Litio: mentira verde y colonial

Litio: mentira verde y colonial

El litio se transformó en la nueva obsesión minera y es elogiado por todo el arco político, académicos y periodistas. En enero se conoció el rechazo del Pueblo Kolla en Jujuy a una minera, pero también hay casos de asambleas socioambientales en Catamarca, San Luis y Córdoba. Promesas de “progreso” y sacrificio de territorios. Intelectuales críticos y, otros pocos, cómplices. La situación en Bolivia y Chile.

—–

Primero fue el oro. También la plata y el estaño. Y más tarde el caucho. La madera, el petróleo y, más reciente, los transgénicos. Desde hace una década tomó fuerza un nuevo objeto de deseo, codicia y saqueo: el litio. «Recurso natural» llaman empresas y políticos. «Recurso estratégico» los académicos progresistas que llaman a «exprimirlo». Pueblos indígenas resumieron «litio para hoy, hambre para mañana».

El rechazo del Pueblo Kolla en Jujuy, de asambleas socioambientales en Catamarca, San Luis y Córdoba. Empresas, gobiernos y las promesas de «progreso». La situación en Bolivia y Chile. Propuestas verdes del Norte global que arrasan territorios del Sur.

¿Oro blanco?

El litio es un mineral esencial para las baterías de autos eléctricos, computadoras y teléfonos. Ascendió en uso y precio en las últimas décadas. Las empresas tecnológicas y automotrices son sus principales demandantes. Y las mineras las encargadas de la explotación.

A diferencia de la megaminería de oro, plata y plomo, no requiere de enormes agujeros en las montañas (los conocidos «open pit») y gigantescos dique de colas (basureros mineros de hasta cientos de metros de profundidad y decenas de hectáreas de superficie), pero tiene el común el uso de enormes cantidades de agua y sustancias químicas contaminantes.

Otro punto en común: el mercado está dominado por grandes multinacionales de primer mundo y la explotación, se realiza en su mayoría en países periféricos, dependientes.

El comienzo de la minería de litio a gran escala en Argentina fue en 1998, con el proyecto minero de litio Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra (Catamarca), en manos de la multinacional FMC Lithium.

A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman «triángulo del litio» a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.

Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar (de la canadiense Lithium Americas Corp, parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.

Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.

Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras y de la explotación de litio en particular.

Mauricio Macri lo promociona de forma retirada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será «líder» en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”. El 1 de marzo pasado, en su discurso en el Congreso Nacional, celebró: «El mundo habla del litio y tenemos Catamarca, Salta y Jujuy enormes reservas».

Pueblo Kolla

Uno de los lugares donde se encuentra el litio es en los salares, esas extensas planicies blancas que suelen ser también espacio de turistas.

Desde hace diez años, los gobiernos de Jujuy y Salta ofrecen a en todas las ferias mineras la región de Salinas Grandes, lugar de trabajo, historia, cultura y vida de los pueblos indígenas. Y, también desde hace diez, comenzó la organización y lucha de los pueblos originarios para rechazar la actividad.

Un logro histórico fue la conformación de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes, integrada por decenas de comunidades. Exigen se respete la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre Pueblos Indígenas: para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.

Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Pero el máximo tribunal dio la espalda a las comunidades y envió la causa a los tribunales provinciales. La causa tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El asedio de las mineras tuvo una escalada con el gobernador Gerardo Morales. El 4 de enero informó la licitación pública minera de áreas de Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama, 35.000 hectáreas. «Se busca incrementar la producción de litio en la provincia”, explicó Carlos Oehler, presidente de la empresa estatal Jujuy Energía y Minería (Jemse). Y advirtió: “Tener hecha una evaluación sobre los yacimientos permitirá saber efectivamente si pueden transformarse en áreas productoras. De concretarse, posicionaría a esta provincia en un lugar privilegiado a nivel nacional”.

En los pliegos de licitación, que violan los derechos indígenas por no haber respeta la legislación nacional e internacional, figuran artículos que se burlan de los afectados: «“Jujuy exige una relación altamente respetuosa con las comunidades originarias, y las empresas deben tener la predisposición de integrarlos en el proyecto desde el inicio”.

Organización y acción directa

Las comunidad indígenas de Jujuy se enteraron por los medios de comunicación de la nueva avanzada minera. Muchas de ellas nucleadas en la organización Mesa de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Reunidas en asamblea, ratificaron el rechazo a la minería y exigieron el respeto a los derechos indígenas.

A inicios de febrero, el Pueblo Kolla se movilizó en los ingresos a las Salinas Grandes, se mantuvieron en asamblea permanente y realizaron cortes informativos en la ruta nacional 52. Llegaron hasta el área donde exploraba la empresa Ekekos S.A.-AIS Resources Liimited. Lograron que los operarios de la minera se retiren del lugar y la compañía paralice sus actividades.

«Logro histórico del Pueblo Kolla. Que sepa el gobierno de Gerardo Morales que vamos a impedir cualquier otro proyecto de megaminería y/o de litio en la Cuenca de Salinas Grandes, que es territorio sagrado de los pueblos originarios», alertaron las comunidades en un comunicado del 8 de febrero.

Denunciaron que el gobierno provincial manipula el derecho a la consulta, presiona a referentes indígenas y propone «mesas chicas» para «convencer» dirigentes indígenas y lograr el visto bueno de la minería.

El comunicado finalizó: «La vida y el agua valen más que el litio».

San Luis y Córdoba

Las asambleas y organizaciones sociales de San Luis lograron en 2008 una ley que que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería. Sin embargo, en 2011 y 2015 hubo intentos de empresas de radicarse y, paso posterior, modificar la ley. Es lo mismo que sucedió este verano, cuando desde la Red Ambiental y Social (que reúne a varias organizaciones de la provincia) se enteraron que las mineras Latin Resources (Canadá) y Dark Horse Resources (Australia) están presentes en San Luis.

Cecilia Sustersic, de la Red Ambiental y Social, precisó que la minera canadiense publicita que cuenta con 120.000 hectáreas en la provincia. Recordó que San Luis es una provincia semiárida, con ecosistemas muy frágiles y las mineras utilizan enormes cantidades de agua. «Las mineras ponen en riesgo la vida misma. No vamos a permitirles a estas empresas que vengan a llevarse un mineral estratégico que es para alimentar el consumo mundial que nos lleva al abismo como humanidad», afirmó Sustersic.

Durante enero realizaron encuentros, movilizaciones y cortes de ruta informativos en rechazo a la actividad.

