Cada 22 de julio se movilizan decenas de ciudades por el “Día mundial contra la minería”. Hubo actividades en Perú, México, Chile, España, Colombia, Brasil, Venezuela, Francia y Canadá, entre otros países. Uno de los epicentros fue Cajarmarca (Perú), donde la comunidad rechaza la instalación del proyecto de oro instalado en la nacientes de los ríos de la región.

En Chile hubo campaña de concientización en Vallenar y Alto del Carmen sobre el proyecto binacional de oro Pascua Lama, en manos de la empresa Barrick Gold, actualmente frenado por una causa judicial de pueblos indígenas. En Montevideo hubo una concentración en la Plaza Independencia y marcha hasta la empresa Zamin Ferrous, por el proyecto minero Aratirí. En Brasil se movilizó la Red Internacional de los Afectados por la minera Vale. También hubo marchas en España, Canadá y Francia, pero el grueso fue de América latina.

Según el Observatorio de Conflictos Mineros (Ocmal), existe en América latina un piso de 192 conflictos que afectan a 286 comunidades. Chile y Perú encabezan el listado con 33 conflictos cada uno. Le siguen México con 27 y Argentina con 26, Brasil (20), Colombia (12), Bolivia (8), Ecuador (7), Panamá y Guatemala (6), Nicaragua y República Dominicana (4). Los países con menos conflictos relevados son Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Paraguay.

“En 2010 el Ocmal contabilizaba 120 conflictos. Hoy son 192. Se debe a la expansión del modelo extractivo-exportador”, señaló la investigadora Maristella Svampa, y afirmó que los “megaproyectos extractivos” reconfiguran territorios desde el punto de vista económico, social y “ponen en jaque el alcance mismo de la democracia, pues son proyectos que se imponen sin el consenso de las poblaciones y generan así fuertes divisiones en la sociedad y una espiral de criminalización y represión de las resistencias”.

En Andalgalá (Catamarca), hubo un recital de Raly Barrionuevo y un banderazo en la plaza principal, impulsado por la Asamblea El Algarrobo, que denuncia a la Minera Alumbrera y rechaza la instalación de un nuevo proyecto (Agua Rica). En Buenos Aires hubo una concentración frente al Congreso nacional.

En Mendoza se concentraron frente a la Legislatura y cantaron artistas populares. En Trelew realizaron el tradicional recorrido de marchas antimineras por el centro de la ciudad. En Esquel, que este año cumplió diez años del histórico “no a la mina”, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados entregó en la municipalidad una baldosa conmemorativa de los diez años de lucha.

La Secretaría de Minería de la Nación señaló, en su informe “La minería en números”, que en 2003 había 40 proyectos mineros en estudio en Argentina. En 2009 ya eran 336 y en 2012 llegaron a 600: un incremento del 1500 por ciento en nueve años.

La Red Asistencia Jurídica (Redaj) contabilizó catorce proyectos en explotación y construcción y 121 proyectos en “exploración avanzado” (ya se conocen las reservas pero aún no se resuelve la explotación). Encabezan la lista Santa Cruz (36), Salta (17), Chubut (14), San Juan (11) y Jujuy (ocho). Le siguen Neuquén (siete), Mendoza, La Rioja y Río Negro (seis cada una) y Catamarca (cuatro).

En la última década, y siempre por impulso de organizaciones sociales y vecinales, siete provincias argentinas limitaron algún aspecto de la megaminería: Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tierra del Fuego y Chubut.

* Por Darío Aranda. Artículo publicado el 24 de julio de 2013 en el diario Página12 con el título «Contra la minería».

Reporte palabras clave

En Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal, según lo revela el primer informe oficial sobre conflictos rurales. La tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 857 casos y afecta a 63.843 familias. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos, el 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. “Sin dudas que (el inicio de las disputas) debe leerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares”, afirma el estudio publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación.

“Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina” es el nombre formal del trabajo, de 96 carillas y realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Fechado en 2013, el trabajo remarca desde el inicio sus limitaciones: el conteo de casos fue realizado en sólo tres meses (de abril a junio de 2011) y aclara que es “una muestra amplia pero no representativa” de la conflictividad rural.

Pero recobra valor al ser el primer informe oficial. El NOA concentra la mayor cantidad de conflictos (28,2 por ciento). Le sigue la Patagonia (21,1), NEA (19,8), Centro (19,1) y Cuyo (11,7). Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Corrientes y Jujuy son las de mayores casos.

