Dic 22, 2018 | 2018, General, Pueblos Originarios
«Es innegable que no se puede perder la oportunidad que se nos presenta: lograr exprimir hasta sus últimas consecuencias un bien natural que es central para la sociedad del posdesarrollo que viene».
Bruno Fornillo (investigador del Conicet y Clacso)*
La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.
Por Darío Aranda
Salinas Grandes, lugar de vida, trabajo y cultura de los pueblos Kolla y Atacama (Foto de Iwgia)
«Oro blanco», es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. «Recurso natural estratégico», argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. «Nuestra vida», resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.
Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.
Veinte años
El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas (kollas y atacama en Jujuy y Salta).
El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Está ubicado en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra (Catamarca) y está en manos de la multinacional multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.
A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman «triángulo del litio» a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.
Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar (de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.
Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.
Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.
Mauricio Macri lo promociona de forma retirada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será «líder» en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.
¿Desarrollo nacional?
«YPF del litio», fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de «Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado».
“Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.
Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.
El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.
Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).
El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.
Académicos
El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la «YPF del litio» fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.
El Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales es heterogéneo, en formación (economistas, cientistas políticos, historiadores) y miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.
«Geopolítica del litio», es el libro publicado en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en ciencias sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).
El 21 de septiembre participó de la charla «¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.
Criticó la idea empresaria-gubernamental de la «Arabia Saudita del litio» (como se suele señalar al «triangulo del litio» de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.
Pero también señaló que el litio «plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo energético no fósil». Precisó que la «polémica» tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.
Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. «Se les paga para que se lleven el litio», denunció.
«Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso», afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.
Explicó que en Chile, de la mano de «los Chicago boys», la apropiación de renta por parte del Estado es «muy importante» en comparación con Argentina. Pero sobre todo reivindicó el modelo boliviano, donde –remarcó– se estatizó «el recurso y se intervino en toda la cadena de valor».
Afirmó que existe fiscalización para que sea «menos contaminante» y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.
«Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades», propuso Slipak.
En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.
¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.
Entrevista a Slipak.
-¿Cuál es el rol de las comunidades en la minería de litio?
-La participación de las comunidades es crucial, se debe respetar sus tradiciones, aunque no son las únicas involucradas. Soy partidario de la consulta libre, previa e informada (derecho básico presente en legislación nacional e internacional, que nunca se aplica en Argentina), pero necesitan información.
-¿Qué sucede si la comunidad dice no a la minería?
-Mi posición, no de todo el Grupo de Estudios, es que se debe respetar esa posición de la comunidad.
-Usted reivindicó el trabajo del científico Ernesto Calvo para explotar litio de forma, en teoría, «menos contaminante». Pero ese desarrollo es para mineras y no para indígenas, que sufrirán las consecuencias. Es una toma de postura investigar eso.
-Es cierto que Calvo hace ciencia pero no dialogó con las comunidades involucradas.
Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el «principio precautorio», vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación.
Lucha
Las comunidades indígenas ya dijeron «no a la minería de litio». Algunos académicos, con discurso progresista, impulsan la explotación (Foto de Iwgia).
Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.
Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según leyes nacionales (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.
Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron sobre qué implicaba la consulta, cómo debía ser, qué implicaba. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.
Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde la el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.
Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.
Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: «Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso». Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.
Ambiente y presiones
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de a Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.
Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.
Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. «Hay avance de mineras y la situación está complicada por que el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen», denunció González.
Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida «de decisión o negociación» sobre el territorio indígenas.
EEUU y represión
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. «El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.
El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.
«El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión», señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: «Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras».
* Libro «Geopolítica del litio». Página 87.