En la localidad de Las Tapias, en Córdoba, los vecinos se enteraron por casualidad (nunca un Gobierno que informe a la población) de la presencia de la minera Dark Horse, para explorar en busca de litio. La provincia, que acumula luchas contra la megaminería (en 2008 lograron una ley que la prohíbe), contra las fumigaciones y en defensa del monte nativo, de inmediato comenzó a movilizarse impulsada por el Foro Ambiental de Traslasierra.

Asambleas, marchas, jornadas informativos y cuestionamientos a los funcionarios que abren la puerta a las mineras a espaldas de la población. Lograron que el Concejo Deliberante de Las Tapias apruebe una ordenanza que prohíbe la minería. Primer triunfo. Pero no se quedaron con eso.

«Es un un gran avance, pero no es suficiente», explicó Marc Bohl, del Foro Ambiental, que señaló la posibilidad de que el Intendente (actual o por venir) vete la ordenanza o que el gobierno provincial o el Poder Judicial den luz verde a la minería.

Continúan con la campaña informativa y recolección de firmas para interpelar al gobernador Juan Schiaretti y a la Legislatura provincial. Exigen que se cierren los expedientes de la empresa, que la ley explicite que prohíbe toda minería metalífera y que se retire la empresa.

«Exprimir el recurso»

Existen intelectuales e investigadores que apoyan el modelo extractivo y no reparan, minimizan o no les importan, sus consecuencias. El modelo sojero cuenta con Ráquel Chan, investigadora del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral que impulsa una variedad de soja resistente a la sequía y con uso del peligroso agrotóxico glufosinato de amonio.

En la explotación de litio tuvieron amplios espacios periodísticos Victoria Flexer (química que impulsa el desarrollo de litio financiada por YPF, el gobierno de Jujuy y el Conicet) y Ernesto Calvo (de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y Conicet), que difunde una técnica de extracción que sería menos perjudicial al ambiente.

También existen casos más solapados, y peligrosos, con un discurso de «desarrollo nacional», desde el progresismo y la izquierda. Uno de ellos es el llamado «Grupo de estudios en geopolítica y bienes naturales», integrado por Bruno Fornillo, Florencia Puente, Ariel Slipak, Julián Zícari, Melisa Argento, Gustavo Romeo, Santiago Urrutia Reveco, Martina Gamba y Elaine Santos.

Tienen diálogo con académicos críticos, algunos de ellos visitan las comunidades en lucha y hasta se presentan como «militantes» o «compañeros» de las asambleas socioambientales. Se consideran a si mismos, dentro del mundillo académico, la «izquierda» del tema litio.

Publicaron en 2015 el libro «Geopolítica del litio», como parte de la «Colección Chico Mendes» de la Editorial El Colectivo. «Es innegable que no se puede perder la oportunidad que se nos presenta: lograr exprimir hasta sus últimas consecuencias un bien natural (el litio) que es central para la sociedad del posdesarrollo que viene», afirma en la página 87 Bruno Fornillo, coordinador del libro y referente del grupo.

Fornillo, porteño que suele presentarse como «doctor en ciencias sociales por la UBA y en geopolítica por la Universidad de París», es también historiador, pero no vincula el saqueo de recursos naturales (lo llama «bienes comunes») con la dependencia de cinco siglos de América. En su artículo, «del salar a la batería» insiste una y otra vez en lo importante del litio y plantea la ilusión de «fabricar baterías» como camino al desarrollo de la Argentina.

«No hay dudas de que los beneficios que podrían cosecharse de la posibilidad de fabricar baterías de litio en la Argentina son múltiples», promete Fornillo. Reivindica el «desarrollo» de Ernesto Calvo para «extraer el litio con una muy baja utilización de agua». En dos apartados de su libro Fornillo refiere al debate necesario de todos los «actores involucrados», pero nunca incluye a los pueblos indígenas, que viven en los territorios que el académico propone «exprimir».

En su artículo no aparecen las palabras «indígenas» ni «pueblos originarios». Sí señala que el litio, y las baterías, posibilitarían «una transición energética verde y limpia».

Ariel Slipak es uno de los coautores. También porteño, licenciado en economía, becario del Conicet, pero avisa que se siente más cómodo como se identifica en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).

El 21 de septiembre de 2018 participó de la charla «¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires. Florencia Puente, del mismo grupo de académicos y también parte de la Fundación Rosa Luxemburgo, facilitó el audio de la charla pública (el grupo de académicos suele molestarse si no se cita ese hecho irrelevante). Slipak consideró que la falta de recursos económicos lleva a las provincias, y también a las universidades, a buscar dinero del sector privado. Mirada que minimiza las responsabilidades extractivas de gobiernos y universidades.

«Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso», lamentó Slipak, y señaló a Chile, que de la mano de «los Chicago boys», tiene una «muy importante» apropiación de renta por parte del Estado. Sobre todo, señaló como ejemplo a seguir «el modelo boliviano», donde, dijo, se estatizó «el recurso y se intervino en toda la cadena de valor».

Afirmó que existe fiscalización para que sea «menos contaminante» y también reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, para poder explotar litio y que «sea menos contaminante».

Slipak también compartió una entrevista en Radio Con Vos con el gerente de Toyota, Eduardo Kronberg. En un diálogo muy ameno, destacaron la importancia del litio y hubo escasos cuestionamientos al rol de las multinacionales. Volvió a insistir con seguir el (supuesto) camino de Bolivia: «(Se requiere) Un modelo estatal con participación popular».

Políticos y empresas suelen disparar contra asambleas socioambientales por decir «no» al extractivismo. Y de forma despectiva suelen llamarlos «fundamentalistas». Slipak se hizo eco de ese término y tomó postura: «No estoy diciendo ‘litio no’ de manera fundamentalista».

En Salinas Grandes no conocían del tenor de los escritos de Fornillo y Slipak. Pero no les sorprendió el discurso pro-explotación. Están acostumbrados a los académicos extractivos y de doble discurso.

Clemente Flores, dirigente del Pueblo Kolla en lucha contra las mineras de litio, fue tajante: «Slipak nunca vino a las Salinas. Fornillo solo una vez, hace años. Ya les dijimos que no queremos mineras pero insisten. Los académicos que dicen que se puede extraer litio que sepan que eso mata a las comunidades».

