Un año de represión y despojo

Las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel fueron los eslabones más conocidos de una cadena de violencia contra comunidades originarias. Los hechos más relevantes.

Los pueblos indígenas de Argentina cierran un año en el que han enfrentado intentos de despojos de sus territorios, que implicó represiones, criminalización, cárcel y asesinatos. La embestida contra el Pueblo Mapuche tuvo sus paralelos, aunque con menor difusión, en Formosa, Tucumán, Misiones, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, entre otras provincias. La prórroga de la Ley 26160 (que debiera frenar los desalojos) está entre las buenas noticias. La peor: el asesinato de Rafael Nahuel y la represión al Lof Cushamen (con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado).

La noticia que pasó más desapercibida fue toda una señal: el gobierno nombró en agosto al frente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a Jimena Psathakis, de la Fundación Cambio Democrático, ONG referente en el discurso de “diálogo”, muy conocida entre las asambleas socioambientales porque Cambio Democrático siempre favorece al sector privado y gubernamentales, desde Esquel (donde se ubicó del lado minera) hasta Vaca Muerta (donde “dialogó” mucho con comunidades mapuches, pero siempre impulsó el fracking).

El raconto de hechos de violencia contra las comunidades es extenso. El 26 de junio, la Comunidad Indio Colalao de Tucumán sufrió un violento desalojo de 16 familias. Decenas de policías e infantería llegaron hasta el territorio y avanzaron contra la comunidad. Los diaguitas acusaron a la fiscal Adriana Cuello Reinoso y al juez Eudoro Albo. En San Ignacio (Misiones), el 8 de julio, una patota atacó a la comunidad Tekoa Kokuere’i. Con machetes y motosierras derribaron las viviendas y las incendiaron en presencia de niños y mujeres. “Llaman la atención las frecuentes asociaciones entre la Municipalidad y los propietarios aparentes o empresas cuando se trata de lastimar, atropellar y despojar a las comunidades Mbya de los derechos que tienen como pueblos preexistentes”, denunció el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (Endepa).

Los desalojos se dan en un contexto de numerosas leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Desde el Convenio 169 de la OIT hasta la Ley 26160. La responsabilidad incluye a jueces y fiscales, que no aplican las legislación que favorece a las comunidades indígenas. El Pueblo Diaguita de Tucumán identificó a ese actor cómplice y marchó el 6 de julio a los tribunales de la provincia. Señaló como principal causante de sus malos al Poder Judicial. Recordaron que desde 2009, cuando asesinaron al diaguita Javier Chocobar, esperan un juicio que nunca llegó. Y repudiaron a jueces y fiscales que dan luz verde a los desalojos indígenas.

“Nosotros somos un pueblo preexistente y reclamamos lo que es nuestro. Lo que quieren los empresarios es quitarnos nuestras tierras, despojarnos de lo que nos queda. Hoy decimos basta y nos revelamos ante el poder judicial porque esto no puede volver a ocurrir”, denunció desde la marcha la vocera diaguita Ivana Morales, a la Agencia de Prensa Alternativa (APA!).

El 20 de diciembre, la policía de Formosa reprimió con balas de plomo en la comunidad wichí del “Barrio 50 Viviendas” (en la localidad de Ingeniero Juárez). Hubo cuatro heridos, dos con balas de plomo.

En cuanto a la criminalización, dos referencias fueron Agustín Santillán, wichí de Formosa que estuvo preso cinco meses por reclamar derechos básicos ante el gobierno de Gildo Insfrán, y la detención del lonko (autoridad mapuche) Facundo Jones Huala, que aún está detenido en Esquel a la espera de juicio de extradición.

El Pueblo Mapuche fue el que más transcendió en los medios de Buenos Aires. En enero se ejecutaron tres represiones en dos días (9 y de 10) sobre el Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Gendarmería Nacional y Policía de Chubut avanzaron con escopetas y gases lacrimógeno. El disparo en el cuello sobre Fausto Emilio Jones Huala llegó a la prensa de Buenos Aires. Otro integrante de la comunidad perdió un tímpano. No hubo víctimas fatales de casualidad. El 21 de junio, un centenar de efectivos de Gendarmería ingresó a la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta, Neuquén), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforación petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y reclamaron que se retiren del territorio indígena. El 31 de julio, miembros de comunidades mapuche reclamaron frente al juzgado federal de Bariloche por la detención arbitraria de Facundo Jones Huala y fueron reprimidos por la Gendarmería y el Grupo Especial de Asalto Táctico de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con balas de goma disparadas al cuerpo. Nueve personas fueron detenidas y una decena resultaron heridas. El 1 de agosto fue la represión en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Sin orden judicial, ingresaron a territorio comunitario. Con la posterior desaparición y muerte de Santiago Maldonado. En el lugar había estado el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad y mano derecha de Patricia Bullrich, Pablo Noceti. Las camionetas de Gendarmería fueron lavadas antes de los peritajes.

