiental, biológico y alimentario debe ser inmediata. Debido a la debilidad y la falacia de los argumentos de los defensores (de los transgénicos), es urgente la prohibición absoluta de todo OGM en el territorio Latinoamericano” y, por otro lado, remarca la “necesidad urgente” de establecer un red de científicos con concepciones respetuosas de la complejidad y con capacidad de interpelar a las empresas y las comunidades científicas que sostienen y promueven los OGM”.
A la lectura le siguió el aplauso de todos los asistentes. El sueño de Andrés Carrasco, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de América Latina, comenzaba a andar. A los pocos días, ya había más de 50 reconocidos y respetados académicos de Argentina, México, Ecuador, Costa Rica y Brasil.
Presente
Los hijos de Carrasco (Luciana y Andrés) y el nieto (Lucas, de 12 años) seguían el homenaje desde el fondo del auditorio, emocionados. Se acercaba el cierre del acto y Sofía Gatica, de Madres de Ituzaingó, pidió que sea ellos quienes hablen. Luciana pidió disculpas pero no podía hablar. Andrés Carrasco hijo agradeció el homenaje y pidió no bajar los brazos. Se excusó en que el hablar en público no era lo suyo, pero emocionó a todos.
Cuando el aplauso de cierre daba paso a la despedida, Lucas Vaca, de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida (de Córdoba, donde se oponen a instalación de Monsanto) tomó la palabra y, entre lágrimas y puño en alto, emitió un grito de lucha al que se sumaron todos los asistentes: “¡Andrés Carrasco… presente. Hoy y siempre!”.
Carrasco ya es semilla.
* Por Darío Aranda. Publicado el 30 de julio de 2014 en lavaca.org
Jul 19, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
El 19 de julio de 1924, unos 700 indígenas fueron cercados por la policía en el Chaco: quienes no murieron baleados, fueron degollados. Habían protestado por la explotación a la que eran sometidos. Recién ahora se puso en marcha una investigación. Hoy habrá un acto.
Fue una de las mayores masacres argentinas del siglo XX. Al menos 700 víctimas, incluidas mujeres, ancianos y niños. Quienes no murieron por las balas policiales, fueron degollados con machetes y hachas. El motivo de la represión fue la negativa a ser mano de obra esclava, denunciar maltratos y, también, el ser indígenas. La orden fue política; el motivo, económico (el avance algodonero y la necesidad de brazos para la cosecha), y los ejecutores fueron la policía y grandes terratenientes. Sucedió en Chaco, hace noventa años, y hoy los pueblos indígenas conmemoran la matanza que se conoce como “Masacre de Napalpí”. El crimen aún sigue impune. “Es crucial analizar la masacre de Napalpí en el marco de un proceso social genocida que sigue teniendo consecuencias sobre los pueblos originarios”, afirmó Marcelo Musante, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena.
En 1922, el radical Marcelo T. de Alvear había reemplazado en la presidencia a Hipólito Yrigoyen. El Territorio Nacional del Chaco ya se perfilaba como el primer productor nacional de algodón. La superficie sembrada en Chaco era de 100 hectáreas en 1895. Para 1920 había crecido exponencialmente: 50 mil hectáreas.
La Reducción Aborigen de Napalpí (a 120 kilómetros de Resistencia) era un espacio de sometimiento donde los indígenas eran obligados a trabajar en condiciones de semiesclavitud. Los maltratos eran frecuentes y no tenían los mismos derechos que el resto de la población.
En julio de 1924, los indígenas qom y mocoví se declararon en huelga. Denunciaban los maltratos y la explotación de los terratenientes. Y planeaban marchar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy. Pero el gobernador Fernando Centeno les prohibió abandonar Chaco y, ante la persistencia indígena, ordenó la represión. El argumento oficial fue una supuesta “sublevación” indígena.
El 19 de julio a la mañana, 130 policías y civiles (enviados por grandes estancieros) rodearon a los grupos en huelga y dispararon con rifles durante 45 minutos. Mataron a hombres y mujeres, ancianos y niños. “El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre. Los heridos fueron degollados, algunos colgados”, relata el libro Napalpí, la herida abierta, del periodista Vidal Mario.