Sep 17, 2018 | 2018, Asambleas Socioambientales
Foto de Juan Alaimes
«Cumbre Latinoamericana del agua para los pueblos», fue el nombre del encuentro internacional que se realizó el fin de semana en Catamarca, donde confluyeron más de 600 personas, de decenas de organizaciones socioambientales y en rechazo al modelo extractivo (minero, petrolero, agronegocio, nuclear). Un eje destacado fue el derecho a la autodeterminación de los pueblos (que ningún gobernante decida proyectos contaminantes y decida «territorios de sacrificio»), remarcaron los límites de la democracia delegativa y recordaron que el acceso al agua es un derecho humano.
«El agua vale más que oro», se escuchó en Esquel en lucha contra las mineras y se esparció por todo el país. Grafica la importancia del recurso vital ante el avance de industrias extractivas. En Catamarca opera Minera Alumbrera, que tiene un permiso de uso 1100 litros de agua de por segundo. Las asambleas socioambientales tienen larga experiencia en rechazo a la actividad, acciones de lucha, represiones frente a la contaminación de Alumbrera y el nulo cumplimiento de las promesas de trabajo y progreso.
Desde la organización Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (Pucará, que reúne a asambleas la provincia) convocaron y organizaron la Primera Cumbre del Agua. La sede fue la Universidad Nacional de Catamarca. Con el aula magna repleta, Marcos Pastrana, referente del Pueblo Diaguita y un pionero en la lucha contra la megaminería hizo un recorrido histórico desde la mirada indígena del saqueo de los países del norte sobre América Latina.
«Si matan el agua matan la cultura y la vida de los pueblos. No hay derechos humanos si no se respeta la naturaleza», afirmó Pastrana. Cuestionó que los impulsores y legitimadores del modelo extractivo dejan de lado del saber de los pueblos y privilegian el poder del dinero. «Las mineras compran gobernantes, compran jueces y periodistas, pero no podrán las conciencias de los que luchan en defensa del territorio», advirtió.
Recordó que otra forma de vida es posible, el «sumaj Kawsay», término quechua que refiere al «buen vivir» de los pueblos originarios, sin depredar la naturaleza, sin consumismos.
Adolfo Pérez Esquivel, Nóbel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) hizo una lectura en clave latinoamericana, «son momentos difíciles» y con la derecha en avance. «No estamos acá solo por el agua. Estamos para enfrenar la dominación del capital sobre los pueblos. Cuando se entrega territorios a las multinacionales se está perdiendo soberanía», aclaró. Definió a la megaminería como «un saqueo colonial».
«Se debe cumplir el derecho de los pueblos a la autodeterminación, al ambiente sano, al desarrollo, a la soberanía. Tenemos derecho a vivir dignamente. Si se vulneran estos derechos deja de ser democracia», afirmó Pérez Esquivel.
El encuentro fue realizada de forma autogestiva, y convocó a activistas e investigadores de Brasil, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, entre otros países. Se abordó la situación del agronegocio de transgénicos y agrotóxicos, la contaminación y violación de derechos de las petroleras en Neuquén y Mendoza, las represas que inundan territorios y desalojan miles de personas (el más preocupante es el proyecto Garabí en Misiones), la expansión de la frontera urbana, la minería de litio y la complicidad científica, la energía nuclear y sus consecuencias.
El trabajo en comisiones luego fue puesto en común, se debatió y buscaron consensos en plenarios el domingo. De allí surgió un documento final que se hará público hoy a la mañana y también se dará a conocer dónde se realizará la segunda cumbre del agua.
Un aspecto de agenda cotidiana en las asambleas socioambientales, sobre todo luego de 2001, es el cuestionaminento a la democracia delegativa-representativa, los «límites conservadores de la democracia actual», el votar sólo cada dos años y que esos representantes crean que tienen derechos a decidir actividades extractivas en territorios alejados del centro del poder político. Por contrapartida, las votaciones de Esquel y Loncopué (contra la megaminería), en Misiones (1996 y 2014) son ejemplos de democracia directa sobre territorios, donde la poblaciones afectadas deciden qué actividades privilegian.