Falacias y discurso colonial

Horacio Machado Aráoz forma parte del muy reducido grupo de académicos que vive en los territorios afectados por el extractivismo (Catamarca), camina junto a las asambleas socioambientales (forma parte del Colectivo Sumak Kawsay) y no teoriza desde escritorios de la ciudad. Investigador del Conicet, en su tesis doctoral «Naturaleza mineral. Una ecología política del colonialismo moderno», analizó los peligros y riesgos de la minería.

Explica que hay un «fiebre del litio», como en su momento fue del oro, que tiene como motor «un discurso colonial-desarrollista» que promete mejoras a partir de la explotación de recursos naturales. «La minería de litio se enmarca dentro de la misma matriz neoliberal de los ’90, que en nuestra provincia tiene como referencia a Minera Alumbrera en explotación de cobre y oro, y que comprarte rasgos coloniales y de rapiña que es propio de la fase noeliberal extractiva», afirma Machado Áraoz.

Y alerta sobre rasgos aún más graves, sobre todo por el discurso ambiental que impulsa la explotación del litio, de «transición energética» y de supuesta industrialización local. Afirma que «hay toda una lectura reduccionista y sesgada» de quienes dicen que el único problema es el cambio climático, que se va a resolver con una «transición energética» cambiando la matriz de hidrocarburos por energías limpias y renovables, donde estaría el litio. «Esos discursos son sumamente peligroso porque contiene falacias montados sobre un elemento indiscutible que es el calentamiento global y la quema de hidrocarburos».

Horacio Machado cuestiona que esos académicos y organizaciones pro-litio no aborden la insustentabilidad e injusticia energética estructural del modelo, y que tampoco cuestionan el nivel de consumo de los países centrales, elemento central de la crisis climática. «Es una simplificación y una falacia plantear que se puede dejar todo igual y que con la extracciones del litio se avanza en una transición de una matriz energética que deje de quemar combustibles fósiles y pasar a energías supuestamente verdes», remarca.

Alerta que detrás de un discurso ecologista de «transición energética» lo que se hace es profundizar viejas posiciones de dependencia respecto de los países más poderosos e industrializados. «Con el ‘boom’ del litio nosotros estamos poniendo los territorios que subsidian la transición energética de otras sociedades», explica.

También llamó «falacia» y «ficción industrialista» creer que, a diferencia del cobro o el oro, el litio se puede industrializar en los países donde se extrae y transformar en batería. Recordó que hay un control oligopólico de empresas transnacionales que impide que los países de la región cumplan esa función. Sumado a la histórica y conocida «división internacional del trabajo», con países dependientes-subordinados (proveedores de materias primas) y países desarrollados que industrializan y agregan valor.

Chile y Bolivia

El Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) tiene su sede en Cochabamba y desde 1970 trabajo en problemáticas sociales y ambientales. Jorge Campanini y Marco Antonio Gandarillas enviaron a MU un detallado informe que aleja a Bolivia de ser un ejemplo a seguir:

-No existe información respecto que el gobierno de Bolivia haya aplicado la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas.

-Hubo consulta pública (en agosto de 2018) respecto a la «Planta Industrial de Carbonato de Litio» de las salmueras del Salar de Uyuni. La mayor parte de las observaciones referentes a los impactos ambientales y sobre las fuentes de agua no fueron respondidas por las autoridades de Yacimiento de Litio Boliviano (YLB).

-Las consultas públicas se realizaron como parte de un mero trámite de obtención de la licencia ambiental. No presentaron información rigurosa sobre los impactos ambientales potenciales.

-El acceso a información en la explotación de litio ha sido y es muy restringido y la participación de instancias de fiscalización y control independientes es nula. A futuro se teme que las sociedades con actores transnacionales (en especial de China) se manejen de forma similar.
-El litio no genera ni generará progreso para Bolivia. Ninguna explotación de materias primas hace eso. No conocen una experiencia previa exitosa en ese sentido.

-El litio no es parte de de un modelo «sustentable ni de energías limpias». Se teme por las fuentes de agua y la contaminación con agentes químicos. En el caso boliviano, la extracción se realiza sobre ecosistemas frágiles y altamente intervenidos, con serios problemas hídricos que afectan enormemente a las poblaciones locales, rurales y urbanas. No es sustentable convertir a toda una región en inhabitable, sin agua accesible.

-En Bolivia no se industrializa en litio. Recién va a ponerse en marcha la construcción de la planta industrial de carbonato de litio, la cual derivaría su producción a la obtención de hidróxido de litio y cloruro de litio, materia prima para la construcción de baterías (además existe una gran cantidad de materiales que están involucrados en la elaboración y que Bolivia no produce).

-Las exportaciones de sales de litio y potasio, a escala piloto, son mínimas en comparación de las exportaciones de Chile y Argentina. Baterías, se hicieron solo a escala demostrativa, ninguna venta o producción relevante.

Bárbara Jerez Heríquez es chilena, doctora en Estudios Latinoamericanos y en 2018 publicó el informe «Impacto socioambiental de la extracción de litio en las cuencas de los salares altoandino del Cono Sur», donde analiza la situación de Chile, Bolivia y Argentina.

Destaca que los salares de Chile están «pagando un alto precio» ambiental, «un desastre ecológico» por la explotación de litio, los niveles de agua han descendido y las fiscalizaciones ambientales son muy precarias. Las comunidades indígenas no fueron consultadas, incluso en 2018 hubo una extendida huelga de hambre por esa violación de la ley, y las empresas están atravesadas por la corrupción, con financiamiento de campañas políticas incluidas (documentado por una comisión de la Cámara de Diputados).

Recuerda que la minería hace uso indiscriminado de agua y deja zonas contaminadas, erosión, comunidades divididas y enfermedades (detectó que en las zonas mineras se repiten algo índices de cáncer). «No genera desarrollo. Genera mucha dependencia y sacrificio de economías locales, desde la ganadería hasta el turismo», afirma.

Jerez Heríquez aclara que el litio, cobre y cobalto son minerales estratégicos «para la transición verde que plantean los países industriales, como una alternativa funcional a su metabolismo de acumulación, consumo y producción».

Los países más poderosos publicitan a las baterías de litio y los autos eléctricos como parte de su combate contra la quema de combustibles fósiles (central en el cambio climático). Algunos académicos y periodistas repiten el discurso, pero no cuestionan la demanda mundial de commodities y la devastación que significa en las comunidades donde se explotan los territorios.

«El reemplazo tecnológico (autos eléctricos) es una solución eco-técnica, un parche, que significa profundizar el extractivismo. Se traslada la zona de sacrificio a lugares más periféricos, replica las desigualdades estructurales de siempre. No modifica la relación Norte-Sur, y los efectos de la devastación ambiental lo pagamos las comunidades del Sur», afirma.