Un mes después de la matanza, el 29 de agosto, el ex director de la reducción Enrique Lynch Arribálzaga escribió una carta al Congreso nacional: “La matanza de indígenas continúa en Napalpí y sus alrededores. Parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presentes en la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de testigos”.
La prensa de la época repitió el discurso del gobierno u omitió el hecho. Pero hubo excepciones. El periódico Heraldo del Norte denunció: “Sin que los inocentes indígenas realizaran un solo disparo, los atacantes hicieron repetidas descargas de disparos en medio del pánico de los indios, más mujeres y niños que hombres. Se produjo la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar sexo ni edad”. El corresponsal del diario La Razón escribió en julio de 1924: “Muchas hectáreas de tierra en flor están en poder de los pobres indios; quitarles esas tierras es la ilusión que muchos desean en secreto”.
El sociólogo Marcelo Musante, de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, se especializa en el proceso represivo de Chaco. Explica que Napalpí fue parte de un sistema de reducciones estatales implementado en Chaco y Formosa, suerte de campos de concentración para poblaciones originarias donde se ejercían acciones de control y dominación. “La discusión pública debe preguntarse por qué el funcionamiento estatal, cuando refiere a pueblos indígenas, promueve recurrentemente acciones represivas. Ejemplos claros son la feroz represión ocurrida en Pampa del Indio (Chaco) a inicios de este año, lo que ocurre en la comunidad qom La Primavera (Formosa) o en Santiago del Estero.”
Juan Chico es qom, nacido y criado en el lugar de la matanza (hoy llamado Colonia Aborigen). Escribió (junto a Mario Fernández) el libro Napalpí. La voz de la sangre. Recordó que las comunidades siguen peleando para que el lugar se vuelva a llamar Napalpí, detalló que los asesinados fueron al menos 700 personas (mucho más de los 200 que mencionan los diarios de la época) y valorizó que en Chaco se hable cada día más de la masacre de indígenas. También trazó un paralelo al presente: “Argentina ha avanzado mucho respecto de los derechos humanos, pero pareciera que los indígenas tenemos derechos humanos de segunda, parte de la sociedad nos sigue considerando inferiores y nuestro genocidio sigue invisibilizado”.
En 2008, el gobierno de Chaco pidió públicamente perdón por la matanza y entregó una vivienda a la sobreviviente Melitona Enrique. Hoy a las 18 habrá un acto conmemorativo en el lugar de la matanza. Será interno de los pueblos qom y mocoví, recordarán a las víctimas y volverán a exigir justicia. A noventa años de la masacre, el crimen permanece impune.
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Las causas judiciales
Historiadores revisionistas coinciden en que Napalpí no fue una matanza aislada, sino una práctica recurrente del poder político y los terratenientes –con la mano de obra policial o militar– para privar a los pobladores originarios de sus tierras, modificarles su forma de vida e introducirlos por la fuerza al sistema de producción.
En el aspecto judicial existen dos causas. En 2004, un estudio de abogados inició una demanda civil y, en mayo pasado, la Fiscalía Federal de Resistencia (a través de la Unidad de Derechos Humanos) inició una investigación de oficio sobre Napalpí y Zapallar (matanza de 1933). Los fiscales pretenden detallar los hechos y llegar a juicio. “Entendemos que las masacres de Napalpí y Zapallar constituirán crímenes de lesa humanidad y por ello debe promoverse su juzgamiento, en cumplimiento del compromiso inexcusable asumido por el Estado argentino a través de las convenciones internacionales. Es necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan”, explicó el fiscal Diego Vigay.
* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de julio de 2014 en Página12.
Jun 23, 2014 | 2014
Un informe del Ministerio de Salud cordobés sobre muertes por tumores cancerígenos determinó que la mayor tasa de fallecimientos se produce en las zonas donde se utilizan transgénicos y agroquímicos. La tasa duplica el promedio nacional.