Otro eje es enmarcar el extractivismo como una violación sistemática de los derechos humanos y no acotarlo a lo ambiental (como hacen sectores políticos y mediáticos). Todo un mensaje que en la apertura de la cumbre hayan estado Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, de los pocas figuras que unen la denuncia contra la última dictadura y el apoyo a las luchas territoriales del presente.
La cumbre fue transmitida en vivo por la radio comunitaria FM Estación Sur y la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA). Durante los dos días fue evidente la necesidad de articular luchas, sostener la resistencia con alegría y la construcción por fuera de los partidos políticos. «Dejamos la catarsis de lado y tomamos nota de nuestras fortalezas, para dejar de estar a la defensiva e ir a la ofensiva, disputar desde la calle, con nuestra capacidad de organización, de trabajo territorial, con científicos y hacer cumplir nuestros derechos», advirtió Cristina Arnulphi, asambleísta de Córdoba.
Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora también estuvo en la jornada de apertura. «No tenemos miedo (a luchar). El agua vale más que el oro», comenzó su discurso y ya arranco una oleada de aplausos y gritos de aprobación. Con el emblemático pañuelo blanco y con el verde en su muñeca izquierda, recordó a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel «y a todos los muertos que no aparecen en los diarios».
Reivindicó la lucha de los pueblos originarios, lamentó que en Argentina «muchos se enteren tarde» de la violación de derechos que sufren las comunidades indígenas y remarcó que muchas de las luchas actuales son por las tierras. Unió conceptos, actores y acciones que hacen al mismo modelo: extractivismo, pérdida de soberanía, imperialismo, multinacionales, deuda externa. En el final, puño en alto, llamó a «transformar la protesta e propuesta» y a «no dejar nunca las calles».
El auditorio respondió de pie, puños en alto, con aplausos interminables.
Defender la vida
«No se vende, el agua se defiende», fue uno de los cánticos principales de las dos jornadas. Hubo rock y folklore, pintadas de una decena de murales distribuidos en toda la ciudad y actividades específicas para niños. En lo propositivo se trabajó en la agroecología (alimentos sanos, sin agrotóxicos), soberanía alimentaria y comercio justo. «Luchamos para dejar un mundo mejor a nuestros hijos y nietos, queremos democracia participativa. Que sepan los gobiernos y trasnacionales que seguiremos defendiendo el agua como un bien común, de todos, y no como un recurso natural mercantilizado. Seguiremos defendiendo la vida», afirmó Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá y de Pucará.
* Por Darío Aranda. Versión completa del artículo publicado en el diario Página12 el 17 de septiembre de 2018.
https://www.pagina12.com.ar/142737-una-cumbre-por-el-derecho-al-agua
May 21, 2018 | 2018, Asambleas Socioambientales, General
Un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo confirmó la contaminación del río La Palca, en San Juan, por nuevos derrames no informados por la Barrick Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia a la mina de oro Veladero y al Gobierno.
Por Darío Aranda
El río La Palca, cercano a la mina de oro Veladero (de la empresa Barrick Gold, en San Juan), sufre un incremento exponencial de mercurio, manganeso y aluminio. “Padecemos el envenenamiento del agua de la cuenca del Río Jáchal a causa de los derrames mineros”, denunció la Asamblea de Jáchal, en base un estudio de la Universidad de Cuyo, y responsabilizó a la empresa por un nuevo derrame. El subsecretario de Desarrollo Minero de Nación, Mario Capello, se burló de las críticas a la minería y afirmó que “el cianuro lo puede consumir el ser humano”. El gobierno nacional intenta modificar la Ley de Glaciares para avanzar con proyectos mineros.
La Asamblea de Jáchal accedió a un estudio de aguas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y confirmó la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis, solicitados por la Municipalidad de Jáchal, fueron realizados por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la UNCuyo el 28 de febrero en el río La Palca, que recibe sus aguas de los ríos Potrerillos y Las Traguas, que pasan directamente por la mina Veladero. La Palca aporta el 70 por ciento del caudal del río Jáchal.
