Nov 7, 2013 | 2013
Alumnos descalzos y con hambre, abuelos que mueren de frío, punteros que manipulan planes sociales y votos, campos alambrados, falta de comida y agua. Policías, gendarmes, medios de comunicación y gobierno: unidos contra el Pueblo Wichí. Postales del oeste formoseño.
Clientelismo, pobreza, manipulación de votos, policías y gendarmes que reprimen, racismo, emergencia habitacional y muertes evitables. Postales del oeste de Formosa, pesares del Pueblo Wichí relatadas por Agustín Santillán, 30 años, maestro indígena en Ingeniero Juárez, referente y vocero de la comunidad Barrio Obrero. Reclaman desde 2007 cinco puntos principales: escuelas, postas sanitarias, viviendas, trabajo y agua. Decenas de notas a los ministerios provinciales que chocaron con la burocracia y el silencio oficial. Cortes de ruta para hacerse visible y viaje a Buenos Aires para encontrar respuesta a lo básico: evitar más muertes indígenas.
Radiografía formoseña
-¿Por qué viene hasta Buenos Aires?
-Venimos para que todos sepan qué pasa en nuestra comunidad. Reclamamos al gobierno provincial por viviendas, salud, educación, trabajo y agua. El Gobierno nunca da respuesta a las notas que hacemos. Nos promete, volvemos a casa y nunca cumple. El ministro (de Gobierno), Jorge González, nos dijo la última vez que no había plata para hacer lo que pedimos.
-¿Cuántas comunidades son las que reclaman?
-En el departamento Matacos, al oeste de Formosa, somos 27 comunidades rurales y 17 barrios, 1200 familias, todos wichí. Es la zona más al interior de Formosa, y de las zonas más abandonadas.
-¿Por qué abandonadas?
-Porque no hay salud, faltan escuelas y las que hay están en muy malas condiciones. No hay viviendas, la mayoría de las casas son muy precarias. El tema del agua es muy preocupante. Muchos tomamos agua de los ríos, no hay tratamientos, se toma agua de represas (grandes piletones en la tierra, donde se acumula agua), de los ríos. Además hay mucha sequía, y el agua viene todavía con peor calidad.
-¿Qué provoca tomar esa agua?
-Muchas enfermedades. Diarrea, fiebre y hasta chicos que mueren. Es que tomamos, para que usted entienda, tomamos agua sucia. Y pasa que vamos al hospital, no hay medicamentos, nos internan, nos mejoramos, volvemos a la casa, tomamos esa agua y otra vez enfermamos. No hay salida.
-¿También hay chagas?
-Hay mucho mal de chagas. Una vez escuchaba a la Presidenta que decía que no había más. En el oeste de Formosa hay mucho chagas y hay mucho dengue. Nunca fumigan, y hay mucho mosquito de dengue y mucha vinchuca. En el invierno hay viejitos que se mueren de frío. Este año murieron dos. Están en casas precarias, enferman, se protegen con cartones porque no hay frazadas, y mueren de frío.
-¿Cuántos hospitales hay en la zona?
-No hay hospitales. Hay un centro de salud en Ingeniero Juárez para 27 comunidades y 17 barrios. Hay una sola ambulancia, que donó una iglesia anglicana y un solo chofer que no da abasto. Hay un sólo médico y si hay una emergencia hay que hacer 470 kilómetros hasta Formosa (capital). Muchas veces los enfermos no llegan y mueren en el camino.
-¿Qué otros conflictos hay en la zona?
-En Teniente Fraga piden escuela, centro de salud y agua. También viviendas y luz. En Fraga no hay electricidad. También hubo protesta en Ramón Lista, en el yacimiento petrolera de Palmar Largo. En Ramón Lista se pidió ambulancias, médicos y trabajo.
-¿Viviendas?
-Hay muchos problemas. Hay casas con cinco o siete familias. Y si no tienen trabajo no pueden construir sus propias casas.
-¿Cuáles son los trabajos para los wichí?
-Hay muchos chicos, incluso con secundario completo, que no tienen trabajo. Las chicas limpian casas. Y los chicos son changarines. Vienen los contratistas y los llevan al desmonte y destronque en Salta. Vienen micros y camiones y se llevan cientos de chicos.
-¿Sabe cuánto les pagan?
-60 pesos por hectárea limpia. Y destroncar una hectárea te puede llevar un día o día y medio. La cosecha de limón paga algo parecido.
-¿Cómo es la situación de los chicos?
-Los chicos van a la escuela descalzos. No pueden conseguir para comer. Ya no podemos buscar alimentos en el campo porque están alambrados. Antes podíamos buscar alimentos en el campo. Ahora están alambrados y ya no podemos. Si entrás te corren con escopetas.
-¿Cuándo se alambraron esos campos?
-Hace diez años comenzaron muchas ventas de tierras. El acceso al río Bermejo está casi todo alambrado. No podemos ingresar a pescar.
-¿Quiénes alambraron?
-Son gente de afuera, nunca aparecen. Dejan guardias. Algunas veces los hermanos entran pero es peligroso porque los guardias están armados.
Democracia gildista
-¿Cuáles son los mecanismos de control del gobernador Insfrán?