El 43,1 por ciento de los conflictos lleva entre uno y nueve años. El 20,9 por ciento entre diez y diecinueve años. La gran mayoría (77,6 por ciento) de los poseedores viven en el lugar desde hace más de 20 años y están amparados por el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos décadas, tiene derechos adquiridos). Aunque el Poder Judicial rara vez aplica ese derecho.

De los 857 casos relevados, 278 involucran a pueblos indígenas (32 por ciento). De ese total, sólo el 40 por ciento ya fue relevado en el marco de la Ley 26.160 (norma aprobada en 2006 que frena los desalojos judiciales y ordena un mapeo catastral).

El 49 por ciento de los casos se encuentra en tierras “privadas” (con algún particular o empresa) y el 34 por ciento en tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales). El 17 por ciento en tierras mixtas.

El trabajo estuvo a cargo de Karina Bidaseca. “Los números son claros y evidencian que el modelo de agronegocios avanza y atenta contra la vida campesina. Es imprescindible el acceso a la Justicia, el saneamiento de títulos y políticas estatales activas para que las familias puedan permanecer donde siempre vivieron”, explicó.

El 39 por ciento de los casos (331) se encuentra judicializado. “Los casos en los que se registran amenazas o presiones de desalojo superan ampliamente los casos judicializados”, afirma. Y detalla que en el 52,3 por ciento de los casos se registraron amenazas y presiones de desalojo. Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Neuquén y Río Negro encabezan el ranking de amenazas.

El relevamiento oficial afirma que los conflictos territoriales se “intensificaron con el gran crecimiento que registra la megaminería, el desarrollo del turismo” y la “aparición de nuevos propietarios” con títulos dudosos.

José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), estuvo en la presentación del informe. “Celebramos que por primera vez el Estado, mediante la Subsecretaría, haga un estudio sobre lo que denunciamos desde hace veinte años en los territorios, así que damos la bienvenida a ese relevamiento”, explicó y dio un paso más: “Ahora necesitamos que el mismo Estado accione de manera concreta para apoyar a la agricultura familiar, que el Gobierno deje de dar luz verde a los agronegocios que nos pisan la cabeza a los campesinos”.

“Ya sabemos cuál es la enfermedad, el agronegocio, ahora necesitamos políticas públicas que nos permitan producir, quedarnos en el campo y, algo bien básico, que no nos desalojen ni nos repriman”, reclamó Castillo. El informe oficial analiza la estructura agraria y su relación con la tenencia de la tierra. En base al Censo Agropecuario 2002 (el último realizado de manera completa), comparando el censo 1988, muestra que desaparecieron 85.000 explotaciones agropecuarias (20 por ciento del total). Y apunta a uno de los problemas centrales de la argentina rural: el 60 por ciento de las explotaciones agropecuarias más pequeñas no llegaba al cinco por ciento de las hectáreas. En tanto el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes concentraba el 78 por ciento de la tierra.

El capítulo tres aborda el marco legal de los conflictos. “La situación vinculada a los desalojos que padecen las comunidades y familias campesinas implica una clara violación a los derechos constitucionalmente garantizados y reconocidos por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.” Y afirma la necesidad de una política redistributiva, reparto de tierras privadas que no cumplen su función social.

Entre las conclusiones se destaca la necesidad de políticas públicas para acabar con la “exclusión social en el campo” y hace hincapié en la necesidad de “abordar el saneamiento de títulos”. También cuestiona al Poder Judicial por la situación de “indefensión” de los agricultores familiares. Y recuerda que los movimientos campesinos exigen una reforma agraria, la cual supone “transformar las relaciones de poder económico y político responsables por la reproducción de la concentración agraria”.

* Artículo publicado el 22 de julio de 2013 en el diario Página12 con el título «Los conflictos por las tierras ajenas».

“Sembrando lucha, cosechamos 600 hectáreas”, celebraron los campesinos misioneros de la organización Productores Independientes de Piray (PIP), que lograron una histórica expropiación de 600 hectáreas que estaban en manos de la multinacional Alto Paraná. Luego de nueve años de resistir desalojos y de vivir cercados por el monocultivo de árboles, la legislatura provincial aprobó la expropiación para que los campesinos la trabajen en forma cooperativa y puedan quedarse donde siempre vivieron. “Con lucha se puede. Tenemos una alegría revolucionaria”, explicó Miriam Samudio, de PIP.