La investigadora reclama debatir los estilos de vida de los países más poderosos. Advierte que la presión extractiva por litio comienza en los salares, pero luego va por los reservorios de roca (como San Luis y Córdoba en Argentina, o regiones de Perú y México). «Es el extractivismo de siempre, pero ahora con un relato colonial verde que se ofrece como solución para luchar contra el cambio climático», resume.

 

*Por Darío Aranda. Artículo publicado en marzo de 2019 en revista MU.

Contaminación y militarización en Vaca Muerta

Contaminación y militarización en Vaca Muerta

Derrames, fugas de gas e incendios se repiten en Neuquén. El último hecho fue protagonizado por YPF y, luego de 15 días, aún no pudieron controlar el fuego. El gobierno nacional ordenó que Gendarmería «custodie» la zona.

«Cero impacto ecológico», prometió en 2013 el entonces titular de YPF, Miguel Galuccio, al asegurar que en Vaca Muerta no habría contaminación. Lo mismo hicieron petroleras internacionales, funcionarios, periodistas y el poderoso IAPG (Instituto Argentino del Petróleo y el Gas). Organizaciones socioambientales y comunidades mapuches alertaban lo contrario: explotación petrolera y desastre ambiental irían de la mano. Desde el domingo se incendia un pozo petrolero de YPF, en territorio de la comunidad mapuche Wirkaleu. El último de una seguidilla de hechos de contaminación. Críticas al fracking y rechazo a la llegada de Gendarmería para «custodiar» el área.

Vaca Muerta es la principal formación de hidrocarburos no convencionales de Argentina. Se encuentra en la cuenca neuquina (que incluye las provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa) con una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados. Su explotación requiere la implementación de la cuestionada técnica de «fractura hidráulica» («fracking»). Consiste en una perforación vertical en la tierra, luego perforaciones horizontales en profundidad, con inyección de agua, arena y químicos a presión, para romper la roca que contiene el hidrocarburo. Por retrobombeo se obtiene el gas y el petróleo. Es muy cuestionada por sus efectos ambientales y en la salud.

En Argentina se comenzó a realizar en 2013 en Neuquén, de la mano de YPF en sociedad con la estadounidense Chevron. También están presentes las empresas Shell, Wintershall, ExxonMobil, Total, PAEG (Bulgheroni, Cnnoc, BP), Equinor, Schlumberger, Pluspetrol, Pampa Energía, Mercuria y Vista Oil (empresa de Miguel Galuccio).

En su corta vida en Argentina el fracking acumula derrames, explosiones de pozos y «pérdidas» de pastillas radioactivas (se utilizan para «perfilajes», radiografías en profundidad). Las comunidades mapuches, primeras afectadas pero no las únicas, mostraron en estos años mediante fotos y videos decenas de hechos de contaminación.

El 19 de octubre de 2018 se produjo un gran derrame de petróleo que afectó al menos 47 hectáreas en Bandurria Sur (a once kilómetros de Añelo). Se trató de un pozo de YPF y Schlumberger (multinacional estadounidense). Estuvo 36 horas fuera de control. El hecho se conoció porque fue difundido por los propios trabajadores. El subsecretario de Ambiente de Neuquén, Juan de Dios Lucchelli, señaló que fueron solo «algunas hectáreas». YPF reconoció, diez días después del desastre, que se trató de 47 hectáreas. Las organizaciones Greenpeace y FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) mediante imágenes satelitales advirtieron que se trataba de al menos 80 hectáreas.

Según datos de la Secretaría de Ambiente de Neuquén en la cuenca neuquina (donde está Vaca Muerta) se produce un promedio de dos derrames por día. Entre 2015 y 2018 las petroleras admitieron 3368 «incidentes ambientales», eufemismo para evitar mencionar la palabra contaminación. En 2018 hubo 934 hechos (aún no se difundieron los de 2019).

El sábado 14 de septiembre pasado, en el yacimiento Loma La Lata (también Vaca Muerta) comenzó una fuga de gas que se transformó en un mega incendió en un pozo de fracking de YPF. Ni la empresa ni el gobierno provincial lo reconoce, pero la Confederación Mapuche recordó que se trata de territorio de la comunidad indígena Wirkaleu, que nunca dio su consentimiento (como establece la ley) para el ingreso de petroleras.

En Argentina no se ha capacitado a trabajadores para afrontar incendios como el de Loma La Lata. Dos días después de iniciado el fuego llegaron especialistas desde Estados Unidos para intentar controlarlo. El gerente regional de YPF, Carlos Grassia, reconoció que aún no saben qué sucedió en el pozo. Y alertó que puede llevar hasta tres semanas apagarlo.

El incendio se da en la zona de los lagos Mari Menuco y Los Barreales, de donde se obtiene agua para las ciudades de Neuquén, Plottier y Centenario. Como alertaban los mapuches en 2013, al inicio de Vaca Muerta, la contaminación no será solo para los pueblos originarios o poblaciones rurales. «El último incendio es el resultado de una industria denunciada en el mundo por no dar garantías ni seguridad a la población. Es urgente declarar la prohibición del fracking por el peligro inminente que implica para la población. Este ‘accidente’ lo demuestra una vez más», afirmó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén.

La organización indígena presentó una denuncia ante la Unidad de Delitos Ambientales, que conduce Maximiliano Breid Obeid. Plantean la «urgente intervención» del Ministerio Público Fiscal por la falta de información (por parte de YPF y del gobierno provincial) y ante «el riesgo latente para la población y el ambiente» que implica la actividad de las petroleras en Vaca Muerta. La denuncia afirma que existe una «contaminación objetiva y real» del aire, la tierra y el agua. Y toma como base la Ley Nacional 24.051 (de residuos peligrosos). Exige se implemente de forma urgente un plan de mitigación para la comunidad.

«El índice de accidentes en Vaca Muerta es alarmante y en aumento en los últimos dos años. No hay ‘accidentes azarosos’, más bien es una conducta empresarial negligente y una omisión en la responsabilidad de fiscalización que tiene el Estado. Se pone en peligro la salud pública y el ambiente», denunció la Confederación Mapuche.

Un relevamiento del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (integrado por las ONG Taller Ecologista y Observatorio Petrolero Sur) precisó los hechos graves de petroleras en la localidad rionegrina de Allen (donde la avanzada petrolera perjudica a los tradicionales productores de frutas de la región). Entre marzo de 2014 y enero de 2018 hubo al menos catorce hechos que desmienten el «fracking seguro»: explosión de pozos, incendios con llamas de hasta 15 metros de altura, derrames en zonas de producción de peras, roturas de canales de riego y 240 mil litros de agua tóxica derramada sobre chacras, entre otros.