La Universidad de Cuyo confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20). El aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5).
La Asamblea de Jáchal tomó como referencia los estudios del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (Cipcami –dependiente de la Provincia–), que monitoreó el río durante seis años (entre 2004 y 2010). “Durante todos esos años los valores de mercurio, manganeso y aluminio no superaban los límites establecidos por la Ley de Residuos Peligrosos”, recordó la Asamblea.
Los análisis de la Universidad de Cuyo, comparados con el Cipcami, muestran un incremento del 5000 por ciento en mercurio, del 18.000 por ciento en manganeso y del 50.000 por ciento en aluminio.
“Estos nuevos análisis demuestran que en febrero de 2018 hubo otro gran derrame ocultado por la empresa y el Gobierno”, denunció la Asamblea de Jáchal. Como sucedió con los derrames de septiembre de 2015 y 2016, el mercurio, el manganeso y el aluminio se elevaron de manera drástica. “Estamos seguros de que hubo nuevos derrames”, afirmó Saúl Zeballos, asambleísta de Jáchal.
La Asamblea denunció que el intendente de Jáchal, Miguel Angel Vega, ocultó los análisis de la Universidad de Cuyo.
El gobierno provincial, a cargo de Sergio Uñac, y Barrick Gold tuvieron el mismo discurso. Sostuvieron que no hubo derrames nuevos y que los ríos tienen esos metales “de forma natural”.
La Asamblea le respondió en un comunicado: “El Gobierno y la empresa siguen mintiendo, la cuenca del Río Jáchal está siendo envenenada gravemente por la actividad megaminera”. Y recordaron que Barrick Gold opera en zona prohibida por la Ley de Glaciares. Exigen su retiro y que remedie la contaminación.
El derrame del 13 de septiembre de 2015 transcendió por mensajes de WhatsApp de trabajadores mineros a sus familias en Jáchal, donde alertaban que no tomen agua. En un primer momento, el gobierno provincial y Barrick Gold negaron el derrame. Cuando ya no pudieron ocultarlo, Barrick reconoció el derrame de 15.000 litros de agua con cianuro, pero aseguró que no llegó al río y desmintió la contaminación. Una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que llegó al río. Dos días después, intervención judicial mediante, Barrick Gold reconoció que derramó al menos 1.070.000 litros de “solución cianurada”.
Por el derrame de cianuro de Barrick hay dos causas judiciales. Una tramita en tribunales federales, donde el juez Sebastián Casanello procesó a los ex secretarios de Minería, Jorge Mayoral, y de Ambiente, Sergio Lorusso, por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientales y uno de los letrados de la Asamblea de Jáchal, explicó que es “vergonzoso” el accionar del Poder Judicial de San Juan. La causa está en manos del Pablo Oritja y sólo procesó a ocho empleados de segunda línea de la empresa por violación de la Ley de Residuos Peligrosos. “Dejó libre de toda responsabilidad a los directivos de la empresa y a los funcionarios provinciales”, denunció Viale.
La Asamblea de Jáchal responsabilizó al gobernador Uñac, al ministro de Minería provincial, Alberto Hansel; al presidente Macri y a los ministros Juan José Aranguren y Sergio Bergman. “Saben de la contaminación, tienen la información, pero no dicen la verdad porque solo les interesa proteger a la Barrick y seguir metiendo megamineras”, denunciaron. Y alertaron que el Gobierno quiere modificar la Ley de Glaciares para favorecer el avance minero.
En abril pasado, en la provincia se realizó la “Exposición Internacional San Juan factor de Desarrollo de la Minería Argentina”. En línea con los anuncios de Aranguren y Bergman, el gobernador Sergio Uñac y el subsecretario de minería de Nación, Mario Capello, reclamaron la modificación de la Ley de Glaciares para “favorecer la llegada de inversiones”. Capello dio un paso más al defender la minería y afirmó que “el cianuro es una sal, lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos”.