-Hay muchas cosas. El Gobierno tiene un servicio de inteligencia con punteros. Tienen sueldos de estatales, pero no trabajan, están en sus casas, los vemos. Pero cuando nos movilizamos o cortamos una calle, ahí están ellos, sacando fotos, filmando, llamando por teléfono y contando quiénes cortamos la ruta. Otra cosa que hacen es cortar internet y los celulares.
-¿Cómo cortar internet?
-El dueño de la antena de internet en Juárez es un empresario del gobierno de Insfrán. Si hay problemas en Juárez, hay cortes de ruta o se reprime, se cae el sistema de celular y se corta internet para que nadie de afuera pueda enterarse y que la denuncia no salga de Juárez. Pasa eso durante uno y hasta dos días. Cuando se tranquiliza todo, ahí vuelve internet y los celulares.
-¿Qué sucede con la Asignación Universal?
-La tarjeta no lo tiene el beneficiario. La tiene el comerciante. Hay mucha necesidad y la gente pide a fiado. Ahí el comerciante exige la tarjeta y la clave. Y ya maneja él la tarjeta. La gente no conoce la tarjeta. Y el comerciante siempre es amigo del puntero.
-¿En qué porcentaje se da esta situación?
-En la mayoría pasa eso. Los comerciantes se quedan con la plata de las asignaciones. Y te cobran todo más caro. La yerba sale 20 pesos el cuarto, diez pesos el medio kilo de azúcar.
-¿Cómo actúan los medios de comunicación en Formosa?
-Había una radio que acompañaba nuestros reclamos. Nos hizo una entrevista en corte de ruta y al otra día la incendiaron. No hay medios que publiquen lo que decimos. Al diario el Comercial (el más grande de Formosa) siempre le llamo, quedan en llamarme, pero nunca lo hacen.
-¿Por qué cree que sucede eso?
-No publican porque apoyan al Gobierno. Y nos discriminan. El gobierno discrimina a los pueblos originarios. Y los medios también.
-¿Y la Policía?
-El Gobierno usa a la Policía para reprimir. Siempre nos persiguen. Y cuando nosotros queremos denunciar algo, nunca nos toman las denuncias. Sí al puntero o a los criollos que nos maltratan.
-¿Y los gendarmes?
-Lo mismo que los policías. Los gendarmes siempre nos atropellan. Nos dicen “indio de mierda” y a las mujeres les dicen malas palabras. Cuando venía para acá me quisieron bajar sin motivo del colectivo. Eran cinco gendarmes y me agarraron de la campera. Me querían asustar. Me hicieron una seña de que me iban a cortar el cogote. Nosotros andamos mucho en motitos, y nos persiguen en la ruta. Entonces tenemos que escondernos en el monte.
-¿A quiénes persiguen?
-A los dirigentes sociales, a los que no estamos con el Gobierno. Ellos nos dicen “cabecillas”, pero sólo queremos que cumplan nuestros derechos. Nos persiguen. Y tenemos miedo que nos pase algo.
-¿Usted tuvo problemas en su trabajo?
-Soy maestro bilingüe en una escuela especial, la número 17 de Ingeniero Juárez. Y me quitaron el trabajo porque estuve en la calle con mis hermanos que reclamaban.
-¿Cómo le quitaron el trabajo?
-En marzo fui al cajero y no tenía plata. Cobraba 3000 pesos al mes y no había nada. En la escuela no sabían nada. Hasta que un puntero vino y me dijo que no me iban a pagar porque ayudaba a las comunidades en conflicto. Le expliqué que no podía estar en mi casa si mis hermanos estaban en la ruta reclamando. Estuve cinco meses sin cobrar y luego de mucho reclamar me volvieron a pagar, pero nunca me pagaron lo atrasado. Y cada vez que salimos a la calle, me retienen el sueldo.
-Cuando hay elecciones suelen llegar noticias de secuestro de personas
-Siempre que hay elecciones pasa eso. Les sacan el documento. Los encierran y les hacen votar a sus candidatos. Es cómo lo mostró la tele. Le dan sobres marcados. Y meten miedo a los hermanos y también a criollos.
-¿En las últimas elecciones (27 de octubre) pasó lo mismo?
-Siempre es lo mismo. En la escuela 438 de Ingeniero Juárez estaban haciendo “voto cadena”. Afuera estaba el puntero con sobres ya firmados, se lo daba al que entraba con el voto al candidato de Gildo y cuando salía le tenía que dar el sobre nuevo (que le dieron en la mesa de votación) al puntero. Todos los veían. Le reclamé al gendarme de la puerta y me amenazó detenerme a mí.
Vengan y vean
-Desde el gobierno provincial dicen que los indígenas de Formosa están bien.
-(Sonríe) Cuando en Formosa vemos en la tele o escuchamos en la radio esas cosas, nos reímos. También no da tristeza, pero nos reímos porque sólo lo pueden decir quiénes no visitaron las comunidades. Mienten cuando dicen esas cosas. Yo vengo de ahí, soy de ahí, yo conozco esa realidad. Por favor, si no me cree, venga y lo verá usted.
-¿Por qué cree que el Gobierno los trata así?
-El Gobierno siempre ha sido así. Ellos hacen vivienda y sólo le dan a quienes están con ellos. Hay hermanos que le siguen porque necesitan y le tienen miedo. Y otros están con el Gobernador porque cobran del gobierno. El gobierno nos discrimina.
-¿Qué le diría a la gente de Buenos Aires que no sabe o que no cree todo lo que se denuncia sobre Formosa?