Muy poco del aspecto socioambiental se publica en los medios de comunicación. «Es enorme el poder de subordinación que YPF aplica a la prensa y a los operarios para minimizar todo el impacto de los accidentes», afirmó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche. Resaltó la generosa pauta publicitaria que las petroleras distribuyen. A modo de ejemplo precisó que el diario La Nación inauguró una sección específica y permanente sobre las bondades de Vaca Muerta. El mismo medio que suele cuestionar la lucha mapuche por sus territorios.

El 14 de septiembre se produjo un atentado a instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Con esa excusa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó que Gendarmería Nacional custodie el accionar petrolero en Vaca Muerta. Lejos de tener pruebas reales de posibles atentados, apunta a intimidar a organizaciones sociambientales y comunidades mapuches, que ya han realizado movilizaciones en las zonas de explotación petrolera. Gendarmería, que ya reprimió a comunidades en Vaca Muerta, fue la responsable del operativo ilegal en Chubut que terminó con la muerte de Santiago Maldonado.

«Repudiamos la militarización de nuestro territorio. Es una clara amenaza hacia las comunidades que demandan sus derechos y es un llamado amenazante al amplio sector de la sociedad que rechaza un emprendimiento que solo genera saqueo, destrucción ambiental y agresión cultural», denunció la Confederación Mapuche.

En septiembre de 2017, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca hizo lugar a un hábeas corpus presentado por la comunidad mapuche Campo Maripe (de Loma Campana, Vaca Muerta) y le ordenó a la Gendarmería Nacional que se abstenga de intervenir sin orden judicial dentro de su territorio. La resolución de Bullrich contradice el fallo está vigente.

 

* Por Darío Aranda. Versión ampliada del Artículo publicado el 27 de septiembre de 2019 en el diario Página12.

El extractivismo que viene

El extractivismo que viene

Del litio a la soja, de la megaminería a Vaca Muerta. Cómo se perfila el extractivismo de Alberto Fernández y el Frente de Todos. Las multinacionales, los pueblos indígenas y las asambleas.

Sonrisas. Muchas sonrisas. De un lado de la mesa, empresarios del agronegocio. Del otro, Alberto Fernández y sus asesores. Noventa minutos y una reunión evaluada como “fructífera”. Donde el conflicto por la renta agraria “es cosa del pasado”.

Sonrisas. Empresarios mineros, los gobernadores Lucia Corpacci y Alicia Kirchner. Y Alberto Fernández. “Que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad”, pidió el ex jefa de Gabinete.

El extractivismo del Frente de Todos.

Política de Estado

Megaminería, agronegocio (con la soja como bandera, aunque no solo), petróleo, litio y monocultivos forestal fueron algunas de las políticas de Estado durante todo el kirchnerismo. La criminalización estuvo presente: mapuches en Neuquén y la Asamblea el Algarrobo en Catamarca son sólo una muestra. Los asesinatos del abuelo qom Roberto López en 2010 (Comunidad La Primavera en Formosa), y los campesinos Cristian Ferreyra y Miguel Galván (del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina), sólo algunas víctimas de una larga lista.

El macrismo profundizó el extractivismo. Más fracking en Vaca Muerta, más litio en Catamarca, Jujuy y Salta, más agronegocio. Con su alta y orgullosa cuota de represión en manos de Patricia Bullrich y aliados provinciales. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel fueron las víctimas más difundidas de la política oficial. Empresarios al frente de ministerios: Juan José Aranguren de la multinacional Shell en Energía y Luis Miguel Etchevehere de la Sociedad Rural en Agricultura los ejemplos más burdos.

Votos y agronegocio

El 11 de agosto Alberto Fernández arrasó en las elecciones. Nadie los esperaba.

Ya habla ante los medios como Presidente y realiza giras en el exterior como primer mandatario electo. Las chances de Mauricio Macri son mínimas.

En plena campaña, desde Entre Ríos, Fernández tuvo su primera muestra pública de apoyo al agronegocio transgénico. La provincia está convulsionada por un fallo judicial que protege de fumigaciones con agrotóxicos a todas las escuelas rurales. Los empresarios del agro y el gobernador, Gustavo Bordet, se victimizan. Denuncian que nos se les permite “producir”, cuando sólo se les prohíbe fumigar escuelas, docentes y niños. Fernández tomó postura: “Me parece un poco desmedido la decisión final. Qué excluye muchas zonas productivas que pueden ser utilizadas (…) A veces lo bueno y útil llevado a un extremo se convierte en malo y perjudicial. Hay que cuidar no caer en extremos”.

El 29 de agosto recibió a los agroempresarios de la Mesa de Enlace. Daniel Pelegrina (Sociedad Rural Argentina), Dardo Chiesa (Confederaciones Rurales Argentinas), Carlos Achetoni (Federación Agraria) y Carlos Iannizzotto (Coninagro). Además de Fernández estuvieron su jefe de campaña, Santiago Cafiero, y la economista Cecilia Todesca. El ex jefe de Gabinete sólo señaló que la reunión fue “fructífera”. Abundaron las sonrisas en las fotos de ocasión.

Desde la Mesa de Enlace destacaron que la reunión fue “positiva”, afirmaron que Fernández pidió dejar atrás el conflicto por la Resolución 125 (de 2008) y aseguraron que descartó mecanismo de control de exportaciones (estilo Junta Nacional de Granos, desaparecida en 1991 cuando se entregó la comercialización a las multinacionales exportadoras).

Las organizaciones del agronegocio, que apoyaron a Mauricio Macri durante todo su gestión y apostaban a la reelección, le presentaron a Fernández un pliego con catorce puntos, repleto de eufemismos: “previsibilidad económica” (que no haya cambio en los impuestos), menor presión tributaria (menos impuestos para el agro), fin de las retenciones para diciembre de 2020 (el escrito dice “exigimos que se cumpla el fin del tributo”), “modernización del sistema laboral” (reforma de leyes laborales), nueva ley de semillas (Bayer-Monsanto impulsa una nueva norma desde hace una década, rechazada por campesinos y sin consenso entre los agroempresarios), “fomento a las buenas prácticas agrícolas” (mayor flexibilidad para fumigar con agrotóxicos) y una “ley nacional de agroquímicos”.

