Preso por defender el territorio

Francisco Chaile intentó hace un mes una negociación para recuperar tierras entregadas a su comunidad, pero terminó preso. La Unión Diaguita anunció un plan de lucha para exigir su liberación y abogados de derechos humanos presentaron un hábeas corpus.

Foto: Bruno Cerimele

Foto: Bruno Cerimele

El cacique diaguita Francisco Chaile está preso en Tucumán desde hace un mes, acusado de un presunto intento de robo. Las comunidades indígenas de la provincia, nucleadas en la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita (UPND), dan cuenta de otro motivo: “Es la consecuencia de los intereses económicos sobre el manejo de la Ciudad Sagrada (espacio territorial pretendido por empresarios turísticos), vinculados con intereses políticos locales y la parcialidad de la Justicia provincial”. La Unión Diaguita anunció un plan de lucha para exigir su liberación, marcharon a la capital y, en paralelo, abogados de derechos humanos presentaron un hábeas corpus.

La Comunidad India Quilmes vive en Colalao del Valle (Valles Calchaquíes, norte de Tucumán). Francisco Chaile es el cacique y uno de las referentes en el reclamo territorial. El 6 de junio, intentó iniciar una negociación para recuperar las tierras de su comunidad, cuando se desató un conflicto. La policía de Tucumán y Gendarmería Nacional lo detuvieron bajo la acusación de “robo agravado por uso de armas”.

Intervinieron la Fiscalía de Instrucción Primera de Monteros, a cargo de Mónica García de Targa, y el juez Mario Velázquez, quien decidió dejar preso a Chaile (en la localidad de Monteros) y, un mes después (el 7 de julio), dictó la prisión preventiva. “Es toda una causa irregular. No existe prueba del supuesto robo y no se cumplen los requisitos mínimos para dictarle la prisión preventiva, situación que implica que puede estar preso hasta dos años”, explicó Belén Leguizamón, de la ONG Andhes (Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales).

La Comunidad India Quilmes forma parte de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) de Tucumán. El 1º de julio se movilizaron en la localidad de Monteros para exigir la liberación de Chaile. Ante la falta de respuesta, el viernes 3 comenzaron con cortes de ruta. El 8 de julio se movilizaron hasta la capital provincial. Denunciaron que no hubo justicia por ninguna de las represiones contra la comunidad (incluso con heridos graves) ni por la usurpación de la ciudad sagrada. “Y sin pruebas, ahora el Poder Judicial incrimina a Chaile y le dictan prisión preventiva”, remarca el comunicado de la UPND.

Las comunidades indígenas de Tucumán plantearon tres puntos. Libertad inmediata al cacique Chaile, que se cumplan los fallos judiciales que restituyen la Ciudad Sagrada a la comunidad originaria y “medidas urgentes” de organismos nacionales y provinciales para garantizar la integridad de los diaguitas.

El trasfondo de la detención en la lucha por el territorio. La Comunidad India Quilmes cuenta con una Cédula Real, emitida por la Corona Española en abril de 1716 y aceptada por el Ministerio Público de Buenos Aires en 1853. Ambos, Corona y Ministerio Público, reconocieron la posesión y derecho territorial de las comunidades que hoy habitan el noroeste provincial. “Dar posesión real al cacique (…) y en ningún tiempo os han de quitar persona alguna”, señala el documento histórico.

La Cédula Real es prueba reconocida por el derecho local (provincial y nacional) y también por tratados internacionales de derechos humanos. No específica leguas ni hectáreas, pero sí limites señalados por montañas, lagos y arroyos que aún perduran, en base a los cuales la comunidad diaguita estima un piso de 120.000 hectáreas. El Pueblo Diaguita denuncia que, en el último siglo, les fue arrebatado más de la mitad del territorio.

De ese despojo deriva el epicentro del actual conflicto es la Ciudad Sagrada de Quilmes, que había sido concesionado por la Secretaría de Turismo de Tucumán en 1992 al empresario Héctor Eduardo Cruz para su explotación económica. La Comunidad Indígena Quilmes reclamó siempre el sitio sagrado como parte de su territorio, cultura y espiritualidad. La concesión venció en el 2002 y no fue renovada (el empresario no había pagado el canon al Estado). Pese a una orden judicial para desocupar el sitio y los reclamos de la CIQ, el empresario continuó ocupando ilegítimamente el sitio sagrado hasta 2007, cuando fue finalmente restituido a la comunidad.

El conflicto se mantuvo, con órdenes de desalojo y feroces represiones (en 2009, 2010 y 2011), que incluyeron destrucción de viviendas y heridos graves. En noviembre de 2013, la CIQ volvió a sufrir la usurpación de la Ciudad Sagrada. Un grupo dirigido por Héctor Cruz (antiguo concesionario) violentó a la comunidad y se hizo del territorio indígena. En marzo de 2014, un amparo judicial ordenó la restitución del territorio a la comunidad, pero el empresario Cruz sigue en el lugar. En enero pasado, un patota volvió a atacar a la comunidad.

La ONG Andhes (Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) apeló la prisión preventiva y presentó un hábeas corpus que detalla la situación de salud de Chaile y solicita la prisión domiciliaria. “El Poder Judicial de Tucumán no ha atendido el reclamo de la CIQ para que se le restituya el ejercicio pleno de sus derechos sobre la Ciudad Sagrada, lo que ha generado una escalada de violencia en estos últimos años y tiene directa vinculación con la detención de Chaile”, denunció la ONG, recordó que “no está acreditado” el robo que se le acusa al cacique y resaltó que el conflicto tiene un trasfondo empresarial-político.

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Javier Chocobar

El 12 de octubre de 2009 fue asesinado en Tucumán Javier Chocobar, diaguita de la comunidad Chuschagasta. El contexto del crimen fue una disputa territorial y el momento del asesinato está filmado (incluso circula por Internet). A casi seis años del crimen, aún no hubo juicio y los tres acusados están en libertad (el empresario Darío Amín, y los policías retirados José Valdivieso y Luis Gómez). La causa está en poder de la Sala Cuarta de la Cámara Penal de Tucumán, a cargo de María Alejandra Balcazar, Wendy Adela Kassar y María del Pilar Prieto.

“El poder punitivo de la Justicia cuando se debe aplicar para el resguardo de los derechos de los desposeídos es de una lentitud que habla por sí sola de la desigualdad que padecemos. La muerte del hermano Chocobar se enmarca en esta situación de violencia, de juicios, de campañas mediáticas de desprestigio sobre nuestros representantes, donde el racismo, la intolerancia y el desprecio por el derecho y la vida son moneda corriente”, explicó la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita.

 

* Por Darío Aranda. Publicado el 10 de julio de 2015 en el diario Página12.

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