La vida es el territorio

El 12 de octubre de 2009 asesinaron de un balazo al diaguita Javier Chocobar. A tres años del crimen, los acusados están en libertad y la Provincia aún no entregó el título comunitario de la tierra. Viaje a la comunidad diaguita que resiste frente a empresarios, policías, jueces y políticos.

 

Por Darío Aranda

Desde Trancas, Tucumán

La nube gris está en a cima del cerro, sólo deja ver unas casas bajas. La subida es empinada y sinuosa, angosta y de piedra, sólo se sube a pie. La vegetación es abundante, verde a ambos lados del sendero. Son sólo cinco minutos de caminata, pero dejan sin aire. Arriba, separadas por un patio de piedra, cuatro casas de adobe, techo a dos aguas, muy prolijas. Desde la cima se observa el valle, otros cerros y un riacho. Es un paisaje de postal. Es la casa del diaguita Javier Chocobar, asesinado por defender el territorio ancestral, pretendido por empresarios que pretenden explotar la riqueza de las piedras lajas y el enorme potencial turístico. El silencio, y la impunidad, del crimen radica en que son una comunidad indígena y que enfrentan a empresarios, policías retirados, caudillos políticos y Poder Judicial. La comunidad encuentra otro factor que le juega en contra: “Los grandes medios juegan para el poderoso”. Crónica desde territorio diaguita.

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La Universidad Nacional de Córdoba cuestionó la llegada de Monsanto a la provincia

Por Darío Aranda

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) cuestionó la instalación de Monsanto en la provincia, explicitó su apoyo a los vecinos que rechazan la llegada de la multinacional, recordó que la “responsabilidad (de Monsanto) en el perjuicio ambiental para las poblaciones es motivo de movilizaciones sociales en el mundo entero” y llamó a respetar el principio precautorio. La semana pasada, una multitudinaria marcha en la capital cordobesa también había cuestionado a Monsanto y a los funcionarios que apoyan la llegada de la empresa estadounidense.

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Un grito Mapuche contra el gobierno nacional

El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, fue abucheado en la audiencia por la reforma del Código Civil y abandonó la sala al grito de “mentiroso”.

Por Darío Aranda

Está diciendo mentiras”. “No sos nuestro hermano”. “No nos representás”. “Yanakona (traidor)”.

Fueron algunos de los gritos que se escucharon el jueves en Neuquén, en el marco de las audiencias públicas por la reforma del Código Civil.El destinatario de las acusaciones fue el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, máximo funcionario del gobierno nacional en materia de pueblos originarios. Organizaciones indígenas de todo el país, y organismos de derechos humanos, denuncian que el proyecto de Código Civil rebaja de categoría a los derechos indígenas y, advierten, favorece a las industrias extractivas que avanzan sobre territorios ancestrales.

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El desierto verde*

El monocultivo de árboles se extiende sobre Misiones y provoca las mismas consecuencias que el modelo sojero. Desaloja campesinos e indígenas, usa agrotóxicos y concentra la tierra en pocas manos. Los campesinos exigen la expropiación de tierras a la multinacional Alto Paraná, el mayor terrateniente de Misiones.

 Por Darío Aranda

Desde Puerto Piray, Misiones

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Zona rural misionera. El camino ancho zigzaguea entre el verde. Casas humildes a ambos lados, la mayoría de  madera. Gallinas, algún chancho y perros. Cada parcela tiene entre diez y treinta metros de frente, no más de 70 metros de largo, siempre menos de una hectárea. Ya no existen las extensas huertas, ni los animales pastando, como antaño. Cercados por monocultivo de árboles, pinos y eucaliptos, de la multinacional Alto Paraná, empresa propietaria de –al menos– el 8,4 por ciento de Misiones (256.000hectáreas) y el 62 por ciento del municipio de Puerto Piray, donde los campesinos cercados por el monocultivo denuncian los efectos de los agrotóxicos, la concentración de tierras en pocas manos, la expulsión de familias rurales y apuntan a los responsables: “Los políticos gobiernan para Alto Paraná, no para el pueblo”.

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El modelo sumó otra víctima

Miguel Galván, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, fue asesinado por defender el territorio. Las responsabilidades, los desalojos, la soja, Monsanto y las víctimas de un modelo de corporaciones y gobiernos.

Por Darío Aranda

Otra víctima campesina-indígena. Otra vez en Santiago del Estero. Y, otra vez, el trasfondo de un modelo agropecuario que avanza sobre familiares rurales y pueblos originarios. Miguel Galván, de 40 años, fue asesinado de una puñalada en la yugular por un “sicario” de un empresario sojero. El crimen sucedió ayer en el paraje Simbol, en el límite con Salta. “Todo el año denunciamos que esto se podía repetir y los jueces y el Gobernador miraron para otro lado”, denunció Deolinda Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesino). Afirmó que el motivo de fondo es “el agronegocios” y exigió al gobierno nacional “acciones contundentes” para frenar la violencia en el campo. “La ley de freno a los desalojos campesinos está hace un año durmiendo en el Congreso. No puede ser que tenga que correr más sangre campesina para que los políticos se pongan de nuestro lado”, lamentó la dirigente del Mocase-VC.

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Recuperar territorios

Por Darío Aranda

La multinacional italiana Benetton posee en la Patagonia Argentina 970 mil hectáreas, el equivalente a 48 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Es el mayor terrateniente del país. En 2007, un matrimonio del Pueblo Mapuche (Atilio Curiñanco y Rosa Rua Nahuelquir) decidió recuperar su territorio ancestral y, en una acción inesperada para el poder político y empresarial, se instaló en 535 hectáreas en el corazón de las estancias de los hermanos Carlo y Luciano Benetton. En la década reciente, los pueblos originarios de Argentina han recuperado –mediante la acción directa– 240 mil hectáreas de territorios ancestrales. Estaban en manos de la multinacional Benetton, empresas mineras, grandes estancieros, Ejército y Gendarmería Nacional.

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