*Artículo publicado el 21 de mayo de 2018 en el diario Página12.
https://www.pagina12.com.ar/116180-un-derrame-de-silencio
Nov 13, 2017 | 2017, Asambleas Socioambientales, General
Glencore es la mayor multinacional de materias primas del mundo. Acumula denuncias en una decena de países. Derrame de agrotóxicos e incendio en su planta de acopio de América (Buenos Aires).
La empresa Glencore, la mayor compañía de materias primas del mundo, acumula variadas denuncias por violación de derechos, contaminación y corrupción. Acaba de sumar una mancha más: un derrame de agrotóxicos e incendio en su planta de América (partido de Rivadavia, en el oeste bonaerense). La compañía, de origen suizo, minimizó el hecho, tardó cinco días en emitir un comunicado y se ganó el repudio de la comunidad bonaerense. Sí reconoció que el peligroso herbicida atrazina estuvo entre los químicos que ardieron. A nivel internacional, es denunciada por «altos niveles de contaminación, impactos en la salud y ocasionar alta conflictividad social».
El derrame e incendio sucedió el sábado 4 de noviembre a la mañana, en su planta de América, ruta nacional 33, en el extremo oeste bonaerense. La nube tóxica negra se hizo visible a kilómetros a la redonda durante todo el día. Además de los bomberos voluntarios locales tuvieron que acudir dotaciones de Trenque Lauquen y Villegas.
Glencore acopia en América granos y agrotóxicos. El día del incendio la Municipalidad emitió un breve comunicado por Facebook: «Por prevención recomendamos a la población no ventilar sus hogares ni exponerse al contacto directo con el humo. En caso de ser necesario a fin de evitar el contacto recomendamos autoevacuarse a la casa de un familiar y si fuese necesario estará disponible como lugar de evacuación el Centro Integrador Comunitario».
Funcionarios locales aclararon que la Municipalidad no había otorgado permiso de acopio de químicos y alertaron que el derrame (e incendio) podía tratarse del peligro agroquímico 2-4D, que está prohibido en Rivadavia. Tres días después del incendio, la Guardia Ambiental Municipal y la policía local detectaron 2-4D en otro galpón de Glencore (enfrente de donde fue el incendio) y fue clausurado.
El incendió fue extinguido a las 17 del sábado. Se pudo observar a bomberos intoxicados (trabajaron sin máscaras, a pesar de la nube tóxica). Esa misma tarde circuló por internet una convocatoria vecinal para reunirse. “Estas empresas se llevan el dinero y no les importa nuestra salud. Hemos tomado la iniciativa de reunirnos los vecinos, para hacer visible el riesgo que corremos nosotros y nuestro futuro”, invitaba el texto.
Al día siguiente, domingo 5, se realizó la primera reunión de vecinos en la Plaza Colón. Dominaba el enojo con la empresa, pero también con las autoridades, por la falta de control y el impacto en la salud de la población. Exigieron explicaciones y la reubicación de las plantas de acopio de cereales, de agrotóxicos y de las empresas de fumigaciones.
El lunes 6 hubo una segunda reunión de vecinos autoconvocados. Escribieron una carta al Concejo Deliberante. «Fue un desastre ambiental sin precedentes en la provincia de Buenos Aires, cuyas consecuencias son incalculables e impredecibles. El alto nivel de toxicidad que produjo la nube tóxica que afectó, puso y pone en riesgo la salud de toda la población de América. La salud es lo primero», resaltaron.
Como sucede ante cada desastre ambiental (derrame de Barrick Gold en San Juan, explosión de YPF-Chevron en Vaca Muerta, fumigaciones con agrotóxicos sobre escuelas rurales), las autoridades relativizaron lo sucedido. El secretario de Salud del Municipio, Pablo Cabaleiro, argumentó que «los herbicidas son de baja volatilidad, por lo que no es necesario evacuar; recomendamos no ventilar las casas, tener agua envasada; hay que estar tranquilos, vamos a sentir olor hasta que la nube pase pero no es necesario usar barbijos». El Secretario de gobierno municipal, Mauro Mercado, pidió «no desesperarse, no hay que exponerse al humo y no ventilar las casas hasta que la nube pase».