-Si no me creen, les pido por favor que visiten nuestras comunidades. Los chicos van a la escuela descalzos, los hermanos mueren porque no hay médicos, y hay hambre. En Formosa hay hambre y si reclamamos nos mandan a la policía y gendarmería. Es triste, pero es lo que vivimos todos los días.
* Por Dario Aranda. Publicado el 7 de noviembre de 2013 en www.odhpi.org
Nov 4, 2013 | 2013, Campesinos
Representantes campesinos de países latinoamericanos, con el apoyo del CELS, denunciaron ante la CIDH la violación a los derechos humanos en el sector rural del continente.
Privatización de semillas, tierra en pocas manos, criminalización, reforma agraria y soberanía alimentaria fueron algunas de las palabras escuchadas en Washington durante la audiencia protagonizada por campesinos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Encabezado por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) y con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se dejó constancia de que en el sector rural “el patrón común del continente” es la violación de derechos humanos “y su directa relación con las corporaciones transnacionales y el modelo de agricultura industrial”. Se apuntó al rol de las empresas, la subordinación de los Estados y la necesidad de acciones regionales.
El mendocino Diego Montón, de la CLOC, denunció la avanzada empresaria para patentar la naturaleza. Ejemplificó con el maíz. “Durante diez mil años las distintas generaciones de campesinos mejoraron semillas, produjeron el maíz, lo cuidaron. Y hoy las empresas patentan y se hacen dueñas de esa creación de generaciones”, denunció, y alertó que en Argentina se prepara una ley (bautizada “ley Monsanto”) que restringe el uso de semillas criollas.
En la audiencia, realizada el 28 de octubre, Montón explicó la propuesta de la CLOC: “Las semillas no pueden tener dueños. Las semillas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”. También abogó por el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a decidir su sistema alimentario. Recordó que los campesinos “con sólo un cuarto de las tierras agrícolas alimentan al 70 por ciento de la población”.
“La agricultura industrial, de la mano de las transnacionales, promueve la privatización y mercantilización de los alimentos, convierte la comida en commodities sometidos a la especulación financiera”, caracterizó.
La CLOC tiene 20 años de historia y está compuesta por 84 organizaciones de 18 países del continente. Durante la audiencia se denunció el masivo uso de agrotóxicos, los problemas en la salud ya probados por la ciencia, el éxodo rural, los agrocombustibles y la subordinación de los estados a las empresas.
América latina tiene una población de 595 millones de personas. El 20,5 por ciento vive en zonas rurales (122 millones). Según el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura, la pobreza en zonas rurales de América latina y el Caribe es el doble que en los centros urbanos. El 80 por ciento de quienes sufren hambre y el 75 por ciento de quienes se encuentran en extrema pobreza son habitantes rurales. “Las estadísticas revelan las consecuencias de las políticas neoliberales y el modelo de producción agrícola industrial, que inciden negativamente contra los derechos humanos campesinos”, precisa el informe presentado ante la CIDH.
El escrito apunta al sector privado. Ejemplifica con Monsanto, que controla “el 90 por ciento” del mercado mundial de semillas transgénicas y, junto a otras diez empresas, maneja el 90 por ciento de los agroquímicos. En la comercialización de granos, cuatro corporaciones (ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus) controlan el 90 por ciento del mercado mundial. El informe también llama la atención de la violencia en Colombia, Paraguay y Honduras. Y remarca las coincidencias entre Brasil y Argentina: concentración de tierra en pocas manos y avance empresario sobre territorios campesinos e indígenas.
Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, precisó que en todo el continente se produce el avance de monocultivos, mineras, hidroeléctricas y petroleras que “profundizan la crisis de tierras y alimentos”. Afirmó que cuando las empresas no pueden hacerse de las tierras campesinas e indígenas, “aparecen los ministerios y tribunales para criminalizar y perseguir” a quienes luchan. Aseguró que la única salida rural contra el hambre y la pobreza tiene tres palabras: reforma agraria integral.
El comisionado de la CIDH Rodrigo Escobar preguntó si existía alguna “buena práctica” de algún país de la región. Diego Montón mencionó a Bolivia y Cuba con experiencias de políticas de acceso a la tierra. El funcionario de la CIDH lanzó otro interrogante: “¿La posición campesina es de rechazo a la agroindustria, creen que no debe promoverse, o hay algún mecanismo para conciliar la agroindustria con la economía campesina?”.
Montón recordó que los campesinos no aceptarán que se “patente la naturaleza” (por ejemplo, las semillas). Daniel Pascual resumió: “El monocultivo y la agroindustria no son compatibles con la soberanía alimentaria y con el respeto a los derechos de los campesinos”.
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Audiencia histórica
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue parte de la comitiva junto a los delegados de la CLOC. Lourdes Bascary, del CELS, calificó a la audiencia en la CIDH de “histórica” (por ser la primera vez que una organización campesina de diversos países llega a esa instancia) y centró su intervención en el petitorio campesino a la comisión: que se reconozca al campesinado como actor social relevante al momento de analizar los derechos humanos en la región, que se tenga presente que Naciones Unidas está debatiendo una declaración de derechos campesinos, que se realicen recomendaciones a los Estados, investigar e intervenir antes la persecución y criminalización de las luchas campesinas.