El Ministerio de Salud de Córdoba difundió un extenso informe sobre el cáncer en la provincia. Sistematizó cinco años de información y, entre otros parámetros, determinó geográficamente los casos. La particularidad que causó mayor alarma es una: la mayor tasa de fallecimientos se produce en la llamada “pampa gringa”, zona donde más transgénicos y agroquímicos se utilizan. Y donde la tasa de fallecimientos duplica a la media nacional. “Se confirmó una vez más lo que denunciamos desde hace años y sobre todo lo que denuncian los médicos de pueblos fumigados y los afectados de las zonas de la agricultura industrial. Los casos de cáncer se multiplican como nunca en la zonas con uso masivo de agrotóxicos”, afirmó el médico e integrante de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (Reduas), Medardo Avila Vázquez. Exigen medidas inmediatas para proteger a la población.
La investigación oficial en formato libro se titula Informe sobre cáncer en Córdoba 2004-2009, elaborado por el Registro Provincial de Tumores y por la Dirección General de Estadística y Censos. Fue presentado en la Legislatura por el ministro de Salud, Francisco Fortuna, y el director del Instituto Oncológico Provincial, Martín Alonso.
El parámetro internacional es calcular fallecimientos por cada 100 mil habitantes. La media provincial es de 158 muertes por cada 100 mil habitantes, y en Córdoba Capital es de 134,8. Pero cuatro departamentos cordobeses están muy por arriba de esos índices: Marcos Juárez (229,8), Presidente Roque Sáenz Peña (228,4), Unión (217,4) y San Justo (216,8). Es la llamada “pampa gringa”, zona emblemática del agro de Córdoba.
Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (dependiente de la Organización Mundial de la Salud), en su último dato de 2012 la mortalidad de Argentina es de 115,13. La mitad de lo que se padece en Marcos Juárez (229,8).
Fernando Mañas es doctor en Biología y forma parte del Grupo Genética y Mutagénesis Ambiental de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que investiga el efecto de los agroquímicos. No cree que sea una coincidencia el mapa del cáncer en zonas agrícolas: “Existe evidencia de elevados niveles de daño genético en habitantes de Marcos Juárez, que podrían deberse a una exposición involuntaria a agroquímicos”.
Los investigadores de Río Cuarto estudian desde hace ocho años pueblos de Córdoba y confirmaron, con quince publicaciones científicas, que las personas expuestas a agroquímicos padecen daño genético y son más propensas a sufrir cáncer. Mañas recordó que en Marcos Juárez se detectó glifosato (y su principal producto de degradación, AMPA) en lagunas, suelos e incluso en agua de lluvia.
La investigación del gobierno de Córdoba ordena el mapa del cáncer según grupos por nivel de fallecimientos. La “pampa gringa” (todo el este provincial) se ubica en el primer segmento. El segundo estrato le corresponde a los departamentos de Río Cuarto, General San Martín, Juárez Celman, Tercero Arriba y General Roca. Los fallecimientos van de 180 a 201 por cada 100 mil habitantes, tasas que superan la media provincial y nacional. Este segundo estrato también tiene la particularidad de dedicarse a la agricultura industrial.
El gobierno provincial hizo hincapié en las estadísticas globales de incidencia (nuevos casos) y las comparó con otros países (la provincia se mantiene en un promedio), la estratificación por edad y sexo, y localizaciones de los tumores. Dejó en un segundo plano la vinculación entre alta mortalidad y zonas agropecuarias. En Córdoba existe un gran debate por la instalación de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas.
Damián Verzeñassi es médico y docente de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Es uno de los responsables del “Campamento Sanitario”, una instancia educativa que consiste en que decenas de estudiantes del último año de la carrera de Medicina se instalen en una localidad durante una semana y realicen un mapeo sanitario. “El estudio de Córdoba coincide con los dieciocho relevamientos que realizamos en localidades de agricultura industrial. El cáncer se ha disparado en los últimos quince años”, afirmó Verzeñassi.
El docente universitario cuestionó el discurso gubernamental y empresario. “Siguen exigiendo estudios sobre algo que ya está probado y no toman medidas urgentes de protección a la población. Hay sobradas evidencias de que el modelo agropecuario tiene consecuencias sanitarias, estamos hablando de un modelo de producción que es un enorme problema de salud pública”, reclamó.
