Cientos de vecinos intentaban sacar el lodo de sus casas; muchos de ellos perdieron todas sus pertenencias. Los habitantes de Tartagal coinciden en que el origen del desastre está en el desmonte. Hay diez mil afectados y 700 evacuados.
Desde Tartagal, Salta
«La culpa no es de la naturaleza», fue la respuesta recurrente de los vecinos más afectados de Tartagal, al norte salteño. Y culpaban a la mano del hombre y la complicidad política, que impulsa la deforestación en la región. Además de la demora de obras públicas, sobre el río, que ya debieran estar finalizadas. Ayer a la tarde aún sacaban el barro de sus casas, y con las marcas de agua hasta un metro de altura, los habitantes de Barrio Centro miraban al cielo por dos motivos: rogaban el cese de lluvias y veían pasar al gobernador Juan Manuel Urtubey, que sobrevolaba la zona en helicóptero. Millares de troncos que bajaron del cerro fueron la antesala del desastre: conformaron un dique natural que desbordó el río hacia las márgenes, cuatro cuadras de cada lado, sobre los sectores más humildes. Salta había sido rebautizada como la «capital nacional del desmonte» por comunidades indígenas y organizaciones campesinas, que desde hace años advierten las consecuencias del maltrato ambiental. El lunes a la mañana la naturaleza comenzó a darles la razón. Urtubey reconoció que la situación se agravó por los troncos traídos por la creciente, pero negó que su origen fuera la tala (ver aparte).
Agua, barro y desastre
Antonio Morales tiene barro hasta la cintura. Las manos ampolladas de palear desde el lunes y una casa destruida. El agua ingresó hasta la altura de las llaves de luz. «Un metro y diez centímetros», precisa. El mismo hizo la instalación y conoce de memoria la altura de las cajas eléctricas. El avance del agua y barro dejó la marca marrón en sus paredes blancas. También arruinó muebles (sillas, camas y todo lo que se pueda imaginar) y electrodomésticos (desde grabadores y televisores, hasta el lavarropa y la heladera). Es una casa humilde, prolija y levantada a fuerza de trabajo. Mientras sus hijas tratan, sin suerte, de limpiar las paredes, este mecánico de 52 años no duda: «Hace rato que avisaron que la tala tiene consecuencias, el agua que baja con bronca. Acá las estamos sufriendo», lamenta.
La escena se repite por cientos. Los hombres sacan el barro con palas y carretillas. Las mujeres limpian paredes con cepillos y baldes. El asfalto tiene treinta centímetros de barro. La única forma de conocer las consecuencias es arremangarse el pantalón y caminar descalzo. Muebles destruidos ya comenzaron a apilarse en la calle. Un matrimonio de unos treinta años saca un placard, con dificultad, de su casa. La madera terciada está deshecha, cubierta de una capa de lodo. Lo tiran en la calle. También un colchón de dos plazas y libros arruinados. Pilas de bienes hoy son sólo basura embarrada. Situaciones similares se repiten en decenas de cuadras que circundan el río Tartagal, que atraviesa la ciudad. La tierra llegó hasta unas cinco cuadras de su cauce, a ambos lados.
Marcela Moreira tiene 34 años. Nacida y criada en el lugar, nunca vio lo sucedido el lunes. «En diez minutos el agua entró y ya estaba por la rodilla. Agarrábamos la puerta para que no caiga. La culpa es del gobierno y los que destruyen el monte», denuncia mientras saca a la vereda una carretilla repleta de lodo.
Como en casi todos los desastres naturales, la peor parte la llevó el sector más pobre: las casillas sobre la vera del río fueron desaparecidas y el barrio Villa Saavedra, uno de los más humildes de la zona, inundado por completo. La policía no permitía llegar hasta el lugar, pero los vecinos advertían que el agua llegó a techos y las pérdidas eran totales. Datos oficiales hablaban de diez mil afectados y 700 evacuados. Las pérdidas en centenares de casas fueron totales.
La mano del hombre
El puente ferroviario, de hierros anchos y cien metros de largo, fue arrancado de los pilotes de concreto y arrastrado cincuenta metros. «Se escuchaba el tronar del río. Era terrible», cuenta Mariela Aparicio, de 22 años, vecina del lugar. Eran los troncos que bajaban de la montaña, se acumularon formando un dique natural y hacían presión sobre el puente. La fuerza del agua hizo el resto: desbordó con fuerza hacia ambas márgenes.
Ya no llueve y el día está húmedo, pegajoso. El río está bajo, pero miles de troncos yacen sobre lo que antes era flora costera, calles, jardines y casas. Impresionan las montañas de árboles, más de 600 metros de viejos árboles talados. Rafael Montagna, ingeniero agrónomo que trabaja junto a comunidades indígenas, asegura que esos troncos no fueron arrancados de raíz por el temporal, como argumentaban los funcionarios nacionales y provinciales. Explica que son producto de la deforestación en los cerros, de donde se extrae ripio y madera para muebles costosos (sobre todo cedro).