La CLOC y el CELS hicieron especial hincapié en que la CIDH preste “especial atención” a la concentración, privatización y extranjerización de la tierra, el agua y las semillas que se da en América latina y el Caribe; solicitó que se identifique el rol de las transnacionales (incluso con controles y penalidades) y, como refiere a una problemática regional, se pidió que las acciones y respuestas también sean regionales. Dos novedades para la lógica de la CIDH: controlar la acción de empresas (no sólo Estados) y medidas regionales (no sólo de un país).
Rosa María Ortiz, comisionada del Grupo de Trabajo de la OEA (Organización de Estados Americanos), reconoció que los organismos internacionales “están en deuda” con los campesinos y señaló que los Estados “están fallando en la obligación de tomar medidas que impidan la violación del derecho a la vida y la integridad” de los campesinos. “Los Estados también fallan en tomar medidas afirmativas en la protección de las semillas como derecho humano”, afirmó la funcionaria de la OEA.
*Por Darío Aranda. Publicado el 4 de noviembre de 2013 en el diario Página12.
Oct 25, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales, Pueblos Originarios
En vísperas de las elecciones en Argentina, repaso de la tensión entre las democracias representativas y la lucha por la democracia directa para decidir sobre el propio territorio. Desde el ejemplo del plebiscito en Esquel (Chubut), hasta el pedido por la consulta popular en Malvinas Argentinas (Córdoba). «Las clases medias urbanas son cómplices, por acción u omisión, del extractivismo que sufre la Argentina profunda».
El derecho, y el deber, de votar. Así lo tatuaron en la conciencia. Primero fueron las Ciencias Sociales (en la escuela primaria). Luego Educación Cívica (secundaria). Y Sociedad y Estado (facultad).
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Misiones votó en 1996 ante la propuesta (de Nación y Provincia) de construir la represa de Corpus. Se inundarían miles de hectáreas y afectaría a miles de personas. En abril de 1996, el 88 por ciento de la población de Misiones rechazó la hidroeléctrica.
El 23 de marzo de 2003, la población de Esquel rechazó la instalación de un proyecto minero de la Canadiense Meridian Gold. Ocho de cada diez personas dijo “no” a la cuestionada actividad.
El 3 de junio de 2012, el pueblo neuquino de Loncopué fue a la urnas por un proyecto minero de una empresa china. El Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobierna la provincia desde hace medio siglo, puso todo su aparato para que la población acepte la actividad extractiva. El 82 por ciento rechazó que le impongan la megaminería.
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En Calingasta (San Juan) se convocó a elecciones en tres oportunidades (2005, 2006 y 2007). Y las tres veces fue suspendida por la acción coordinada de un juez del Poder Judicial y del gobernador José Luis Gioja. Dos personas decidieron por sobre 8.500 habitantes.
Andalgalá, localidad catamarqueña donde hace veinte años se instaló Minera Alumbrera (extrae oro y cobre), estaba a punto de votar el 25 de mayo de 2010. La población iba a decidir el futuro del proyecto minero Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros de la ciudad). Fue suspendido por el Poder Judicial a solicitud del gobernador Eduardo Brizuela del Moral. Dos personas decidieron por 18.000 personas.
En Misiones, por ley provincial, el Gobernador debe llamar a elecciones por nuevos emprendimientos hidroeléctricos. En septiembre pasado, cientos de misioneros caminaron durante una semana por rutas provinciales (140 kilómetros) y llegaron hasta Posadas con un solo reclamo: que el gobernador Maurice Closs cumpla la ley y llame a votación para decidir el futuro de la hidroeléctrica Garabi. Estudios oficiales afirman que se inundarán 40.000 hectáreas y desalojará a 13.000 personas. El gobernador aún no cumplió la ley no llamó a elecciones. Una persona decide por un millón de habitantes.
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En Malvinas Argentinas (Córdoba), la multinacional Monsanto planea instalar su mayor planta de maíz transgénico de América Latina. Cuenta con el apoyo de los tres niveles de gobierno. La Presidenta (Frente para la Victoria), el gobernador José Manuel de la Sota (PJ, enfrentado con el Ejecutivo Nacional) y el intendente Daniel Arzani (Unión Cívica Radical). Instalará al menos 240 grandes silos y usará agroquímicos en cercanías de casas, escuelas y centros de salud.
La asamblea de vecinos Malvinas Lucha Por la Vida exige poder votar. El 27 de noviembre de 2012, el Concejo Deliberante debía tratar un proyecto de ordenanza presentado por los vecinos para llamar a plebiscito. Los concejales (siete) no dieron tratamiento y una patota (con vía libre de la policía) atacó a los asambleístas.
El 19 se septiembre comenzó un bloqueo al predio de Monsanto. Exigen poder votar. El 30 de septiembre, la policía reprimió el acampe. El bloqueo se mantuvo.
El fin de semana pasado se conoció una encuesta de opinión (consultora Sicchar) realizada en Córdoba. El 63,2 por ciento de los consultados se mostró en desacuerdo con la instalación de Monsanto. Y el 66,8 por ciento se mostró de acuerdo con los vecinos que protestan contra la multinacional.
Intendente y Gobernador rechazan el llamado a votación.