Avila Vázquez, de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, detalló una decena de estudios científicos que prueban la vinculación entre agroquímicos y cáncer, y también enumeró una treintena de pueblos en donde registros oficiales confirman el aumento de la enfermedad: Brinkmann, Noetinger, Hernando (Córdoba) y San Salvador (Entre Ríos), entre otros. “Las tabacaleras negaban la vinculación entre fumar y cáncer, llevó décadas que reconocieran la verdad. Las corporaciones de transgénicos y agroquímicos son iguales que las tabacaleras, mienten y privilegian sus negocios por sobre la salud de la población”, denunció Avila Vázquez y reclamó como medidas iniciales urgentes: prohibir las fumigaciones aéreas, que no se realicen aplicaciones terrestres a menos de 1000 metros de las viviendas y prohibir depósitos de agroquímicos y maquinarias fumigadoras en las zonas urbanas.
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Una foto de la situación
El Ministerio de Salud de Córdoba precisó que se declaran 9000 nuevos casos de cáncer por año y 4500 muertes. La tasa de incidencia (nuevos casos) de cáncer para el período 2004-2009 es de 220 casos por cada 100.000 hombres y 194,4 casos por cada 100.000 mujeres (sin incluir los casos de cáncer de piel). Los tumores más frecuentes en hombres fueron los de próstata, pulmón y colon, mientras que en las mujeres fueron de mama, colon y pulmón.
La dependencia oficial destacó que, “tal como sucede a nivel internacional”, el cáncer afecta fundamentalmente a adultos de edad avanzada (el 45 por ciento corresponde a mayores de 65 años). La incidencia (nuevo casos) se da en la ciudad de Córdoba (entre 223 y 260 casos anuales cada 100 mil habitantes). Los departamentos de mayor incidencia (por encima de 188,5) son Río Primero, Unión, Totoral, Cruz del Eje, San Javier, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Segundo, Colón y Minas.
El Ministerio de Salud de Córdoba destacó que los resultados permiten analizar y diagramar políticas de prevención y diagnóstico precoz. “Estos datos son como una ‘foto’ de la situación provincial en esta materia, que expresa también el riesgo latente y nos dice qué esperar. Conociendo estos números se pueden definir prioridades en salud pública y programar políticas de prevención y diagnóstico precoz eficaces, ajustadas a la realidad local”, explicó Martín Alonso, director del Hospital Oncológico Provincial (donde funciona el Registro de Tumores).
* Por Darío Aranda. Publicado el 23 de junio de 2014 en el diario Página12.
Jun 13, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales, Pueblos Originarios
El corrimiento de la frontera petrolera aceleró sus pasos con la estatización parcial de YPF. Planificado por la gestión del director ejecutivo, Miguel Galuccio; apoyado por el Gobierno, observado por las empresas internacionales y publicitado por los medios de comunicación, el avance extractivo tiene luz verde. La formación Vaca Muerta (en Neuquén) recoge la mayor parte de las miradas, pero el ambicioso plan es aumentar la explotación en las provincias con tradición petrolera y explorar en las que aún no se extrae. “Soberanía energética” y “autoabastecimiento” funcionan como llaves justificadoras. Enfrente, pueblos indígenas, organizaciones sociales, asambleas socioambientales y activistas que no cederán los territorios donde viven, trabajan y sueñan.
Chubut
El 13 de febrero de 2013, la Presidenta inauguró el primer pozo exploratorio de fracking en Chubut, en el área llamada El Trébol (“formación D-129”) . Transmitido en cadena nacional, la imagen mostraba los mamelucos grises- azules de YPF y la Presidenta ordenando: “Procedan”. Un aplauso cerrado de los concurrentes y una gigantesca mecha que comenzaba a circular y perforar el suelo.
Los grandes medios de comunicación de Chubut y de Buenos Aires dieron amplia cobertura. Ese mismo día, las asambleas socioambientales patagónicas y comunidades indígenas tuvieron una percepción distinta del acto.
“Día de luto para nuestra ciudad. Repudiamos que la avanzada petrolera bajo metodologías y técnicas cuestionadas y prohibidas en el mundo se imponga con la presencia de la autoridad presidencial”, comienza el comunicado del Foro Ambiental y Social de la Patagonia (FASP), con sede en Comodoro Rivadavia.