El cacique wichí Oscar Lorenzo, de la comunidad Kilómetro 6 de la ruta 86, tampoco duda. «Son macanas que la lluvia arrancó los árboles. Esos troncos están pelados (sin ramas) y quebrados, esos los arrancaron con máquina», afirma respaldado con su experiencia de hachero.
Por lo bajo también mencionan el papel de las empresas de hidrocarburos (todas multinacionales del petróleo y el gas). Explotan y exploran toda la montaña (llamado Cerro Aguaragüé, línea de cerros que conforman la sierra subandina). Las compañías abren numerosos caminos, con su deforestación a cuestas. Las brigadas que trabajaban ayer en la remoción del puente hallaron un artefacto explosivo acarreado por la corriente desde la zona petrolera. Técnicos de Gendarmería precisaron que se trata de un «booster de sísmica», que se utiliza en esa industria y que estaba en condiciones de estallar, si se hubiesen dado las condiciones necesarias.
El lunes Tartagal había amanecido con llovizna leve. Recién a las 8 comenzó la lluvia torrencial. Y a las 9.30 el agua y el barro comenzaron a ingresar a las casas lindantes con el río. Escaso tiempo y poca agua (mucho menos de lo habitual) para semejante desastre. Ante la consulta de por qué la inundación, entre vecinos y damnificados la respuesta era la misma, a pesar de las diferencias de edad o nivel económico: la tala del bosque. En segundo lugar estaba «los políticos que no cumplen con las obras», en referencia a la ampliación del cauce y la finalización de un puente.
A diferencia del desborde de 2006, el reciente desastre no se debió a torrenciales lluvias, sino al descenso de agua, árboles y tierra desde los cerros.
Las organizaciones campesinas y las comunidades indígenas advierten que la masa boscosa cumple la doble función de absorber agua y ser una barrera natural contra los desmoronamientos. Sin esa barrera, y con troncos talados en la montaña, el resultado es el conocido.
Los pueblos originarios y campesinos bautizaron hace años a Salta como la «capital nacional del desmonte». En sólo cuatro años, entre 2002 y 2006, el sector privado arrasó 414.934 hectáreas, más del doble del registrado entre 1998-2002, según datos de la Secretaría de Ambiente de Nación. En 2007, superó todas las expectativas: autorizó talar 435.399 hectáreas, según datos oficiales de la provincia. El gobernador Urtubey aclaró que «en los últimos catorce meses no se ha autorizado talar árboles». La Ley de Bosques prohíbe otorgar nuevos permisos.
El 15 de diciembre pasado, la legislatura provincial, con mayoría oficial, aprobó el ordenamiento territorial previsto por la Ley de Bosques. Fue inmediatamente promulgada por el gobernador. Pero todas las organizaciones ambientales y comunidades indígenas la rechazaron por inconsulta y por el agregado de artículos que permitirán el desmonte de al menos 1,6 millón de hectáreas. El consejo directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Salta, mediante un comunicado, había asegurado que «la ley aprobada constituye una grave amenaza para el ambiente y configura la legalización de los delitos de ecocidio y genocidio, es desde todo punto de vista violatoria de la Constitución Nacional, de los derechos ambientales y de los derechos de los Pueblos Indígenas».
Tartagal trata de retomar su cotidianidad, el cielo está gris y amenaza algún chaparrón. Los habitantes cercanos al río siguen sacando barro y tratan de limpiar sus casas. Han perdido todo, saben que ninguna ayuda oficial les devolverá lo que tenían y, por sobre todo, reclaman que se deje de echar culpas a la naturaleza y se la comience a respetar. Si nada cambia, avisan los vecinos, un próximo verano volverán a ser noticia nacional por un desastre evitable.
———————————-
El destino de los bosques
La Ley de Bosques, sancionada el 28 de noviembre de 2007, establece que las provincias no pueden emitir permisos de desmontes hasta tanto no realicen un ordenamiento territorial en sus zonas boscosas. Otorga un año, hasta el 28 de noviembre último, para realizar un catastro que determine categorías de bosques según el valor de conservación. Aún no hay mapeos, no hay participación campesina e indígena (como obliga la ley) y, a quince meses de su sanción, no fue reglamentada. El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace) denuncian que la Secretaría de Ambiente de Nación impulsa una ley mucho más flexible, que permitiría los desmontes y el avance sojero.
Según el MCC, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), donde participan las áreas de ambiente de cada provincia, modificó el texto original de la reglamentación. «De la mano de los gobiernos provinciales, los grupos sojeros logran imponer la agenda a nivel nacional, donde se alivian las exigencias de la ley, controlando la reglamentación a través del Cofema», denuncia el Movimiento Campesino de Córdoba.
Publicado en Página/12 el 11 de febrero de 2009