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En Neuquén se ubica la formación llamada “VacaMuerta”, señalada por empresas y gobiernos como una de las mayores reservas mundiales de hidrocarburos no convencionales (requiere la cuestionada técnica de “fractura hidráulica”). El gobierno nacional firmó un acuerdo con la estadounidense Chevron. Pero necesitaba la aprobación de la Legislatura de Neuquén.
Distintas asambleas socioambientales, organizaciones sociales, sindicatos y partidos de izquierda propusieron un plebiscito para que el pueblo neuquino decida si aceptaba la llegada de Chevron y la explotación de Vaca Muerta.
En julio pasado, la consultora Aresco había realizado una encuesta en Neuquén. El 52 por ciento se mostró “poco-nada de acuerdo” con la asociación YPF-Chevron, el 46 por ciento estuvo “poco-nada de acuerdo” con la utilización de la técnica de fractura hidráulica (“fracking”) y el 57 por ciento afirmó que el acuerdo YPF-Chevron era “poco-nada transparente”.
El gobierno provincial rechazó cualquier posibilidad de plebiscito.
El 28 de agosto se votaba en la Legislatura de Neuquén el pacto Provincia-YPF-Chevron.
Hubo una masiva movilización. Y una respuesta gubernamental: gases lacrimógenos y balas de goma. La represión duró cinco horas.
Ese mismo día, 25 legisladores neuquinos decidieron por toda una provincia (550.000 habitantes).
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Las clases medias urbanas son cómplices, por acción u omisión, del extractivismo que sufre la Argentina profunda. Las clases medias urbanas miran para otro lado. Les preocupa tener combustible para el auto y electricidad para el aire acondicionado. Y minimizan si el costo lo pagan comunidades indígenas y familias campesinas con represiones y destierro. Dan vuelta la cara si miles de personas (parajes y pueblos enteros) deben ser desplazados por el extractivismo. Se horrorizan si se cortan árboles en la 9 de Julio, pero no les importa si en el Norte del país se arrasan un promedio de 32 canchas de fútbol por hora. Se ponen histéricos y corren si un container del puerto de Buenos Aires hace llover agroquímico por unas horas, pero no le importa que millones sean fumigados a diario porque “la soja trae dólares y los necesitamos”.
La clase media urbana infla el pecho de orgullo por votar cada dos años, pero maldice cuando le corta la calle un qom que lucha por la tierra, un desocupado o un trabajador que exige derechos.
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En Argentina se vota cada dos años. Desde 1983 a la fecha se realizaron siete elecciones presidenciales y, con la del próximo domingo, otras siete legislativas.
Los partidos que acumularán mayor cantidad de votos (y que aspiran a la presidencia en 2015) hicieron campaña con temas que (quizá) reflejan a la sociedad: inseguridad, dólar, inflación y (mantener el) consumo. Y los ya clásicos (y siempre incumplidos) trabajo, salud y educación.
El modelo extractivo afecta a millones de personas, pero no se debate y no se plebiscita.
Curiosas piruetas del establishment político. Elegido mediante el voto ciudadano, prohíbe a los mismos electores que voten contra las corporaciones, evitan que el pueblo decida su futuro.
Esquel y Loncopué son experiencias recientes. Funcionarios y corporaciones temen los malos ejemplos y el efecto contagio. Por eso evitaron Calingasta y Andalgalá. Por eso no permiten sufragar por represas en Misiones, por Monsanto en Córdoba y por Chevron (y el fracking) en Neuquén.
Tiempos de votos calificados y democracias selectivas.
Derechos de sólo un domingo cada dos años.
*Por Darío Aranda. Publicado el 25 de octubre de 2013 en comambiental.com.ar
Oct 23, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
Los piquetes que impiden llegar al predio donde la empresa intenta instalar una nueva planta de semillas ya llevan un mes. Hoy habrá una marcha contra la instalación de los silos.
Las asambleas socioambientales de Córdoba mantienen desde hace un mes un bloqueo en el predio de Monsanto, donde la compañía intenta construir su planta de semillas de maíz más grande de América latina. Los asambleístas exigen que la población pueda votar si acepta o rechaza tener 240 enormes silos en el barrio. La empresa suspendió momentáneamente la obra y, en paralelo, la ONG Funam denunció al gobierno de Córdoba por “violar todos los pasos” administrativos en la autorización de la planta. Una reciente encuesta reveló que el 63 por ciento de los cordobeses rechaza la instalación de Monsanto y el 67 por ciento apoya el reclamo de los asambleístas. Hoy habrá nuevas acciones contra la empresa y en denuncia al modelo extractivo.
El 19 de septiembre se realizó un festival artístico en Malvinas Argentinas, a veinte kilómetros del centro de Córdoba. La consigna fue “Primavera sin Monsanto”. Hubo grupos musicales y discursos. Ese día comenzó el bloqueo a Monsanto, en el portón de ingreso a la planta.
A la semana del acampe, una patota de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) amedrentó a los asambleístas. El lunes 30 de septiembre, la policía de Córdoba reprimió el acampe e intentó liberar el paso. Fue golpeada y hospitalizada Sofía Gatica (de Madres de Ituzaingó) y otras dos militantes fueron detenidas. El bloqueo continuó.
El 8 de octubre hubo una masiva movilización en la capital de Córdoba. Se denunció la “emergencia ambiental” de la provincia. Entre los motivos de la marcha estuvo el rechazo a Monsanto, los altos índices de desmonte y la emergencia hídrica.