También hubo represiones en la comunidad Vuelta del Río, entre Esquel y El Bolsón (el 18 de septiembre), en el Lof Fvta Xayen (en Neuquén, el 19 de septiembre). El 20 de septiembre, por la noche, cuatro sujetos quemaron la casa de Marcelo Calfupán (de la comunidad Vuelta del Río) e intentaron lo mismo con la vivienda del lonko, Rogelio Fermín. El 23 de noviembre, en un operativo con más de 300 efectivos sobre el Lof Lafken Winkul Mapu (a 35 kilómetros de Bariloche), se esposó a mujeres durante horas e incluso se detuvo a los niños. Dos días después, asesinaron al joven mapuche Rafael Nahuel. La represión estuvo a cargo del Grupo Albatros de la Prefectura Nacional y la bala ingreso por la espalda.

Sólo un puñado de los acciones de violencia contra los pueblos indígenas en los últimos meses.

También hay otras muertes. En Santa Victoria Este, región norte de Salta, murieron 26 personas en 23 días, todas por causas evitables y falta de atención básica de salud. Lo denunció la comunidad wichí Cruce Buena Fe Cañaveral entre diciembre de 2016 y enero de 2017. Aunque se trató de más de un muerto por día, ningún gran diario porteño (ni radio, ni canal de televisión), replicó la noticia.

“No olvidamos que entre el 16 de diciembre y el 31 de diciembre murieron 16 personas en Santa Victoria Este. Y hasta el 7 de enero murieron 10 más, sumando 26. Esta mortandad es un profundo dolor que quedó en nuestras comunidades”, lamentó el dirigente wichí Pedro Lozano. Y precisó que se trató de cinco adultos y 21 niños, todos menores de 2 años. Las comunidades indígenas y familias criollas cortaron la ruta provincial 54. Denunciaron a la jefa de enfermería, la falta de insumos básicos y la carencia de agua (con temperaturas de más de 40 grados). El 17 de diciembre pasado, otro niño wichí (de 7 años) murió en Santa Victoria Este. El calor ya castiga la región y no hay buenos augurios.

La semana pasada fue noticia una niña del Pueblo Mbya de Misiones cuando fue fotografiada tomando agua de un charco en un boulevard de Posadas. Por un momento, los grandes medios recordaron la situación indígena.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe “Pobreza y derechos humanos”, en el que determinó que la pobreza afecta al 43 por ciento de los indígenas del hemisferio. La CIDH afirmó que las brechas de pobreza y pobreza extrema entre los indígenas y no indígenas agudiza la desigualdad. Detalló que los pueblos indígenas padecen los peores índices de analfabetismo, desnutrición, dificultades para acceder a cuidados médicos, y obstáculos para acceder servicios básicos como agua potable, saneamiento, electricidad y viviendas. Son los marginados entre los marginados.

Los pueblos indígenas conocen de esas estadísticas desde hace décadas pero apuntan al fondo del asunto: la causa de sus males es el despojo de territorios (de la mano del agronegocio, forestales, mineras, petroleras, grandes obras de infraestructura), el racismo estructural y la total falta de políticas públicas para que puedan desarrollarse.

En Argentina no hay una organización indígena que nuclee a la mayor cantidad de comunidades. En la última década la división se acentuó, al igual que el enfrentamiento entre organizaciones, con referentes que se transformaron en funcionarios adictos (Roberto Ñancucheo, en la Secretaría de Ambiente, fue el más notorio). La llegada de Mauricio Macri avizoró una posible unión de organizaciones, pero se profundizó la división con la creación del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas.

El quite a las retenciones a la megaminería, la baja a los productos agropecuarios, el incumplimiento de la ley de bosques y glaciares, y la persecución al Pueblo Mapuche acentuaron el extractivismo y la avanzada sobre las comunidades.

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Luchas

Los pueblos originarios de Jujuy realizaron la “Segunda marcha del agua y la vida de nuestros territorios”. Se movilizaron desde distintas puntos de la provincia para confluir en San Salvador. Repudiaron la política del gobernador Gerardo Morales, entre ellas su alianza con las multinacionales mineras (de oro, plata y litio, entre otras) y denunciaron la Ley 5915, conocida como “de servidumbre” para el paso de electroductos y proyectos de generación de energía que autoriza a empresas a ingresar y hacer uso del territorio indígena, sin respetar las leyes que establecen la consulta y el consentimiento de los pueblos originarios.

Una buena noticia fue la prórroga de la Ley 26160, que frena los desalojos de comunidad (aunque el Poder Judicial no suele aplicarla) y que establece que el Gobierno debe relevar los territorios indígenas (muy demorada desde hace una década). Aunque está lejos de ser una solución de fondo (no contempla la entrega de títulos comunitarios), es una paraguas útil a la resistencia indígena. El gobierno nacional se negaba a prorrogarla, pero la acción conjunta de pueblos indígenas, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos posibilitó que mantenga vigencia durante otros cuatro años.

 

* Publicado en el diario Página12 el 2 de enero de 2018.

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