Recordaba que en el octubre de 2012 se había realizado una audiencia pública en la que se presentó el estudio de impacto ambiental del pozo exploratorio, ubicado a 18 kilómetros de Comodoro.
Luego de la audiencia, y los cuestionamientos, no hubo información del Ministerio de Am – bien te y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia, que omitió los cuestionamientos y dio vía libre al fracking. “Repudiamos la decisión política del gobierno nacional, provincial y municipal de imponer métodos de explotación agresivos como parte de una escalada del modelo extractivista, el saqueo del agua, la pérdida de la soberanía y la contaminación irremediable”, finalizaba el documento del FASP.
En 14 de marzo de este año, el Juzgado Laboral 2 de Comodoro Rivadavia suspendió las actividades del pozo de YPF. Fue por una presentación de Marcelino Pintihueque, de la comunidad mapuche Lof Comarca Chubut, con el patrocinio de la abogada Silvia de los Santos.
La presentación judicial remarcaba cuatro objetivos: que se cumplan los derechos indígenas, que se realice un procedimiento de evaluación de impacto ambiental legal, cuidar el patrimonio arqueológico y proteger el derecho humano al agua. Una semana antes, la petrolera había finalizado la perforación y ya estaba en etapa de extracción. YPF no detuvo las actividades y apeló ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Aún continúa la disputa en el ámbito judicial. Insólita fue la reacción del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), ámbito gubernamental integrado por todas las provincias y Nación.
Al conocer el fallo que protegía el ambiente, el Cofema emitió un comunicado:
“Consideramos necesario advertir sobre el impacto negativo que tienen decisiones de este tipo (el fallo judicial), que sin mayores fundamentos técnicos y ambientales, paralizan una actividad esencial para este momento del país, como es la de poner en producción nuestros recursos hidrocarburíferos”.
En marzo de 2014 terminó la perforación del pozo exploratorio, a los 3.584 metros.
El 22 de mayo se dieron a conocer los resultados de la exploración. El diario Jornada de Chubut celebró: “Encontraron un yacimiento similar a Vaca Muerta”. La foto mostraba al gobernador Martín Buzzi y al director ejecutivo de YPF, Miguel Galuccio. “Este hallazgo amplía el horizonte de la actividad petrolera y gasífera en la región, y confirma que la cuenca del Golfo San Jorge tiene mucho para dar”, señaló el gobernador Buzzi desde el edificio de YPF en Puerto Madero. Galuccio mostró optimismo, pero fue más cauto.
Aclaró que deben seguir explorando para conocer el verdadero potencial. Los diarios porteños, tanto los opositores al gobierno nacional como los oficialistas, también celebraron la noticia y dieron amplia cobertura a la nueva área de fracking. Silvia de los Santos advirtió que seguirán la lucha judicial, afirmó que el anuncio sobre el descubrimiento de grandes reservas de no convencionales en Chubut es “una burbuja” y apuntó a una de sus preocupación: “En en verano estuvimos una semana sin agua en Comodoro Rivadavia y casi un mes un Caleta Olivia. Con el fracking será un desastre”.
En vísperas de las celebraciones por el 25 de Mayo, la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) emitió el comunicado con el título “El pueblo sabe de qué se trata”. Cuestionaron el llamado “progreso” de la mano de la avanzada petrolera mediante el “Plan Exploratorio Argentina” (diseñado por YPF y que busca definir el potencial de hidrocarburos de las provincias tradicionalmente no petroleras y avanzar con más exploraciones y explotaciones en las que ya lo son) y apuntaron al rol conjunto de la petrolera estatal y el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), que realizan campañas publicitarias, lobby y charlas sobre las supuestas bondades del petróleo.
Como respuesta, y con información que cuenta aspectos silenciados del fracking, las asambleas realizan una campaña dirigida a concejales, legisladores, medios de comunicación y a la población en general. Respaldada con información técnica del mismo sector petrolero, destacan que la “la fractura hidráulica pone en riesgo las napas de agua; el argumento empresario de que existe separación entre las capas acuíferas y las capas gasíferas es falso”.