Monsanto anunció la suspensión de la obra, pero a los tres días intentó avanzar con camiones por un nuevo ingreso (por la parte posterior del predio de treinta hectáreas). Los asambleístas cerraron también ese paso.
A cada bloqueo, la empresa respondió con la apertura de un nuevo portón. Las asambleas de Córdoba cerraron ya el tránsito a los cinco ingresos del predio. Y el lunes pasado, Monsanto anunció a la Uocra que suspendía las actividades hasta luego de las elecciones.
Gastón Mazzalay, de Malvinas Lucha Por la Vida, remarcó lo positivo de haber frenado la construcción de la obra y alertó sobre lo que pudiera suceder luego del domingo. “Reprimir esta semana tendría un costo político alto. Pero seguro volverán a mandar a la policía para reprimir a los vecinos y proteger a la empresa”, afirmó. Mazzalay recordó que la instalación de Monsanto es “ilegal” por la “fraudulenta” autorización de la Secretaría de Ambiente (ver recuadro) y porque no se cumplió la Ley General del Ambiente (25.675) que ordena estudios de impacto ambiental y audiencia pública previos a la instalación de plantas como la de Monsanto. En Córdoba no se cumplió ninguno de los dos requisitos.
Monsanto es la mayor corporación del agro mundial. Domina el 27 por ciento del mercado de semillas (transgénicas y convencionales) y el 86 por ciento del mercado de transgénicas. En junio de 2012 logró la aprobación, por parte del Ministerio de Agricultura de Nación, de una nueva semilla de soja transgénica (“RR2 Intacta”) e impulsa una nueva ley de semillas.
El fin de semana pasado, la consultora Sicchar difundió una encuesta de opinión electoral en Córdoba, de 1000 casos (400 en la capital y 600 del interior provincial). Interrogó sobre las obras públicas, la educación, el servicio eléctrico, el accionar de la policía, la intención de voto y, lo novedoso, dos preguntas estuvieron referidas a la mayor empresa de agronegocios del mundo. “¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas?” El 63,2 por ciento se mostró en desacuerdo, el 19,3 a favor, 6,9 indiferente y 10,5 no sabe/no contesta (NS/NC).
“¿Está de acuerdo o en desacuerdo con los vecinos que protestan en contra de la instalación de Monsanto?” El 66,8 por ciento afirmó estar de acuerdo con los vecinos que rechazan a la multinacional. El 33,8 en desacuerdo. El 3,1, indiferente. Y el 2,3, NS/NC.
La nueva encuesta se complementa con la difundida en abril pasado por siete investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica y del Conicet. El relevamiento fue realizado sólo en Malvinas Argentinas. Nueve de cada diez (87 por ciento) se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación de Monsanto.
El lunes pasado, frente al Congreso Nacional, asambleas de Buenos Aires comenzaron un acampe por tiempo indeterminado en apoyo a sus pares de Córdoba. Y hoy, en Córdoba, habrá una nueva movilización contra la instalación de Monsanto.
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Denuncia judicial
La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) realizó una denuncia penal contra el secretario de Ambiente de Córdoba, Luis Federico Bocco, y contra su antecesor, Raúl Costa.
“Autorizaron ilegalmente a Monsanto y otros emprendimientos que dañan la salud y el ambiente”, afirmó Raúl Montenegro, presidente de Funam. Explicó que “un organismo clave” de la Secretaría de Ambiente, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), no estaba conformada como lo establecen las leyes provinciales. “La comisión estaba integrada por personal sin suficiente experiencia profesional, no manejaba temas clave como salud o sociales, y aun así aprobaron el proyecto de construcción de la procesadora de semillas de Monsanto”, acusó Montenegro. La CTI estaba integrada en 2007 por representantes de todos los ministerios y de organismos descentralizados del gobierno provincial (conforme las leyes provinciales 8789 y 9156). “Se aseguraba un funcionamiento plural y participativo pero, a partir del 2008, durante las gestiones de Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota, su composición fue drásticamente cambiada, en abierta violación a la ley”, explicó Montenegro.
Desde 2008, la CTI se integra solamente con personal de la Secretaría de Ambiente. “En muchos casos son técnicos sin suficiente experiencia profesional y precarizados, lo que facilitó que la CTI actúe como una escribanía ambiental para que los proyectos apoyados por el gobierno no tengan tropiezos”, afirmó el presidente de Funam.
La organización ambientalista también denunció penalmente al secretario de Ambiente provincial por incumplimiento de deberes de funcionario público y pidió la nulidad de las aprobaciones (como la de Monsanto) que se concedieron en forma “ilegal e irregular”.
*Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 23 de octubre de 2013.
Oct 11, 2013 | 2013, Pueblos Originarios
Comunidades indígenas de diversos lugares del país y organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos llevarán adelante actos para conmemorar el día anterior al inicio de la conquista española. Habrá marchas, recitales y documentales.
«Ultimo día de libertad”, llaman los pueblos indígenas del continente al 11 de octubre. Y, bajo esa misma bandera, marcharán hoy los pueblos originarios en Capital Federal y en Neuquén. En Formosa conmemoraron la masacre indígena de 1947 (en Las Lomitas), y en Tucumán exigirán “juicio y castigo” por el asesinato del comunero diaguita Javier Chocobar (ocurrido el 12 de octubre de 2009). También se movilizarán las asambleas socioambientales a lo largo de la Ruta Nacional 40 (atraviesa el país de Norte a Sur) en denuncia al modelo extractivo y exigiendo el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios. “12 de Octubre, nada que festejar”, aclaró el Consejo Plurinacional Indígena.