Vaca Muerta

Publicitada como la clave para la «soberanía energética», de la mano de las multinacionales petroleras, Vaca Muerta avanza con numerosos hechos de contaminación (desde explosiones y derrames), desalojo de campesinos y comunidades mapuches, hasta muerte de trabajadores en «accidentes» (luego de la firma de nuevos convenios laborales entre el gremio y las empresas).

En julio pasado, en plena campaña por Necochea, Alberto Fernández destacó que «sin duda Vaca Muerta es una gran oportunidad», aunque señaló que también había que desarrollar energías renovables y agrocombustibles (otra faceta del extractivismo, tierras y granos para autos y no para alimentos).

Luego de las elecciones de agosto, Nicolás Trotta (coordinador de los equipos técnicos de Fernández) se reunió con autoridades del Instituto Argentina del Petróleo y el Gas (IAPG), poderoso espacio de lobby de las empresas, entre ellas Total, Pan American Energy (PAE), Wintershall, Tecpetrol y Pampa Energía.

De gira por España, el 5 de septiembre, el candidato presidencial Fernández alteró a los defensores del fracking. “No tiene sentido tener petróleo si para sacarlo tengo que dejar que vengan multinacionales a llevárselo. No tengo ningún problema con las multinacionales, pero en realidad mi mayor problema es ver cómo genero riqueza para la Argentina”, argumentó.

De inmediato el diario La Nación, que inauguró una sección específica de «publinotas» sobre Vaca Muerta y las empresas, habló de «polémica» y «preocupación» de las compañías.

El sábado 7 de septiembre, Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro en Misiones. En un apartado se refirió a los dichos de su compañero de fórmula: «Vaca Muerta la recuperamos nosotros cuando decidimos recuperar YPF y los recursos energéticos para nuestro país. Vaca Muerta es una oportunidad fantástica para agregar valor a toda la cadena de valor y desarrollo», dijo y agregó: «Cuando Alberto habla le quisieron hacer decir que estaba en contra de las multinacionales. A ver, esta expresidenta luego de recuperar YPF firmó el contrato con Chevron, una de las multinacionales del petróleo más grandes del mundo. ¿Quieren hacer creer acá dentro del país o afuera que estamos en contra de las multinacionales? Fui yo la que hice el contrato entre YPF y Chevron».

El pacto entre YPF y Chevron para explotar Vaca Muerta fue confidencial (a pesar de tratarse de una empresa con mayoría estatal), judicializado y hecho público por el diputado santafecino Rubén Giustiniani. Contaba con una ingeniería legal, con sociedades off shore, para eludir el pago de impuestos. Todo en beneficio de la multinacional.

La aprobación final se hizo en la Legislatura de Neuquén (2013), donde la policía provincial reprimió durante seis horas una manifestación de repudio.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, reconoció que tienen “expectativas positivas porque todos debemos contribuir a un ‘nunca más’ haya un gobierno de derecha, empresarial, especulador, racista y excluyente que sueñan una argentina para pocos”. Sin embargo, advirtió que la fórmula Fernández-Fernández no tiene en su agenda el tema ambiental, pueblos indígenas ni cambio climático. Nahuel cuestionó el apoyo a la megaminería y al fracking realizado por los candidatos del Frente de Todos. “No debemos bajar los brazos, debemos estar atentos y fuertemente movilizados porque nuestra existencia continuará amenazada en la medida que no se modifiquen las condiciones sobre estas industrias que está demostrado son amenaza de muerte no sólo para los pueblos indígenas”, afirmó el dirigente mapuche.

Megaminería

Las gobernadoras Lucía Corpacci (Catamarca) y Alicia Kirchner (Santa Cruz) fueron las impulsoras del encuentro entre una decenas de multinacionales mineras y Alberto Fernández.

“Ya estamos trabajando para que las inversiones en la producción de litio cuenten con un marco legal que brinde seguridad jurídica”, anunció el candidato presidencial ante los periodistas y pidió a los gobernadores y empresas que hagan un “esfuerzo conjunto y tarea de educación para que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad”.

Estuvieron presentes los CEOs y directivos de las principales multinacionales con intereses en Argentina: Glencore, Minera Alumbrera, Livent Corp, Antofalla Minerals, Anglogold Ashanti, Patagonia Gold, Minera Santa Cruz, Panamerican Silver, Don Nicolas SA, Newmont Goldcorp y Yamana Gold, Galan Lithium, Neo Lithium Corp, Liex SA, Lundin Group, Minera Esperanza, Lake Resources, Grosso Group, Loma Negra, Posco, Yamana, Galaxy, Circum Pacific y Buena Vista Gold. “Es necesario avanzar hacia la sustentabilidad social y económica de la minería”, pidió el candidato a presidente y remarcó que “la única solución” para Argentina es exportar. Destacó como ejemplo a la minería y Vaca Muerta.

Alberto Fernández era jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner en 2008, cuando la entonces presidenta vetó la Ley de Glaciares, que había sido votada por amplia mayoría en el Congreso Nacional. “El veto Barrick”, fue denunciado por Enrique Martínez, entonces presidente del INTI.

Rosa Farías es integrante de la histórica Asamblea El Algarrobo, que denuncia el accionar de Minera Alumbrera en Catamarca y rechaza el proyecto Agua Rica. “No nos sorprende que lo primero que haga el candidato es reunirse con las mineras. El extractivismo es moneda de cambio para recibir los dineros extranjeros, entregando los recursos naturales. Nos reafirma que nuestros gobernantes siguen siendo mercenarios, no les interesa los cerros ni la vida ni el destino de los pueblos”, denunció.

Otro campo

El Foro Agrario Soberano y Popular fue un encuentro multitudinario de campesinos, indígenas y agricultores familiares. Se realizó en el microestadio del club Ferrocarril Oeste, durante dos días, y asistieron más de 3500 personas. Impulsado por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), de allí surgió un plan agrario pensado y debatido desde las bases rurales. Y quedó conformado como un espacio de articulación de decenas de organizaciones.

Ante las elecciones, emitió un comunicado titulado «no votamos a Macri». El Foro Agrario está conformado por organizaciones diversas. Desde claramente kirchneristas, como otras críticas.

El 16 de agosto, luego de las votaciones, el Foro Agrario publicó una solicitada en el diario cooperativo Tiempo Argentino. «Carta abierta al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández», comenzó el escrito. De detalló la necesidad de apoyar otro tipo de modelo agropecuario, de base popular y campesina, sin transgénicos ni agrotóxicos. Y con tres ejes principales: soberanía alimentaria, tierra y la construcción de un modelo productivo no extractivista.