El diario regional Tiempo del Oeste realizó una minuciosa cobertura. El vecino Adelmar Funk escribió un artículo: «¿Si es grave? Me preguntan. Claro que es grave, pero ya lo era, solo que nuestra indiferencia no nos lo dejaba ver. ¿Qué otro destino que sumarlos a los más de 3.000.000 de litros de tóxicos que se vierten todos los años en el partido de Rivadavia? Es grave porque se han diseminado al ambiente, que es lo mismo que decir sobre nosotros, químicos cuya acción en mezclas y proporciones desconocidas y sobre cuyos efectos sobre los seres vivos nadie en el mundo puede precisar». Y recordó la enorme cantidad de casos de cáncer «encubiertos en estadísticas mentirosas y publicidad ostentosa que a diario ocupa los medios mostrando las supuestas bondades de estos productos».
Glencore es una empresa extractiva de primer nivel, nada que envidiar a Barrick Gold o Monsanto, pero con perfil bajo. Tiene la particularidad de ser parte de las multinacionales mineras y también del agro. En Argentina opera Minera Alumbrera, en el oeste de Catamarca, donde acumula denuncias por contaminación y por incumplir las promesas de trabajo y desarrollo local. Andalgalá, Santa María y Belén (las ciudades cercanas a Alumbrera) siguen siendo igual de pobres que antes de la minería. La semana pasada se confírmó la denunciado por organizaciones sociales desde hace años: que evade impuestos mediante cuentas en paraísos fiscales (en los conocidos Paradise Papers).
Glencore fue fundada en 1974 y acumula denuncias y condenas variadas. En 1994 se conformó como Glencore International S. A. y el crecimiento fue exponencial. En 2005 se convirtió en la empresa líder en comercio de materias primas (metales-minerales, energéticos y productos agrícolas). Controla el 60 por ciento del comercio de zinc del mundo, 50 por ciento de cobre y 45 por ciento de plomo. Maneja un valor estimado de negocios de 239.000 millones de dólares.
El accionar de Glencore ameritó que una decena de organizaciones de América Latina y Europa se conformaran en 2012 en la denominada «Red Sombra Observadores de Glencore» para compartir experiencias y confirmar que todas las regiones donde opera la empresa tienen consecuencias comunes. «Hemos establecido los impactos y daños graves de siete operaciones mineras de Glencore en nuestros países. La empresa provocó consecuencias negativas para las comunidades», denuncian las organizaciones en una investigación de 84 páginas publicado en abril pasado.
Recién cinco días después del derrame e incendio, la empresa emitió un breve comunicado. «En el depósito había 120 silos bolsa de polipropileno, un pallet de semilla de maíz y girasol y alrededor de quince pallets de atrazina granulada, herbicida no inflamable. Las bolsas de polipropileno rápidamente generaron una gran nube negra. Para las 17.45 los bomberos voluntarios lograron apagar el incendio con éxito y sin víctimas ni personas lesionadas», señaló.
El sector agro de Glencore en Argentina cuenta con puertos en Rosario, Necochea y Bahía Blanca; fábricas de aceite en General Villegas, Daireaux y Timbúes; plantas de agrocombustible en Rosario y Pilar; y una red de acopio en toda la Pampa Húmeda. Su lema es «cultivamos confianza».