En Buenos Aires, a las 13, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, se concentrarán pueblos originarios, organizaciones sociales, sindicatos y organismos de derechos humanos. Marcharán hasta Plaza de Mayo con la consigna “En defensa de la vida, el agua y los territorios” y reclamarán “justicia y reparación por el genocidio” padecido por los pueblos originarios.
“Como hace 521 años, hoy la política de desarrollo extractivista y agroexportador continúa con el saqueo, la explotación y avasallamiento de nuestros territorios ancestrales. Los territorios son rifados entre grandes terratenientes, monopolios extranjeros y los amigos y familias del poder. Los territorios sangran por las heridas que profundizan el modelo de Monsanto, Barrick Gold y Chevron-YPF”, denuncian las organizaciones convocantes: Mesa de Pueblos Originarios de Capital Federal y Buenos Aires, el Consejo Plurinacional Indígena, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Central de Trabajadores Argentinos (CTA-Pablo Micheli), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH), Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Comisión de Juristas Indígenas y la organización Resistencia Qom, entre otros.
El Consejo Plurinacional Indígena y la Mesa de Pueblos Originarios también rechazan la inclusión de artículos referidos a los pueblos indígenas en el nuevo Código Civil (denuncian que no hubo participación, como insta la legislación nacional e internacional), denuncian el incumplimiento de la Ley 26.160 (freno a los desalojos y relevamiento de territorios comunitarios) e instan a que haya justicia por los “18 hermanos y hermanas asesinados en los últimos años por defender sus territorios y cultura”.
Hoy a la mañana, en la capital neuquina, partirán en caravana (desde el playón de la Universidad del Comahue) comunidades indígenas y organizaciones sociales nucleadas en la Multisectorial contra la Hidrofractura (fracking). El punto de destino será la comunidad Kaxipayiñ, en el yacimiento de gas Loma la Lata, a orillas de los lagos Barreales y Mari Menuco, que proveen de agua a la ciudad de Neuquén.
La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) explicó que las tres fuentes de agua de la capital provincial están contaminadas (ríos Limay, Neuquén y Mari Menuco). Precisó que la Corte Suprema de la Nación (en el expediente judicial 1274/03) dictaminó la contaminación del lago con petróleo. “El Mari Menuco está contaminado por la actividad hidrocarburífera convencional, sin control y con derrames que nunca fueron saneados. Es urgente tomar medidas ante el avance de las concesiones ya otorgadas de explotación con fracking a sólo metros del mismo lago. Por eso marchamos”, explicó la Confederación Mapuche.
Las actividades comenzaron el 6 de octubre en Parque Chacabuco, en el ya célebre “Contrafestejo”, que incluye recitales, documentales, talleres para niños y charlas debate. El 10, en la localidad de Las Lomitas (Formosa) se inauguró el Museo de la Memoria, que recuerda la “Masacre de La Bomba”. El 10 de octubre de 1947, la Gendarmería Nacional reprimió y asesinó a cientos de indígenas pilagá. La persecución y asesinatos duraron diez días y se extendió hasta cien kilómetros a la redonda. En el 66º aniversario de la matanza, sobrevivientes, hijos y nietos inauguraron un museo que recuerda la violencia ejercida por el Estado y exige justicia para las víctimas.
El 12 de octubre de 2009, en Tucumán, asesinaron al comunero diaguita Javier Chocobar: “1460 días de impunidad”, titula la convocatoria para mañana sábado la comunidad indígena Chuschagasta y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita. A las 10 habrá un acto en el lugar donde fue asesinado Chocobar y harán una ofrenda a la Pachamama. “El 12 de Octubre es una fecha donde los pueblos rememoran el primer día de resistencia a la invasión colonizadora, pero es también la fecha donde hace cuatro años mataron a Javier Chocobar y fueron heridos tres comuneros. Los imputados están libres a la espera del inicio del juicio oral, que sigue demorándose”, denunció el Pueblo Diaguita y exigió “el inmediato juicio oral”.
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En la ruta 40
Mañana 12 de octubre, a lo largo de la Ruta Nacional 40 (pero también en otras rutas del país), la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) realizará acciones simultáneas informativas y de denuncia contra el extractivismo. “En la 40, les cantamos las 40”, es el nombre de la jornada que tendrá actividades y puntualiza cuarenta reclamos y propuestas de las asambleas socioambientales.
Rechazar “el modelo de saqueo y contaminación”, respeto a los derechos de los pueblos originarios, acceso al agua como derecho humano, cumplimiento de la ley de glaciares, rechazo a la megaminería y el fracking, freno a las megarepresas y pasteras, impulsar las “energías limpias”, rechazo a la “Ley Monsanto” (nueva ley de semillas), prohibir las fumigaciones con agroquímicos, redistribución de tierras, incluir los delitos ambientales en el Código Penal y frenar la “escalada de violencia y criminalización de la protesta” son algunas de las demandas y propuestas de las asambleas socioambientales.
*Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 11 de octubre de 2013.