A un mes de la solicitada, Alberto Fernández no recibió al Foro Agrario. Ni siquiera sus asesores se comunicaron con las organizaciones que impulsan otro modelo agropecuario.

Agustín Suárez, de la UTT, puntualizó que el Foro Agrario cuenta con 21 puntos consensuados para políticas para el sector campesino. Resaltó que si el próximo gobierno implementa esas propuestas habrá realmente una democratización de la matriz productiva, producción de alimentos sanos, precios justos para el pueblo y desarrollo de las economías regionales.

“No hay una real dimensión del espacio rural campesino, pequeño productor, por parte de Fernández. Incluso puede no haber valoración del espacio. Por eso se reúne con la Mesa de Enlace y no convoca al Foro”, alertó Suárez.

Juan Wahren, investigador del Conicet y del Instituto Gino Germani, tiene pocas expectativas: “De llegar a la presidencia, es muy probable que el gobierno de Alberto Fernández continúe y profundice este modelo extractivo primario exportador, justificado en que para salir de la crisis hay que desarrollar Vaca Muerta, generar divisas con la soja y similares y apostar a la inversión extranjera de las megamineras. El mismo relato que se instaló durante el menemismo, neoliberalismo, y que se mantuvo con pocas variaciones hasta hoy en día. El mito del desarrollo basado en los recursos naturales recargado”.

¿Qué grieta?

Los funcionarios kirchneristas inpulsaron el extractivismo. Y la militancia lo justificó de las más diversas formas: desde el «es necesario para el desarrollo del país», un intermedio «es una contradicción secundaria» (la primaria sería la relación capital-trabajo) hasta la crítica a los que luchan con el insostenible «le hacen el juego a la derecha», utilizada contra el Pueblo Qom en Formosa o las comunidades mapuches al inicio de Vaca Muerta.

Con el macrismo al mando algo cambió. Periodistas, académicos y militantes kirchneristas comenzaron a parecer preocupados por los mapuches, las comunidades kollas que enfrentan las mineras de litio y hasta por el desmonte en sus provincias aliadas (Chaco, Santiago del Estero). Descubrieron que el extractivismo es una contradicción primaria, causante de la injusticia social, y que se cobra vidas.

Lo que hasta 2015 era justificado, con Macri fue rechazado y cuestionado.

“Si hubo una continuidad clara e indiscutible entre el kirchnerismo y el macrismo fue el modelo extractivo primario exportador, basado principalmente en el agronegocio, los hidrocarburos y la megaminería. Este modelo se sobrepuso a la denominada ‘grieta’ y los matices apenas pueden verse en si durante el kirchnerismo las regalías, impuestos y rentas que obtenía el Estado se utilizaban tímidamente para algún tipo de redistribución de los ingresos, orientados al consumo popular”, afirmó Juan Wahren, investigador del Grupo de Estudios Rurales (GER) del Instituto Gino Germani de la UBA.

Si el nuevo gobierno impulsa el agronegocio y la megaminería, como todo indica, resta esperar de qué lado se ubican los seguidores (sobre todo la militancia) de Fernández-Fernández.

Rosa Farías, de Andalgalá, resumió el sentir de las asambleas socioambientales, que se mantuvieron en lucha con el kirchnerismo y con Macri: “Desde Menem en adelante que los gobernantes sostienen este modelo. Alberto Fernández va a intentar avanzar con más minería. Pero acá la resistencia seguirá firme. Defendemos el cerro y la vida, sin importar quién gobierne”.

 

* Por Darío Aranda. Artículo publicado en la revista MU 139. Septiembre de 2019.

Marcha de barbijos contra los agrotóxicos

Marcha de barbijos contra los agrotóxicos

Contra el agronegocio y en defensa de la salud. Asambleas socioambientales y campesinos se movilizan en Rosario. Académicos críticos al extractivismo se reúnen para fortalecer una ciencia junto al pueblo y cuestionar el modelo hegemónico.

“Marcha plurinacional de los barbijos”, es el nombre de la movilización que se desarrollará hoy en Rosario, donde asambleas socioambientales, campesinos, indígenas y productores agropecuarios que no utilizan venenos denunciarán las fumigaciones con agrotóxicos, el modelo transgénico y reivindicarán del derecho a la salud por sobre el dinero del agronegocio. También se desarrollará durante tres días el Congreso Internacional de Salud Socio-Ambiental, donde confluyen movimientos sociales y científicos críticos al extractivismo. El gobierno de Mauricio Macri aprobó veinte transgénicos con uso masivo de peligrosos agrotóxicos.

En el marco del Día Mundial del Ambiente y con la consigna “¡Basta de negocios con nuestra salud!”, numerosas organizaciones se reunirán al mediodía en la Plaza San Martín, donde habrá feria de alimentos sanos. Habrá actividades culturales y a las 17 comenzará la marcha hasta el Monumento a la Bandera. Los barbijos, que ya fueron utilizados frente a concejales que pretendían legislar en favor de las fumigaciones, serán la marca distintiva de la movilización.

“Este sistema extractivista viene arrasando con la biodiversidad, la soberanía alimentaria y energética de los pueblos y, por ende, atenta contra la salud y provoca daños irreparables”, afirma la convocatoria a la marcha. Entre las decenas de organizaciones convocantes están El Paraná no se toca, Comisión de Derechos Humanos de San Lorenzo (lugar del puerto sojero más grande del país), la ONG Muyuqui y la campaña Paren de Fumigarnos (de Santa Fe).

La movilización se da en un contexto de creciente denuncia al agronegocio y fallos judiciales contra los efectos de los agrotóxicos (glifosato, atrazina, 2-4D, endosulfán, entre otros). En Estados Unidos se produjeron tres fallos millonarios en ocho meses contra la multinacional Monsanto (desde 2018 en manos de la alemana Bayer) por su producto estrella: el herbicida glifosato. Y hay más de 13.000 juicios en espera.

En Argentina ya se lograron más de 25 fallos que prohíben las fumigaciones en cercanías de escuelas, cursos de agua y barrios. El que más resuene en las últimas semanas es la sentencia lograda de Entre Ríos por el Foro Ecologista de Paraná y el sindicato docente Agmer, que obtuvieron una sentencia inédita: no se puede fumigar a menos de 1000 metros de las escuelas (y 3000 si se realiza con avionetas).