Piray es un municipio al noroeste de Misiones, 190 kilómetros al norte de Posadas. En el kilómetro 18 de la antigua ruta nacional 12, de tierra, viven los campesinos de PIP. Las parcelas tienen entre diez y 20 metros de frente, una junto a otra, y sólo 70 metros de fondo, donde los pinos de Alto Paraná les marcaron el límite para producir, criar animales y vivir. Desde 2006, los campesinos denuncian el avance empresario y se resisten a repetir el futuro de parajes vecinos. “En los últimos veinte años avanzó mucho más el pino, más nos encerraron en pedacitos de tierra y más familias tuvieron que irse, ya no podían vivir con poca tierra”, recuerda Samudio.

En 2010, Productores Independientes de Piray (junto a técnicos locales de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Nación) comenzaron a gestar un proyecto para producir alimentos sanos, criar animales y no tener que dejar su territorio. Pero necesitaban tierra. “Declárese de utilidad pública y sujeto a compraventa y/o expropiación una superficie total de 600 hectáreas”, señala en artículo 1º de la ley sancionada por la Legislatura de Misiones. El artículo 2 precisa: “Tiene como destino regular dominialmente la posesión y/o tenencia de los productores ocupantes que ya habitan (en el lugar)”.

“Los Productores Independientes de Piray necesitan de tierras que le permitan llevar adelante procesos productivos sostenibles, que les aseguren un presente y futuro más digno y salvaguardar los vínculos ancestrales con la tierra que los vio nacer”, señala la fundamentación la ley, que reconoce la concentración de la tierras en pocas manos que padece Misiones (acentuada en las últimas dos décadas) y recuerda: “La tierra debe cumplir una función social, tal como garantiza el artículo 51 de la Constitución provincial”.

La norma fue apoyada por todos los bloques políticos y aprobada por unanimidad el 6 de junio. Miriam Samudio es una de las voceras de los 250 campesinos. Sostiene que aún cuesta creer la buena noticia, pero de inmediato avisa: “Es un paso más en la lucha, no es la solución de fondo, falta que nos den la tierra y que la podamos trabajar, pero es un paso importante, y es un logro de la lucha, no es regalo de nadie, sólo con la lucha obtenemos lo que nos corresponde”.

La ley precisa la situación del agro misionero. “En los años 1997 y 1998 favorecido por políticas liberales en desmedro del agro misionero, se inicia el proceso de concentración de tierras por parte de Alto Paraná, se pierden innumerables puestos de trabajo que llevaron consigo el éxodo rural”, afirma. Alto Paraná se instaló en Misiones en 1974. Adquirida en 1996 por la multinacional Arauco. Con su eslogan “sembremos futuro”, cuenta con oficinas en 70 países. Se autopublicita como la “mayor compañía forestal del hemisferio sur”.

Cuenta con 1,6 millones repartidas entre Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. En Argentina declara la propiedad de 256.000 hectáreas. El oficialismo es el Frente Renovador, cuyo referente político es el ex gobernador y actual diputado Carlos Rovira, hombre fuerte de la política de Misiones.

Marta Ferreyra es diputada por el mismo Frente y una de las legisladores activas en la ley. “Es algo inédito para nuestra provincia. Y aún más porque fue un proyecto de PIP, fue tomado por todos los bloques y aprobado por unanimidad”. La diputada destacó que “el sueño es que este año se entregue la tierra”, pero aclaró que falta la promulgación de la ley, el censo de familias campesinas de Piray y la tasación de la tierra. “Alto Paraná es una multinacional con mucho poder, que no ha dicho nada oficialmente, pero ya ha dejado trascender su malestar. Siempre dijo que no entregaría tierras cultivadas (como las de Piray), pero muchos creemos que por los enormes beneficios impositivos que tuvo en las últimas décadas, debiera incluso donar las 600 hectáreas.”

El oficialismo provincial adhiere a nivel nacional al Frente para la Victoria. La diputada Ferreyra dejó trascender matices con el Ministerio de Agricultura de Nación. “Gente de Buenos Aires de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de (Emilio) Pérsico dijeron que era poca tierra, que podían poner plata para más hectáreas pero luego no pusieron nada. Esperamos que ahora acompañen en lo productivo”.

Miriam Samudio, de PIP, piensa en clave local pero también nacional: “Queremos que nuestros hijos puedan vivir de su trabajo en la tierra que los vio nacer. Y queremos que todos los campesinos de Misiones y de Argentina tengan la misma posibilidad. La tierra es un derecho de las familias que vivimos y que la trabajamos con nuestras manos”.