Aclaró que deben seguir explorando para conocer el verdadero potencial. Los diarios porteños, tanto los opositores al gobierno nacional como los oficialistas, también celebraron la noticia y dieron amplia cobertura a la nueva área de fracking. Silvia de los Santos advirtió que seguirán la lucha judicial, afirmó que el anuncio sobre el descubrimiento de grandes reservas de no convencionales en Chubut es “una burbuja” y apuntó a una de sus preocupación: “En en verano estuvimos una semana sin agua en Comodoro Rivadavia y casi un mes un Caleta Olivia. Con el fracking será un desastre”.
En vísperas de las celebraciones por el 25 de Mayo, la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) emitió el comunicado con el título “El pueblo sabe de qué se trata”. Cuestionaron el llamado “progreso” de la mano de la avanzada petrolera mediante el “Plan Exploratorio Argentina” (diseñado por YPF y que busca definir el potencial de hidrocarburos de las provincias tradicionalmente no petroleras y avanzar con más exploraciones y explotaciones en las que ya lo son) y apuntaron al rol conjunto de la petrolera estatal y el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), que realizan campañas publicitarias, lobby y charlas sobre las supuestas bondades del petróleo.
Como respuesta, y con información que cuenta aspectos silenciados del fracking, las asambleas realizan una campaña dirigida a concejales, legisladores, medios de comunicación y a la población en general. Respaldada con información técnica del mismo sector petrolero, destacan que la “la fractura hidráulica pone en riesgo las napas de agua; el argumento empresario de que existe separación entre las capas acuíferas y las capas gasíferas es falso”.
En marzo pasado, cuando el Congreso Nacional debatió la indemnización a la española Repsol por el 51 por ciento de YPF, tres dirigentes mapuches fueron escuchados en la reunión de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles. Gabriel Cherqui, Martín Maliqueo y Nilo Cayuqueo. Los tres remarcaron la contaminación de Repsol-YPF en territorio mapuche, las continuas denuncias que nunca fueron atendidas, exigieron remediación ambiental y reclamaron que se respeten los derechos indígenas que el propio Estado aprobó en las últimas décadas e incumple de manera reiterada.
La respuesta provino del jefe de la bancada oficialista en Senadores, Miguel Pichetto. “Entendemos el derecho de los pueblos originarios y el reclamo de la tierra. Está todo bien con eso. Está contemplado incluso en la norma constitucional. Pero me pregunto, ¿por qué no podemos compatibilizar los intereses del país, los de los pueblos originarios, el medio ambiente y el esquema productivo que el país necesita? ¿Por qué no hacemos un discurso de más realismo?”, señaló ante la visita mapuche. Y fue por más: “Es una buena forma de vida. Trabajo en blanco, ingresos importantes (…) Con la economía pastoril se morían de hambre”. El Congreso Nacional, con mayoría oficialista, no tuvo en cuenta ninguno de los planteos mapuches. Y votó pagar 5000 millones de dólares a Repsol.
Seguridad jurídica
Empresas y funcionarios suelen mencionar la “seguridad jurídica” para cualquier modificación o posible incumplimiento de las leyes que benefician al sector privado. Pero nunca la utilizan para las leyes que protegen los derechos indígenas. “Los instrumentos jurídicos internacionales contemplan los casos en que las actividades extractivas se realizan en territorios indígenas.
Tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas son muy claros al respecto. El Convenio 169 se refiere de modo contundente a que en estos casos los pueblos indígenas deben ser consultados, y en su caso deben participar de los beneficios u obtener una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir”, explica Silvina Ramírez, profesora de Derecho Constitucional en la UBA y presidenta de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI).
Ramírez destaca que la Declaración de la ONU y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que en proyectos de inversión a gran escala debe obtenerse el “consentimiento previo, libre e informado” de las comunidades afectadas y recuerda que la Constitución Nacional también señala la necesidad de la participación indígena. “El derecho de los pueblos indígenas es recurrentemente vulnerado tanto por el Estado nacional como por los estados provinciales. Esta situación se ha agravado por la irrupción en el escenario político y económico de empresas transnacionales y nacionales cuyo objetivo es la explotación de recursos naturales”, afirma Ramírez.
