Ago 4, 2008 | 2007, General
Es el cura párroco de un pueblo cordobés. Un tribunal lo juzga por desalambrar una propiedad. Aquí explica por qué lo hizo.
Desde Serrezuela, Córdoba
Turismo, monocultivo de soja, ríos caudalosos y sierras arboladas son postales recurrentes de Córdoba. Nada de eso existe en Serrezuela, al norte provincial, pleno desierto cordobés, con una sensación térmica que supera los 40 grados, humedad asfixiante, sequías -la última lluvia cayó hace ocho meses- y pobreza como regla. El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) tiene presencia en la zona, con centenares de familias organizadas que resisten desalojos empresarios, exigen justa distribución del agua y luchan por mantener su forma de vida ancestral. Uno de sus más estrechos colaboradores es el párroco local, Carlos Julio Sánchez, de 41 años, formado con la Teología de la Liberación, libros de Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz. Junto a la organización, resistió el avance de un empresario sobre tierras familiares, fue denunciado -junto a diez campesinos- y ahora afronta un juicio por «daño calificado agravado por delito en banda», con una pena de hasta cuatro años de cárcel. En el patio de la parroquia, debajo de un árbol centenario y a la espera de la sentencia, parece tranquilo, serio, habla pausado, viste una remera con la leyenda «Ni un metro más. La tierra es nuestra» y comparte un mate recién preparado.
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Ago 4, 2008 | 2007, General
Con 397 conflictos, los pueblos indígenas reclaman 8.6 millones de hectáreas, tres veces la superficie de Misiones o 428 veces la Ciudad de Buenos Aires.
El campo de golf del Hotel Llao Llao de Bariloche es de los más exclusivos del país, con precios tan inalcanzables como una cabaña cinco estrellas frente al cerro de los Siete Colores de Humahuaca o una habitación con vista al Parque Nacional Iguazú. En los tres lugares, comunidades indígenas resisten desalojos de sus territorios ancestrales y exigen que se respeten sus derechos constitucionales a vivir donde nacieron. Son sólo una muestra de los 397 casos que relevó este diario en doce provincias y que involucran a 8.653.490 hectáreas, una superficie similar a media provincia de Córdoba o tres veces Misiones o 428 veces la ciudad de Buenos Aires. Los territorios aborígenes también son acechados por el corrimiento de la frontera agropecuaria, los monocultivos de soja y pino, la minería metalífera a gran escala y las petroleras. «El modelo extractivo de ‘desarrollo’, sobre la base de explotar nuestros recursos naturales, es una saqueo al país, pero también es directamente opuesto a nuestro modo de vida. Para ese modelo de saqueo, necesitan nuestros territorios, pero nosotros no nos quedaremos de brazos cruzados», advierten desde la organización Mapuche-Tehuelche 11 de Octubre, de Chubut. El mapeo, que sólo abarca una parte del total de situaciones del país, también confirma que los conflictos se multiplican de la mano del crecimiento de organizaciones indígenas y campesinas y de su consolidación como actores sociales en una decena de provincias.
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Ago 4, 2008 | 2007, General
En San Juan, este año comenzará la construcción del primer yacimiento binacional, Pascua Lama, apoyado por ambos gobiernos pero criticado por pobladores de los dos lados. Utilizará diecisiete camiones con cianuro por mes. Radiografía del emprendimiento más polémico de SudaméricaDesde Tudcum y Jáchal, San Juan
«Más grande y contaminante que tres plantas de celulosa juntas.» Es la definición de organizaciones sociales, comunidades campesinas y entidades ambientalistas que cuestionan el proyecto minero de oro y plata Pascua Lama, de la empresa canadiense Barrick Gold, que en septiembre próximo comenzará a construirse en plena Cordillera de los Andes, parte en Chile y parte en Argentina. A diferencia de lo sucedido con las pasteras, ambos gobiernos apoyan, y defienden, el emprendimiento. Y las comunidades -de ambos países- se oponen a la instalación. El megaproyecto, publicitado como el mayor yacimiento de la región, cuenta con reservas por 20.000 millones de dólares (dos veces la deuda externa que se pagó al FMI), utilizará 17 camiones con cianuro por mes, usará 370 litros de agua por segundo -en una zona semidesértica-, 200 camiones de explosivos al mes y detonarán 45.000 toneladas de roca por día. Además de la magnitud del emprendimiento, y las acusaciones de contaminación, Pascua Lama será el primer yacimiento en zona limítrofe -ambos gobiernos crearon, en la década pasada, una ley que permite una zona franca minera-, puntapié para que una decena de empresas exploten montañas a lo largo de los 5000 kilómetros de cordillera.
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Ago 4, 2008 | 2007, General
La Defensoría del Pueblo denuncia que pobladores rurales padecen una «sistemática violación» de sus derechos y afirma que se multiplican los desalojos. En el Día de la Lucha Campesina, desde el sector promueven un proyecto de ley para el desarrollo rural.
En un rápido debate, el 1o de noviembre último, la Cámara de Diputados sancionó la ley que prohíbe los desalojos de pobladores ancestrales durante cuatro años. Legisladores de distinto signo impulsaron la norma y festejaron con brazos en alto. Pero los desalojos no se detienen: Santiago del Estero, Córdoba y Mendoza son sólo la muestra de cómo empresarios de alto handicap se apropian, con apoyo político y judicial, de las chacras que campesinos habitaron y trabajaron por generaciones. «Se produce una sistemática violación de los derechos humanos y graves agresiones al medio ambiente, que padecerían hombres y mujeres de los sectores más vulnerables del campo», denuncian dos informes de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que advierten sobre esa tendencia que avanza al ritmo de topadoras y camionetas 4 X 4. Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) -organización de base compuesta por unas veinte mil familias- advierten que seguirán resistiendo los desalojos e impulsan un detallado proyecto de ley gestado en las chacras, fincas, puestos y ranchos de la Argentina profunda.
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Turismo, monocultivo de soja, ríos caudalosos y sierras arboladas son postales recurrentes de Córdoba. Nada de eso existe en Serrezuela, al norte provincial, pleno desierto cordobés, con una sensación térmica que supera los 40 grados, humedad asfixiante, sequías -la última lluvia cayó hace ocho meses- y pobreza como regla. El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) tiene presencia en la zona, con centenares de familias organizadas que resisten desalojos empresarios, exigen justa distribución del agua y luchan por mantener su forma de vida ancestral. Uno de sus más estrechos colaboradores es el párroco local, Carlos Julio Sánchez, de 41 años, formado con la Teología de la Liberación, libros de Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz. Junto a la organización, resistió el avance de un empresario sobre tierras familiares, fue denunciado -junto a diez campesinos- y ahora afronta un juicio por «daño calificado agravado por delito en banda», con una pena de hasta cuatro años de cárcel. En el patio de la parroquia, debajo de un árbol centenario y a la espera de la sentencia, parece tranquilo, serio, habla pausado, viste una remera con la leyenda «Ni un metro más. La tierra es nuestra» y comparte un mate recién preparado.