Jeremías Chauque vive en Desvío Arijón (Santa Fe), trabaja en lo que define como “agricultura ancestral” (sin venenos, sin transgénicos). “La salud de nuestras familias y de la Madre Tierra no se negocia. Este modelo productivo es un ataque permanente a la vida y a la soberanía de nuestros pueblos. Entonces, ganar la calle es ser semilla, ser monte, ser río, ser memoria, identidad que anda y lucha”, explicó.

Ya confirmaron su presencia organizaciones y activistas de distintas ciudades de Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Ciudad de Buenos Aires. Finalizará con un festival musical, con el folklorista mapuche Rubén Patagonia (entre otros).

La marcha se da en el marco del Quinto Congreso Internacional de Salud Socioambiental, entre el miércoles y hasta el viernes 7. Impulsado por el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, reúne a científicos de una decena de países y movimientos sociales que cuestionan el modelo extractivo y sus consecuencias. Se realizará en la sede de Gobierno de la UNR (Maipú 1065) y la programación se encuentra en el sitio http://www.saludsocioambiental.net.ar/

“La ciencia no es neutral”, afirma Alicia Massarini, bióloga e investigadora del Conicet, que disertará en Rosario. Y ejemplifica: el académico que desarrollo transgénicos o fomenta la explotación de litio tiene responsabilidades con las consecuencias que esas actividades producen en los territorios y poblaciones. “Estamos intentando una ciencia digna en diálogo con las comunidades, caminando juntos”, explicó la investigadora. Al definir al modelo minero, sojero, petrolero, es tajante: “El capitalismo extractivista es un modelo ecocida e inviable”.

Entre la veintena de mesas de debate estarán “Ciencia, extractivismo y territorios”, “Comunicación, educación y ciencia digna”, “Derechos humanos y derechos de la Madre Tierra”, “Territorios sanos, alimentos sanos, pueblos libres”. Entre los organizadores también están ReAct Latinoamérica (entidad que investiga sobre resistencias bacterianas) y la Red de Salud y Ambiente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames).

También se realizará en el mismo lugar la 3° Reunión de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (Uccsnal), que nuclea a académicos críticos con el extractivismo pero que también cuestionan el modelo científico hegemónico, vinculado a las empresas. El presidente honorario de la Uccsnal es Andrés Carrasco, el investigador argentino que en 2009 dio a conocer su estudio sobre el impacto letal del glifosato en embriones anfibios.

Desde que asumió Mauricio Macri se aprobaron 20 transgénicos (55 desde 1996): soja, maíz, papa, alfalfa, cártamo y algodón. Cultivos con uso masivo de glifosato, glufosinato de amonio y 2-4D, entre otros agrótoxicos. Las empresas beneficiadas: Monsanto-Bayer, Bioceres-Indear, Dow, Basf, Tecnoplant, Syngenta y Pioneer. Los “estudios” y expedientes de aprobación son confidenciales.

 

* Por Darío Aranda. Artículo publicado el 5 de junio de 2019 en el diario Página12.

Litio y espejos de colores

Litio y espejos de colores

«Es innegable que no se puede perder la oportunidad que se nos presenta: lograr exprimir hasta sus últimas consecuencias un bien natural que es central para la sociedad del posdesarrollo que viene».

Bruno Fornillo (investigador del Conicet y Clacso)*

La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.

Por Darío Aranda

Salinas Grandes, lugar de vida, trabajo y cultura de los pueblos Kolla y Atacama (Foto de Iwgia)

«Oro blanco», es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. «Recurso natural estratégico», argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. «Nuestra vida», resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.

Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.

Veinte años

El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas (kollas y atacama en Jujuy y Salta).

El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Está ubicado en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra (Catamarca) y está en manos de la multinacional multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.

A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman «triángulo del litio» a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.

Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar (de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.

Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.

Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.

Mauricio Macri lo promociona de forma retirada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será «líder» en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.

¿Desarrollo nacional?

«YPF del litio», fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de «Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado».

Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.

Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.

El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.

Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).

El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.

Académicos

El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la «YPF del litio» fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.

El Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales es heterogéneo, en formación (economistas, cientistas políticos, historiadores) y miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.

«Geopolítica del litio», es el libro publicado en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en ciencias sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).

El 21 de septiembre participó de la charla «¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.

Criticó la idea empresaria-gubernamental de la «Arabia Saudita del litio» (como se suele señalar al «triangulo del litio» de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.

Pero también señaló que el litio «plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo energético no fósil». Precisó que la «polémica» tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.

Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. «Se les paga para que se lleven el litio», denunció.

«Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso», afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.

Explicó que en Chile, de la mano de «los Chicago boys», la apropiación de renta por parte del Estado es «muy importante» en comparación con Argentina. Pero sobre todo reivindicó el modelo boliviano, donde –remarcó– se estatizó «el recurso y se intervino en toda la cadena de valor».

Afirmó que existe fiscalización para que sea «menos contaminante» y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.

«Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades», propuso Slipak.

En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.

¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.

Entrevista a Slipak.

-¿Cuál es el rol de las comunidades en la minería de litio?

-La participación de las comunidades es crucial, se debe respetar sus tradiciones, aunque no son las únicas involucradas. Soy partidario de la consulta libre, previa e informada (derecho básico presente en legislación nacional e internacional, que nunca se aplica en Argentina), pero necesitan información.

-¿Qué sucede si la comunidad dice no a la minería?

-Mi posición, no de todo el Grupo de Estudios, es que se debe respetar esa posición de la comunidad.

-Usted reivindicó el trabajo del científico Ernesto Calvo para explotar litio de forma, en teoría, «menos contaminante». Pero ese desarrollo es para mineras y no para indígenas, que sufrirán las consecuencias. Es una toma de postura investigar eso.

-Es cierto que Calvo hace ciencia pero no dialogó con las comunidades involucradas.

Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el «principio precautorio», vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación.

Lucha

Las comunidades indígenas ya dijeron «no a la minería de litio». Algunos académicos, con discurso progresista, impulsan la explotación (Foto de Iwgia).

Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.

Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según leyes nacionales (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.

Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron sobre qué implicaba la consulta, cómo debía ser, qué implicaba. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.

Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde la el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.

Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.

Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: «Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso». Y compara: ¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.

Ambiente y presiones

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de a Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.

En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.

Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.

Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. «Hay avance de mineras y la situación está complicada por que el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen», denunció González.

Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida «de decisión o negociación» sobre el territorio indígenas.

EEUU y represión

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. «El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.

El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.

«El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión», señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: «Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras».

 

* Libro «Geopolítica del litio». Página 87.