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Prontuario
La investigación «Informe sombra de las operaciones de Glecore en América Latina», precisa la situación de Minera Alumbrera (Argentina), las empresas Illapa S.A. y Sinchi Wayra S.A. (Bolivia), el Grupo Empresarial Prodeco (Colombia). Compañía Minera Antamina, Compañía Minera Antapaccay y Perubar (Perú). «Glencore enfrenta más de 40 investigaciones y sanciones administrativas y judiciales en varios países por graves daños e impactos ambientales, como contaminación de personas, aire y suelos, desviación ilegal de ríos e intervención ilegal en áreas protegidas», denuncia el informe de la Red.
Detalla el accionar de la compañía en los países de la región, con datos precisos y testimonios de afectados. Entre las conclusiones sobresalen: América Latina es una de las zonas más lucrativas para Glencore, la compañía oculta sus finanzas en paraísos fiscales, realiza un pequeño aporte en renta minera en los países que opera, lleva décadas contaminando de forma impune, afectó ecosistemas, es un gigantesco contaminador de aguas, ha provocado emisiones contaminantes en todos los lugares donde operó y generó alta conflictividad social.
*Versión extensa de artículo publicado el 13 de noviembre en el diario Página12
Abr 27, 2016 | 2016
El incremento de los cultivos agrícolas, principalmente de soja, produce un acercamiento de la napa freática a la superficie, reveló una investigación del INTA. Esto explica por qué las inundaciones son cada vez más continuas y graves.
Por Darío Aranda
El monte nativo infiltra 300 milímetros de agua por hora. Una pastura convencional (donde hay ganado) 100 milímetros. Y un campo con soja apenas 30 milímetros por hora. Una investigación del INTA explica que el cambio del uso del suelo es un factor fundamental para explicar por qué las inundaciones son cada vez más continuas y graves. «No estamos de acuerdo en que los excesos hídricos se deban a la falta de obras ni al exceso de lluvias, si no más bien a cuestiones asociadas al proceso de minería que sufre la agricultura y a la agriculturización de las últimas dos décadas principalmente», afirma Nicolás Bertram, investigador del INTA Marcos Juárez (Córdoba). También apunta a las responsabilidades del poder económico del agronegocios.
Misiones sufrió una gran inundación en 2014. A inicios de 2015 fue el turno de Córdoba y Santiago del Estero. El segundo semestre sufrieron el Litoral y Buenos Aires. Este año fue el turno de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Córdoba y noroeste bonaerense. «Fue un tsumani que vino del cielo», había dicho en 2015 el entonces gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. En línea similar, responsabilizando a la naturaleza, argumentaron otros mandatarios.
Nicolás Bertram, ingeniero agrónomo del INTA Marcos Juárez, estudia desde hace diez años los «excesos hídricos». Su trabajo académico fue titulado «Ascenso de napas en la región pampeana: ¿Incremento de las precipitaciones o cambios en el uso de la tierra?» (firmado junto a Sebastián Chiacchiera). Analizaron las lluvias de los últimos cuarenta años y los cambios en el modelo agropecuario (sojización y expulsión de ganadería), entre otras variables.
«El incremento sostenido del componente freático que se dio en los últimos 40 años en la región pampeana, y que en la actualidad se acerca demasiado a la superficie, conlleva a un alto riesgo no solo en lo que respecta a producciones agrícola-ganaderas, sino también en sectores urbanos, pudiendo generar en ambas situaciones de inundaciones», alertaba el trabajo, presentado en el XXV Congreso Nacional del Agua (Conagua 2015) en Paraná.
Bertram explica en lenguaje gráfico: «La napa estaba a diez metros de profundidad y hoy está a menos de un metro. Los suelos están saturados, no pueden absorber más. Es como si antes teníamos una maceta grande y echábamos un balde de agua. Ahora la maceta es diez veces más chica pero echamos el mismo balde de agua».
La investigación explica que se observaron dos tipos de efectos en el comportamiento de la napa, a corto plazo (asociado a precipitaciones) y largo plazo (relacionados con los cultivos y el consumo que generan). Luego del procesamiento de datos (donde confirmaron que las lluvias se mantuvieron dentro de sus promedios anuales) aseguran: «A partir de datos históricos se puede observar una relación directa entre el incremento de los cultivos agrícolas (de soja principalmente) y el acercamiento de la napa freática a la superficie».