Sep 30, 2013 | 2013
Seis universidades públicas de Uruguay y la Argentina conformaron la nueva cátedra con el propósito de contribuir a la creación de políticas de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen una alimentación apropiada para toda la población.
“Soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos, que garantice una alimentación apropiada y suficiente para toda la población.” Bajo ese concepto, que implica un modelo distinto al sistema agropecuario dominante, acaba de conformarse la Cátedra Latinoamericana de Soberanía Alimentaria, que reúne espacios académicos de Uruguay y la Argentina (seis universidades públicas) y pronto sumará a otras facultades del Mercosur. “Es el inicio de un camino de articulación, con gran vinculación a los movimientos sociales, y dando la lucha en la academia por otro modelo posible y necesario”, explicó Fernando Glenza, de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
En 2003, en la UNLP, se inauguró la primera Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Junto a pequeños productores, campesinos, movimientos sociales y cooperativas comenzaron a abordar temas poco tratados en las facultades: semillas criollas, derecho al agua, agricultura urbana, revalorización de la identidad de los jóvenes rurales, forma de producción y comercialización de alimentos, concentración de la tierra y luchas territoriales.
En 2008 nació en la Facultad de Derecho de la UBA el Seminario Interdisciplinario sobre el Hambre y el Derecho Humano a la Alimentación. “El suministro de alimentos está filtrado por procesos económicos que niegan una ingesta adecuada a muchos al mismo tiempo que ofrecen una gran sobredosis a unos pocos afortunados. El problema no es la disponibilidad de alimentos, sino el acceso desigual a los mismos”, afirma en sus fundamentos. Le siguieron la Cátedra de Soberanía Alimentaria en la Facultad de Agronomía de la UBA (2011), Universidad Nacional del Comahue (Uncoma, 2011). Y este año se sumaron Mar del Plata, Medicina de la UBA, Mar del Plata y Luján.
En 2009, en el Congreso Iberoamericano de Extensión, confluyeron espacios universitarios que trabajaban la soberanía alimentaria, donde surgió el proyecto de la Cátedra Latinoamericana. Ahora, en La Plata, las facultades de la Argentina y la Universidad de la República (Uruguay) rubricaron el acta fundacional. Entre los objetivos sobresalen propiciar convenios entre las universidades públicas y colectivos organizacionales, promover la articulación de saberes y prácticas, generar nuevas formas de conocimientos a partir de experiencias con los movimientos sociales, contribuir a la introducción de la soberanía alimentaria en la agenda pública regional y promover la formación en carreras de grado y cursos de posgrado. En noviembre, en el Congreso de Extensión Universitario del Grupo Montevideo (facultades del Mercosur) se sumarán nuevos integrantes.
Es un gran paso consolidar la soberanía alimentaria en las universidades públicas, desde donde articularemos acciones en conjunto. Y también es un gran paso para fortalecer el trabajo entre la academia y los movimientos sociales respecto de la concentración de la tierra, el saqueo de bienes naturales y el derecho de todos a la tierra, al agua y a la vida”, explicó Mercedes López, de la Universidad Nacional del Comahue.
El Servicio Central de Extensión de la Universidad de la República (Uruguay) trabaja junto a trabajadores rurales, cooperativas de viviendas y organizaciones sociales. Walter Oreggioni, agrónomo y docente, aborda la soberanía alimentaria en clave regional. “En Uruguay pasa lo mismo que en los demás países de Latinoamérica, donde hay un proceso de pérdida de derechos a decidir sobre su alimentación. Tiene directa relación con la concentración de la tierra y la producción y el avance del agronegocio. En Uruguay es muy notorio el avance de la soja y la forestación.” Matilde Nauar, también agrónoma, remarcó la necesidad de “voluntad política” de los gobiernos para apuntalar la soberanía alimentaria y la agricultura familiar. Y señaló como referencia al gobierno de Brasil, donde el Estado provee a las escuelas públicas con la producción orgánica de campesinos.
La Cátedra Abierta de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Mar del Plata comenzó en agosto pasado (de la mano de la organización Amaranto Corriente Universitaria), donde confluyen trabajadores del puerto, poblaciones fumigadas con agrotóxicos, estudiantes y docentes. “El rol de la universidad hegemónica hoy es en beneficio del sector empresario, como legitimadora del discurso extractivista de las corporaciones”, cuestionó Ana Berardi, geógrafa de Mar del Plata, y señaló otro camino: “Somos muchos los que impulsamos otra universidad, para y con el pueblo. Y en ese marco, la Cátedra Latinoamericana es un paso necesario para construir alternativas en clave regional en beneficio de los latinoamericanos y no para las transnacionales”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 30 de septiembre de 2013 en el diario Página12.
Clientelismo, pobreza, manipulación de votos, policías y gendarmes que reprimen, racismo, emergencia habitacional y muertes evitables. Postales del oeste de Formosa, pesares del Pueblo Wichí relatadas por Agustín Santillán, 30 años, maestro indígena en Ingeniero Juárez, referente y vocero de la comunidad Barrio Obrero. Reclaman desde 2007 cinco puntos principales: escuelas, postas sanitarias, viviendas, trabajo y agua. Decenas de notas a los ministerios provinciales que chocaron con la burocracia y el silencio oficial. Cortes de ruta para hacerse visible y viaje a Buenos Aires para encontrar respuesta a lo básico: evitar más muertes indígenas.