Resistencias
La localidad rionegrina de Cinco Saltos fue la primera en aprobar una ordenanza de prohibición del fracking (diciembre de 2012). Le siguieron Diamante, Colón, Concepción del Uruguay y San Jaime de la Frontera (Entre Ríos); San Carlos, Tupungato y General Alvear (Mendoza). En mayo pasado, el municipio de María Grande se transformó en el décimo octavo lugar de Entre Ríos en rechazar la actividad.
En paralelo, en junio de 2013 fue el primer traspié judicial para el fracking en Argentina. Marcelino Pintihueque, de la comunidad Lof Comarca Chubut, y la abogada Silvia de los Santos obtuvieron un amparo ambiental por un pozo de exploración no convencional llamado “La Greta”, a quince kilómetros de Río Mayo (suroeste provincial). En primera instancia había sido rechazado, pero la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revirtió la sentencia y ordenó frenar el proyecto (en manos de YPF).
De los Santos detalló que se tuvo en cuenta la falta de consulta a los pueblos indígenas, la vulneración de la legislación ambiental (falta de acceso a la información y carencia de participación efectiva en la audiencia pública) y el riesgo de afectar las fuentes de agua. En noviembre pasado, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó el pedido de YPF de habilitar el fracking en Río Mayo y mantuvo la suspensión de las operaciones. Un triunfo del derecho indígena y ambiental.
El 21 de mayo fue el Día Internacional contra Chevron, señalada como empresa referente por los desastres petroleros en el mundo. Hubo manifestaciones en Estados Unidos, Canadá, Francia, Nigeria, Ecuador y Rumania, entre otros países.
En Argentina se realizaron acciones en Buenos Aires y Neuquén. “La alianza de YPF con Chevron va absolutamente en contra de la supuesta política de soberanía energética, y creemos que una transición hacía una matriz energética más sustentables debe comenzar con la disminución de la dependencia de nuestro país de los hidrocarburos”, señala la declaración de los “pueblos argentinos en contra de Chevron”, espacio amplio conformado por organizaciones sociales, partidos políticos, organismos de derechos humanos, organizaciones indígenas, feministas y asambleas socioambientales. Recordaron que el fracking en Argentina comenzó de la mano de la petrolera estadounidense, el gobierno provincial y el nacional “violando nuestros derechos y reprimiendo nuestra justa protesta social”.
Puntualizaron en los desastres de Chevron en Nigeria y en Ecuador (donde tiene condena firme por 9000 millones de dólares por contaminar 480 mil hectáreas). El documento es también un llamamiento para redoblar las acciones contra el corrimiento de la frontera petrolera en Argentina. Una acción directa de la resistencia mapuche sucedió en marzo pasado en el paraje neuquino Santo Domingo Abajo (a 50 kilómetros de Zapala). La empresa china Sinopec llegó hasta el lugar, comenzó con una locación petrolera para YPF y rápidamente inició el montaje de la torre de perforación de fracking.
El paraje es parte de Vaca Muerta, pero también es territorio de la comunidad mapuche Wiñoy Folil. La compañía no realizó ningún tipo de consulta a la comunidad mapuche ni respetó los derechos indígenas vigentes. Las comunidades mapuches le cerraron el paso y le informaron que no entrarían más camiones. Hubo intentos empresarios por convencerlos para abrir el paso, la negativa indígena se mantuvo y finalizó con un resultado sujeto a derecho: la empresa retiró la maquinarias y dejó el territorio mapuche. Ordenanzas en el terreno político, amparos en ámbitos judiciales, movilización de organizaciones en los sectores urbanos, cierre de caminos en los campos rurales. Siembran luchas, cosechan victorias.
Por Darío Aranda. Publicado en junio de 2014 en el periódico de CTA.
Tres semanas presos y la posibilidad de ser condenados hasta con quince años de cárcel. Es la situación de cinco hermanos wichí de Formosa que resistieron el despojo del territorio de su comunidad, fueron reprimidos y están detenidos. Organizaciones de derechos humanos y de pueblos originarios reclamaron la liberación de los wichí. El juez que interviene en la causa, Francisco Orella, rechazó la excarcelación y el gobierno provincial negó que haya sido una represión. “Los apresaron con mentiras. Nos tratan mal porque defendemos nuestra tierra”, denunció Evil Tejada, hermano de los detenidos.