El trabajo señala que buena parte de la región pampeana la napa freática se encuentra a un metro de profundidad (o menos) y recuerda que diez millones de hectárea pasaron de la actividad ganadera o mixta a la puramente agrícola, con preponderancia de la soja. «Millones de hectáreas de pasturas y pastizales que consumían agua durante los doce meses del año fueron cambiadas por cultivos anuales que, en el mejor de los casos lo hacen durante un tercio o la mitad de ese tiempo, pasando de consumir anualmente 1500-2000 milímetros a 500-800 milímetros», precisa el trabajo como explicación del ascenso de la napa casi a la superficie.
El trabajo estuvo focalizado en Marcos Juárez, zona de la Pampa Húmeda y núcleo sojero. Bertram asegura que la investigación es extrapolable a toda esa región e incluso a zonas extrapampeanas, como San Luis (donde se generaron nuevos ríos), Santiago del Estero, y regiones del norte de Santa Fe y Buenos Aires (zonas que fueron monitoreadas con freatímetros).
Sobre la actual inundación, que afecta a 40 mil personas (11 mil evacuados), el investigador del INTA señala que «llovió por encima de la media, pero de ninguna manera eso explica la magnitud del desastre; la clave está en el ascenso de la napa y que arrasaron el monte que retenía agua».
Bertram cuestiona la propuesta de políticos y empresarios. «Ninguna obra va a solucionar las inundaciones», afirma. Y llama la atención sobre los «responsables» de los anegamientos. «Muchos medios de comunicación cuestionan siempre a los políticos y en parte no está mal, pero esos medios nunca vinculan la inundación con el poder económico del modelo agropecuario, desde los Grobocopatel a Monsanto, Bayer, Cargill, Dow y una lista larga. Quizá porque esas empresas son los anunciantes de esos medios».
La investigación también cuestiona el modelo. «Pese a este escenario, se continúa en una carrera por lograr mayores y más estables rendimientos de los cultivos agrícolas, en la supuesta búsqueda de alimentar a un mundo que sigue padeciendo hambre, en donde muchas veces no existe el tiempo para pensar para quién y qué se está produciendo», afirma el trabajo del INTA.
La investigación concluye que «si no se modifican las rotaciones o el uso de la tierra, no sólo se seguirá incrementando el nivel freático, sino también la superficie, con un alto riesgo de anegamiento». Afirma que se pueden encontrar soluciones (incorporación de pasturas, otros cultivos, mejor manejo de agua), pero debe primar una «mirada amplia», interdisciplinaria, donde además de los sectores productivos se tenga en cuenta los aspectos ambientales y sociales.
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Siembra directa y soja
Por D. A.
La investigación del INTA recuerda que la técnica de «siembra directa» (no arar la tierra) y el uso del «paquete tecnológico» (transgénico y agrotóxico) fueron claves en el avance del modelo agropecuario que impulsó desmontes y ascenso de la napa freática. Precisa que el 80 por ciento de la región cultivada del país se realiza con esa técnica. Datos oficiales del Ministerio de Agroindustria confirman el avance transgénico en las últimas dos décadas en todas las provincias que hoy padecen inundaciones. Entre 1994 y 2014, Buenos Aires aumentó un 460 por ciento la superficie con soja, Córdoba incrementó 331 por ciento y Santa Fe un 133 por ciento. Aunque en superficie menor, los incrementos fueron desproporcionados en Chaco (aumentó el 430 por ciento el área con soja), en Entre Ríos el incremento fue del 1270 por ciento y en Corrientes las hectáreas con soja aumentaron 10.000 por ciento. En paralelo, en todas estas provincias aumentaron las hectáreas desmontadas.
*Artículo publicado el 27 de abril de 2016 en el diario Página12.
